DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
LA LIBRE EMPRESA, LA ECONOMIA DE LIBRE MERCADO, EL
ESTADO, LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
POR: HARRY MARTÍN
DORN HOLMANN
INDICE
- El planteamiento del problema.
- La empresa capitalista y los derechos económicos, sociales y
culturales.
- El mercado internacional y el poder político.
- Reflexión teórica. Conclusiones.
- Bibliografía.
- El planteamiento del problema.
No podemos
generalizar los tiempos y dimensiones de los procesos de crisis en todos los
países latinoamericanos puesto que no coinciden, pero en los últimos cincuenta
años hemos observado en todos un denominador común: crecimiento económico y
polarización de la estructura de la propiedad y del ingreso nacional,
concentración de la riqueza e incremento de la desigualdad, más ricos a
expensas de los más pobres, abandono de la meritocracia, desempleo, deterioro de
la institucionalidad política y perdida del goce pleno de derechos políticos
económicos y sociales. La inflación ha
sido un mal casi perenne que afecta a los más pobres como un impuesto indiscriminado,
al igual que las crisis o colapsos del sistema financiero y políticas de ajustes
y ahorro en el gasto público que perjudican a los más desprotegidos (salvo en
los períodos de gobiernos populistas o en épocas de bonanza por incremento de
precios de las materias primas y recursos naturales), es decir, son los más pobres
quienes pagan el costo del ajuste de la brecha fiscal y de la brecha externa [Roberto
Frenkel, José María Fanelli, Guillermo Rozenwurcel. Crítica al consenso de Washington,
FONDAD (Foro sobre deuda y desarrollo), Lima. Biblioteca FLACSO-ECUADOR, REG: 02545].
Lamentablemente,
todos los países han atravesado situaciones similares, siendo la crisis de los
años ochenta la mayor de todas desde la Gran Depresión de 1929 y para lo cual
realizaremos un corto recorrido y análisis de tres períodos presidencia en la
República del Ecuador particularmente. En lo concerniente a Ecuador y sobre “la
década perdida” (las comillas son mías), Rosemary Thorp afirma lo siguiente:
“En 1983, la inversión se vino inmediatamente
abajo: en termino per cápita se situó un 40% por debajo de su valor de 1981. El
consumo per cápita también se redujo y las importaciones cayeron a casi la
mitad de su nivel anterior a la crisis. La caída de las importaciones fue la
manera de pagar el incremento de las transferencias al exterior” (Thorp, Rosemary.
2002: p. 234).
Thorp nos explica como las
medidas de ajuste hicieron pasar de un desequilibrio a otro, con enormes costos
sociales ocasionados por la inflación y deterioro del poder adquisitivo; “De
igual manera, el PIB per cápita bajó un 8% en los dos primeros años (1984-1985)
y el salario real agregado cayó el 17% “(Thorp. 2002: 235). Según la autora, “la
crisis fiscal originó una reducción en el gasto social, 10% entre 1982 y 1986,
y el porcentaje de familias por debajo del nivel de pobreza creció del 35% al
41%” (Thorp. 2002: 236).
En cuanto al impacto en el mercado laboral, según Thorp:
“El ajuste se llevó a cabo principalmente a
través de los salarios y el mercado laboral. Tres factores condujeron a esa
evolución: uno, las empresas de tamaño medio y grande se reorganizaron,
redujeron personal y se reestructuraron para utilizar más intensivamente los
servicios de subcontratistas; dos, las estrategias de supervivencia llevaron a
más miembros de una sola familia a buscar empleo; tres, el recorte del sector
público eliminó puestos de trabajo. Las nuevas modalidades de empleo dieron
lugar a mas precariedad, debida a la ausencia de contratos, de reglamentación y
de protección sanitaria” (Thorp. 2002: 237).
