miércoles, 22 de noviembre de 2017

ESTRATÉGIAS PARA EL  DESARROLLO: SUPERANDO LOS ENFOQUES UNILATERALES Y  MECANICISTAS

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
          Iniciando la lectura del planteamiento del libro de Douglass C. North y Robert Paul Thomas titulado El nacimiento del mundo occidental me llamó fuertemente la atención su primera frase: “La riqueza del hombre occidental constituye un fenómeno único y nuevo. A través de los últimos siglos se ha liberado de los grilletes de un mundo dominado por la mayor pobreza y hambres periódicas y ha alcanzado una calidad de vida a la que solo es posible acceder mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5).
          Llama realmente la atención, porque la mayoría de los indicadores de fines de siglo XX e inicios del siglo XXI en América latina y Ecuador no reflejan esta relativa abundancia a la que se refieren los autores y más bien se detectan pobreza, pobreza extrema y desigualdades crecientes, salvo que los autores excluyan deliberadamente a los países de América latina de lo que posteriormente denominan “el desarrollo del mundo occidental” (North y Thomas, 1978: 5). La publicación de la Friedrich Ebert Stiftung (2013), con el título World Protest 2006-2013, también califica el periodo como el de mayores protestas durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI debido a la inseguridad, la pobreza y extrema pobreza, el desempleo, el incremento de las desigualdades y la ausencia de una democracia plena a nivel mundial, al igual que el informe de OXFAN de 20 de enero de 2014:
“La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad  supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites Económicas en detrimento de la ciudadanía de a pié” (www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...‎20/1/2014. Ingresado el 10.02.2014).
          Reducida actividad económica, baja productividad, creciente endeudamiento, mayor empobrecimiento, redistribución de recursos hacia tenedores de papeles públicos, reactivación de la dependencia, rentismo, favoritismo con los propietarios ecuatorianos de la deuda interna y externa, creciente interrelación entre grupos económicos industriales y comerciales y el sector bancario, aceleración de la concentración del ingreso, dependencia y vulnerabilidad de la economía de las exportaciones petroleras y precio del petróleo, y finalmente, caída en la trampa del crecimiento económico lento, sería la configuración general de la economía ecuatoriana y algunas economías latinoamericanas a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.
         Impacta también la opinión de North y Thomas, porque los últimos cuarenta años de la historia económica del país dan fe de los múltiples esfuerzos realizados por los distintos gobiernos para lograr el despegue hacia el desarrollo y los abundantes recursos (especialmente provenientes de la explotación de petróleo y del endeudamiento externo) utilizados para lograr tales objetivos, sin alcanzar lo que los autores califican como calidad de vida “mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5).
Ecuador ha dispuesto de recursos financieros, recursos humanos, recursos naturales y recursos institucionales, que han sido utilizados o canalizados hacia los sectores productivos para fomentar la industrialización, impulsar el crecimiento, generar empleo, reducir la desigualdades sociales  y en época de crisis superar el colapso de los sistemas productivos y financieros, impulsar la producción y las exportaciones, reducir la brecha fiscal y la brecha externa, beneficiando ante todo a los sectores financieros y empresariales de exportación, pero socializando el costo de las políticas estructurales y de estabilización.
          Merecen especial atención los gobiernos militares de los años setenta, “con los recursos económicos provistos por el boom petrolero y por tanto en capacidad de avanzar el crecimiento económico del país bajo la dirección del Estado, pero sin una coalición social que proveyese de apoyo a su proyecto político” (Andrade, 2005: 49), lo que facilitó e inclinó las negociaciones a favor de la adopción de “un modelo de industrialización y modernización agraria que dejó intacta la concentración de la riqueza” (Andrade, 2005: 49), intensivo en capital y consumidor de divisas:
“En efecto, a partir de 1973 proyectos como la “siembra del petróleo” (entre comillas en el original) para crear una sociedad moderna, urbana e industrial, el papel central del Estado en la economía y su creciente penetración social, y la conformación de una economía rentista”…..”fueron las constantes de la historia política ecuatoriana” (Conaghan, 1984; North, 1985. En Andrade, 2005: 47).
