miércoles, 22 de noviembre de 2017

ESTRATÉGIAS PARA EL  DESARROLLO: SUPERANDO LOS ENFOQUES UNILATERALES Y  MECANICISTAS

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
          Iniciando la lectura del planteamiento del libro de Douglass C. North y Robert Paul Thomas titulado El nacimiento del mundo occidental me llamó fuertemente la atención su primera frase: “La riqueza del hombre occidental constituye un fenómeno único y nuevo. A través de los últimos siglos se ha liberado de los grilletes de un mundo dominado por la mayor pobreza y hambres periódicas y ha alcanzado una calidad de vida a la que solo es posible acceder mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5).
          Llama realmente la atención, porque la mayoría de los indicadores de fines de siglo XX e inicios del siglo XXI en América latina y Ecuador no reflejan esta relativa abundancia a la que se refieren los autores y más bien se detectan pobreza, pobreza extrema y desigualdades crecientes, salvo que los autores excluyan deliberadamente a los países de América latina de lo que posteriormente denominan “el desarrollo del mundo occidental” (North y Thomas, 1978: 5). La publicación de la Friedrich Ebert Stiftung (2013), con el título World Protest 2006-2013, también califica el periodo como el de mayores protestas durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI debido a la inseguridad, la pobreza y extrema pobreza, el desempleo, el incremento de las desigualdades y la ausencia de una democracia plena a nivel mundial, al igual que el informe de OXFAN de 20 de enero de 2014:
“La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad  supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites Económicas en detrimento de la ciudadanía de a pié” (www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...‎20/1/2014. Ingresado el 10.02.2014).
          Reducida actividad económica, baja productividad, creciente endeudamiento, mayor empobrecimiento, redistribución de recursos hacia tenedores de papeles públicos, reactivación de la dependencia, rentismo, favoritismo con los propietarios ecuatorianos de la deuda interna y externa, creciente interrelación entre grupos económicos industriales y comerciales y el sector bancario, aceleración de la concentración del ingreso, dependencia y vulnerabilidad de la economía de las exportaciones petroleras y precio del petróleo, y finalmente, caída en la trampa del crecimiento económico lento, sería la configuración general de la economía ecuatoriana y algunas economías latinoamericanas a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.
         Impacta también la opinión de North y Thomas, porque los últimos cuarenta años de la historia económica del país dan fe de los múltiples esfuerzos realizados por los distintos gobiernos para lograr el despegue hacia el desarrollo y los abundantes recursos (especialmente provenientes de la explotación de petróleo y del endeudamiento externo) utilizados para lograr tales objetivos, sin alcanzar lo que los autores califican como calidad de vida “mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5).
Ecuador ha dispuesto de recursos financieros, recursos humanos, recursos naturales y recursos institucionales, que han sido utilizados o canalizados hacia los sectores productivos para fomentar la industrialización, impulsar el crecimiento, generar empleo, reducir la desigualdades sociales  y en época de crisis superar el colapso de los sistemas productivos y financieros, impulsar la producción y las exportaciones, reducir la brecha fiscal y la brecha externa, beneficiando ante todo a los sectores financieros y empresariales de exportación, pero socializando el costo de las políticas estructurales y de estabilización.
          Merecen especial atención los gobiernos militares de los años setenta, “con los recursos económicos provistos por el boom petrolero y por tanto en capacidad de avanzar el crecimiento económico del país bajo la dirección del Estado, pero sin una coalición social que proveyese de apoyo a su proyecto político” (Andrade, 2005: 49), lo que facilitó e inclinó las negociaciones a favor de la adopción de “un modelo de industrialización y modernización agraria que dejó intacta la concentración de la riqueza” (Andrade, 2005: 49), intensivo en capital y consumidor de divisas:
“En efecto, a partir de 1973 proyectos como la “siembra del petróleo” (entre comillas en el original) para crear una sociedad moderna, urbana e industrial, el papel central del Estado en la economía y su creciente penetración social, y la conformación de una economía rentista”…..”fueron las constantes de la historia política ecuatoriana” (Conaghan, 1984; North, 1985. En Andrade, 2005: 47).
          Los modelos formulados han sido diversos, desde el modelo de industrialización por substitución de exportaciones y desarrollista nacionalista de los gobiernos militares, el modelo de desarrollo integrado humanitario del binomio Roldós-Hurtado, el modelo neoliberal de León Febres Cordero, hasta el modelo modernizador de Sixto Durán Ballén, sin alcanzar los objetivos propuestos desde la institucionalidad política en términos de desarrollo.
          Al continuar con la lectura del libro antes mencionado, encontramos finalmente el argumento y explicación de los autores al respecto: “La clave del crecimiento reside en la organización económica eficaz” (North y Thomas, 1978: 5), lo que implica el establecimiento de un marco institucional y estructura de la propiedad que incentive el esfuerzo económico individual hacia actividades productivas cuyos beneficios aproximen las tasas de rentabilidad privadas y social. Según los autores, sería sobre estas bases y supuestos solamente, que el crecimiento económico representaría un incremento en la renta total de la sociedad y renta per cápita, siempre y cuando existan los incentivos suficientes para los actores productivos, que en el caso ecuatoriano serían los propietarios agrícolas, comerciantes, agroexportadores, industriales, banqueros, exportadores e importadores.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
            Pero, ¿son estos incentivos suficientes para estimular los sectores productivos, impulsar el crecimiento y alcanzar el desarrollo? ¿No es esto mismo, o en parte,  lo que han hecho los distintos gobiernos durante los últimos cuarenta años, sin obtener los resultados esperados?
          Los argumentos de North y Thomas nos proporcionan explicaciones parciales y  un punto de partida para la discusión CRÍTICA de una perspectiva unilateral, unidireccional, de una institucionalidad económica que incentiva (o pretende lograrlo) a los sectores productivos, sin considerar la capacidad o el deseo de dichos sectores de responder ya sea en términos estratégicos a los impulsores proporcionados por el entorno mediante estrategias inteligentes (ya sean estrategias improvisadas o intentadas o emergentes), definidas estas como “las características básicas de acople que alcance la organización con su entorno” (Hofer y Schendler, 1974: 4) a nivel corporativo o a nivel del negocio, o bien, mediante comportamientos rentistas, pues en la actualidad, los sectores productivos no necesariamente responden en función del desarrollo y bienestar social, tal como lo asume ordena o reglamenta el Estado al momento de conceder los beneficios de las políticas públicas para el desarrollo.
HIPOTESIS Y ENFOQUE TEÓRICO
Desde nuestra perspectiva, ni el Estado es una simple herramienta al servicio de los empresarios, ni los empresarios constituyen un vehículo incondicional del crecimiento y desarrollo al servicio del Estado, como para simplificar la ecuación del desarrollo en términos de causa efecto o de estímulo y respuesta, al margen de las relaciones de poder y decisiones empresariales y de la compleja relación y conflictos característicos que se crean alrededor de las políticas públicas (Grindle, 2002).
La hipótesis que orienta nuestra reflexión propone que la cultura empresarial dominante y la ausencia de acoplamiento estratégico entre objetivos gubernamentales para el desarrollo y objetivos empresariales impide un uso eficiente de las políticas e incentivos gubernamentales para lograr un impacto real en el crecimiento y redistribución de  la producción, mejorar la calidad de vida de la población y alcanzar una situación de bienestar.
Adicionalmente y en contrario a la concepción mecanicista unidireccional de las relaciones Estado-empresarios, Merilee S. Grindle nos hace hincapié en la relación compleja y conflictiva que caracteriza esta relación cuando se refiere a los distintos enfoques en disputa acerca de la elección de las políticas, específicamente sobre el enfoque de la elección racional y los institucionalistas comparativos:
“El enfoque de la elección racional afirma que los actores políticos, al igual que el Homo economicus, actúa para maximizar la utilidad, la cual generalmente se asume que refleja su propio interés personal. Los votantes, los políticos, los cabildeadores, los burócratas y los funcionarios de los partidos se entiende que son racionales en el sentido de que ellos tienen sus preferencias y buscan alcanzarlas mediante la acción…. “Si los políticos prefieren el poder, permanecer en sus puestos, la influencia y el apoyo electoral a no tener estas cosas, entonces en los sistemas democráticos los políticos deben ser particularmente sensibles a los intereses de los votantes o las circunscripciones particulares que les ayudan a alcanzar sus objetivos. Los intereses de los votantes son importantes en la economía política de la elección racional porque ellos restringen las alternativas disponibles de los políticos y los obligan a tomar las decisiones que están característicamente orientadas hacia las ganancias electorales”….”La tarea para el político se vuelve la de dividir las políticas públicas o los recursos públicos en un gran número de grupos competidores, cada uno de los cuales tiene alguna capacidad de castigar al proveedor. Los propósitos más grandes del gobierno, tal como ‘el interés público’, son difíciles de alcanzar, dadas las relaciones de intercambio entre los políticos y sus intereses” (Grindle, 2002: 346-347).
De acuerdo con nuestro marco conceptual, cualquier estrategia de desarrollo debe considerar la organización de una empresa como un conjunto unificado o sistema integral complejo, donde los “objetivos, la estrategia misma, la tecnología, la estructura y procesos organizacionales, tanto como las predisposiciones personales de sus miembros están interrelacionadas y son interdependientes” (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994: 19) debiendo asociar recursos humanos, recursos de capital, recursos materiales y conocimiento para responder ante oportunidades y retos provenientes de la variedad ambiental, especialmente dinámica cambiante y conflictiva en el caso de Ecuador, tomando en consideración los distintos modelos de los distintos gobiernos en periodos de tiempo tan corto. Esto hace que muchas empresas, formulando planes estratégicos o no, adopten simplemente comportamientos rentistas en provecho propio desvirtuando así el objetivo real de las políticas públicas orientadas al desarrollo político, social y económico. El ámbito de las políticas económicas vendría a ser uno de los aspectos más dramáticos, tal como lo demuestra la historia económica reciente del Ecuador, con el alto endeudamiento privado asumido por el Estado y el producto final de la conocida sucretización de la deuda externa y socialización de sus cargas durante los últimos veinte años del siglo XX.