En resumen, las
rectificaciones y soluciones se implementaron en función de los intereses del
Estado (cubrir la brecha fiscal), del equilibrio final de las empresas y
remuneración al factor Capital, y no en función de los derechos económicos,
sociales y culturales de los ciudadanos, los cuales quedaron a la saga de la
disponibilidad de recursos y niveles de desarrollo como se lo reconoce en el
Protocolo de San Salvador en 1988; durante la Convención Americana en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se produce un punto de inflexión
al “obligar” (las comillas son mías) a los estados a adoptar medidas de orden
interno y por medio de la cooperación internacional, “hasta el máximo de recursos disponibles” (las comillas son
mías), teniendo en cuenta “su grado de
desarrollo” (las comillas son mías), a fin de “conseguir progresivamente” (las
comillas son mías) la plena
efectividad de los derechos. A pesar de este avance mínimo, permaneció una
nueva dicotomía entre exigibilidad inmediata y realización progresiva,
exigibilidad inmediata y disponibilidad de recursos, aunque el sistema
incorporó el derecho al trabajo, los derechos sindicales, la seguridad social, el
derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los beneficios de
la cultura, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano y
el derecho a condiciones laborales justas (Cancado Trindade, Antonio: 2001.),
condicionándolo todo a la disponibilidad de recursos y niveles de desarrollo,
es decir, a discreción de los gobiernos de turno.
Periodo
presidencial del Ing. León Febres Cordero (1984-1988)
León
Febres Cordero recibe el gobierno de manos del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea en
1984, aproximadamente 12 años después del último velasquismo y comienzo de la
dictadura militar de los años setenta. Al igual que Velasco Ibarra, Febres
Cordero es un líder por encima de la institucionalidad democrática, más allá de
las normas y del derecho cuando se trata de obtener niveles de gobernabilidad fuera
de las prácticas democráticas. Califica al gobierno de Hurtado de estatista e
inicia de inmediato con la liberalización de los mercados al mejor estilo
neoliberal, reduciendo la intervención y control estatal, eliminando controles
de precios, buscando promover la producción y la productividad, alineado a las
reformas estructurales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
(Hurtado, 2006).
Bajo estos
lineamientos, Febres Cordero se enfrenta desde el primer momento con el Frente
Unido de Trabajadores (FUT) al incrementar el precio de los combustibles, se
inician los conflictos entre el gobierno y el congreso nacional y surge un
bloqueo político a consecuencia de las medidas acordadas con el FMI. "Los
enfrentamientos alcanzaron tal dimensión que produjeron bloqueos políticos que
degradaron las instituciones constitucionales y pusieron en riesgo la
supervivencia del sistema democrático" (Hurtado, 2006: 22).
Durante su mandato,
Febres Cordero hace gala de las más insólitas prácticas políticas para superar
la oposición del congreso, impide por la fuerza la posesión de la nueva Corte
Suprema de Justicia nombrada por el Congreso (Hurtado, 2002), disuelve las
sesiones del Congreso mediante el uso de bombas lacrimógenas y bombardea el
Congreso con diversos proyectos de ley que congestionan el trabajo de los
legisladores y el despacho oportuno de los mismos (Hurtado, 2002), incluso,
impide la publicación en el Registro Oficial de los proyectos de ley
modificados por el congreso (Hurtado, 2002), como una muestra más de su fuerza
y poder por encima de las instituciones.
Hasta mayo de 1985 el bloque legislativo del gobierno
contaba con tan solo 12 diputados propios, pero León Febres Cordero consigue la
mayoría atrayendo diputados de otros partidos, los cuales abandonan sus propias
organizaciones políticas a cambio de favores y prebendas (Hurtado, 2002), de
tal manera que, imponiendo a veces inconstitucionalmente su voluntad y
valiéndose de prácticas políticas antidemocráticas, impuso su voluntad hasta conseguir
las leyes que quiso:
"Mediante la manipulación de las
instituciones, el mal uso de los procedimientos constitucionales, la ejecución
de maniobras políticas de toda índole y el empleo de la violencia, en suma, con
el uso de medios no democráticos, el presidente Febres Cordero obtuvo los
instrumentos jurídicos que necesitaba para mantener la estabilidad económica
alcanzada y transferir indebidamente recursos públicos a particulares" (Hurtado, 2002: 25).