          Los modelos formulados han sido diversos, desde el modelo de industrialización por substitución de exportaciones y desarrollista nacionalista de los gobiernos militares, el modelo de desarrollo integrado humanitario del binomio Roldós-Hurtado, el modelo neoliberal de León Febres Cordero, hasta el modelo modernizador de Sixto Durán Ballén, sin alcanzar los objetivos propuestos desde la institucionalidad política en términos de desarrollo.
          Al continuar con la lectura del libro antes mencionado, encontramos finalmente el argumento y explicación de los autores al respecto: “La clave del crecimiento reside en la organización económica eficaz” (North y Thomas, 1978: 5), lo que implica el establecimiento de un marco institucional y estructura de la propiedad que incentive el esfuerzo económico individual hacia actividades productivas cuyos beneficios aproximen las tasas de rentabilidad privadas y social. Según los autores, sería sobre estas bases y supuestos solamente, que el crecimiento económico representaría un incremento en la renta total de la sociedad y renta per cápita, siempre y cuando existan los incentivos suficientes para los actores productivos, que en el caso ecuatoriano serían los propietarios agrícolas, comerciantes, agroexportadores, industriales, banqueros, exportadores e importadores.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
            Pero, ¿son estos incentivos suficientes para estimular los sectores productivos, impulsar el crecimiento y alcanzar el desarrollo? ¿No es esto mismo, o en parte,  lo que han hecho los distintos gobiernos durante los últimos cuarenta años, sin obtener los resultados esperados?
          Los argumentos de North y Thomas nos proporcionan explicaciones parciales y  un punto de partida para la discusión CRÍTICA de una perspectiva unilateral, unidireccional, de una institucionalidad económica que incentiva (o pretende lograrlo) a los sectores productivos, sin considerar la capacidad o el deseo de dichos sectores de responder ya sea en términos estratégicos a los impulsores proporcionados por el entorno mediante estrategias inteligentes (ya sean estrategias improvisadas o intentadas o emergentes), definidas estas como “las características básicas de acople que alcance la organización con su entorno” (Hofer y Schendler, 1974: 4) a nivel corporativo o a nivel del negocio, o bien, mediante comportamientos rentistas, pues en la actualidad, los sectores productivos no necesariamente responden en función del desarrollo y bienestar social, tal como lo asume ordena o reglamenta el Estado al momento de conceder los beneficios de las políticas públicas para el desarrollo.
HIPOTESIS Y ENFOQUE TEÓRICO
Desde nuestra perspectiva, ni el Estado es una simple herramienta al servicio de los empresarios, ni los empresarios constituyen un vehículo incondicional del crecimiento y desarrollo al servicio del Estado, como para simplificar la ecuación del desarrollo en términos de causa efecto o de estímulo y respuesta, al margen de las relaciones de poder y decisiones empresariales y de la compleja relación y conflictos característicos que se crean alrededor de las políticas públicas (Grindle, 2002).
La hipótesis que orienta nuestra reflexión propone que la cultura empresarial dominante y la ausencia de acoplamiento estratégico entre objetivos gubernamentales para el desarrollo y objetivos empresariales impide un uso eficiente de las políticas e incentivos gubernamentales para lograr un impacto real en el crecimiento y redistribución de  la producción, mejorar la calidad de vida de la población y alcanzar una situación de bienestar.
