HARRY MARTÍN DORN HOLMANN M. A.
Estudios Políticos
Análisis Político
Medios y Política
ESTADO, DEMOCRACIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA ETERNA BÚSQUEDA DEL SANO EQUILIBRIO ENTRE MERCADO Y ESTADO
Febrero, 2012
ÍNDICE
Introducción y antecedentes
1. Formulación del problema y Pregunta de investigación: El debate Estado-Mercado en América latina.
2. Enfoque teórico, metodología y formulación de hipótesis.
3. El caso ecuatoriano: Una reflexión breve.
4. Conclusiones: Una propuesta desde la Democracia.
Bibliografía
Introducción y antecedentes
El debate Estado-Medios (Mercado)-Poderes facticos es una constante en la historia de América Latina, pero se agudiza en los últimos tiempos, basta recordar lo sucedido en Argentina sobre el consumo de papel, las ejecuciones de periodistas en México, las polarizaciones ideológicas mediáticas en Venezuela, y los asesinatos y persecución de periodistas en Colombia y el enjuiciamiento al editorialista Emilio Palacios, al Diario El Universo y a los propietarios del Diario El Universo en Ecuador.
En América latina no se trata de un asunto coyuntural y más bien coincidimos en que se trata de un asunto pendular (Bergonzi, 2008), donde las características del sistema político desempeña un papel importantísimo. Los abusos y limitaciones a la libertad de expresión son cosa común en el pasado y sobran eventos que así lo demuestran a lo largo y ancho del continente; en Nicaragua, durante la dictadura de los Somoza y su eterno enfrentamiento con el Diario La Prensa de la familia Chamorro, en Argentina, en Venezuela, en Haití, y muchos otros países en donde la libertad de expresión se vio terriblemente restringida durante las dictaduras civiles y militares que asolaron a estos países.
Sin embargo, el problema se agudiza durante los últimos veinte años, tal como lo explican con lujo de detalle autores e investigadores de la talla de Fernando Cárdenas y Jorge González sobre los Watergates latinos (Cárdenas y González, 2007), o de Silvio Waisbord y las milicias en las barriadas populares de Rio de Janeiro (Waibord, 2009), o de Juan Carlos Bergonzi con sus reflexiones sobre los ciclos pendulares del autoritarismo y la fragilidad de las democracias formales (Bergonzi, 2008), o de Andrés Cañizález y su análisis reciente sobre los medios y la política en el caso de Venezuela (Cañizález, 2005) y, finalmente, Colombia, uno de los casos más trágicos en la historia del periodismo en nuestros países, con mas periodistas muertos, exiliados o amenazados por el conflicto armado, las mafias y los grupos políticos (Martínez Escallon, 2010).
Durante los últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, vale resaltar la presencia de grupos de poderes facticos que limitan y hasta imposibilitan la labor investigativa e informativa de los medios de comunicación. Son los casos especiales de México (donde los periodistas son amenazados y ejecutados por los carteles de la droga), de Brasil (donde las milicias controlan ciertos territorios de Rio de Janeiro) o de Colombia, donde se amenaza y se ajustician periodistas por informar acerca de actividades ya sea de las guerrillas o de los gobiernos, a favor o en contra, ejecutados a veces por sus propios aliados por procesar o entregar información de la parte contraria (Lopez, 2012).
En el caso especifico de Colombia, la represión de la guerrilla y la suspensión deliberada de protección por parte del gobierno (a partir del gobierno del Presidente Uribe) ha obligado a los periodistas a reorientar la agenda investigativa hacia temas nacionales (Lopez, 2012), sobre la corrupción, conflicto de intereses a nivel del gobierno, intervención de las líneas de comunicación (DAS) y otros, limitando de esta manera las fuentes de información acerca del conflicto interno.
Por otra parte, a pesar de una fuerte reducción en el promedio anual de asesinatos, de 9 y 10 periodistas por año a uno desde principios de siglo hasta esta fecha, Colombia ha tenido el record de periodistas ejecutados por parte de la guerrilla, políticos corruptos y por el propio Estado, a más de la campaña de espionaje, desprestigio y amenazas que realizó la policía secreta de la presidencia de Alvaro Uribe contra los comunicadores (Martínez Escallon, 2010).
En tales circunstancias, surgen inquietudes, cuestionamientos y sugerencias acerca de la tensión entre poderes y medios de comunicación (Rosanvallon, 2007), de la necesidad y la práctica de un periodismo profundo, sobre la emancipación del periodista vis a vis de los directivos de los medios (De la Rocha Almazan, 2006), sobre la defensa y protección de un periodismo investigativo, sobre el alejamiento de la sociedad civil de la sociedad política, el volcamiento de los ciudadanos hacia los medios como única fuente confiable (Bergonzi, 2008), la necesidad de reglas del juego sin perjudicar a los medios como soporte de la democracia (Cañizález, 2005 ), la promoción del periodista como profesional de la verificación y combate del periodismo complaciente (Requejo Alemán, 2011), la transformación del Estado autoritario en un Estado a favor del periodismo democrático (Waisbord, 2009), la reducción de la censura oficial y la persecución política y, el rechazo a una legislación contra los medios que favorece a los intereses poderosos y cortes secuestradas (Waisbord, 2009).
Hoy en día, combatir la concentración monopólica y garantizar la pluralidad de voces conectada con los Derechos Humanos (Moraes, 2011), denunciar la complicidad con los gobiernos (Moraes, 2011) y evitar la resistencia al control mediante una legislación ecuánime y equilibrada, se ha convertido en una tarea difícil, complicada y riesgosa, de ahí que, resumiendo , tal como lo manifiesta Rodrigo Pardo, ex canciller, ex embajador y ex director de varios medios de comunicación, “Es más fácil atacar al gobierno que al capital” (Martínez Escallón, 2010: 168), para calificar con pocas palabras la situación de los medios en Colombia y todo el entramado entre medios y poder económico.
En conclusión, concentración de la propiedad, alianzas entre medios y gobierno u oposición de los medios al gobierno, así como la persecución e intimidación a periodistas y medios de comunicación, son las características básicas al final de la primera década del siglo XXI del mundo mediático colombiano ((Martínez Escallón, 2010) y de América latina, con todas sus consecuencias. En tales contextos, prolifera el periodismo de registro en detrimento del periodismo de investigación, se reducen los espacios periodísticos en los canales públicos, desaparecen las unidades investigativas en los distintos medios y se impone el criterio económico sobre los fines periodísticos, es decir, el negocio para ganar dinero e incidir en la toma de decisiones del poder en detrimento del periodismo de calidad.
1. Formulación del problema y Pregunta de investigación: El debate Estado-Mercado en América latina.
En todo caso y alejándonos de los aspectos teóricos o paradigmáticos, por el momento, en la actualidad podemos afirmar que existe una preocupación frecuente o permanente en el accionar de los medios. La consolidación de la democracia, la gobernabilidad democrática, mediante una “esfera pública vibrante”, tal como lo menciona Waisbord, constituyen una preocupación medular de los expertos en medios de comunicación y científicos sociales, quienes sugieren un “periodismo para la paz”, del discurso democrático, y promoción de una audiencia critica, hasta un periodismo para el desarrollo que conciba la debilidad estatal, de ser el caso, como una condición y un desafío preeminente.
Sin embargo, hay que reconocer que el periodismo se debate entre la libertad de información y el control sobre la prensa, bajo censuras metodológicamente distintas y sofisticadas, “en el contexto de los ciclos pendulares del autoritarismo y la fragilidad de las democracias formales” (Bergonzi, 2008: 53), con un periodismo investigativo limitado, normado y a veces reprimido.
A pesar de ello, se lucha muchas veces por la democracia, mal que les resulte a los que promueven la corrupción, la fragilidad institucional y la concentración y conformación de conglomerados, y de aquellos que desean controlar y manipular el mercado de las comunicaciones, en ausencia de controles institucionales eficientes. De la misma manera, se lucha contra los gobiernos y normativas autoritarias que distancian al ciudadano de sus verdaderos representantes institucionales y desprestigian a los medios de comunicación, acusándolos de corruptos e irrespetuosos de la dignidad y derechos de los ciudadanos.
He ahí entonces el dilema del sano equilibrio al que deben aspirar los medios para el crecimiento y salud de la sociedad civil: ni más ni menos Estado, ni más ni menos conglomerados, promoviendo más bien mecanismos democráticos funcionales que garanticen el libre acceso a la información, en el marco de un Estado de Derecho y una institucionalidad eficiente.