A inicios de 1986 se produce la caída de los precios
del petróleo de 26 dólares a menos de la mitad en marzo del mismo año, lo cual
no fue oportunamente previsto por las autoridades económicas (Hurtado, 2002)
generando desconfianza entre los agentes económicos quienes se volcaron a
adquirir dólares y enviarlos al exterior, acelerando así la crisis. Contrario a
las medidas de ajuste que prevén las teorías neoliberales en tales casos,
Febres Cordero optó más bien por el cálculo populista en función de sus
necesidades electorales ante la renovación en junio de ese año de la mayor parte
de integrantes del Congreso Nacional, "repartiendo cheques y ofreciendo
obras" (Hurtado, 2002: 34) en vez de adoptar medidas impopulares ante la
crisis. Con la continua extracción de recursos del Banco Central, del Seguro Social
y Banco de Desarrollo, el gobierno del presidente Febres Cordero agrandó la
brecha fiscal, provocó una estampida del dólar y aceleró el proceso
inflacionario. El terremoto de marzo de 1987 empeoró aún más la situación
económica y política con la devaluación del sucre (145 % el último año de
gobierno) y una tasa de inflación que alcanzó niveles del 63% (Hurtado, 2002).
En 1988, con una
distribución del ingreso radicalmente concentrada, "el quintil más rico de
la población concentraba el 50.6% del ingreso, y el quintil más pobre el 3.9%"
(Hurtado, 2002: 37), el populismo y caudillismo fiscal de Febres Cordero y sus
pugnas con el congreso no le dieron réditos políticos, habiendo terminado su
mandato en 1988 con el mismo número de representantes con que se inició en
1984, a pesar del enorme sacrificio fiscal, generando un empobrecimiento mayor
de los grupos más vulnerables.
Periodo del Arq. Sixto Durán Ballén (1992-1996)
Durán Ballén gana las elecciones gracias a las
divisiones internas en el Partido Social Cristiano (PSC) y al voto del Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE), fuerte contendor del PSC en la Costa. Respaldado
por un partido ad hoc (Sánchez, 2008), Unión Republicana (PUR), creado
por el mismo Durán Ballén y sus políticos aliados con fines electoralistas,
este no tardó mucho en mostrar su extrema fragilidad al surgir las pugnas
internas antes y después de las elecciones (por ejemplo, entre Roberto Dunn,
ministro de Gobierno y Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, sobre las
medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional) (Sánchez,
2008). Aliado a un debilitado partido conservador, el PUR llega al poder apenas
con un 22.07% del total de escaños en el legislativo entre todos los miembros
de la alianza, con un ambicioso programa de reformas sin el apoyo legislativo
necesario y un congreso extremadamente fragmentado, con un PSC que cuenta con
el 27% de los escaños y el PRE con el 19.48% (Sánchez, 2008). Sin control y sin
cooperación del legislativo desde sus inicios, el PUR se debilita aún más con
las elecciones legislativas de medio término, cuando la coalición del ejecutivo
pierde el 10% de sus escaños y el PSC alcanza hasta el 33,77% del total de
escaños en el Congreso. Bajo tales condiciones, el PSC refuerza aún más su
estrategia de apoyo condicional a cambio de prebendas e ingentes recursos que
fortalecen al partido y sus elites:
“La agenda de cooperación se marcaba
desde el Legislativo y con altos costes para el gobierno, sobre todo en lo que
tiene que ver con la transferencia de recursos para los gobiernos locales,
controlados por los social-cristianos. El mejor ejemplo de la relación de amor
y odio entre el gobierno y el PSC fue el juicio seguido en el Congreso al
Vicepresidente bajo la acusación de malversación de los fondos reservados,
episodio que terminó con la fuga y asilo político del Vicepresidente en Costa
Rica” (Sánchez, 2008:136).