En conclusión, las respuestas empresariales no son ni automáticas en función de los estímulos estatales ni condicionadas en términos fatales ante las políticas y modelos de gobierno, por si solas. Esto plantea un nuevo requerimiento de NORMATIVAS Y CONTROLES EFICACES y una plena consistencia estratégica necesaria entre el entorno de la organización (mercado, Estado y relaciones interinstitucionales varias), el contexto (objetivos, estrategia y tecnología) y las características intraorganizacionales (estructura organizacional, procesos organizacionales, logística integrada, cultura organizacional y liderazgo), para responder de manera rápida y eficiente a los impulsores gubernamentales y del entorno en general, en medio de intereses contrapuestos y conflictos característicos de tales situaciones (Grindle, 2002).
Lograr este acople o consistencia entre las políticas de gobierno y estrategias empresariales no es tarea fácil, pues depende de las políticas y voluntades manifiestas del sector gubernamental, así como de las voluntades y capacidades de acople de los sectores empresariales, es decir, de un proceso de doble vía que incida y retroalimente a ambos actores hacia los objetivos y metas comunes.
          Bajo este enfoque teórico, las organizaciones empresariales responden o podrían responder mediante los acoples necesarios entre variedad ambiental y variedad interna (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994), formulando e implementando estrategias inteligentes, es decir, diseñando estrategias integradas a un proceso de gestión que logre compromisos estructurales, de los recursos humanos y del liderazgo empresarial para alcanzar el éxito y una presencia importante e indiscutible en el mercado, pero para ello, se requiere muchísimo más que políticas unidireccionales desde el estado que derivan o derivaron en comportamientos empresariales alejados de los objetivos gubernamentales durante los últimos cuarenta y cinco años.
          Son estos planteamientos y cuestionamientos los que dan origen a nuestra reflexión: ¿Por qué los grupos empresariales no responden a los estímulos y perspectivas de los distintos gobiernos a pesar de las políticas y múltiples incentivos formulados e implementados durante el periodo anteriormente referido?
CONCLUSIONES
          El instrumental organizacional, tanto las estructuras como los procesos son necesarios para la formulación y ejecución de políticas, pero, el instrumentalismo per se cae en aquello que Nietzsche denomina una  necesidad de efecto (Nietzsche, 2014: 27), cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma” (Nietzsche, 2014: 27), y agrega, “Libertad de la voluntad, es la expresión que se usa para designar ese complejo estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el que ejecuta” (Nietzsche, 2014: 27), en otras palabras, aplicado al caso que nos ocupa, para el enfoque institucionalista mecanicista, la magia del instrumento y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión, meritocracia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía de respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014:28), es decir, “el efecto soy yo” (Nietzsche, 2014: 28), incurriendo en efectos y consecuencias que han sido negativas para nuestras comunidades. 
          Desde nuestra perspectiva teórica, el determinismo instrumental que asignamos al institucionalismo de algunos autores pierde la perspectiva del destino final de toda acción (me refiero a los objetivos acoplados del gobierno y empresarios en función del desarrollo, no a los objetivos individuales e independientes que ambos actores se pudieran plantear) y los obstáculos que esta misma acción deberá superar en el transcurrir de su ejecución. Esto se comprueba en el campo de los hechos reales cuando la respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014: 28) no se compadece con la voluntad del “yo” instrumental.
Lamentablemente, North y Thomas proporcionan una visión mecanicista de respuestas condicionadas por impulsores provenientes de la institucionalidad, sin tomar en cuenta las perspectivas empresariales en términos estratégicos (si es que formulan planes estratégicos) y su capacidad de gestión, es decir, el propio concepto del negocio, la visión acerca de la dirección del mismo, los objetivos y metas que se plantea el sector productivo y sus requerimientos para alcanzarlos, que no son necesariamente coincidentes con aquellos objetivos y requerimientos que se plantean o conciben los organismos estatales. Adicionalmente, existen condicionantes en cuanto a capacidades y apalancamientos que se requieren para formular e implementar una estrategia, muchas veces no tomados en consideración por los distintos modelos, lo cual nos trae necesariamente al déficit de aplicación de la planificación estratégica y logística integral en las empresas ecuatorianas.
          De acuerdo con los argumentos expuestos, la organización económica debe complementarse con políticas estatales (políticas, controles y estímulos diversos) y políticas empresariales (de acuerdo al enfoque de la estrategia integrativa) que fomenten acciones estratégicas equilibrando requerimientos de rentabilidad, equidad distributiva o democracia económica, compaginando objetivos empresariales con objetivos estatales del desarrollo, lo cual implica, automáticamente, otra lógica de intervención estatal compaginada o acoplada a la planificación estratégica empresarial, la cual es, lamentablemente, de aplicación incipiente en el sector empresarial ecuatoriano.
          En efecto, el desconocimiento o falta de aplicación de la planificación estratégica es una característica que se sustenta en los estudios realizados a nivel de Ecuador, publicados en el año 2008, donde se evidencia que más del 60% de las empresas ecuatorianas no realizan o usan la planificación estratégica, y las que sí lo hacen, la establecen apenas para un año, lo que sí es relevante, pues una planificación estratégica, por el alcance de sus definiciones básicas, por el uso de recursos que impone, y por las decisiones que implica, supera ampliamente el horizonte temporal anual, que más bien es un periodo típico de la administración presupuestaria.
La teoría de la contingencia integrativa, gran sustento de la planificación estratégica, fue desarrollada por los investigadores ingleses Burns y Stalker en 1961, Woodward en 1965 y más tarde revisada y complementada por los investigadores estadounidenses Lawrence y Lorsch, Perrow y Thompson en 1967. Según estos investigadores el entorno de las compañías está en constante cambio, por ejemplo cambios en las normativas legales, cambios en los modelos de gobierno gustos y preferencias de los consumidores, incremento y desarrollo de la competencia, el desarrollo tecnológico, etc. De acuerdo a los autores esto se conoce como variedad ambiental. Estos factores externos generan de acuerdo a la industria y a la realidad de la compañía, amenazas u oportunidades. Por lo tanto, las compañías deben ser lo suficientemente hábiles para establecer acciones o comportamientos que les permitan potenciar las oportunidades y defenderse de las amenazas, considerando que la compañía tiene recursos limitados.
Para lograr superar los cambios y retos del entorno, a su vez, las compañías cuentan con recursos humanos, capital y conocimiento; lo que se conoce como variedad organizacional. Por lo tanto, la teoría de la contingencia integrativa trata de buscar un equilibrio entre variedad ambiental y variedad organizacional para generar altos índices de rendimiento, es decir, acciones y reacciones de doble vía, que retroalimentan tanto al entorno (al Estado y al mercado, por ejemplo) como a la empresa propiamente dicha, articulando estrategias corporativas, de negocio y funcionales con estrategias operativas y logísticas a lo largo y ancho de la cadena de generación de valor, definiendo logística como la planificación, la organización y el control de todas las actividades relacionadas con la obtención, traslado, almacenamiento de materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y de manera integral para disponer de productos y servicios adecuados en los sitios pertinentes, en el momento preciso y en las condiciones exigidas, con miras a optimizar los objetivos estratégicos de la empresa.
          En un entorno volátil y cambiante como es el caso de Ecuador en los últimos cuarenta años, los retos son constantes y los modelos gubernamentales diversos, lo que exige mayor previsión y estrategias inteligentes, como una condicionante para el desarrollo sostenible y perdurar en el tiempo. Conscientes de la realidad y complejidad del problema, sin menospreciar o reducir la importancia de la estabilidad política, de la seguridad jurídica, de la seguridad ciudadana, de la fortaleza del sistema democrático y de la institucionalidad en general, entre otros factores, son los controles estatales, el combate a la corrupción, el control social y la formación política (el ciudadano activo al que se refiere JohnStuartMills, es decir,  el ciudadano que debe saber o estar en condiciones de saber acerca de la gestión del gobierno, cuya tarea educativa o formación se le atribuye a la ciencia política), los que surgen como indispensables para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo.
En cuanto a la relación Estado y Sociedad, tal como lo afirma Bentham, la mera existencia de un gobierno no es garantía de la felicidad general si no funciona sobre la base del principio de la utilidad mediante un  dispositivo institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los intereses de gobernantes y gobernados, es decir, una democracia representativa pura, concebida, además, de acuerdo con John Stuart Mills, como el poder en público: un público activo y formado. Un público que sabe y formula correctamente lo que quiere.
Harry Martín Dorn Holmann
Quito, Noviembre 2017
1.      Andrade, Pablo., editor, Olano Alor, Aldo. Constitucionalismo autoritario. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. Quito, 2005.
2.      Friedrich Ebert Stiftung. Initiative for Policy Dialogue and Friedrich Ebert Stiftung New York. Working Paper 2013.  World Protest 2006-2013. Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernán Cortés. September 2013. policydialogue.org/.../World_Protests_2006-2013-Fi...‎ Ingresado el 10.02.2014.
3.      Grindle, Merilee S. En busca de lo político: la economía política de la formulación de políticas de desarrollo. En, Meier, Gerald M., Stiglitz, Joseph E., Editores. Fronteras de la economía del desarrollo, Banco Mundial, Alfaomega, 2002.
4.      Hofer, C. W. y Schendel, D. Strategy Formulation: Analitical Concepts, West Publisching, St. Paul, Min. 1978.
5.      Kagono, Nonaka, Sakakibara, Okumura. Estrategia y Organización. Ediciones Uniandes. 1994.
6. Nietzsche, Friedrich. Más allá del bien y del mal. EDIMAT LIBROS, S. A. Madrid, 2014.
7. North, Douglass C., Thomas, Robert Paul. El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700). Siglo XXI de España Editores, S. A. 1978.