Mientras tanto y de acuerdo a los enfoques de la economía política de la información y de enfoques múltiples (Denis de Moraes, 2011 y Ricardo Rouvier, 2008), en muchos países se vive la clásica lucha entre el “poder y el mercado”, o entre el “mercado y los poderes facticos”, donde la concentración de medios, las corporaciones y grandes conglomerados se convierten en monopolios u oligopolios de la información, con gran influencia o incidencia en la “nueva sociedad mediática”, implantando modelos de comportamientos, modificando la topografía comunicacional, construyendo subjetividades, ya sea en apoyo del gobierno o respaldando acciones golpistas, resistiendo al control, buscando la libertad del mercado y la dominación sobre la sociedad civil.
Al otro extremo del espectro, encontramos el fenómeno del “no Estado” de Waisbord donde no existe libertad ni seguridad para el trabajo periodístico, bajo un poder de facto fuera de la institucionalidad o en contubernio con ella, impidiendo el periodismo independiente, la consolidación de la prensa en democracia, y apuntando más bien hacia la concentración de medios, el dominio del mercado, en alianza o cercanía con el gobierno de turno y los poderes dominantes. Según Waisbord, surgen entonces las políticas y leyes perpetuas que castigan la independencia de los medios de comunicación (Waisbord, 2009).
Surgen entonces los viejos cuestionamientos hechos a los medios, desde los tiempos de la Revolución Francesa, cuando Marat afirmaba: “Soy el ojo del pueblo, ustedes son en el mejor de los casos el dedo meñique” (Rosanvallon, 2007: 113), ante los representantes de la comuna de París, a pesar de aquellas posturas que conciben el control ejercido por los medios como un poder de tipo democrático. Posteriormente, durante el Segundo Imperio, se restringe la libertad de prensa bajo el argumento de falta de legitimidad democrática y poder de representación (Rosanvallon, 2007), convirtiendo a la prensa en un rival de los poderes públicos, acusada de incidir y orientar la opinión pública, influir y hasta dirigir elecciones, ejercer predominio sobre las deliberaciones, sin estar investida de derechos o de autoridad alguna para el efecto.
En tal virtud, siendo un periódico “un poder público en manos de particulares” (Rosanvallon, 2007: 116), es necesario controlarlos, bajo la autoridad de funcionarios electos que surgen de la voluntad general, subordinando de esta manera el poder de los medios al interés general, cayendo en la ambigüedad jacobina de que se acepta como libertad lo que se niega como institución.
De ahí entonces, surge nuestra pregunta de investigación principal y sus auxiliares:
¿Bajo qué condiciones se puede lograr el sano equilibrio entre los medios, el mercado y el Estado y su institucionalidad política, con miras a garantizar un periodismo democrático, transparente, de respeto a la pluralidad de voces?
¿Como promover un periodismo sin subordinación alguna a intereses, ya sean privados o estatales, sin que las construcciones mediáticas o la industria de la cultura anulen o neutralicen al individuo ciudadano en la constitución de la opinión pública?
¿Como garantizar una incidencia mediática sin limitar a la persona humana en la creación de su propia subjetividad?
2. Enfoque teórico, metodología y formulación de hipótesis.
Enfoque teórico
En el campo de lo paradigmático, trabajar o investigar hoy en día sobre los medios de comunicación constituye un verdadero reto. Incursionar en un ámbito tan diverso, donde las problemáticas difieren, los intereses y las posiciones ideológicas son distintas de país a país, los presupuestos y módulos desicionales cambian, los actores políticos pueden ser numerosos, las libertades o constreñimientos institucionales varían (del Estado totalitario o el hiperpresidencialismo democrático mayoritarista al “no Estado” de Waisbord) y los ámbitos de interés superan las fronteras (lo estamos viviendo con el juicio contra el Universo), requiere de una visión globalizante y exige cuidados extremos.
Los actores políticos, la sociedad civil, las instituciones, los procesos de gestión, los sistemas políticos y los problemas que se generan al interior de los regímenes democráticos presidencialistas, inciden, todos, en las características o formas de trabajar u operar de los medios de comunicación, y tal como lo expresa Juan Carlos Bergonzi:
“La prensa en estos dos últimos dos siglos ha sido vigía de libertad, ha desarrollado aperturas para el pensamiento reflexivo, ha informado bajo paradigmas distintos y notoriamente marcados; desde la doctrina de la objetividad donde ´los hechos son sagrados´ hasta los formatos de interpretación y de opinión surgidos durante y luego de los grandes cambios, producto de las guerras mundiales” (Bergonzi, 2008: 56).
Las relaciones entre poderes, las reformas constitucionales, el presidencialismo reforzado o hiperpresidencialismo, las alianzas volátiles, la polarización ideológica, la pugna de poderes y los bloqueos de las iniciativas presidenciales, inciden y condicionan de manera contundente el proceso de gestión de los medios y sus relaciones con la comunidad, así como las prácticas o estilos de negociación y comportamiento políticos adoptados por los distintos actores.
En efecto, los bloqueos y pugna de poderes pervierten la negociación política institucional, desplazan los objetivos institucionales e intereses de la comunidad, fomentando a su vez el corporativismo, el clientelismo y arreglos cupulares, en detrimento de la gobernabilidad y la estabilidad democráticas. O, simplemente, los consensos no se dan, no se producen o no se logran. En pocas palabras, muchas veces los actores debaten, pero no “dialogan” y los gobiernos adoptan prácticas perversas como aquellas bien descritas por Fernando Cárdenas y Jorge González en su libro Los Watergates Latinos, acerca del espectro del “Plan Octavio” en el Perú de Fujimori.
En definitiva, y regresando nuevamente con Juan Carlos Bergonzi,
“El lenguaje del periodismo responde y se afirma en esas circunstancias. Sujeto y objeto de presiones de grupos y factores diversos se debate frente a disyuntivas que tienen algo de fatalidad: la omisión o la verdad. La autocensura o la censura. Y esos dilemas se sumergen en otra variable decisiva: sostener la credibilidad del público usuario de la información, ganar su confianza” (Bergonzi, 2008: 56).
Lo anterior me permite concluir, en esa línea argumentativa, que los modelos teóricos o marcos explicativos sobre la materia, son abundantes, sofisticados a veces, precisos o generales, donde las diferencias pueden ser sutiles o muy marcadas, lo que sugiere mucha prudencia al momento de escoger o aplicar un modelo bajo condiciones concretas. El mundo o contexto de los medios de comunicación es muy variado y diverso y los modelos explicativos también. Empaquetar o maniatar la realidad u objeto de estudio a un esquema teórico nos puede llevar a la simplificación y banalización extrema, ó, a la puntualización o sofisticación innecesaria, de ahí la necesidad de un recorrido transversal de los modelos, con el ánimo de lograr la mejor utilización de las reflexiones y argumentos expuestos por los estudiosos y expertos.
Nuestro trabajo de fin de curso pretende un alcance explicativo muy modesto desde la metodología de la investigación, dados los límites que corresponden al objeto del documento (a pesar de la riqueza del objeto de estudio), no obstante lo anterior, nuestro enfoque teórico se fundamenta en diversos planteamientos y conjunto de argumentaciones concretas que son complementarias, interdependientes muchas veces, configurando un marco transversal (Lasswell, en Parson, 2007), que se recorre a lo largo del proceso de análisis.
¿Cuáles son entonces nuestras principales fuentes para nuestro marco de análisis?
1. Aquellos argumentos recogidos en la obra de Rolando Franco y Jorge Lanzaro, “Política y políticas públicas: determinación y autonomía”
2. El trabajo de Carlos Scartascini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomassi: ¿Cómo se juega en América latina? “Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas”.
3. Los aportes de Jacint Jordana: El análisis de los Policy networks: ¿Una nueva perspectiva sobre la relación entre políticas públicas y Estado?
4. El concepto de devastación de las instituciones en la democracia neoliberal, de José Sánchez Parga, proyectando a futuro un sistema totalitario; de devastación del sistema político, transformaciones del poder ejecutivo y del gobierno, de la gobernabilidad vs la gubernamentalidad y el hiperpresidencialismo.
5. Los aportes sobre instituciones y procesos políticos de Simon Pachano en su libro Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú.
6. Los Planteamientos de Andrés Mejía Acosta, coordinador, y otros, en el libro Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador, Capitulo 1. Agentes con poder de veto, instituciones frágiles y políticas de baja calidad (1979-2005).
7. Andrés Cañizález. Medios y Política: ¿Nuevos o Viejos Actores?
8. Silvio Waisbord, Periodismo y Democracia donde no hay Estado.
Rolando Franco y Jorge Lanzaro, “Política y políticas públicas: determinación y autonomía”
Su investigación y enfoques parten de la realidad de América latina en la década de los ochenta o “década perdida”, cuando los países latinoamericanos se sumergen en una crisis económica sin precedentes, luego del colapso de los modelos desarrollistas implantados a partir de la Segunda Guerra mundial. En medio de la crisis y del torbellino de un mundo globalizado se conciben entonces políticas de estabilización y modelos alternativos que restan protagonismo al Estado en su dimensión y funciones, mediante la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas públicas, desmantelamiento de controles gubernamentales, todo eso en función de un crecimiento económico orientado hacia la exportación y aprovechamiento de los mercados globales. Es decir, un modelo que erosiona y debilita la “institucionalidad política” y reduce sustancialmente el protagonismo del Estado a nivel nacional e internacional.