Ante la imposibilidad
de obtener mayoría y procesar demandas en general en el poder legislativo, el
gobierne busca el “alineamiento” (las comillas son mías) de congresistas
independientes o pertenecientes a pequeños partidos, a cambio de medios y
recursos para ellos y sus provincias (Sánchez, 2008), lo que originó, según Simón
Pachano, un modelo de gobernabilidad sistémica:
“Sea como fuere, un cuadro de este
tipo ha definido únicamente un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que
“privilegia la continuidad del régimen político, lo cual lleva a un trato preferencial
del gobierno con actores políticos y sociales que tienen capacidad inmediata de
desestabilización política y/o económica, sin desarrollar la capacidad de recoger,
elaborar y agregar (en la acción gubernamental) la demanda de la sociedad
civil, haciéndola valer como criterio de utilidad colectiva” (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, CLACSO-PNUD-UNICEF,
2003: 131).
Y a continuación agrega:
“Por consiguiente, ha colocado el
problema de la gobernabilidad en el nivel de la capacidad de la dirigencia
política para establecer acuerdos cupulares pero de alta efectividad. Esto se
ha logrado no a través de procesos de legitimación del quehacer político –como
ocurre en sistemas más incluyentes-, sino por medio de la ya aludida relegación
de los problemas fundamentales a espacios considerados como no políticos” (Pachano, en Felipe Burbano de Lara,
compilador, CLACSO-PNUD-UNICEF. 2003: 131).
Finalmente, El Consejo Nacional de Modernización del
Estado (CONAM) no obtuvo los resultados previstos (Araujo, 1998). El gobierno
no llegó a vender ninguna de las empresas estatales claves. La reforma
administrativa quedó al margen de la acción modernizadora y no se lograron los
objetivos de descentralización, desconcentración y desmonopolización de los
servicios públicos.
En cambio, la inflación se redujo fuertemente, del
60.2% en 1992 al 25.4% en 1994, el sistema de bandas cambiarias permitió con
bastante éxito el programa macroeconómico durante los últimos dos años de
gobierno y facilitó a la autoridad monetaria administrar el tipo de cambio y su
proyección a futuro (Araujo, 1998). A pesar de un pobre crecimiento del PIB
(salvo 1994 = 4.3%), las exportaciones tienen el mayor crecimiento visto
durante el periodo democrático (Araujo, 1998), a pesar de ello, el déficit en
cuenta corriente aumenta constantemente por el crecimiento de las
importaciones. Sin embargo, la Reserva Monetaria Internacional mejora con el ingreso
de capitales, estabilizando las cuentas externas, generando confianza y
facilitando el manejo de la deuda externa (Araujo, 1998).
Lamentablemente, durante el año 1995, el
desabastecimiento de agua en la central hidroeléctrica de Paute, los racionamientos
de energía eléctrica (más de seis meses), el bajo crecimiento del PIB
(1995 = 2.3%), la quiebra del Banco Continental , la reducción y la contracción
del sector financiero unido a una alta conflictividad política (a más de la
patente agresividad del PSC contra los principales miembros del Ejecutivo),
desataron una fuerte crisis política que, ante la fragilidad y ausencia de apoyo
legislativo hacia el gobierno terminó con denuncias de corrupción, destitución
del vicepresidente Dahik y gran descontento generalizado por las medidas de
ajuste (que afectaron fuertemente al sector social) a pesar de los resultados
de la estabilización.
A fines del siglo XX, con el Consenso de Washington y la
aplicación de políticas neo-liberales el Estado se desentiende del área social
y crece el problema de la empleabilidad y emigración, sometidos al arbitrio de
un “gobierno global sin Estado global” (Joseph Stiglitz, 2002, p. 51), que
ejerciendo poder de dominación sobre los estados y con alianzas internas que lo
permiten ha implementado diversos modelos de desarrollo ( substitución de
importaciones, modelos militaristas y de seguridad nacional, liberalismo
económico y neo-liberalismo) que nos impiden lograr una sociedad de bienestar,
destruyendo la institucionalidad política y transfiriendo soberanía a los
poderes globales. Por otra parte, una sociedad sin democracia con instituciones
políticas débiles y corruptas facilita el camino hacia la dependencia total del
mercado y del poder financiero internacional.