Adicionalmente y en contrario a la concepción mecanicista unidireccional de las relaciones Estado-empresarios, Merilee S. Grindle nos hace hincapié en la relación compleja y conflictiva que caracteriza esta relación cuando se refiere a los distintos enfoques en disputa acerca de la elección de las políticas, específicamente sobre el enfoque de la elección racional y los institucionalistas comparativos:
“El enfoque de la elección racional afirma que los actores políticos, al igual que el Homo economicus, actúa para maximizar la utilidad, la cual generalmente se asume que refleja su propio interés personal. Los votantes, los políticos, los cabildeadores, los burócratas y los funcionarios de los partidos se entiende que son racionales en el sentido de que ellos tienen sus preferencias y buscan alcanzarlas mediante la acción…. “Si los políticos prefieren el poder, permanecer en sus puestos, la influencia y el apoyo electoral a no tener estas cosas, entonces en los sistemas democráticos los políticos deben ser particularmente sensibles a los intereses de los votantes o las circunscripciones particulares que les ayudan a alcanzar sus objetivos. Los intereses de los votantes son importantes en la economía política de la elección racional porque ellos restringen las alternativas disponibles de los políticos y los obligan a tomar las decisiones que están característicamente orientadas hacia las ganancias electorales”….”La tarea para el político se vuelve la de dividir las políticas públicas o los recursos públicos en un gran número de grupos competidores, cada uno de los cuales tiene alguna capacidad de castigar al proveedor. Los propósitos más grandes del gobierno, tal como ‘el interés público’, son difíciles de alcanzar, dadas las relaciones de intercambio entre los políticos y sus intereses” (Grindle, 2002: 346-347).
De acuerdo con nuestro marco conceptual, cualquier estrategia de desarrollo debe considerar la organización de una empresa como un conjunto unificado o sistema integral complejo, donde los “objetivos, la estrategia misma, la tecnología, la estructura y procesos organizacionales, tanto como las predisposiciones personales de sus miembros están interrelacionadas y son interdependientes” (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994: 19) debiendo asociar recursos humanos, recursos de capital, recursos materiales y conocimiento para responder ante oportunidades y retos provenientes de la variedad ambiental, especialmente dinámica cambiante y conflictiva en el caso de Ecuador, tomando en consideración los distintos modelos de los distintos gobiernos en periodos de tiempo tan corto. Esto hace que muchas empresas, formulando planes estratégicos o no, adopten simplemente comportamientos rentistas en provecho propio desvirtuando así el objetivo real de las políticas públicas orientadas al desarrollo político, social y económico. El ámbito de las políticas económicas vendría a ser uno de los aspectos más dramáticos, tal como lo demuestra la historia económica reciente del Ecuador, con el alto endeudamiento privado asumido por el Estado y el producto final de la conocida sucretización de la deuda externa y socialización de sus cargas durante los últimos veinte años del siglo XX.
En conclusión, las respuestas empresariales no son ni automáticas en función de los estímulos estatales ni condicionadas en términos fatales ante las políticas y modelos de gobierno, por si solas. Esto plantea un nuevo requerimiento de NORMATIVAS Y CONTROLES EFICACES y una plena consistencia estratégica necesaria entre el entorno de la organización (mercado, Estado y relaciones interinstitucionales varias), el contexto (objetivos, estrategia y tecnología) y las características intraorganizacionales (estructura organizacional, procesos organizacionales, logística integrada, cultura organizacional y liderazgo), para responder de manera rápida y eficiente a los impulsores gubernamentales y del entorno en general, en medio de intereses contrapuestos y conflictos característicos de tales situaciones (Grindle, 2002).
Lograr este acople o consistencia entre las políticas de gobierno y estrategias empresariales no es tarea fácil, pues depende de las políticas y voluntades manifiestas del sector gubernamental, así como de las voluntades y capacidades de acople de los sectores empresariales, es decir, de un proceso de doble vía que incida y retroalimente a ambos actores hacia los objetivos y metas comunes.