Frente a la realidad antes descrita, se presenta una sociedad civil con múltiples demandas procedentes de diversos grupos de interés, ante un Estado debilitado que deberá hacer frente a estos requerimientos echando mano de todos los recursos disponibles, entre ellos, técnicas modernas de gestión y manejo de información para una toma de decisiones eficiente, responsable y transparente, tomando en cuenta los intereses de empresarios y otros actores de la sociedad civil.
En esta perspectiva, los autores analizan las relaciones entre la “política” y la toma de decisiones en el marco de los regímenes mayoritarios y pluralistas en América latina, catalogados como presidencialismos mayoritarios y pluralistas, y de populismos plebiscitarios, a pesar de las peculiaridades propias de cada país y esquemas que condicionan la labor de cada gobierno, así como el grado de distribución del poder público.
Esto se describe en su conjunto como un campo de conflicto y competencia, que deberá enfrentar y superar eficazmente el proceso decisorio en materia de medios de comunicación, lo que depende a su vez, del tipo de liderazgo ejecutivo, de las relaciones de poder (de los actores), de la historia de cada formación nacional, de su institucionalidad, de su estructura económica, de la configuración del Estado, de sus tradiciones y de su cultura política. Esto último reviste especial importancia para el caso específico de Ecuador y por qué del estancamiento en la aprobación de la Ley de Comunicación.
Carlos Scartascini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomassi: ¿Cómo se juega en América latina? “Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas”
Con las primeras letras los autores abordan los vínculos entre las instituciones políticas, el comportamiento político y las políticas públicas. Por otra parte, denuncian las “recetas” y recomendaciones seguidas al pie de la letra en algunos casos por los países latinoamericanos, desde los modelos de industrialización hasta los de desarrollo estatal o la liberación comercial al más puro estilo del Consenso de Washington.
Manteniendo el enfoque anterior, el estudio enfatiza la existencia de múltiples variables explicativas a nivel de la institucionalidad política y grupos de interés que han ejercido dominación en América latina, y por tanto, la existencia de gran variedad de actores políticos, desde el presidente de la república, los votantes, miembros del congreso, jueces, líderes de la opinión pública, y grupos empresariales, todos interactuando en una compleja red institucional y prácticas políticas que difieren sustancialmente de un país a otro, con distintos roles, distintos incentivos y en distintas arenas para la lucha política. No se diga durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, en que la región se caracterizo por estar bajo la dominación de distintos gobiernos o dictaduras militares.
Sobre este particular, actualmente, en el caso especifico de Ecuador, además de múltiples actores y prácticas políticas, interactuando dentro de una compleja red institucional, se suma la internacionalización del debate sobre la Ley de Comunicación, superando así el ámbito de la institucionalidad política, con la participación de diversos actores internacionales, donde se enfrentan los medios y gremios de la comunicación y el Estado, y hasta el día de hoy, después de más de dos años de proceso, no se llega a un acuerdo dialogado, consensuado y definitivo acerca de la Ley antes mencionada.
En cuanto al enfoque teórico, los autores hacen gala de una modelización sistémica que vincula instituciones políticas con el proceso de formulación de políticas y los resultados de las políticas, es decir, en la formulación de normas sobre los medios de comunicación y en su relación con dichos medios. En efecto, del texto se puede deducir una clara matriz que relaciona los recursos del sistema de políticas públicas con actores no institucionales y actores institucionales, en el marco de una institucionalidad política donde interaccionan el poder político y el poder técnico, las elites políticas y las elites burocráticas o tecnocráticas, donde confluyen toda una diversidad de intereses que incidirán en los niveles de cooperación y la calidad misma de las políticas públicas o output del sistema, en términos de credibilidad, previsibilidad, adaptabilidad, estabilidad y orientación al interés público.
En definitiva, es la configuración e interacción de todos estos elementos entre los distintos actores lo que determinará el punto de equilibrio específico en el juego político, o el sano equilibrio entre los medios de comunicación y el Estado, el Estado y el Mercado, el cual se presenta, de acuerdo a las evidencias históricas, como muy difícil de lograr o establecer.
De acuerdo a lo anterior y en esa línea de pensamiento, los autores determinan el factor cooperación como una particularidad del proceso que ayuda a entender y explicar de manera contundente las características de las políticas públicas, así como los factores que contribuyen a fomentarla o entorpecerla o inhibirla.
En resumen, los autores encuentran una relación directa entre la configuración de las instituciones y del sistema político con las reglas y prácticas que regulan el proceso de formulación de políticas (incluyendo aquellas acerca de la regulación de los medios de comunicación) y la interacción entre actores, las preferencias, los incentivos y las restricciones que estos tienen y las consecuencias en términos de cooperación, lo cual constituye uno de los factores fundamentales para el éxito de las políticas públicas y relaciones públicas en términos de desarrollo económico y social. Este sería entonces el aspecto nuclear del enfoque teórico de nuestro interés en función de nuestra pregunta de investigación.
Jacint Jordana: El análisis de los Policy networks: ¿Una nueva perspectiva sobre la relación entre políticas públicas y Estado?
La inquietud del autor y la pertinencia del trabajo de investigación se originan en el fracaso de los modelos tradicionales de intermediación de intereses para interpretar las diversas formas de articulación entre políticas públicas y Estado, centrados sobre todo en las características de las organizaciones de intereses. El autor es claro y preciso desde un comienzo para diferenciar las nuevas aportaciones en la materia, las cuales se pueden particularizar de la siguiente manera:
1. Mayor atención a las estructuras administrativas como factor importante en las relaciones publico-privadas
2. Integrar de forma destacada las organizaciones de intereses y de otros agentes externos a la Administración.
3. Incorporación de las redes de políticas públicas para superar el burocraticocentrismo en la explicación de las políticas desde distintos ámbitos.
4. Reconocer la interdependencia entre lo público y privado y su incidencia en las dinámicas organizacionales.
5. Reconocer un bajo nivel de formalización en el intercambio de información y recursos entre actores públicos y privados, fuera de las estructuras jerárquicas y, finalmente
6. La elaboración de una tipología de acuerdo a ciertas dimensiones y variables, donde el “número de actores” se convierte en la dimensión más utilizada para la elaboración de dichas tipologías, además del ámbito de actuación, las funciones básicas, la estructura de relación entre actores, la estabilidad de la relación entre actores, el grado de institucionalización de la red, las reglas de conducta, la distribución del poder y las estrategias de los actores.
El análisis relieva el intercambio de recursos e información entre actores para estudiar la dinámica de “ordenes” y productos del sistema así como las distintas modalidades de toma de decisiones, los mecanismos y tramos geográficos de control, objetivos divergentes, y como se producen los consensos en la formulación de objetivos y homogenización de las políticas, un punto de particular interés para entender el proceso ecuatoriano, especialmente en el campo de la cultura política y los denominados arreglos cupulares.
Andrés Mejía
En cuanto al trabajo de Andrés Mejía y sus planteamientos, muy rico y muy diverso, nuestra investigación recoge aquellos planteamientos vinculados a la pugna de poderes, en cuanto a la formación de mayorías legislativas y la perversa combinación de presidencialismo y multipartidismo y formación de coaliciones inestables, así como del inevitable matrimonio entre presidentes y congresos (Mejía, 2002), acerca de las debilidades de un presidente fuerte, el gobierno de los caudillos y, consecuente, la inevitable pugna de poderes.
Todo esto para demostrar los orígenes de una institucionalidad y normatividad frágil, que afecta, entre otros, a la industria mediática o medios de comunicación en general, y sus intereses y vinculaciones con la colectividad y sus consecuencias en la configuración de la opinión pública.
Al respecto, las afirmaciones de Mejía son contundentes:
“Desde el inicio de la actividad política latinoamericana, y especialmente en Ecuador, han prevalecido los valores tradicionales a los que Weber llamó “patrimonialistas”, es decir, el predominio del gobierno de los hombres y caudillos por encima del gobierno de las normas y los procedimientos legales” (Mejía, 2002: 104).
[“En el contexto ecuatoriano, la fragmentación partidaria estaría destinada a obstruir la formación de mayorías o de coaliciones mayoritarias (Burbano y Rowland, 1998; Sánchez Parga, 1998). Según Dieter Nohlen, la fragmentación y proliferación del número de partidos políticos, características del sistema político ecuatoriano, pueden producir resultados particularmente adversos cuando son combinadas con un sistema presidencial de gobierno” (Nohlen, 1989:19)] (Mejía, 2002: 136).