Es así, que los resultados concretos de los gobiernos del
período nos plantean las siguientes interrogantes: ¿existe goce relativo o
pleno de los derechos económicos sociales y culturales, cuando los más pobres
no cubren sus necesidades básicas y los Estados se desentienden de los
problemas de empleabilidad, salud y educación? ¿una débil institucionalidad
democrática posibilita el respeto y goce pleno o relativo de tales derechos?
Osvaldo Hurtado, hace aproximadamente 26 años, durante el último año
del mandato del presidente Sixto Durán Ballén, se pronunciaba al respecto
acerca de los logros y resultados de la democracia de la siguiente manera:
“A pesar de los progresos aportados en el campo
social, (alfabetización, electrificación rural, educación escolar, que
principalmente beneficiaron a los campesinos), en general no ha representado un
mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, como sí lo han conseguido
otras democracias latinoamericanas. La tasa de crecimiento económico apenas ha
superado a la de incremento de la población, una persistente inflación ha
depauperado a los sectores medios y populares, se han deteriorado los servicios
de salud, educación, seguridad social y justicia, la población en situación de
pobreza ha aumentado y han crecido las distancias que separan a los ricos de
los pobres (Hurtado, CORDES. PNUD. 1996: Presentación,
13)”.
En cuanto a las
críticas al proceso de regreso a la democracia desde 1979 y la debilidad
institucional el mismo Osvaldo Hurtado escribe lo siguiente hace
aproximadamente 15 años:
“Pero la democracia, como institución, ha sido
afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años,
en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli,
de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de
Derecho por gobiernos y congresos, que han importado a pocos ciudadanos” (Hurtado: 2005:7).
En definitiva, las dos últimas décadas del Siglo XX dejan sus huellas y consecuencias
en la economía del Ecuador del Siglo XXI. Para conocer el estado de situación
actual del país es necesario remitirse a las dos décadas perdidas de los años
ochenta y noventa, caracterizadas por las crisis financieras internacionales y
locales, la socialización de la deuda externa ecuatoriana (no todos se
benefician pero todos la pagan), el abandono y deterioro de los sistemas de
educación y salud, los daños causados por fenómenos naturales (terremotos y el
fenómeno del niño), el empobrecimiento acelerado y, además, la inestabilidad
institucional. El Dr. Marco Naranjo Chiriboga resume la situación de la
siguiente manera:
“En conjunto, durante las dos décadas consideradas el
PIB per cápita de los ecuatorianos se estancó, la inversión real tuvo caídas
permanentes, los salarios reales se deterioraron continuamente, la devaluación
del sucre alcanzó niveles record, la inflación estuvo en los dos dígitos altos,
el desempleo sumado al subempleo superó el 50% de la población activa y la
pobreza llegó a afectar a más del 75% de los ecuatorianos. El único dato
económico o social positivo fue el aumento de las remesas enviadas por los
emigrantes, que pasaron de 109 millones de dólares en 1991 a 1.084 millones en
1999”…”Paralelamente al severo retroceso económico sufrido en los años finales
del siglo XX, el Ecuador, de acuerdo con UNICEF, experimentó el empobrecimiento
más acelerado en la historia de América Latina en esos años. Entre el año 1995
y el año 2.000 el número de pobres subió de 3,9 a 9,1 millones”…”El gasto
social per cápita disminuyó un 22% en educación y un 26% en salud. Asimismo, se
produjo una masiva migración de ecuatorianos, en alrededor de unas 300 mil
personas”…”Todo lo anterior fue acompañado de una mayor concentración de la
riqueza. El 20% más pobre recibía en 1990 el 4,6% de los ingresos, mientras que solo obtenía en 1995 el 4,1% y en 1999 el
2,46%. Por el contrario, el 20% más rico de la población obtenía el 52% en
1990, el 54% en 1995 y el 61,2% en el año 1999 (Naranjo
Chiriboga. 2007: 153-155).