          Bajo este enfoque teórico, las organizaciones empresariales responden o podrían responder mediante los acoples necesarios entre variedad ambiental y variedad interna (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994), formulando e implementando estrategias inteligentes, es decir, diseñando estrategias integradas a un proceso de gestión que logre compromisos estructurales, de los recursos humanos y del liderazgo empresarial para alcanzar el éxito y una presencia importante e indiscutible en el mercado, pero para ello, se requiere muchísimo más que políticas unidireccionales desde el estado que derivan o derivaron en comportamientos empresariales alejados de los objetivos gubernamentales durante los últimos cuarenta y cinco años.
          Son estos planteamientos y cuestionamientos los que dan origen a nuestra reflexión: ¿Por qué los grupos empresariales no responden a los estímulos y perspectivas de los distintos gobiernos a pesar de las políticas y múltiples incentivos formulados e implementados durante el periodo anteriormente referido?
CONCLUSIONES
          El instrumental organizacional, tanto las estructuras como los procesos son necesarios para la formulación y ejecución de políticas, pero, el instrumentalismo per se cae en aquello que Nietzsche denomina una  necesidad de efecto (Nietzsche, 2014: 27), cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma” (Nietzsche, 2014: 27), y agrega, “Libertad de la voluntad, es la expresión que se usa para designar ese complejo estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el que ejecuta” (Nietzsche, 2014: 27), en otras palabras, aplicado al caso que nos ocupa, para el enfoque institucionalista mecanicista, la magia del instrumento y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión, meritocracia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía de respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014:28), es decir, “el efecto soy yo” (Nietzsche, 2014: 28), incurriendo en efectos y consecuencias que han sido negativas para nuestras comunidades. 
          Desde nuestra perspectiva teórica, el determinismo instrumental que asignamos al institucionalismo de algunos autores pierde la perspectiva del destino final de toda acción (me refiero a los objetivos acoplados del gobierno y empresarios en función del desarrollo, no a los objetivos individuales e independientes que ambos actores se pudieran plantear) y los obstáculos que esta misma acción deberá superar en el transcurrir de su ejecución. Esto se comprueba en el campo de los hechos reales cuando la respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014: 28) no se compadece con la voluntad del “yo” instrumental.
Lamentablemente, North y Thomas proporcionan una visión mecanicista de respuestas condicionadas por impulsores provenientes de la institucionalidad, sin tomar en cuenta las perspectivas empresariales en términos estratégicos (si es que formulan planes estratégicos) y su capacidad de gestión, es decir, el propio concepto del negocio, la visión acerca de la dirección del mismo, los objetivos y metas que se plantea el sector productivo y sus requerimientos para alcanzarlos, que no son necesariamente coincidentes con aquellos objetivos y requerimientos que se plantean o conciben los organismos estatales. Adicionalmente, existen condicionantes en cuanto a capacidades y apalancamientos que se requieren para formular e implementar una estrategia, muchas veces no tomados en consideración por los distintos modelos, lo cual nos trae necesariamente al déficit de aplicación de la planificación estratégica y logística integral en las empresas ecuatorianas.
          De acuerdo con los argumentos expuestos, la organización económica debe complementarse con políticas estatales (políticas, controles y estímulos diversos) y políticas empresariales (de acuerdo al enfoque de la estrategia integrativa) que fomenten acciones estratégicas equilibrando requerimientos de rentabilidad, equidad distributiva o democracia económica, compaginando objetivos empresariales con objetivos estatales del desarrollo, lo cual implica, automáticamente, otra lógica de intervención estatal compaginada o acoplada a la planificación estratégica empresarial, la cual es, lamentablemente, de aplicación incipiente en el sector empresarial ecuatoriano.
          En efecto, el desconocimiento o falta de aplicación de la planificación estratégica es una característica que se sustenta en los estudios realizados a nivel de Ecuador, publicados en el año 2008, donde se evidencia que más del 60% de las empresas ecuatorianas no realizan o usan la planificación estratégica, y las que sí lo hacen, la establecen apenas para un año, lo que sí es relevante, pues una planificación estratégica, por el alcance de sus definiciones básicas, por el uso de recursos que impone, y por las decisiones que implica, supera ampliamente el horizonte temporal anual, que más bien es un periodo típico de la administración presupuestaria.