Adicionalmente, Mejía se refiere al estudio realizado por Grace Ivana Dehesa, donde la autora evidencia la tendencia de los presidentes a formar alianzas o coaliciones mínimas para ganar o aprobar leyes específicas, afirmando finalmente que:
“En Ecuador ha habido solamente cinco gobiernos de un solo partido (de un total de 41 en América Latina), ninguno de los cuales ha sobrepasado el 50% de escaños en la Cámara, es decir, todos han sido minoritarios” (Mejía, 2002: 137).
Para finalizar, Mejía observa que en la región latinoamericana los presidentes son jefes de gobierno y de estado, que un presidente fuerte es contradictorio al sistema democrático, que varias constituciones otorgan poderes extraordinarios al presidente y al mismo tiempo establecen restricciones (como la prohibición de reelección, por ejemplo) para impedir arbitrariedades y abusos, cuya combinación ha producido resultados lamentables (Mejía, 2002). En el caso ecuatoriano, según Mejía, existen facultades ejecutivas y legislativas ambiguas, “dando lugar a diversas interpretaciones constitucionales y serios conflictos entre el presidente y el congreso” (Mejía, 2002:149).
Por otra parte, en el capítulo 1 de la obra Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador, de la cual Andrés Mejía es el coordinador, Mejia relaciona a los agentes con poder de veto, con las instituciones frágiles y las políticas de baja calidad (Mejía y otros, en Mejía coordinador, 2009). En efecto, en dicho capitulo se busca explicar el porqué los actores políticos en el Ecuador no han logrado ni producir ni mantener dinámicas de cooperación en torno al proceso de políticas públicas, pese a que o a pesar de las múltiples reformas legales y nuevas constituciones en tan corto tiempo (Mejía y otros, en Mejía coordinador, 2009).
Según Mejía, las políticas públicas de baja calidad tienden a beneficiar a grupos de presión bien organizados por encima de los intereses de grupos sociales amplios, con un ejecutivo bloqueado por actores con poder de veto representados en el poder legislativo, delegando la ejecución de políticas en una burocracia técnica aislada de presiones políticas pero beneficiando a reducidos grupos de actores con intereses regionales y económicos, en medio de un escenario institucional debilitado (Mejía y otros, en Mejía coordinador, 2009). Esto sería especialmente cierto cuando existen grupos de presión organizados y dispuestos a apoyar agendas legislativas a cambio de concesiones especiales y beneficios particulares, con altos costos de transacción y un pobre horizonte político de largo plazo (Mejía y otros, en Mejía coordinador, 2009).
En función de lo anterior, no sorprende la pérdida de confianza del público hacia los partidos políticos y órganos de representación y la tendencia a confiar en los medios de comunicación como instrumentos de información y control de la gestión pública, asumiendo o entregando roles que no corresponden a dichos medios. No sorprende tampoco los ataques y confrontación directa entre el actual gobierno de la Revolución Ciudadana y la prensa, con una clara intención de recuperar para el Estado el terreno perdido ante el poder de la comunicación.
Sánchez Parga José
A propósito del escenario institucional debilitado, en medio del cual se formulan e implementan las políticas públicas, Sánchez Parga introduce y se refiere a la devastación del sistema político:
“Las fuerzas e intereses del mercado, con el “nuevo espíritu” del capitalismo o ideología neoliberal, no se limitan a destruir los presupuestos o fundamentos de un régimen democrático, sus principios y postulados éticos, sino también sus instituciones políticas. Ambos procesos son paralelos. La devastación del sistema político de la democracia supone no solo la “destrucción productiva” de todos los componentes que lo integran, (Estado, Gobierno, Sociedad Civil y Sociedad Política), sino sobre todo sus reciprocas mediaciones, enfrentándolos entre si y generando una mutua deslegitimación entre ellos. Si la calidad de una democracia depende del mejor equilibrio y articulación entre todos los elementos del sistema político, nada expresa mejor la devastación democrática que la violencia generada por la desarticulación y enfrentamiento entre todos los ámbitos del sistema político” (Sánchez Parga, 2011: 93).
Según Sánchez Parga, el proceso de modernización y las reformas del Estado de los años 80 y 90 debilitaron el sistema de representación política, reforzaron al poder presidencial y sometieron al poder judicial (Sánchez Parga, 2011). Lejos de consolidar un poder gobernante, más bien se promocionaron las oposiciones anti-gobierno y se perdieron capacidades de alianzas y consensos que degeneraron en prácticas caudillistas, cesaristas o desviacionistas. La crisis de gobierno y de libertad de maniobra fueron estratagemas de reforma constitucional para debilitar al congreso y beneficiar al ejecutivo en la pugna de poderes. Es así que la idea de gobernabilidad realmente encubre la gubernamentabilidad neoliberal para gobernar sin gobierno, para gobernar con expertos y profesionales cuyas practicas no diferencian al Estado de la sociedad civil, a la esfera pública de la esfera privada (Sánchez Parga, 2011). Sería entonces bajo esta lógica de la autorregulación del busines por el busines (Sánchez Parga, 2011) que se llevará a cabo el proceso de gestión de las políticas públicas en el Ecuador a partir de las reformas y durante los años antes mencionados. En esta misma línea, cave incorporar aquello de que lo que importa es el negocio, ganar dinero e incidir en el poder, así sea en detrimento del periodismo de calidad y periodismo investigativo ((Martínez Escallon, 2010).
De acuerdo a la argumentación de Sánchez Parga, no sorprende ante la debilidad del Estado neoliberal que algunos medios de comunicación hayan adquirido un poder mas allá de informar y construir opinión pública, privilegiando la lógica del busines por el busines a favor de los medios y en detrimento del poder estatal, es decir, inclinando la balanza a favor del mercado, de acuerdo al criterio del mismo Consenso de Washington.
Simon Pachano
Pachano enriquece el enfoque desde la perspectiva institucional y procesos políticos. En el capítulo III de su obra Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú, el autor presenta sus argumentos de manera clara y precisa:
“Dos premisas y un objetivo guían al presente capitulo. La primera premisa sostiene que los arreglos institucionales condicionan las prácticas y las conductas de los actores políticos, a la vez que reciben las influencias de esas prácticas y esas acciones en una fluida interacción. Esta premisa se desprende en buena medida de los avances logrados en el campo del denominado nuevo institucionalismo, que supera el estudio puramente formal de las instituciones por medio del análisis de las interacciones entre estas y las practicas de los actores (Peters, 2003: 33-41; March y Olsen, 1984: 738-740; 1989: Colomer, 2001: 4-5). Las decisiones estratégicas de los actores políticos se enmarcan en unas instituciones previamente existentes –están constreñidas por estas (Crawford y Ostrom, 1995: 582-583)-, pero a la vez tienden a cambiarlas en función de sus intereses específicos. Desde esta perspectiva, entonces, las instituciones constituyen un marco que condiciona las estrategias de los actores políticos, pero a la vez son constantemente modificadas por las acciones de estos. En ese sentido, las instituciones marcan el campo en que se desenvuelve la política, pero a la vez son la expresión de ella. Los actores buscan modificar a las instituciones de acuerdo a sus respectivos intereses, con lo que se genera una tensión constante entre estabilidad y cambio” (Pachano. 2011: 155).
“La segunda premisa sostiene que la calidad de la democracia depende en gran medida de los arreglos institucionales, tanto en el nivel del régimen como del sistema político. Aunque la calidad de la democracia está condicionada por un conjunto más amplio de factores, entre los que se cuentan las practicas de los actores y los efectos no esperados de coyunturas históricas que viven las sociedades, es innegable que el diseño institucional constituye el elemento determinante en tanto establece el marco para la acción política”(Pachano, 2011: 156).
A lo largo de su obra, Pachano enfatiza la pugna de poderes incentivada por los componentes del diseño institucional, débiles gobiernos de minoría, la fragmentación de la representación, y la dificultad derivada para tener acuerdos estables en torno a las políticas económicas y sociales (Pachano, 2011).