- La empresa capitalista y los derechos económicos, sociales y
culturales.
Max Weber define al capitalismo como un conjunto de
empresas cuya finalidad consiste en maximizar ganancias mediante la
organización racional del trabajo y de la producción. Son las aspiraciones
utilitarias, la disciplina y la racionalidad (burocrática, financiera,
contable, técnica, etc) lo que constituye la característica histórica
fundamental del capitalismo occidental. El capitalismo se identifica con la
búsqueda de la rentabilidad, según Weber (Raymond Aron: 1967, p 532). Sin
Embargo, al revisar los diferentes conceptos de “utilidad”, “ganancia”, “mano
de obra”, “recurso humano”, “prioridad empresarial”, “salario” y otros aspectos
relacionados con la empresa capitalista moderna, nos damos cuenta que todavía
estamos muy lejanos al concepto moderno de derechos económicos, sociales y
culturales, y a conseguir afinidad entre la empresa capitalista y el goce
efectivo de tales derechos. En efecto, muchos teóricos de la gestión
empresarial siguen ubicando al elemento humano dentro de los rubros de costos o
“sacrificios” en que incurre la empresa y que deben ser disueltos (economía de
escala) o reducidos en beneficio de la utilidad de corto plazo, de la
productividad y del “equilibrio final”.
En el mundo globalizado, las industrias desarrollan modelos
de decisión en términos matemáticos para escoger la mejor alternativa de
localización de sus unidades de manufactura, sin tomar en cuenta los efectos e
impactos sociales de estas decisiones, sobre todo en materia de empleabilidad
(desempleo, migración, separación familiar, abandono del hogar, etc) cuando
trasladan sus industrias en función de dichos modelos. Mas importan la
productividad y competitividad que el bienestar de las personas y sus instituciones
sociales y, cuando se trata de competir y maximizar utilidades, los derechos
económicos y sociales pasan a un segundo plano y las personas se convierten en
un “sacrificio”, una “carga”, un elemento del costo o un factor que debe ser
reducido al mínimo posible para maximizar beneficios o alcanzar el “equilibrio
final” determinado por el empresario capitalista.
En el marco de la globalización, la territorialización y reterritorialización
del capital y su dinámica reducen el elemento humano a un mero factor contable
en favor de la seguridad y rentabilidad de las empresas. En algunas épocas y países,
prosperidad y buen nivel de vida fue sinónimo de “máximos salarios para el
obrero y mano de obra barata para el patrono” como una ley humana sometida al
arbitrio del Estado, o al “sacrificio” y disponibilidad de recursos para
alcanzar las metas utilitarias. Es decir, los derechos continuaban a la saga de
las posibilidades, de los niveles de desarrollo y del cumplimiento de las metas
del factor capital, más no del factor trabajo, sin relación directa entre los
objetivos empresariales y los derechos económicos, sociales y culturales.
La empresa capitalista se nos muestra como una unidad,
donde convergen recursos de toda naturaleza, los cuales son combinados y utilizados
bajo un solo mecanismo de dirección, en la búsqueda o producción de uno o
diversos productos y recurre a los comerciantes para la venta de sus propios
productos. La empresa se caracteriza entonces por ser un centro de producción,
y a su vez, un centro de oferta y demanda de diferentes productos. Esas
“entradas y salidas” como consecuencia de los actos de demandar y ofertar, se
constituyen a su vez en ingresos, costos, y utilidades para la empresa, la cual
debe generar el máximo de ganancias posibles. Vale recalcar que dentro de estos
costos debe considerarse “la ganancia o utilidad normal” como remuneración del
capital propio utilizado en las operaciones productivas de la empresa, así como
una remuneración al trabajo y esfuerzo personal “del productor”, y con lo cual
se obtiene el “equilibrio final”, punto en el cual se encuentran debidamente
remunerados los factores de la producción, capital y trabajo. <<Cualquier
excedente adicional sería considerado entonces como un excedente “anormal” que
contradice el concepto mismo de “equilibrio”>> (Paul Rousseau, 1971, P-P.