8. www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...‎20/1/2014. Ingresado el 10.02.2014.
HOMBRES DE HÍGADOS
“Hombres de hígados, capaces de componer versos para una mujer amada en las puertas del infierno”. Así caracterizaba el poeta aventurero y hombre de verdades Don Francisco de Quevedo a los valientes y leales soldados de los Tercios de Flandes y otros cuerpos armados que transitaron entre esta vida y la otra en las guerras contra los enemigos de los reyes de España. Da fe de lo anterior el Maestro Pérez-Reverte en su célebre serie del Capitán Alatriste, para reconocimiento y gloria del guerrero español.
En las puertas del infierno; ¿quiénes sobreviven si no los más valientes? Aquellos que son siempre leales a sus principios y valores, fríos, perseverantes, que no revientan ante los abusos del poder, por ejemplo, de un Estado autoritario y glotón que exprime, arrebata, vacía de sentido a la inversión, el  trabajo y el esfuerzo, exigiendo cargas y más cargas a la sociedad civil empobrecida, indefensa, ante un sistema político-administrativo sin dios ni ley, controlado por el ansia de poder y las pasiones: parcialidad, orgullo, venganza y egoísmo, alejados de la justicia, equidad, modestia y piedad, con lo cual justifica el mismo Hobbes la necesidad de un poder visible que mantenga a raya a todos, EL LEVIATÁN, y los sujete por temor al castigo, a la realización de sus pactos y observancia de sus leyes naturales. Es el poder de la espada y el temor, es este poder lo que permite abandonar esa miserable condición de guerra y abuso entre los hombres, afirmaba el temerario Hobbes.
Las enseñanzas y verdades del Renacimiento, la Ilustración y la Modernidad, quedaron para evidencias de los antropólogos pues lo que podría haber sido mejor si hubiésemos respondido a la diosa razón sucumbió ante la ambición, la avaricia y las ansias de poder. La soberanía popular, el buen gobierno o gobierno eficaz, que debe asegurar la paz y el progreso de la comunidad, cuya seguridad depende del nivel de satisfacción que aporta a sus particulares, que su eficacidad aleja el comportamiento hostil de los sujetos miembros de la sociedad y que el interés público se corresponde con el interés del privado, se convirtió en principios de épocas pasadas y añoranzas de ciertos académicos, de poetas, literatos y soñadores, alimento de idealistas y constructivistas, dominados u opacados por el utilitarismo y realismo radical.  
Todas aquellas maravillas del contractualismo (del amigo Locke) que concibe al Estado como ente artificial, producto no de la naturaleza, sino de la voluntad concordante de los individuos, de nosotros, como el fundamento y legitimidad del poder político en el consenso, concebido como el mejor remedio contra el despotismo, es materia del más cruel y detestable cinismo, pues, hoy en día,  el soberano “soy yo”, o la soberana fuerza, o el soberano bozal petrolero, o el pajarito divino portador de revelaciones feudales.
Aquello de que la democracia es indisociable de la de contrato social o pacto entre iguales o del acuerdo de cada uno con todos los demás sobre algunas reglas y fundamentos del poder, quedó totalmente desplazado por el uso legítimo de la fuerza, donde  la ley ya no está por encima de todos los contratantes y se aplica al arbitrio del poder, por sobre los intereses de la comunidad y del ciudadano.
La defensa contra los abusos de poder, la defensa de los derechos de libertad, la garantía de los derechos y control de los poderes, la defensa del estado mínimo contra el estado máximo sinónimo de estado abusivo, déspota y glotón, no conviene a los intereses de los que nunca han conocido lo que representa la inversión el trabajo y el esfuerzo para generar una gota de valor agregado. Son estos a los que se refiere David Hume cuando afirma que los vicios de las personas no responden a sentidos o principios morales transcendentes, sino que se originan en la opinión y conveniencias, en este caso, para corromper, abusar de los recursos públicos, maltratar a los débiles (las coactivas y puñaladas por la espalda), proteger a los rentistas y vividores, haciendo a un lado las opiniones y conveniencias necesarias para el mantenimiento de la vida social en función de la utilidad y cualidades que representan.
Hoy en día, las instituciones olvidan subvaloran y reprimen aquel instinto de sociabilidad que determina la formación del sentido moral o virtudes que promueven el interés individual en relación con un interés colectivo concebido como un interés de todos en el largo plazo, es decir, cuando el interés de uno mismo se proyecta y se alinea  al interés de los demás.
David Hume nos recuerda, precisamente, que el gobierno debe cumplir con las funciones de utilidad pública o interés de la sociedad para ser un gobierno libre y justo para la supervivencia y perfección de la sociedad civil, y por tanto,  se trata antes que todo de evitar la codicia del poder  y los abusos derivados, en una clara defensa de las  libertades y bienestar de todos. Sin embargo, nuestras instituciones pecan de aquello que Nietzsche denomina una  necesidad de efecto, cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma”, y agrega, “Libertad de la voluntad, es la expresión que se usa para designar ese complejo estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el que ejecuta”, en otras palabras, para el institucionalismo autoritario y depredador, la magia del instrumento y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión, meritocrácia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía de respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas”, es decir, “el efecto soy yo”. 
¿Cuál sería entonces  el dispositivo institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los intereses de gobernantes y gobernados? ¿Bajo qué mecanismo los primeros se verán impulsados a promover las libertades y derechos ciudadanos? Ese mecanismo se llama democracia representativa pura, tal como lo soñó Jon Stuart Mills, como  garantía de la soberanía popular en su forma de expresión más extensa que es el sufragio para las clases numerosas en términos de igualdad: cada cabeza un voto, someter y escoger el gobierno a elecciones periódicas mediante el voto secreto, evitar que los gobernantes, una minoría, opriman a la mayoría y, me permito agregar, de acuerdo con los postulados y reivindicaciones de la democracia moderna radical institucionalizar mecanismos de control con “dientes” para que la sociedad civil controle la gestión de los asuntos públicos.
Mientras tanto, hemos de sobrevivir como “hombres de hígados” del poeta Quevedo, siempre entre la vida y el infierno, porque el que afloja revienta, ya que aquello de la soberanía popular radicada en el ámbito individual, en la figura del ciudadano, capaz de contraponer su fuerza sumada a la de los demás y enfrentar al monopolio despótico del poder se aleja más y más en nuestras sociedades latinoamericanas.  La concepción de la  democracia como una manera de ser de la sociedad, como una forma de vida, donde la soberanía del pueblo es una forma de gobierno, como un dado “de facto”, una condición de igualdad en la que los hombres viven, se encuentra poco, muy poco arraigada en los propios individuos.
La verdadera inclinación republicana define el carácter político de toda sociedad, nos enseña Tocqueville, pues “ella define el carácter nacional”. Y ese carácter se posee siendo soberanos, es decir, “querer y tener la voluntad de ser libres”, hombres de hígados, capaces de defender con valentía principios y valores, aunque sea en las puertas del infierno.
Harry Martín Dorn Holmann