En términos generales, Pachano se refiere a los pocos alicientes que ofrece la institucionalidad ecuatoriana para la cooperación, incentivando más bien el juego político de corto plazo y de resultados inmediato, el predominio de las practicas clientelares y corporativistas, y la imposibilidad de agregar intereses por el alto número de veto players y sus múltiples demandas(Pachano, 2011). En tal contexto y con tales prácticas a la larga, se bloquean las alianzas, se instaura una lógica de suma-cero o de ganador absoluto, se incrementan las distancias políticas, y se pierden capacidades de procesar las demandas sociales y canalizar los conflictos (Pachano, 2011), generando múltiples problemas de gobernabilidad, en detrimento del proceso de gestión de las políticas públicas y de las relaciones Estado- Mercado (medios). En definitiva, en tales contextos y tales prácticas, desde los múltiples actores, el proceso de gestión de las políticas públicas es sometido a fuertes presiones y fuerzas que dificultan el dialogo político (nos referimos al entendimiento político, más allá del debate político) e interfieren en el proceso de negociación y obtención de consensos.
De nuevo se repite el viejo panorama ya expuesto en líneas anteriores de una institucionalidad frágil, sistema de partidos y sistemas de representación en crisis, desprestigiados, con un conjunto de actores políticos que debaten pero no dialogan, desplazando la confianza de la sociedad civil hacia los medios de comunicación en detrimento de las capacidades estatales, promoviendo la concentración del poder y facultades de control en los medios de comunicación, quienes rechazan cualquier intento de normatividad que tienda a reducir su discrecionalidad.
ANDRÉS CAÑIZÁLEZ. MEDIOS Y POLÍTICA: ¿NUEVOS O VIEJOS ACTORES?
Desde los inicios de su artículo, el autor se refiere al protagonismo de los medios de comunicación en un escenario fuertemente politizado y polarizado como es el escenario político Venezolano, partiendo de la constatación de un nivel protagónico cada vez mayor de dichos medios en la dinámica política, en ese contexto, imponiendo ritmos y reglas al juego político con todas sus consecuencias en el régimen democrático, en el juego democrático, en ausencia de un control eficiente, objetivo e imparcial.
Cañizález sustenta su enfoque en prácticas y fenómenos de la historia anterior y mas reciente (alrededor del 2002), cuando los medios, alimentados por el debilitamiento institucional y la desazón ciudadana con los partidos políticos, entre otros, se dividen radicalmente entre gobierno y oposición, no dando tregua para posiciones intermedias, en detrimento de una información equilibrada, objetiva y completa para la ciudadanía, y a favor de una visión empañada y distorsionada, tal como sucedió, según el autor, durante los días de paro, con la programación de Globovision y de Venezolana de Televisión, cuando cada canal transmitió una imagen de país totalmente opuesta; desde el éxito rotundo de las medidas de paralización hasta el fracaso estrepitoso de las mismas.
En tal contexto y bajo tales circunstancias, ante la debilidad de los partidos y sindicatos y otras organizaciones del tejido social venezolano, los actores y el universo mediático adquieren un poder individual y en alianzas estratégicas cada vez mayor, con más participación en la vida política y como un agente de cambio en relación a lo político, y, del convivir social de todos los venezolanos.
En efecto, la cultura mediática en general, según el autor, penetra los distintos ambientes de la vida pública y privada y altera la vida y las formas de sociabilidad, convirtiéndose así en un espacio privilegiado con gran poder fáctico sobre la vida y el imaginario de la comunidad, de ahí la necesidad de normar, controlar, etc, sin que el ejecutivo se convierta en juez y parte, tal como deja entrever el artículo cuando se refiere a la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión aprobada años atrás.
SILVIO WAISBORD. PERIODISMO Y DEMOCRACIA DONDE NO HAY ESTADO
El autor aborda de manera directa y transparente el problema de la inseguridad y de “no Estado” partiendo de la experiencia vivida por los medios en las barriadas populares de Rio de Janeiro, donde los periodistas no pueden acceder ni trabajar libremente sin el “visto bueno” de quienes ejercen el poder y controlan la seguridad dentro de la barriada, es decir, “Las Milicias”.
En definitiva, el autor denuncia la debilidad estatal como el factor que mina el ejercicio de los medios y la consolidación de la prensa en democracia, pues no existe periodismo independiente y democrático sin un Estado estable y funcional, y más bien, las tendencias apuntan con preocupación hacia la “concentración” de los medios y el dominio del mercado, ó, hacia la cercanía de los mismos con los gobiernos de turno y poderes dominantes.
En definitiva, según Waisbord, la transición hacia las democracias liberales en las últimas décadas no significa libertad para que el periodismo funcione como un vehículo para la expresión pública, y más bien, surgen los conglomerados de los medios y la perpetuación de políticas y leyes que castigan la independencia. ¿Las razones? En primer lugar, la ausencia de Estado surge como una consecuencia de la concepción occidental y sus modelos dominantes en los estudios de periodismo, pues tanto liberales como comunitaristas ven con escepticismo la participación o intervención del Estado en asuntos vinculados a la prensa democrática, asumiendo tácitamente que “menos Estado” necesariamente favorece a la prensa. En segunda lugar, el Estado como principal centro de poder y autoridad en fronteras geográficas, que afecta de distintas maneras la existencia y el rol de los medios, no es una condición de carácter universal, pues fallan en el desempeño de sus funciones básicas en vastas áreas de América Latina, Europa del Este, Medio Oriente, Asia y África, donde no hay garantía para los derechos de propiedad, recaudación de impuestos, monopolio de los medios de coerción, y otros.
Finalmente, Waisbord proporciona interesantes reflexiones acerca de la construcción del Estado y la Prensa. Para ello, el autor plantea las siguientes interrogantes: Dado que la debilidad estatal constituye un obstáculo crucial para la vida democrática, ¿Qué puede hacer la prensa?, ¿cómo puede contribuir en la institucionalización de la vida pública en áreas sin Estados?, ¿Cómo pueden contribuir a contener la violencia y fortalecer el Estado de Derecho?
Para Waibord, no hay duda acerca del rol de la prensa y la democratización de los medios en la oferta y proporción de oportunidades de participación de la sociedad civil, y en la construcción y renovación de identidades nacionales dirigiéndose a las audiencias como comunidades imaginadas. Sin embargo, la construcción del Estado es tarea necesaria, amplia y compleja, donde la prensa puede ayudar, en alianza estratégica y esfuerzos conjuntos con otros actores, para reducir y eliminar el déficit de gobernabilidad persistente, pues, “la prensa no puede decirle a la gente que pensar, pero influye acerca de lo que la gente piensa y habla” (Waibord. 2009:216).
Surge de ahí la idea, entre otras, del periodismo para el “desarrollo”, sin objetivos ni reglas determinadas, adecuado más bien a las circunstancias locales y culturas autóctonas para dirigir así las preocupaciones de las bases. En consecuencia, se trata de promover un periodismo con una nueva visión, que conciba la debilidad estatal como una condición y un desafío preeminente, a nivel de las nuevas democracias y democracias no occidentales, más allá de los temas sociales y económicos, promoviendo y repotenciando oportunidades para discutir acciones que fortalezcan la efectividad del Estado, ya que los medios no son un sustituto del Estado, ni pueden asumir funciones básicas de los estados.
Tal como lo manifiesta el autor, “Es aceptado ampliamente que ni los gobiernos autoritarios ni las corporaciones codiciosas son particularmente apasionados de una esfera pública vibrante. La sociedad civil, el lugar donde la democracia se renueva y adquiere experiencia, sufre cuando el autoritarismo político y/o el poder comercial imponen lo que se comunica” (Waibord. 2009:221).
En nuestra opinión, ahí radica el sano equilibrio que el autor del artículo enfatiza acertadamente, pues, ni menos Estado ni más reglas significan libertad, ni más Estado ni grandes conglomerados y concentración de poderes implican mayor democracia; Se trata entonces de defender el crecimiento y la salud de la sociedad civil como una preocupación permanente y objetivo fundamental en la construcción del Estado.
Metodología
Nuestro trabajo aplica una metodología cualitativa de alcance descriptivo y explicativo (Hernández Dr. Roberto, Fernandez Dr. Carlos, Baptista Dra. Pilar. 2006), utilizando para el efecto datos primarios de información proveniente de libros o artículos impresos, y, una sola entrevista sobre el caso colombiano. En cuanto a los datos secundarios, estos provienen de los medios de comunicación y estudios específicos sobre la realidad Ecuatoriana. En efecto, nuestro trabajo se caracteriza por su ambiente, cuyos significados son extraídos de datos que no se fundamentan en la investigación científica de autores especializados. Se trata de un proceso inductivo, recurrente, que analiza realidades subjetivas y objetivas, subjetivas en gran parte, con mucha amplitud y énfasis interpretativo, contextualizando el fenómeno y buscando profundidad en las ideas (Hernández Dr. Roberto, Fernandez Dr. Carlos, Baptista Dra. Pilar. 2006).