La teoría de la contingencia integrativa, gran sustento de la planificación estratégica, fue desarrollada por los investigadores ingleses Burns y Stalker en 1961, Woodward en 1965 y más tarde revisada y complementada por los investigadores estadounidenses Lawrence y Lorsch, Perrow y Thompson en 1967. Según estos investigadores el entorno de las compañías está en constante cambio, por ejemplo cambios en las normativas legales, cambios en los modelos de gobierno gustos y preferencias de los consumidores, incremento y desarrollo de la competencia, el desarrollo tecnológico, etc. De acuerdo a los autores esto se conoce como variedad ambiental. Estos factores externos generan de acuerdo a la industria y a la realidad de la compañía, amenazas u oportunidades. Por lo tanto, las compañías deben ser lo suficientemente hábiles para establecer acciones o comportamientos que les permitan potenciar las oportunidades y defenderse de las amenazas, considerando que la compañía tiene recursos limitados.
Para lograr superar los cambios y retos del entorno, a su vez, las compañías cuentan con recursos humanos, capital y conocimiento; lo que se conoce como variedad organizacional. Por lo tanto, la teoría de la contingencia integrativa trata de buscar un equilibrio entre variedad ambiental y variedad organizacional para generar altos índices de rendimiento, es decir, acciones y reacciones de doble vía, que retroalimentan tanto al entorno (al Estado y al mercado, por ejemplo) como a la empresa propiamente dicha, articulando estrategias corporativas, de negocio y funcionales con estrategias operativas y logísticas a lo largo y ancho de la cadena de generación de valor, definiendo logística como la planificación, la organización y el control de todas las actividades relacionadas con la obtención, traslado, almacenamiento de materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y de manera integral para disponer de productos y servicios adecuados en los sitios pertinentes, en el momento preciso y en las condiciones exigidas, con miras a optimizar los objetivos estratégicos de la empresa.
          En un entorno volátil y cambiante como es el caso de Ecuador en los últimos cuarenta años, los retos son constantes y los modelos gubernamentales diversos, lo que exige mayor previsión y estrategias inteligentes, como una condicionante para el desarrollo sostenible y perdurar en el tiempo. Conscientes de la realidad y complejidad del problema, sin menospreciar o reducir la importancia de la estabilidad política, de la seguridad jurídica, de la seguridad ciudadana, de la fortaleza del sistema democrático y de la institucionalidad en general, entre otros factores, son los controles estatales, el combate a la corrupción, el control social y la formación política (el ciudadano activo al que se refiere JohnStuartMills, es decir,  el ciudadano que debe saber o estar en condiciones de saber acerca de la gestión del gobierno, cuya tarea educativa o formación se le atribuye a la ciencia política), los que surgen como indispensables para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo.
En cuanto a la relación Estado y Sociedad, tal como lo afirma Bentham, la mera existencia de un gobierno no es garantía de la felicidad general si no funciona sobre la base del principio de la utilidad mediante un  dispositivo institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los intereses de gobernantes y gobernados, es decir, una democracia representativa pura, concebida, además, de acuerdo con John Stuart Mills, como el poder en público: un público activo y formado. Un público que sabe y formula correctamente lo que quiere.
Harry Martín Dorn Holmann
Quito, Noviembre 2017
1.      Andrade, Pablo., editor, Olano Alor, Aldo. Constitucionalismo autoritario. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. Quito, 2005.
2.      Friedrich Ebert Stiftung. Initiative for Policy Dialogue and Friedrich Ebert Stiftung New York. Working Paper 2013.  World Protest 2006-2013. Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernán Cortés. September 2013. policydialogue.org/.../World_Protests_2006-2013-Fi...‎ Ingresado el 10.02.2014.