Noviembre 2017

martes, 8 de noviembre de 2016

LA MALA MONEDA DESPLAZA LA BUENA, LA PEREZA DESPLAZA LA PRODUCTIVIDAD, LA DEMAGOGIA DESPLAZA LO ELEMENTAL, EL AUTORITARISMO DESPLAZA LIBERTADES Y DERECHOS, TODO ESTO DESTRUYE EL ORDENAMIENTO SOCIAL.

LA MALA MONEDA DESPLAZA LA BUENA, LA PEREZA DESPLAZA LA PRODUCTIVIDAD, LA DEMAGOGIA DESPLAZA LO ELEMENTAL, EL AUTORITARISMO DESPLAZA LIBERTADES Y DERECHOS,  TODO ESTO DESTRUYE EL ORDENAMIENTO SOCIAL.
Hasta cuando comprenderán nuestros políticos y encantadores de serpientes de América Latina que la única vía para el desarrollo consiste en: generar valor agregado, crecimiento económico, redistribución equitativa del ingreso y promover y garantizar mercados competitivos (la regulación de la desregulación de los mercados para garantizar la competitividad) en el marco de un régimen democrático que promueva a su vez la sana competitividad política.
Concentración de la producción y comercialización (monopolios u oligopolios) y concentración y abuso de poder (autoritarismo u totalitarismo), son las dos grandes enfermedades de los sistemas económicos y políticos; el cáncer de la economía de libre mercado y del régimen democrático.
La experiencia y el estudio de la historia nos muestra que los países económicamente fuertes y políticamente influyentes en el sistema internacional, son países donde predomina la economía social de mercado o sistemas económicos protegidos contra los monopolios u oligopolios, con una legislación antimonopolios rígida y democracias parlamentarias o presidencialistas estables.  
Lo anterior se acopla con una concepción del trabajo opuesta al rentismo, que lo concibe como una forma de realización y cumplimiento voluntario de una misión o respuesta a un llamado, con el propósito de una vida mejor y una sociedad segura, estable y de continuo progreso.

Monopolio y concentración y abuso de poder; el cáncer de la civilización.

DE LA HIPOCRECÍA ORGANIZADA HACIA LA ANARQUÍA

DE LA HIPOCRECÍA ORGANIZADA HACIA LA ANARQUÍA
 Algunas de nuestras democracias presidencialistas en Latinoamérica han caído, de acuerdo con Krasner, en la hipocresía organizada y viento en popa hacia la anarquía (en un par de casos), pues las reglas, normas y principios democráticos formalizados en sistemas de representación, sistemas electorales y órganos de justicia, se han convertido en instrumentos de coerción al servicio de las fuerzas y Estados poderosos, ya sea a nivel interno, ya sea a nivel del sistema internacional.
La fragilidad y versatilidad de las instituciones democráticas es evidente. Las reglas se respetan o no de acuerdo a las circunstancias o conveniencias del poder, o se modifican al mismo ritmo de cambio de los intereses del poder o de las relaciones de poder.
Llegado a cierto nivel o punto de inflexión, se pierde la institucionalidad e influencia sobre la conducta de los actores, no existen límites normativos y cuentan únicamente los intereses de los poderes dominantes: se cae en la anarquía donde cada cual sobrevive por sus propios medios, dominados por las pasiones, o tal como diría Hobbes, “el hombre se convierte en lobo del hombre”.

A nivel internacional, hemos sido testigos del bochornoso espectáculo de las votaciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde algunos de nuestros cancilleres, supuestamente informados y preparados, no son capaces de plantear los objetivos a tratar en una asamblea, ni de conocer los temas de reflexión, ni de comportarse como un ciudadano activo (para utilizar un término utilitarista de J. S. Mill), pues no saben por qué están ahí ni están en condiciones de saber. Queda solo un vacío institucional y la pobre anatomía de una organización internacional, sin oficio ni beneficio, y un pueblo pobre y desempleado sometido a sus cargas.