Por otra parte, nuestra investigación se define como descriptiva y explicativa (Hernández Dr. Roberto, Fernandez Dr. Carlos, Baptista Dra. Pilar. 2006), puesto que se describen fenómenos y situaciones tratando de detallar como son, por qué, y cómo se manifiestan. Al mismo tiempo, el trabajo va mas allá de la descripción y trata de establecer relaciones entre conceptos, respondiendo por las causas de los eventos y fenómenos del objeto o tema de investigación. De ahí nuestro interés particular, en vincular el accionar de los medios con la gobernabilidad democrática, con la fragilidad institucional y las características fundamentales de nuestras democracias presidencialistas, pues es ahí, en gran parte, donde se ubican las “causas profundas” (Montesquieu, en Aron, 1967) del mundo mediático y su relación con los poderes formales y facticos.
Hipótesis de investigación
En función de la pregunta de investigación, nuestra hipótesis se sustenta, en primer lugar:
En los cambios estructurales constantes derivados de los intereses de grupos, regiones y caudillos, que han generado una institucionalidad frágil y anacrónica en países de América latina y Ecuador, impidiendo la consolidación de la gobernabilidad democrática plena en la región y el país, dando paso a una fragilidad democrática que impide una relación funcional, estable y equilibrada entre medios de comunicación y los poderes del Estado.
En segundo lugar, la fragilidad del diseño institucional, la debilidad democrática, los fuertes o débiles gobiernos de minoría y las distancias ideológicas a nivel de partidos, miembros de la asamblea y los múltiples vetoplayers y actores políticos, son las causas u orígenes de la pugna de poderes, la oposición a ultranza y las prácticas políticas (dentro y fuera de la institucionalidad política) alejadas del dialogo, la cooperación y la búsqueda de consensos, lo cual aleja a los medios de comunicación del Estado, o polariza los medios entre opositores y adeptos, o fomenta la concentración y conformación de conglomerados que compiten con el Estado y otros poderes facticos, de ser el caso, impidiendo así el alcance del sano equilibrio Medios-Mercado y Estado.
En tercer lugar, la ingobernabilidad democrática, la fragilidad política e incapacidad de agregar intereses a nivel de la Asamblea Nacional, han ocasionado el desprestigio de las instituciones y partidos políticos volcando hacia los medios la capacidad de control sobre la gestión del Estado a nombre de la sociedad civil y comunidad en general, otorgando a los medios un poder sin fuente de “legitimación” (nos referimos a las fuentes tradicionales de legitimación) y subordinando el periodismo al interés económico o a reducidos grupos de poder.
En cuarto lugar, es necesario mencionar la concepción reduccionista de la democracia ecuatoriana y latinoamericana, en cuanto a su concepción del sujeto en democracia. Si la democracia es para demócratas y para todos, no se puede partir de una interpretación parcial o sesgada de la persona como ciudadano demócrata a través de un común denominador, sin tomar en cuenta el carácter único y exclusivo de cada cual y sus necesidades y reivindicaciones y visiones particulares, de ahí que una democracia electoralista mayoritaria provoca polarización y conflictos permanentes, por ser parcializada y excluyente. En todo caso, este sería más bien un enfoque antropológico que debe ser tomado en cuenta, aunque formará parte, probablemente, de un estudio posterior. Sin embargo, es una concepción democrática sesgada (llámese democracia representativa, democracia electoralista, democracia mayoritarista, o democracia directa), que no aporta en la construcción de subjetividades respetando la individualidad de la persona humana, lo que nos aleja, entre otros, de una audiencia o de lectores verdaderamente críticos y con criterio independiente.
3. El caso ecuatoriano: Una reflexión breve.
El actual debate sobre la Ley de Comunicación es un momento oportuno y representativo para palpar el divorcio que existe entre el Estado y algunos medios de comunicación y la clara polarización que se produce a nivel de la sociedad mediática. En efecto, a nivel de la Comisión Especial de Comunicación, de la Asamblea Nacional, de los grupos parlamentarios, de los periodistas, de los gremios del comercio y de la producción, de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como de los múltiples actores políticos individuales e institucionales existen claras posiciones divergentes y polarizadas que han promocionado el debate nacional e internacional, en ausencia de dialogo y conformación de consensos.
De las posiciones y argumentos expuestos por los distintos actores en sus pronunciamientos oficiales o públicos se detectan claramente dos tendencias radicalmente opuestas. En primer lugar, la oposición al proyecto de Ley se manifiesta por la defensa de las libertades de expresión, información, opinión, de manera irrestricta y sin condicionamientos. De acuerdo al discurso de dicho sector, existe una clara identificación ideológica liberal empresarial capitalista en algunos detractores u opositores a la Ley que apuestan más por el libre mercado y la defensa de las libertades y derechos, como es el caso de los asambleístas Viteri y Montufar, de identificación social cristiana y Concertación Nacional respectivamente, y la postura no intervencionista, que reduce la participación estatal y apuesta por la defensa de los derechos y libertades per se sin control alguno, como sería el caso del Movimiento Popular Democrático (MPD), opositores radicales al gobierno. Para este bloque, la mejor alternativa al proyecto de Ley es “ninguna Ley”. Por otra parte, tenemos al gobierno y bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional que defiende el proyecto de Ley desde un enfoque estatal intervencionista garantista, que sustenta el goce y vigencia plena de las libertades y derechos en un control y supervisión del Estado, como garantía de la correcta aplicación y respeto a la norma, so pena de sanción o castigo.
En definitiva, se detectan dos claras tendencias. A favor del mercado, defensa de las libertades y derechos y, reducción del control estatal la primera, y en apoyo del control estatal sobre el mercado y vigencia de las libertades y derechos, la segunda, sin que existan mayores discrepancias “manifiestas” acerca de los “objetivos formales” ya expresados en la exposición de motivos sobre la Ley.
Como resultado de la polarización ideológica y divergencias de intereses, las posiciones se mantienen y las posibilidades de acuerdos se reducen. La antigua oposición a ultranza se manifiesta claramente y la influencia y privilegios presidencialistas se deja entrever en las prácticas parlamentarias, nuevamente, sin resultados favorables. En efecto, ni el gobierno ni los asambleístas de Alianza País han posibilitado un acercamiento o acuerdo de cooperación para juntar “ocho” votos adicionales que se necesitan para aprobar la Ley de Comunicación.
De un gobierno sin respaldo mayoritario (aunque posee una bancada numerosa y casi mayoritaria de 55 asambleístas de los 124, para una mayoría de 63 miembros), con una Asamblea Nacional ideológicamente polarizada y una oposición radical a ultranza, a nivel nacional e internacional, surgen nuevamente el espectro de la pugna de poderes y las prácticas políticas latentes de vieja guardia, como la suspensión de las sesiones en momentos críticos para el bloque de Alianza País, abandono de la sala de sesiones de los miembros del bloque gobiernista y paralización y estancamiento de los debates y “negociaciones” políticas a nivel parlamentario. Adicionalmente, tal y como lo manifiesta Teodoro Bustamante, la polémica se traslada a otro nivel, “La vergonzosa calidad de la comunicación oficial, los insultos, y la mediocridad de las cadenas que saturan los espacios de comunicación, en medio de las más obscenas arremetidas contra la libertad de expresión”…. “se ha eliminado la posibilidad de la deliberación pública”. (tbustamante@hoy.com.ec) ¿Cual sería entonces la consecuencia de la aprobación de Ley bajo estas prácticas y condiciones, en ausencia de dialogo ni promoción de consensos? La misma de siempre, pues los próximos gobiernos trataran de eliminarla, modificarla o adaptarla a sus nuevos intereses y conveniencia de la nueva mayoría, regresando al clásico borre y va de nuevo, considerado ya típico de la institucionalidad política ecuatoriana.
Curiosamente, lo que muchos autores exigen o promueven y otros consideran indispensable para una rápida concertación y facilitación de consensos, como sería la socialización de la Ley a nivel nacional y con la participación de todos los sectores involucrados, tanto a nivel de la institucionalidad política como a nivel de la sociedad civil, no se produjo ni se dio con la facilidad con que se internacionalizó el debate y la disputa acerca del contenido y consecuencias de la Ley, y sobre los intereses y aspiraciones del gobierno sobre la aprobación de la Ley. Esto se vio claramente en la actitud de ambos bandos en la incorporación al conflicto a organismos internacionales, ONG´s y a presidentes de países sudamericanos. Paradójicamente, lo que no se hizo y se debió hacer al interior del país se lo promovió parcialmente a nivel internacional.