60-93).
No obstante lo anterior y la búsqueda del equilibrio final,
los objetivos y prioridades de las empresas varían de país a país, o por
niveles de desempeño. Las firmas norteamericanas otorgan más importancia a los
objetivos de rentabilidad, a la generación de utilidades o retorno de la
inversión así como a las ganancias de capital a los accionistas. Aparentemente,
el mercado de valores pone mucho más fuertes condiciones a las firmas
norteamericanas. Sin embargo, las firmas con alto desempeño (tanto en Japón
como en los Estados Unidos), independientemente del origen de su capital
social, destacan la importancia de compartir valores e información y en los
recursos humanos más que sus contrapartes de bajo desempeño. “Una similitud de
las compañías bien administradas es su alta atención a las personas y, como
consecuencia, un mayor sentido de cultura corporativa. El conocimiento, en
últimas, reside en las gentes que comprende la organización” (Kagono, Nonaka,
Sakakibara, Okumura, 1994, p-p 26-197). En el Japón, algunos expertos en
control de calidad y productividad opinan que con trabajadores educados y consientes
no se puede imponer el método Taylor, puesto que no reconoce las capacidades
ocultas de los empleados. Hace caso omiso del factor humano y trata a los
empleados como maquinas, por lo cual el trabajo pierde todo interés y deja de
ser una fuente de satisfacciones. En occidente, se contrata al gerente y se
espera que genere utilidades rápido y en el corto plazo. Se vigila su
desempeño, y se evalúa en función del afán de lucro, presionado por las
publicaciones trimestrales que exige La Comisión de Valores. Esta sensibilidad
a las utilidades presentes lo distrae e incapacita para atender los problemas
de largo plazo. Desde que Japón entró en la era de la liberalización comercial
se fijó un plan de largo plazo, con el apoyo y estimulo del gobierno pero sin
controlar al sector privado y las empresas entraron en una fase de control
total de calidad “con participación de todos”. El control de calidad empieza
con educación y termina con educación, para cada nivel a largo plazo y con
capacitación dentro de la empresa. Si la industria pertenece a la sociedad debe
administrarse en torno a las personas que conforman esa sociedad, tomando en
cuenta que las personas no son como animales o maquinas y actúan de acuerdo a
su propia voluntad. <<La gerencia basada en la “humanidad” estimula el
florecimiento del potencial humano>> (Kaoru Ishikawa, 1995, p-p. 22-107).
Sin embargo y a pesar del éxito demostrado, el modelo humanitario y educacional
se encuentra focalizado en países desarrollados y ausente en países del tercer
mundo donde domina la regla del rendimiento del capital a cualquier precio
(capitalismo salvaje o capitalismo pirata, lejos de la concepción weberiana del
capitalismo racional y más lejos todavía del modelo educacional o humanitario)
en detrimento de las posibilidades del desarrollo.
En la era global, entre los impulsores de la globalización
industrial, el grupo de costos también condiciona el potencial de la industria
y la necesidad de competir con una estrategia global. El surgimiento de países
de industrialización reciente con capacidad productiva y bajos costos de mano
de obra, es la mejor prueba de ello. Como parte de esa estrategia, las
industrias buscan costos más bajos de factores llevando la manufactura u otras
actividades a países de bajos costos. “Las empresas buscan como fabricar en el
extranjero para explotar el costo más bajo en un momento dado, de acuerdo a
modelos de programación lineal que presenta la mejor combinación de volumen por
localización”…. “Esto también otorga a las empresas mayor poder de negociación
pues pueden trasladar su producción a múltiples sitios de manufactura en
distintos países y a expensas del poder de negociación de los sindicatos” (George
S. Yip, 1993, p-p. 12-251).
De los diversos estudios, queda claro el reconocimiento del
factor humano dentro de las organizaciones productivas como factor
condicionante del éxito cuando es debidamente administrado. El Control de
Calidad moderno y la gerencia basada en la “humanidad” han conseguido logros
sorprendentes en materia de productividad y bienestar general para sus comunidades
y gran competitividad en los mercados mundiales. Queda también demostrado que
“productividad-competitividad-y rentabilidad” en la empresa capitalista no son
incompatibles con “bienestar de las sociedades” y “bienestar para todos”, y
menos aún con los derechos económicos, sociales y culturales, ya que la
democracia redistributiva empresarial (como es el caso de La Calidad Total, con
participación de todos) estimula la productividad e incrementa las ganancias.