jueves, 27 de octubre de 2016

DEBATE PRESIDENCIAL DESDE LA TEORÍA POLÍTICA

SOBRE LOS DEBATES ENTRE CANDIDATOS

El día de ayer por la noche decidí entrevistar a ciertos famosos por su pensamiento político para analizar ciertos aspectos acerca del debate entre candidatos y, especialmente, para despejar ciertas dudas y legitimar preocupaciones que surgen de escuchar las respuestas (ataques, acusaciones, denuncias, entre otros) de los participantes en la lid electoral.
Por razones metodológicas, preferí como siempre partir de lo clásico a lo moderno, razón por la cual cedí el primer honor nada más y nada menos que a Don Niccoló Machiavelli, cuyo apellido, a pesar de ignorar los aspectos profundos de su obra, se ha convertido en sinónimo de ciertos comportamientos o de ciertas actividades en el campo de la política.
¿Debate? ¿Me hablas de debate? Me inquirió furioso más que incomodo o avergonzado, porque la política es la lucha por el poder y la conservación del poder, no un cruce de acusaciones en una carrera por desprestigiar al contendor, para que el público se pronuncie a favor del menos corrupto, del menos inmoral, o del que menos evade impuestos, o del que menos recauda fondos para devolver favores a los amigos una vez en el poder. Que decepción, prometí a Don Niccoló que trataría de hacer llegar por algún medio confiable un ejemplar de “El Príncipe” a ambos candidatos, para que se enteren, que lo primero y más importante en su obra es el dominio de la conducta.
Tomó entonces la palabra el magnífico Hobbes, acompañado como siempre por su Leviatán para su seguridad personal, quien confirmó, una vez más con sus propias palabras, que el hombre es el lobo del hombre, y que la democracia tal como ce la concibe no es más que la fachada de ejercer el poder por el poder, lo que impediría la generación de un pacto para superar un estado de naturaleza donde cada cual se deja vencer por sus pasiones, tal como lo demuestran las propias palabras de los candidatos, una guerra de todos contra todos, hasta con los miembros del propio partido. Insisto, culminó Hobbes, que los seres humanos necesitan estar sometidos al poder de la espada, pues es este poder el que por temor los obliga a abandonar esa miserable condición de agresividad y enfrentamiento, y respetar bajo el temor al Leviatán las leyes de la naturaleza (justicia, equidad, modestia, piedad) y no las pasiones(orgullo, venganza, egoísmo, parcialidad).
Desilusionado, deprimido, busqué refugio en el buen Jhon Locke, padre del liberalismo burgués, gran defensor de las libertades y derechos, promotor del Estado mínimo, defensor de la sociedad civil, enemigo de la concentración de poderes y abuso de poder. Pensé que el comprendería un poco más la situación política de un país que se cobija en muchos (no todos) de sus pensamientos y planteamientos en sus ensayos sobre el gobierno civil. ¡Qué va! Locke estuvo incluso más crítico.¿Dónde quedó la soberanía popular? ¿No es esto la soberanía del escándalo? ¿No es el escándalo y la escalada de lo escandaloso a lo más escandaloso lo que determina el resultado de la contienda electoral? ¿Cuáles son las precondiciones para el orden político que los candidatos proponen? ¿La denuncia? ¿La confrontación escandalosa? No he presenciado de ninguna manera gestos de tolerancia, de protección del honor y la moral de nuestros semejantes, ¿Qué será lo que estos señores candidatos han aprendido de la experiencia vivida? ¿Dónde se perdió o extravió el respeto a la sociedad civil? De la experiencia provienen precisamente las ideas sencillas, complejas y las relaciones de causalidad. Los individuos son parte de este mundo natural al igual que los derechos naturales que les pertenecen y  constituyen los valores supremos que la sociedad organizada debe defender. Estos derechos se mantienen vigentes cuando el individuo ingresa y forma parte de una organización social y todo gobierno tiene la obligación de protegerlos y satisfacerlos: la vida, la salud, la propiedad, la libertad. Pero, no he escuchado absolutamente NADA al respecto. Se han referido exclusivamente al manoseo de mujeres, perdida de mensajes vía Internet, insultos y amenazas vía Twitter (que no sé qué significa eso),millones de dólares recibidos para una fundación (que tampoco entiendo para que sirve eso, a lo mejor entendí mal y se trata de una “fundición”),actos de terror (entiendo que se refieren al Leviatán de Hobbes que debe andar suelto haciendo diabluras) pero nada sobre generar valor agregado, atraer nuevas inversiones, crear empleos, redistribuir el ingreso por la vía del trabajo digno y eficiente, cuidar a la población, garantizar libertades y derechos de última generación, entre otras cosas que deben preocupar a los políticos, como primera prioridad. Por último, alguien por ahí culpó a los latinos (¿?) o algo así como hispanos, por haber causado tanta degeneración y relajo en una nación tan desarrollada y civilizad. ¿Y la defensa de la sociedad civil burguesa que tanto defendí?
Quedé peor. Fui por lana y salí realmente trasquilado. Pero fue Tocqueville quien se pasó de la raya y me terminó de frustrar. Él había conocido los Estados Unidos en el siglo XIX y había escrito algo acerca de La democracia en América, y entre muchas otras cosas, había escrito que la soberanía popular se desplaza hacia el ámbito individual, en la figura del ciudadano, capaz de contraponer su fuerza, sumada a la de los demás, al monopolio despótico del poder. La democracia es una manera de ser de la sociedad, es una forma de vida y la soberanía del pueblo es una forma de gobierno. La democracia es un dado «de facto», una condición de igualdad en la que los hombres viven. Pero Tocqueville increpaba totalmente decepcionado ¿Dónde ha quedado la soberanía popular? ¿Donde se perdió esa forma de vida que yo tanto admiré? ¿Dónde quedó aquella maravillosa forma de ser y de sentirse iguales entre los ciudadanos de ese país? De acuerdo a lo que escuché durante el debate, son los parámetros de la corrupción y la inmoralidad los que deciden la suerte de la participación política y las divisiones de la sociedad entre negros, latinos o hispanos o blancos, en sus debidas proporciones, es lo que puede dar el triunfo a uno u otro candidato, dependiendo de su discurso populista y demagógico. Por lo visto, concluyó el compañero Tocqueville, se perdió aquel valioso arraigo de la soberanía popular en los propios individuos, esa soberanía que definía el carácter político y nacional del país que yo conocí, esa soberanía de un pueblo que quería y tenía la voluntad de ser libres, tal como lo demostró durante su independencia del Imperio Británico. Hoy en día, es la prensa, las encuestas, los aportes, las denuncias y los intereses del Establishment los que deciden la orientación del voto.
Terminado el panel, salí del set de entrevistas y opinión absorto en mis pensamientos y dominado por mis frustraciones. Con tan mala suerte, que me encuentro frente a frente con mi amigo Kant, quien llegaba retrasado a la reunión, pero luego de saludar y disculparse arremetió contra el espectáculo bochornoso, visiblemente perturbado, pues argumentaba que, construir un Estado de derecho es una obligación moral, no inmoral, pues la competencia por la inmoralidad destruye, no construye.  El ser más o menos inmoral no justifica el ejercicio del poder en más o en menos, pues el respeto a la Ley Moral es un imperativo categórico, un mandato incondicionado que deriva de la razón, no del interés por el poder, pues se respeta la Ley Moral porque se debe hacerlo, así sin más. No se trata de abusar de diez o de cien mujeres, o de ejercer el poder de forma invisible para ocultar errores y enemigos fabricados o intereses ocultos, no se trata de mentiras piadosas, ¡no! Pues cuando se ejerce legítimamente el poder, hay que ejercerlo de acuerdo a la Ley Moral.

Quise aprovechar para obtener una opinión sobre la situación caótica e inhumana de Irak y Siria, pero no me dejó continuar más allá de la pregunta, se llevó el dedo a los labios en señal de silencio y me advirtió: Ni hablar de eso. ¡Ya todo está dicho!

viernes, 14 de octubre de 2016

Escenarios y conflictos froterizos: Ecuador-Colombia






ESCENARIOS Y CONFLICTOS FRONTERIZOS. ECUADOR-COLOMBIA:
“ASPERSIÓN QUIMICA COMPULSIVA”




Elaborado por: Harry Dorn Holmann M. A.
















INDICE



1.     Ecuador-Colombia: crisis fronteriza
2.     Antecedentes
3.     El Plan Colombia y el Plan Patriota: la intervención por invitación. Reflexiones teóricas para el análisis y debate.
4.     Las fumigaciones: “aspersión química compulsiva”
5.     Conclusiones
Bibliografía










1.      Ecuador-Colombia: crisis fronteriza
Hoy en día, un paso al frente de la agenda internacional toman lugar los temas relacionados con la vulnerabilidad y seguridad en la frontera, las políticas públicas nacionales y binacionales así como los proyectos y distintas alternativas de integración como solución a los problemas fronterizos.
Sería equivocado pensar que las diferencias y desencuentros de frontera entre Ecuador y Colombia son el producto de las políticas de los gobiernos de los últimos treinta o cuarenta años. Desde la fundación republicana, los conflictos de frontera se repiten con frecuencia con duración e intensidades distintas, pero han estado presentes en la historia de los países a lo largo del siglo XIX y siglo XX.
Pese a lo anterior, en los últimos veinte años la situación se agrava por la intensificación del narcotráfico, del lavado de capitales, del contrabando, del tráfico de armas y suministros,por las facilidades que representa la dolarización en el Ecuador,por las distintas visiones gubernamentales, y por otros factores que dificultan el combate efectivo de tales amenazas:
“La explicación sobre el origen del conflicto puede provenir del hecho de que las agendas de seguridad de ambos países son distintas y en cierta medida hasta contradictorias. Esto se evidencia en la incapacidad de manejar eficientemente los temas de seguridad en una frontera larga de 600 kilómetros, débilmente poblada, con excepción de algunos sectores” (Bonilla en Grace Jaramillo, compiladora, 2009: 11).
La matriz explicativa del fenómeno se muestra en extremo complicada y el grado de incidencia de los factores varía dependiendo de las circunstancias y coyunturas de ambos países. En Ecuador, por ejemplo, el flujo de capitales provenientes de Colombia se vio notablemente incrementado durante la crisis generalizada de los años ochenta, así como el flujo de bienes de todo tipo (harina de pescado, conservas, harina de trigo, harina de maíz, combustibles, botas,“canicas” y hasta chatarra) se vio favorecido desde Ecuador hacia Colombia, tanto de materias primas como de productos terminados.