Regresamos entonces a Sánchez Parga, según quien, el proceso de modernización y las reformas del Estado de los años 80 y 90 debilitaron el sistema de representación política, reforzaron al poder presidencial y sometieron al poder judicial (Sánchez Parga, 2011). Promocionaron las oposiciones anti-gobierno y se perdieron capacidades de alianzas y consensos que degeneraron en prácticas caudillistas, cesaristas o desviacionistas. Es así que la idea de gobernabilidad realmente encubre la gubernamentabilidad neoliberal para gobernar sin gobierno, para gobernar con expertos y profesionales cuyas practicas no diferencian al Estado de la sociedad civil, a la esfera pública de la esfera privada (Sánchez Parga, 2011). Sería entonces bajo esta lógica de la autorregulación del busines por el busines (Sánchez Parga, 2011), que las capacidades del legislativo se ven superadas o desbordadas, se internacionaliza el conflicto y el debate, se radicalizan posiciones y desaparecen las capacidad de diálogo y necesidad de cooperación. Por otra parte, el Presidente de la Asamblea nacional advierte con enviar el proyecto para el pronunciamiento de la Corte Constitucional (la polémica se traslada a otro nivel, de acuerdo al mismo Bustamante), manteniendo y agudizando la pugna, en vez de favorecer el consenso.
Lamentablemente, una vez perdida esa capacidad de agregación de intereses y generación de consensos por parte de la Asamblea Nacional, surgen con mayor intensidad la competencia manifiesta en términos de relaciones de poder, el poder del liderazgo ejecutivo y el manejo de las relaciones de poder, la comunicación política partidaria y tendenciosa que manipula pero no informa, pérdida de valor y pertinencia de las reglas y practicas institucionales que regulan el proceso de formulación de políticas e interacción entre actores solo en función de sus intereses y preferencias (esto lo reconocen hasta los mismos asambleístas. Es el caso de Maria Paula Romo durante su entrevista en Radio Democracia del día miércoles 21 de diciembre de 2011, refiriéndose a las negociaciones sobre varios temas, entre ellos, la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, el tipo de mayoría para la perdida de la inmunidad parlamentaria, etc), en un juego de suma cero que solo perjudica al bien común e interés nacional.
En efecto, desde julio de 2011 a esta fecha han transcurrido cinco meses de iniciado el segundo debate para proceder luego a la votación, lo cual no se ha logrado, a pesar del optimismo manifestado por el Asambleísta Mauro Andino en su informe de esa fecha (quien incluso reconoce, curiosamente, la falta de consenso total acerca de algunos puntos importantes del proyecto de Ley). Por el contrario, finalizada la primera discusión en el pleno que fue el 5 de enero de 2010, han transcurrido hasta la fecha aproximadamente más de 24 meses en que los temas de controversia han sido “fundamentalmente dos”: La conformación del Consejo de Regulación, en primer lugar y, la Responsabilidad Ulterior, en segundo lugar. Es decir que, el patrimonialismo, la intermediación de intereses, la debilidad institucional, la pugna de poderes y la incapacidad de cooperar y generar consensos, han mantenido en vilo a la sociedad en general con todas sus consecuencias y pérdidas que se han generado durante estos dos años.
Por otra parte, La internacionalización del debate sobre la Ley de Comunicación perjudica al gobierno y al país en múltiples aspectos. En primer lugar, el apoyo de varios organismos internacionales y sus adlatares fortalece a los actores de oposición y retrasa la aprobación de la Ley. Sean validos o no sus argumentos e independientemente del sustento objetivo de las acusaciones y denuncias (de persecución política, de inconstitucionalidad de la Ley, y otros), la presencia y los efectos de nuevos actores de veto es real, y sus consecuencias son reales. En segundo lugar, la búsqueda de apoyo en foros internacionales por parte del Presidente Correa (CELAC, XXI Cumbre Iberoamericana) no ha tenido los resultados esperados y la polémica se polariza también a esos niveles, ya que cinco de los ocho presidentes (Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff, Felipe Calderón, Sebastian Piñera, y Fernando Lugo) se pronuncian a favor de la libertad de prensa, o una prensa libre, o en la defensa de la labor de los medios de comunicación, e incluso, Fernando Lugo considera mejor una prensa adversa y critica que una prensa amiga que oculte los síntomas de errores (Diario El Comercio, domingo 4 de diciembre de 2011. Dos posturas sobre la libertad de expresión. Política. Página: 5) y, en tercer lugar, algunas instituciones especializadas (Economist Inteligence Unit) ubican a Ecuador con un índice de inestabilidad política muy cerca de Ucrania, Chad, Congo Kinshasa, Camboya, Sudán, Irak, Costa de Marfil y Haití, como países con alto riesgo de sufrir serios desordenes políticos (Hoy.com.ec. Ecuador entre los países con más riesgo de inestabilidad política. Sitio visitado el 16.12.2011), lo cual podría empeorar con las posibilidades siempre presentes de una “Muerte Cruzada”, de acuerdo con el Art. 148 de la Constitución de la República del Ecuador.
Finalmente, el desborde de las facultades parlamentarias y de las fronteras institucionales nacionales no es precisamente un síntoma de fortaleza institucional en materia de conflictos y solución de controversias o búsqueda de entendimientos y logro de consensos. El estancamiento de la aprobación de la Ley de Comunicación por estas y otras razones es una demostración más de la debilidad institucional democrática que persiste en el Ecuador y de las prácticas políticas de oposición a ultranza (pugna de poderes), por encima de los intereses nacionales y del bien común, lo cual se manifiesta claramente en las posiciones encontradas entre medios de comunicación y entre algunos medios y el propio Estado, sin conseguir el sano punto medio de equilibrio tan necesario en la convivencia democrática.
Recordamos entonces lo ya expresado en el capitulo dos, respecto del enfoque de Carlos Scartascini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomassi. En resumen, los autores encuentran una relación directa entre la configuración de las instituciones y del sistema político con las reglas y prácticas que regulan el proceso de formulación de políticas y la interacción entre actores (incluyendo a los medios y al Estado), las preferencias, los incentivos y las restricciones que estos tienen y las consecuencias en términos de cooperación, lo cual constituye uno de los factores fundamentales para el éxito de las políticas públicas en términos de desarrollo económico y social (Carlos Scartascini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomassi: 2011). Este sería, entonces, uno de los aspectos nucleares del enfoque teórico de nuestro interés en función y “en respuesta” a nuestra pregunta de investigación.
4. Conclusiones: Una propuesta desde la Democracia.
De los textos especializados, los distintos autores, sus enfoques teóricos particulares y las características de los ámbitos de estudio, la democracia latinoamericana parece navegar en aguas turbulentas, y los medios se convierten en condicionante y condicionados, en sujeto y objeto del sistema, en causa y efecto dentro de cada campo social especifico, pues constituyen actores políticos y sociales al incidir en los imaginarios colectivos, visiones de la comunidad, formas de pensar, valores y principios éticos que rigen en una sociedad determinada, ya sea a favor o en contra del gobierno de turno, en alianza o en oposición a los grandes poderes económicos (ya sean los periodistas o los medios como tales), o al interior de una sociedad fuertemente dividida donde el gremio periodístico y sus organizaciones se encuentran polarizados en extremo.
Cualquiera que sea la calidad de la democracia y el nivel de accountability social, los medios interactúan siempre con la sociedad civil y la sociedad política, en mayor o menor grado, con más o menos restricciones, y esto implica mayor o menor libertad para trabajar, informar, opinar, investigar y controlar la gestión de los asuntos de Estado desde la opinión pública. Y este, en nuestra opinión, luego de estudiar y reflexionar sobre la literatura especializada, constituye el principal obstáculo y causa de las limitaciones y problemas que los medios de comunicación enfrentan en América latina; Democracias mayoritaristas, o democracias presidencialistas, democracias electorales o democracias directas, en mayor o menor medida, adolecen de fragilidad institucional, ausencia de cooperación y consensos, pugnas institucionales, oposición a ultranza, desarrollando prácticas políticas fuera de la institucionalidad en función de intereses de grupos, de intereses corporativos, abriendo caminos para la falta de controles, la concentración de poderes económicos, la formación de conglomerados mediáticos, agudizando la lucha por el poder entre el Estado y el mercado, bajo modalidades propias de cada país.
En conclusión, dando respuesta a nuestra pregunta de investigación, en nuestra opinión, existe una relación causal directa entre calidad de la democracia, equilibrio de poderes, control que controle al poder, y eficiencia de los medios de comunicación, siendo esta una relación directa proporcional, pues, a mayor democracia, mayor eficiencia de los medios y sus periodistas, para lo cual, proponemos la parlamentarizacion del presidencialismo en América latina, como una solución de largo plazo, hasta lograr una democracia consociacional de poder compartido, donde estén efectivamente representados la sociedad en su conjunto, sin secuestro del poder por parte de grupos, minorías, o mayorías absolutas que llegan a excluir hasta el 49% de la población, donde no existe cooperación, ni dialogo, ni consensos, ni gobierno que se interese por la salud y el desarrollo de la comunidad.