3.      Grindle, Merilee S. En busca de lo político: la economía política de la formulación de políticas de desarrollo. En, Meier, Gerald M., Stiglitz, Joseph E., Editores. Fronteras de la economía del desarrollo, Banco Mundial, Alfaomega, 2002.
4.      Hofer, C. W. y Schendel, D. Strategy Formulation: Analitical Concepts, West Publisching, St. Paul, Min. 1978.
5.      Kagono, Nonaka, Sakakibara, Okumura. Estrategia y Organización. Ediciones Uniandes. 1994.
6. Nietzsche, Friedrich. Más allá del bien y del mal. EDIMAT LIBROS, S. A. Madrid, 2014.
7. North, Douglass C., Thomas, Robert Paul. El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700). Siglo XXI de España Editores, S. A. 1978.

8. www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...‎20/1/2014. Ingresado el 10.02.2014.
HOMBRES DE HÍGADOS
“Hombres de hígados, capaces de componer versos para una mujer amada en las puertas del infierno”. Así caracterizaba el poeta aventurero y hombre de verdades Don Francisco de Quevedo a los valientes y leales soldados de los Tercios de Flandes y otros cuerpos armados que transitaron entre esta vida y la otra en las guerras contra los enemigos de los reyes de España. Da fe de lo anterior el Maestro Pérez-Reverte en su célebre serie del Capitán Alatriste, para reconocimiento y gloria del guerrero español.
En las puertas del infierno; ¿quiénes sobreviven si no los más valientes? Aquellos que son siempre leales a sus principios y valores, fríos, perseverantes, que no revientan ante los abusos del poder, por ejemplo, de un Estado autoritario y glotón que exprime, arrebata, vacía de sentido a la inversión, el  trabajo y el esfuerzo, exigiendo cargas y más cargas a la sociedad civil empobrecida, indefensa, ante un sistema político-administrativo sin dios ni ley, controlado por el ansia de poder y las pasiones: parcialidad, orgullo, venganza y egoísmo, alejados de la justicia, equidad, modestia y piedad, con lo cual justifica el mismo Hobbes la necesidad de un poder visible que mantenga a raya a todos, EL LEVIATÁN, y los sujete por temor al castigo, a la realización de sus pactos y observancia de sus leyes naturales. Es el poder de la espada y el temor, es este poder lo que permite abandonar esa miserable condición de guerra y abuso entre los hombres, afirmaba el temerario Hobbes.
Las enseñanzas y verdades del Renacimiento, la Ilustración y la Modernidad, quedaron para evidencias de los antropólogos pues lo que podría haber sido mejor si hubiésemos respondido a la diosa razón sucumbió ante la ambición, la avaricia y las ansias de poder. La soberanía popular, el buen gobierno o gobierno eficaz, que debe asegurar la paz y el progreso de la comunidad, cuya seguridad depende del nivel de satisfacción que aporta a sus particulares, que su eficacidad aleja el comportamiento hostil de los sujetos miembros de la sociedad y que el interés público se corresponde con el interés del privado, se convirtió en principios de épocas pasadas y añoranzas de ciertos académicos, de poetas, literatos y soñadores, alimento de idealistas y constructivistas, dominados u opacados por el utilitarismo y realismo radical.  
Todas aquellas maravillas del contractualismo (del amigo Locke) que concibe al Estado como ente artificial, producto no de la naturaleza, sino de la voluntad concordante de los individuos, de nosotros, como el fundamento y legitimidad del poder político en el consenso, concebido como el mejor remedio contra el despotismo, es materia del más cruel y detestable cinismo, pues, hoy en día,  el soberano “soy yo”, o la soberana fuerza, o el soberano bozal petrolero, o el pajarito divino portador de revelaciones feudales.
Aquello de que la democracia es indisociable de la de contrato social o pacto entre iguales o del acuerdo de cada uno con todos los demás sobre algunas reglas y fundamentos del poder, quedó totalmente desplazado por el uso legítimo de la fuerza, donde  la ley ya no está por encima de todos los contratantes y se aplica al arbitrio del poder, por sobre los intereses de la comunidad y del ciudadano.