Las pingues ganancias generadas por estos flujos comerciales y financieros atenuaron o incluso neutralizaron cualquier intento de control efectivo de fronteras, sea cual sea el destino de tales bienes y recursos. De igual manera, la proliferación de negocios y puestos de trabajo derivados de tales actividades contribuyeron a la continuidad de dichas actividades, muchas de ellas ilícitas.En la actualidad, a pesar de un mayor y más eficiente control institucional en frontera y al interior del país por parte de las autoridades policiales y aduaneras, las barreras arancelarias (los nuevos impuestos o medidas proteccionistas a las importaciones, bajo la normativa de la organización Mundial del Comercio, según la cual, todos los Miembros tienen derecho, en virtud del
Acuerdo OTC, a restringir el comercio por “objetivos legíti-
mos”: protección de la salud y la vida, protección del medio
ambiente, y de los intereses y la seguridad nacionales (OMC,
1994: 143-169)), el fortalecimiento del dólar, la devaluación del peso colombiano y la inflación interna en Ecuador, vuelven nuevamente atractivos los precios y calidades de los productos colombianos que ingresan al país de forma legal y también de manera ilícita.
2.      Antecedentes
Del análisis y reflexiones de María Caridad Araujo, Marco Naranjo Chiriboga y otros autores (Morillo, 1996),  Ecuador ingresa con mal paso en la década de los ochenta. En la segunda mitad de los setenta, con la caída de los precios del petróleo, el país recurre al endeudamiento externo y facilidades de los petrodólares (inversiones de capital financiero en bancos europeos provenientes de los países exportadores de petróleo) y liquidez internacional abundante para compensar la reducción de sus ingresos y cubrir sus déficits tanto fiscal (brecha fiscal) como de balanza de pagos (brecha externa). Por tal razón, la deuda externa se incrementa en un quinientos por ciento durante el quinquenio, de USD693 millones en 1976 a USD 3.554 millones en 1979 (Naranjo, 2005). Desde 1972, El boom petrolero y el aumento de recursos para el gobierno superaron su capacidad de gestión para el buen uso de dichos recursos, lo que inició un proceso inflacionario que en 1976 alcanzó el 16,2%.
En 1976, el crecimiento económico del 9,1%, el  crecimiento de las exportaciones en un 30%, el crecimiento de la reserva monetaria, el aumento incontrolado del crédito y de la masa monetaria, generaron inflación y un aumento de la demanda de dólares en el mercado libre de cambio, impulsando el alza del precio hasta en un 13% (Banco Central del Ecuador, 1976).
La dependencia económica del recurso petrolero comienza a demostrar la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a las variaciones de las exportaciones petroleras y su política de industrialización. En 1977, los problemas de comercialización y baja de las exportaciones de crudo más las importaciones del sector industrial ecuatoriano, que crecen ese año a un ritmo del 24,5%, reducen fuertemente la reserva monetaria. El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el incremento de las importaciones y  la presión sobre el tipo de cambio fomentó la contratación de créditos externos para financiar importaciones y crecimiento económico y mantener la cotización del dólar en niveles adecuados. El fenómeno se repite en 1978, con una inflación del 11,7%, un saldo negativo en la balanza de servicios de USD 428, 5 millones y la contratación de nuevos créditos externos para financiar los déficits y mantener la reserva monetaria en niveles aceptables (Morillo, 1996).
Desde entonces, a pesar de los buenos precios del petróleo y abundancia de capital, la inflación y la devaluación monetaria serán el fiel acompañante de la economía durante la década de los ochenta, con las consecuencias que se analizan más adelante. Tal como lo expresa Marco Chiriboga Naranjo:
“Aunque a principios de los años ochenta, la inflación acumulada durante la década anterior hizo necesaria la devaluación de un tipo de cambio que se había mantenido fijo artificialmente, mediante el endeudamiento y como consecuencia de los buenos precios del petróleo, posteriormente, la tasa de devaluación superó ampliamente a la de la inflación y sirvió para alimentarla” (Naranjo, 2005: 144).

Con estos antecedentes, los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero (en adelante LFC) y Rodrigo Borja tuvieron que enfrentar problemas comunes o similares: La brecha fiscal o déficit fiscal, la brecha externa o déficit comercial y la creciente inflación. En lo particular, LFC se refirió desde el inicio a problemas estructurales como el déficit habitacional, la desnutrición el desempleo y subempleo, la perdida de los valores ciudadanos, las deficiencias del sistema educativo la inseguridad, la baja productividad y otros. Todo esto contribuyó “también” a la entrada irregular de capitales desde Colombia y contribuyó notablemente al flujo de productos exportados desde el Ecuador hacia ese país, especialmente de aquellos rubros subvencionados como es el caso de los combustibles y el gas.
Adicional a lo anterior, la matriz explicativa se complica aún más por las distintas visiones acerca del conflicto, su origen y naturaleza, y las limitantes reales que pueden tener ambos países, a pesar de la convergencia de intereses, como es el combate y eliminación de prácticas ilegales en la frontera. En el caso colombiano, el conflicto se enfocaba más como un tema de seguridad regional, lo que en Ecuador se concibió más como un conflicto de origen y características internas más que nada, y en cuanto a debilidades y falencias tácticas y estratégicas, esto quedó ampliamente demostrado con el incidente de Angostura, aunque, insistimos, las razones del conflicto y sus orígenes lejanos y cercanos obedecen a factores diversos tal como lo expresan expertos de la talla de Grace Jaramillo y Adrian Bonilla:
“Los desencuentros entre Ecuador y Colombia no empezaron el primero de marzo del 2008, día en que las fuerzas armadas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano para ejecutar un operativo que termine con la vida de alias Raúl Reyes, segundo en la línea de mando de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Estos han respondido a un largo proceso de distanciamiento que empezó con el Plan Colombia y la necesidad que tenía este de encontrar contrapartes regionales para garantizar éxitos en el campo militar. La presión colombiana por obtener un apoyo militar, aunque sea tácito, para su embestida terminó siempre por alienar la voluntad ecuatoriana de permanecer alejada de un entorno de violencia regional, del que se mantuvo por décadas más o menos inmune, a pesar de sus vecinos” 
“El Plan Colombia además trajo consigo las fumigaciones aéreas con glifosato, que llegaron hasta la misma frontera común y socializaron las diferencias estatales existentes hacia poblaciones civiles que quedaron en medio del conflicto, sin que ninguna de las dos partes pudiera llegar a un acuerdo sobre el tema. Cuando llegó el primero de marzo de 2008, la suerte entre los dos países estaba echada. El desencuentro tomó matices de ruptura y alejamiento progresivo de cualquier posibilidad de comprensión de los problemas fronterizos existentes” (Jaramillo en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 15).