Finalmente, considerando las limitaciones de un trabajo de esta naturaleza, describimos muy brevemente el tipo de democracia a la cual hacemos referencia:
Primero. Lejos de sugerir cambios traumáticos que fomenten la inestabilidad, hemos visto las múltiples posibilidades de reforma que existen para parlamentarizar y democratizar el presidencialismo ecuatoriano mediante formulas autonómicas, de control institucional-constitucional y de integración-cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, sin olvidar y partiendo del principio, que la sociedad civil constituye el sustento ético, económico y político del sistema político.
Segundo. Sin abandonar el presidencialismo o caer en el parlamentarismo o semipresidencialismo, Ecuador puede adoptar mecanismos e institucionalidades concretas que acorten distancia entre su sistema político y el modelo de poder compartido y democracia consociacional. Nos referimos a medidas concretas como:
· Un sistema electoral legislativo en primera vuelta, de representación proporcional incluyente, que incorpore de manera justa y equitativa intereses nacionales, regionales, ideológicos, étnicos y religiosos, sin perjuicio a las minorías.
· Un sistema de representación proporcional simple, amigable, que recoja las preferencias del electorado y que fortalezca el sistema de partidos por encima de las individualidades y la improvisación, eliminando la participación partidista minúscula e impidiendo la refundación de partidos defenestrados por el electorado ecuatoriano.
· Fortalecer la cooperación ejecutivo legislativo y dosificar el poder compartido mediante la figura de un primer ministro o jefe de gabinete que facilite la dirección macropolitica en detrimento del unipersonalismo y la hiperdiscrecionalidad presidencial.
· En el caso ecuatoriano, ciertos aspectos de la representación política son de importancia histórica, como es la representación regional y la representación étnica y cultural. En tal sentido, la conformación de gabinetes compartidos institucionalizando la representación equilibrada, sería indispensable en términos de legitimación, tanto de entrada como de salida, al incorporar intereses nacionales, regionales, étnicos y culturales en la gestión del Estado.
· Sin pretender la estabilidad abrumadora de los gobiernos parlamentarios, la elección de diputados en segunda vuelta y la designación de un jefe de gobierno bajo la tutela y designación presidencial y la aprobación o ratificación parlamentaria, se podría mejorar notablemente el respaldo político del ejecutivo y mejorar la cooperación entre poderes, incrementando la estabilidad, le eficacia y la eficiencia de la gestión de gobierno. En caso de negativa parlamentaria, el mecanismo se podría complementar con clausulas de protección como el voto constructivo de censura adoptado por la constitución de Alemania occidental en 1949.
· La autonomía plena de los gobiernos seccionales, más que una conveniencia política es una necesidad. Las características regionales del Ecuador reclaman la distinción y adaptación de los sistemas de gobernanza, dotando de responsabilidades, atribuciones y recursos a los gobiernos seccionales. Ignorar las estructuras o entornos histórico-culturales es un error que el Ecuador lo ha pagado con creces. Un sistema político no puede ignorar diferencias culturales, costumbres, visiones y aspiraciones sociales, valores, así como los elementos étnicos y religiosos que configuran un imaginario local. Acercar el sistema político-administrativo a la comunidad civil real es una condición indispensable para la legitimación del poder público y sus instituciones.
· Finalmente, conviene moderar el poder y atribuciones del ejecutivo como Jefe de Estado cuando estén en juego intereses nacionales y políticos estratégicos del país, tal es el caso de compromisos y alianzas estratégicas internacionales de gran impacto a nivel regional y global, o de cambios estructurales internos a nivel del sistema político-administrativo que afecten de forma drástica a la sociedad política y la misma sociedad civil.
Esta podría ser una fórmula para lograr el sano equilibrio entre los medios, el mercado y el Estado y su institucionalidad política, con miras a garantizar un periodismo democrático, transparente, de respeto a la pluralidad de voces, promover un periodismo sin subordinación alguna a intereses, ya sean privados o estatales, sin que las construcciones mediáticas o la industria de la cultura anulen al individuo ciudadano en la constitución de la opinión pública y sin limitar a la persona humana en la creación de su propia subjetividad.
Bibliografía
Citada, referencial y de apoyo epistémico
Aron, Raymond. Les Étapes de la Pansée Sociologique. France, GALLIMARD, 1967.
CAÑIZÁLEZ, ANDRÉS, 2005, MEDIOS Y POLÍTICA: ¿NUEVOS O VIEJOS ACTORES?, Ponencia presentada en el IX Simposio Nacional de Ciencia Política, efectuado en Noviembre de 2005 en la Universidad de Carabobo.
Carta Económica. CORDES. Año 17, Junio 2011, No. 6.
CORDES, PNUD. Osvaldo Hurtado, Presentación. ECUADOR: un problema de gobernabilidad. CORDES, 1996.
Chiriboga, Manuel. AGENDA ECUADOR, DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN, preparado para ICCO, con el apoyo de Grace Jaramillo, Harry Dorn Holmann y Carol Chehab. Observatorio de Comercio Exterior, Quito, julio de 2008.
Diario El Comercio de Quito, Ecuador.
Dorn, Harry. Desarrollo, Políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de la democracia ecuatoriana: Un enfoque desde los caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes. FLACSO, ECUADOR. Curso superior de formación continua en análisis político. 2011.
Dorn Holmann, Harry. Trabajo de fin de curso. Presidencialismo y pugna de poderes: un análisis desde la perspectiva de la Democracia Consociacional y Gobierno Compartido. FLACSO, ECUADOR. Curso superior de formación continua en análisis político. Segundo módulo: Ingeniería constitucional y actores políticos. 2011.
Franco, Rolando y Jorge Lanzaro, Política y políticas públicas: determinación y autonomía, en Política y Políticas Públicas en los proceso de reformas de América Latina, Argentina, CEPAL-FLACSO México, Ministère des Affaires Etrangers, Miño y Dávila editores. 2006.
Hernández Dr. Roberto, Fernandez Dr. Carlos, Baptista Dra. Pilar. Metodología de la investigación. Mc Grae Hill, México, 2006.
Hurtado, Osvaldo. Los costos del populismo. CORDES, 2006.
Hurtado, Osvaldo. Problemas estructurales de la democracia ecuatoriana. CORDES, 2005.
Jacint Jordana: El análisis de los Policy networks: ¿Una nueva perspectiva sobre la relación entre políticas públicas y Estado?, en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, Buenos Aires, Gabinete de Ministros Presidencia de la nación. 2008.
Leiras, Marcelo, La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas, en La incidencia política de la sociedad civil, Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores. 2007.
Lijphart, Arend, Diseño constitucional para sociedades divididas. Política y Sociedad, 2005.
Mejia, Andrés. Gobernabilidad democrática. Konrad Adenauer Stiftung, Quito, 2002.
Mejía Acosta, Andrés, coordinador. Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador. FLACSO, 2009.
Nohlen, Dieter. La importancia de lo electoral en el desarrollo político de América latina. Conferencia pronunciada en el II Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral, México, 17 de Noviembre de 2009.
Pachano, Simón, Coordinador. Modernización de las instituciones democráticas: el Congreso. FLACSO, Fundación Konrad Adenauer, 1997.
Pachano, Simón. Calidad de la democracia e instituciones políticas en Bolivia, Ecuador y Perú. FLACSO Sede Ecuador, 2011.
Rodríguez & Baudoin. INFORME DE INTELIGENCIA POLÍTICA CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL PERÍODO 2011-2013. 2011.
Sánchez Parga, José. “Devastación” de democracia en la sociedad de mercado. Centro Andino de Acción Popular (CAAP), Quito-Ecuador, 2011.
Sellés, Juan Fernando. Antropología para inconformes. Ediciones Rialp. 2007.
Sánchez, Francisco. ¿Democracia no lograda o democracia malograda? FLACSO Sede Ecuador, 2008.
Scartascini Carlos, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomassi: ¿Cómo se juega en América latina? Instituciones políticas, procesos de negociación y políticas públicas, en: El juego político en América latina. ¿Cómo se deciden las políticas públicas? Colombia: IADB / Mayol Ediciones. 2011.
Sellés, Juan Fernando. Antropología para inconformes. Ediciones Rialp. 2007.
Villarreal Cantú, Eduardo, Martínez González, Víctor Hugo, coordinadores. (Pre) Textos para el análisis político. FLACSO-México, 2010.
WAISBORD, SILVIO, 2009, PERIODISMO Y DEMOCRACIA DONDE NO HAY ESTADO. Tomado de TIEMPOS DE CAMBIO. POLÍTICA Y COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA. Andrés Cañizález, Coordinador. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
Sitios visitados durante los meses de noviembre y diciembre:
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Entrevista:
Lopez, Daniel, Decano. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios. Enero 31 de 2012.