La defensa contra los abusos de poder, la defensa de los derechos de libertad, la garantía de los derechos y control de los poderes, la defensa del estado mínimo contra el estado máximo sinónimo de estado abusivo, déspota y glotón, no conviene a los intereses de los que nunca han conocido lo que representa la inversión el trabajo y el esfuerzo para generar una gota de valor agregado. Son estos a los que se refiere David Hume cuando afirma que los vicios de las personas no responden a sentidos o principios morales transcendentes, sino que se originan en la opinión y conveniencias, en este caso, para corromper, abusar de los recursos públicos, maltratar a los débiles (las coactivas y puñaladas por la espalda), proteger a los rentistas y vividores, haciendo a un lado las opiniones y conveniencias necesarias para el mantenimiento de la vida social en función de la utilidad y cualidades que representan.
Hoy en día, las instituciones olvidan subvaloran y reprimen aquel instinto de sociabilidad que determina la formación del sentido moral o virtudes que promueven el interés individual en relación con un interés colectivo concebido como un interés de todos en el largo plazo, es decir, cuando el interés de uno mismo se proyecta y se alinea  al interés de los demás.
David Hume nos recuerda, precisamente, que el gobierno debe cumplir con las funciones de utilidad pública o interés de la sociedad para ser un gobierno libre y justo para la supervivencia y perfección de la sociedad civil, y por tanto,  se trata antes que todo de evitar la codicia del poder  y los abusos derivados, en una clara defensa de las  libertades y bienestar de todos. Sin embargo, nuestras instituciones pecan de aquello que Nietzsche denomina una  necesidad de efecto, cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma”, y agrega, “Libertad de la voluntad, es la expresión que se usa para designar ese complejo estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el que ejecuta”, en otras palabras, para el institucionalismo autoritario y depredador, la magia del instrumento y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión, meritocrácia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía de respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas”, es decir, “el efecto soy yo”. 
¿Cuál sería entonces  el dispositivo institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los intereses de gobernantes y gobernados? ¿Bajo qué mecanismo los primeros se verán impulsados a promover las libertades y derechos ciudadanos? Ese mecanismo se llama democracia representativa pura, tal como lo soñó Jon Stuart Mills, como  garantía de la soberanía popular en su forma de expresión más extensa que es el sufragio para las clases numerosas en términos de igualdad: cada cabeza un voto, someter y escoger el gobierno a elecciones periódicas mediante el voto secreto, evitar que los gobernantes, una minoría, opriman a la mayoría y, me permito agregar, de acuerdo con los postulados y reivindicaciones de la democracia moderna radical institucionalizar mecanismos de control con “dientes” para que la sociedad civil controle la gestión de los asuntos públicos.
Mientras tanto, hemos de sobrevivir como “hombres de hígados” del poeta Quevedo, siempre entre la vida y el infierno, porque el que afloja revienta, ya que aquello de la soberanía popular radicada en el ámbito individual, en la figura del ciudadano, capaz de contraponer su fuerza sumada a la de los demás y enfrentar al monopolio despótico del poder se aleja más y más en nuestras sociedades latinoamericanas.  La concepción de la  democracia como una manera de ser de la sociedad, como una forma de vida, donde la soberanía del pueblo es una forma de gobierno, como un dado “de facto”, una condición de igualdad en la que los hombres viven, se encuentra poco, muy poco arraigada en los propios individuos.
La verdadera inclinación republicana define el carácter político de toda sociedad, nos enseña Tocqueville, pues “ella define el carácter nacional”. Y ese carácter se posee siendo soberanos, es decir, “querer y tener la voluntad de ser libres”, hombres de hígados, capaces de defender con valentía principios y valores, aunque sea en las puertas del infierno.
Harry Martín Dorn Holmann

Noviembre 2017