            Bonilla concluye en términos generales, que:
Es muy difícil evitar en una frontera de esta naturaleza, incidentes que son provocados como consecuencia de un problema que es complejo, con múltiples actores donde los estados no tienen capacidad absoluta para actuar. Por lo tanto, se requiere institucionalizar procedimientos de seguridad que permitan generar visiones de confianza mutuas en ambos estados y conductas que no sean vistas por el otro como amenazantes. Si bien los dos países tienen agendas distintas, esto no significa que no existan intereses comunes. Tanto a Colombia como a Ecuador le interesa que en la frontera no se permita la reproducción de prácticas ilegales. Los puntos comunes pueden permitir generar algún tipo de dispositivo de procedimientos, normas e instituciones que permitan in neutralizando o estableciendo los mecanismos de solución para que no se llegue a dar un incidente diplomático o militar cada vez que se produce un evento de transgresión que puede o no ser responsabilidad de los dos países” (Bonilla en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 13).
3.      El Plan Colombia y el Plan Patriota: la intervención por invitación. Reflexiones teóricas para el análisis y debate.
La cercanía histórica de las relaciones entre Estados Unidos de Norteamérica (en adelante Estados Unidos) y los países latinoamericanos ha sido siempre de estrecha colaboración y sumisión en grados diversos a la política exterior de Estados Unidos. Colombia no ha sido una excepción, por el contrario, esta relación se estrecha y consolida aún más en los últimos 25 años durante los periodos presidenciales de los señores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe,  con el Plan Colombia y el Plan Patriota respectivamente, Los cuales, indudablemente, contribuyeron a la internacionalización del conflicto y una participación mayor y decisiva de los Estados Unidos por medio de la Iniciativa Regional Andina que involucraba a los países en una lucha conjunta contra las drogas o lucha antidrogas, la cual se intensifica con la llegada a la presidencia del Sr. Álvaro Uribe quien involucra aún más a Estados Unidos en el Plan Patriota, el cual, presenta a Colombia como una amenaza para la seguridad de la región, discurso fortalecido por la ruptura de las negociaciones de paz con las FARC en febrero de 2002, que prácticamente incorpora a Colombia en la lucha antiterrorista de los Estados Unidos.
          ¿Como entender entonces, en aquella época, la postura y decisiones implícitas en ambos planes del gobierno colombiano? Existen varios enfoques teóricos adoptados para su interpretación y explicación, entre ellos, el realismo periférico de Carlos Escudé (1995) quien evalúa las ventajas de la autonomía versus los costos potenciales o costos de oportunidad de defenderla y gozarla, ya que su ejercicio puede implicar confrontaciones y despliegue de recursos escasos que podrían ser utilizados con fines de desarrollo productivo. Partiendo de un orden de prioridades para los países periféricos, según el mismo Escudé (1995), resulta lógico orientar sus relaciones externas y esfuerzos en función del desarrollo económico y bienestar de la comunidad a pesar de la subordinación que la obtención de dichos recursos implica, siempre y cuando exista un beneficio neto tangible.
Al respecto, Arlene B. Tickner argumenta:
“Lo que se deduce de la propuesta de Escudé es que en política exterior todo Estado –independientemente del poder del que dispone- tiene algún margen de escogencia a la hora de evaluar cualquier situación y actuar, inclusive, cuando decide subordinarse ante un actor más fuerte. En este sentido, la premisa central del autor es que la alineación constituye la forma más idónea de defender los intereses de la periferia dado que suele ser correspondida por Estados Unidos con beneficios materiales. Escudé, es enfático en señalar que el desarrollo económico es el único medio que permitirá a los países periféricos competir en el sistema internacional hacia el futuro. Empero, el tipo de interacción subordinada que su modelo sugiere perpetúa y profundiza la dependencia de los países de la periferia y todas las tergiversaciones internas que ella engendra” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora. 2009: 59).
          Otros autores como Hernando Calvo Ospina (2010) se refieren también a la Doctrina de la Seguridad Nacional (en adelante la DSN) para entender  la estrategia de los presidentes Pastrana y Uribe, la que es impulsada en América Latina por el Presidente Kennedy después de la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando se constató que un enfrentamiento nuclear directo con la Unión Soviética estaba descartado por sus consecuencias para ambas partes, recurriéndose entonces a la DSN de ancestro francés para implementarla en América Latina como parte de la política de la contención y estrategia de lucha antisubversiva que condiciona a los estados y sus ejércitos a la seguridad nacional. De ahí en adelante, se trataba entonces de combatir al enemigo interno, o de la lucha del bien contra el mal, que “Lo toma como un sujeto en permanente acción subversiva contra el sistema y sus valores” (Calvo Ospina, 2010: 101). De acuerdo con la misma doctrina, las Fuerzas Armadas se convierten en su principal referente y expresión, concretando poderes especiales donde la política y el ejército se confunden en un solo cuerpo, pues la guerra contra el enemigo interno no es más que la continuación de la lucha política por otros medios, de acuerdo con el concepto de Karl Von Clausewitz (1969).
Enfocando el problema colombiano bajo esta lógica, resulta obvio que la identificación de Colombia como un peligro para la seguridad de la región, ante las ventajas obtenidas por las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (en adelante las FARC) en la intensidad del conflicto armado e incremento de la violencia a fines del siglo XX, genera enormes costos políticos para el país ante la comunidad internacional, razón por la cual, el Presidente Pastrana presenta “un plan de paz” (las comillas son mías) que busca solucionar el “problema social de los cultivos ilícitos” (las comillas son mías) por la vía de una especie de versión del Plan Marshall para Colombia, internacionalizando el conflicto para una solución definitiva del fenómeno del narcotráfico e instrumentando una especie de “diplomacia por la paz” (las comillas son mías).
De la puntualización de la estrategia que originó la iniciativa para la paz y una especie de Plan Marshall, nace entonces el Plan Colombia (durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002) para combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, contemplando, además, una serie de medidas de fortalecimiento del Estado colombiano considerado débil para enfrentar la amenaza, habiendo perdido el monopolio y ejercicio pleno de la fuerza en parte del territorio nacional, es decir, se securitizó el combate a las drogas, combatiendo a la guerrilla que controlaba las zonas de cultivo de la hoja de coca propugnando una renarcotización de la agenda bilateral con Estados Unidos, en concordancia con el enfoque hiperrealista de las relaciones internacionales de dicho país, destinando el 80% a rubros militares y solamente el 20% con fines económico y sociales, de los primeros US$1.330 millones que aprobara como ayuda para Colombia el Congreso de los Estados Unidos (Tickner, en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009).
          Con el Plan Colombia, Pastrana propone la desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados en la parte sur del país, como una zona de distensión para discutir una agenda común, pero pronto surgió la sospecha que la zona era aprovechada para concretar robos, secuestros, trafico de drogas y armas, por lo que la estrategia de paz se convirtió en una estrategia de guerra. Con la llegada de George Walker Bush a la presidencia, se limitó la autonomía de dialogo del Presidente Pastrana y se extendió la política militarista, especialmente, luego de los atentados a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. En consecuencia, a inicios del 2002, se había roto el dialogo y negociaciones con las FARC.


Según Calvo Ospina, acerca de los resultados del Plan Colombia:
“La propaganda oficial contó que el Plan Colombia serviría para erradicar el 50% de los cultivos de coca, y así se cortaría la presunta fuente de financiamiento de la guerrilla. Pero la CIA, también involucrada en esa “guerra a las drogas” (con comillas en el original), reveló que en el 2001 los cultivos de coca habían crecido un 25%, alcanzando 167.000 hectáreas. Según esa fuente, a finales del 2002 aún existían en Colombia 144.450 hectáreas cultivadas. A finales del 2003 quedaban 113.850 hectáreas. Lo que significa que en todo un año apenas se erradicaron 30.000 hectáreas, a pesar de la descomunal inversión dispuesta presuntamente para tal fin. Peor aún: En el informe de la CIA del año 2005 se vuelven a dar cifras vergonzosas, pues en el año anterior existía casi la misma cantidad de zonas cultivadas que cuando se hizo la evaluación del 2003” (Calvo Ospina, 2010: 249).
Durante la presidencia de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se produce un cambio radical en la evaluación de la crisis de seguridad y nivel de cercanía con los Estados Unidos para solucionar el problema del narcotráfico, terrorismo y, simultáneamente la lucha por la paz. Al final del mandato de Pastrana y durante el mandato de Uribe se perfecciona un plan de mano dura que involucraría directamente a los Estados Unidos en el conflicto armado, despertando más interés de Washington mediante la autoproclamación de Colombia como una amenaza para la seguridad y estabilidad del Hemisferio, generando así una mayor dependencia de Estados Unidos  y pérdida de soberanía colombiana, bajo el argumento que, aislada Colombia, sería incapaz de combatir la amenaza del narcotráfico y la insurgencia.Este Plan de “lucha contra el terrorismo” busca llegar a la paz por la vía militar contra la insurgencia, que comenzó a ser denominada narco-terrorismo, bajo una estrategia conocida como Política de Seguridad Democrática o de guerra contra el terrorismo con amplios poderes para las fuerzas militares (Calvo Ospina, 2010), “con un determinante apoyo, asesoría y monitoreo estadounidense” (Calvo Ospina, 2010: 260).
          Es así que con el Plan Patriota, se golpea fuertemente los Bloques Sur y Oriental de las FARC, y se intensifica la erradicación de los cultivos en la región del Putumayo, “primer productor de hoja de coca con 66.000 hectáreas en el año 2.000, el 40% del total nacional” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 72), sin que tal campaña de “aspersión química compulsiva” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 72) haya tenido los resultados esperados. La disminución de los cultivos en el Putumayo y el escalamiento de las fumigaciones auguraban éxito para el programa diseñado desde Washington, sin embargo, los resultados definitivos para los habitantes de la zona y poblaciones afectadas generaban otro balance final. La reorientación de los cultivos mediante programas a mediano y largo plazo financiados en parte por USAID no resultaron de acuerdo a lo previsto y los cultivos de coca reaparecieron. Las condiciones para el desarrollo no se dieron en los términos y condiciones para desestimular la producción de hoja de coca y más bien se movilizó el cultivo hacia áreas más rentables y con mayores ventajas para la producción, procesamiento y exportación de drogas hacia los países del norte (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009).
          Los efectos colaterales no se hicieron esperar, y tal como lo expone Francisco Carrión:
“La agudización del conflicto colombiano y la implementación del Plan Colombia y del posterior Plan Patriota llevaron, como era previsible, a que la violencia se traslade a la frontera sur de ese país y de ahí a la zona fronteriza norte de Ecuador. Después ocurrió lo inevitable: llegaron las desconfianzas y las divergencias entre los gobiernos sobre temas de seguridad, cooperación, paralización de programas y de proyectos binacionales, disminución de turismo, en fin”.
“Pero lo grave, a mi juicio, es lo que ha venido después como consecuencia de esa nueva y tensa situación: un cambio de la percepción más bien cordial que había existido hasta esa época entre ecuatorianos y colombianos en las zonas fronterizas, hacia a una satanización o ‘demonización’, como lo llama Roque Espinoza (2008: 363), del colombiano y de lo colombiano en Ecuador. Ahora estamos, lamentablemente para los dos pueblos, en un proceso de deterioro de la imagen del colombiano en nuestro país y no solamente en las zonas fronterizas sino en todo el Ecuador, donde inmediatamente se vuelve una persona sospechosa, escasamente confiable y hasta se la llega a considerar peligrosa. Esta situación es tremendamente dañina en las relaciones entre ambos países” (Carrión, En Fernando Carrión y Johanna Espín M. Coordinadores. 2011: 54-55).
4.      Las fumigaciones: “aspersión química compulsiva”
          La concepción del Plan Colombia de Pastrana y posteriormente del Plan Patriota y política de seguridad democrática de Uribe en términos militares y combate a la amenaza internacional amplió la estrecha colaboración entre ambos países, Colombia y Estados Unidos, aumentando la ayuda con fines bélicos e intensificando también la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con graves consecuencias de salud para la población de frontera, incluyendo la población cercana a la frontera, tanto colombiana como ecuatoriana.Los ataques perpetrados contra las torres gemelas y el viraje radical de la política exterior de Estados Unidos fortaleció la solidaridad entre ambos países y la visión generalizada de ser ambos victimas del terrorismo financiado con recursos provenientes del cultivo ilícito y tráfico de drogas. Se generalizó la idea y calificación de las FARC como una organización terrorista y se levantaron “las restricciones asociadas con el  uso de la asistencia militar estadounidense en Colombia” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora. 2009: 65), todo lo cual repercutió negativamente en las relaciones con los países vecinos.
          Al respecto, Arlene B. Tickner nos dice:
“Por otra parte, la expansión del papel de los Estados Unidos en la situación domestica de Colombia ha repercutido, de forma negativa, en las relaciones colombianas con la vecindad”…”El lunar más visible del esquema de intervención por invitación, a nivel regional, se manifiesta en las relaciones colombianas con Venezuela y Ecuador. La relación entre Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa está afectada por sentimientos de desconfianza que existe entre el gobierno de Colombia y los otros dos, y el potencial conflictivo que ha generado la presencia de la guerrilla y de los paramilitares en las zonas limítrofes, y, en el caso ecuatoriano, la fumigación aérea de los cultivos ilícitos” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 70-71).
Las relaciones bilaterales de Ecuador y Colombia han pasado por numerosas etapas caracterizadas por tensiones y reclamos en varios aspectos. El tema de las fumigaciones a lo largo de la frontera ha sido motivo de especial preocupación del gobierno ecuatoriano quien ha presentado formalmente reclamos al gobierno colombiano exigiendo el cese de tales fumigaciones por los daños a los bienes y salud de los ecuatorianos, a pesar de los resultados en la erradicación de los cultivos de coca. La renuencia de Colombia de aceptar las peticiones ecuatorianas provocó el retiro del embajador ecuatoriano en Bogotá durante varios meses durante los años 2006 y 2007, hasta que se produjo la ruptura de relaciones a raíz de la incursión militar ordenada por el Presidente Álvaro Uribe en territorio ecuatoriano, específicamente, en el sitio conocido como Angostura, el 1de marzo de 2008.
          La gran paradoja, ante el despliegue de importantes recursos para las fumigaciones, es que la población fronteriza, a más de la inseguridad que viven sus habitantes, carece de los más elementales servicios en materia de salud, educación, infraestructura económica, financiamiento para la producción o emprendimientos productivos, agua potable, proyectos de vivienda popular o campesina, y otros mecanismos institucionales orientados hacia el bienestar y desarrollo económico y social de estas comunidades, dispersas a lo largo y ancho de 645 kilómetros cuadrados de frontera que, según Aura María Puyana Mutis:
“Es también porosa por naturaleza. Permeable a toda suerte de ilegalidades, en especial a las actividades propias de la economía “subterránea” internacional, en una magnitud e intensidad variable según la función que cada país cumpla en el mercado, las ventajas comparativas que ofrezca para hacerlo viable e incluso la posición geográfica que ocupa, lo cual siendo importante no es el factor definitivo. Contrabando de mercancías legales y migración irregular de fuerza de trabajo; redes transnacionales de prostitución y compraventa de menores; tráfico de drogas, insumos químicos y armas, más las divisas generales por este conjunto de actividades, convierten a los territorios de frontera en el necesario radio de acción de las estructuras criminales y de los ejércitos privados a sus servicio. En casos de conflicto social y armado interno, organizaciones político- militares se establecen en zonas geográficas cercanas a los bordes según sus planes estratégicos y según la propia dinámica de la guerra, como ilustran Colombia y Sudán en la actualidad. Aprovecharse de la extraterritorialidad para resguardarse militarmente o para crear bases de apoyo político y logístico en un país vecino, es una realidad por demás frecuente en estos casos; los vínculos coyunturales o permanente que los grupos armados establecen con las mafias y con los traficantes de drogas, son un factor adicional en la complejidad. No por ello las fronteras se “calientan” hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas o el enfrentamiento bélico, frente a mecanismos de cooperación judicial y militar, intercambio de información o solución pacífica de las diferencias frecuentemente utilizadas por Estados colindantes” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 68).
          Ante esta situación y  dados los antecedentes del problema, el Gobierno del Presidente Rafael Correa lanza en 2007 el Plan Ecuador (Moreano, en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009) que contempla tres ejes para consolidar la seguridad y una cultura de paz, implementar una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria y una política de defensa de la población, el medio ambiente, los recursos naturales y el territorio y patrimonio nacional en general.
Mientras tanto, hasta la maduración de dichas instituciones responsables de los programas y proyectos, su articulación eficiente con las organizaciones locales que se crearon para el efecto, recoger las necesidades y demandas y plasmarlas en programas y proyectos específicos, el número de refugiados colombianos en Ecuador se incrementa, la inseguridad y violencia en frontera se mantiene, así como las consecuencias negativas en la salud de los habitantes en frontera a consecuencia de las fumigaciones, que en meses recientes, año 2015, fueron suspendidas por el Presidente Juan Manuel Santos. De igual manera, al día de hoy, mientras las bombas estallan en Bogotá, se asesinan a miembros de las Fuerzas Militares y se destruyen instalaciones petroleras, las “negociaciones de paz” en Cuba continúan, entre las FARC y los representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.



5.      Conclusiones
          Ante la magnitud de las amenazas y sus consecuencias, cualquier política pública o plan de tratamiento de los problemas fronterizos se revela necesariamente como un esfuerzo muy por encima de los temas tradicionales de frontera, limitados a los aspectos de control aduanero, control migratorio, control militar, control del contrabando, entre otros, ya que el ámbito del problema y las soluciones implican más que la línea de frontera, una enorme franja de frontera y acciones de índole diversa contra actores cada vez más poderosos en el plano financiero, militar y político, cuyo ámbito de influencia va más allá de los países y regiones y se amplía al ámbito global (Naim, 2006).
          La localización y ordenamiento de las distintas etapas de la cadena de generación de valor, desde la producción y aprovisionamiento de materias primas, hasta los procesos de manufactura, la logística y la comercialización de la droga, los países y autoridades enfrentan nuevos problemas derivados de la división del trabajo y otras facilidades (los llamados incentivos conocidos como “impulsores globales” en teoría de las relaciones internacionales) que ofrecen los paraísos fiscales, no solo para la evasión de impuestos, mercados ilegales de armas y drogas, sino también para la conexión de estos circuitos ilegales con la economía legal (Carrión, 2009). En consecuencia, más que soluciones de carácter militar local y regional, son las políticas de integración y desarrollo económico, político y social en el marco de la cooperación internacional las que pueden contribuir a la erradicación del desempleo, de la pobreza, de la insalubridad, de la violencia y de la marginalidad, ofreciendo alternativas viables a las actividades ilegales vinculadas al crimen organizado conexo a nivel nacional y transnacional.





Bibliografía
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