No se trata entonces del arbitrio del Estado o de
negociaciones sindicales o del aprovechamiento de la mano de obra barata, sino
más bien de aprovechar e incentivar las capacidades humanas en función de su
propio bienestar y de las mismas empresas con sistema de Calidad Total,
viabilizando el goce pleno de los derechos económicos y sociales del capital
humano de las organizaciones productivas y generadoras de valor agregado e
incrementando aún más sus niveles de competitividad.
- El mercado internacional y el poder político.
En un mundo globalizado no existen ajustes automáticos
invisibles. Las recurrentes crisis de los sistemas financieros locales y
globales constituyen la mejor prueba de
ello. Los mercados financieros necesitan ser controlados, el control de la
inflación y la generación de empleos deben ser promovidos mediante políticas
eficaces de estado, el desarrollo debe superar la concepción neo-clásica del
uso eficiente de los recursos, buscando también la democratización del ingreso
nacional y la liberación de los mercados debe propender a la transparencia y
equidad, eliminando barreras y procedimientos camuflados de protección. Los
países pobres deben aceptar que es indispensable la estabilidad con crecimiento
y redistribución democrática en forma simultánea, y esto implica controles
sobre los mercados, aunque es difícil luchar contra los grandes poderes, de ahí
el fracaso frecuente de las negociaciones en la OMC y el incumplimiento total
de los plazos establecidos en la declaración de DOHA (Marcelo Gerona M. 2005,
p. 112), pero hay que continuar inteligentemente en la lucha.
Los seres humanos requieren bienestar, paz y tranquilidad y
para lo cual buscan: educación, salud, trabajo, orden y seguridad, cuya
responsabilidad corresponde, en parte, al Estado nacional por decisión y
mandato de la comunidad en general. Como diría Hobbes, los individuos abandonan
el derecho a gobernarse y con consentimiento entregan la unidad del mandato a
un actor, “a un ser artificial de mayor estatura y fuerza”, para que actúe por
autorización expresa y por el derecho llamado “autoridad”. No queremos decir
con esto que la OMC reviste las características de un Leviatán en materia de
comercio, pero sí que actúa por “autoridad” y delegación expresa de los Estados
ya que las normas aprobadas dentro del sistema son el resultado de
negociaciones entre los Estados y ratificadas por sus parlamentos, además de
ser aprobadas por consenso entre todos los miembros de la organización. El
problema consiste en que la OMC no es una excepción en cuanto al poder de los
grupos de presión que actúan en su interior, lo cual la puede convertir en un
Leviatán en materia de comercio, o bien en un organismo lento e ineficiente,
cuando no responde a los intereses de los miembros o gobiernos líderes de la
economía y el comercio mundial (Marcelo Gerona, 2005, p-p. 81-107).
En conclusión, coincidimos nuevamente en que la expansión
del comercio, de la producción, de la generación de valor agregado y de los
ingresos distribuidos a los factores de la producción (las empresas, las
familias, la tierra) son convenientes y posibles cuando existen mecanismos de
regulación a nivel nacional e internacional que impiden cualquier distorsión en
la redistribución de la producción. Hablamos de leyes y normas que impidan la
creación de monopolios u oligopolios, la especulación financiera o el
acaparamiento de mercancías con fines indebidos, o que impidan una distribución
justa de la producción. Pero hablamos también de mecanismos positivos de
provisión de servicios públicos en educación, salud y seguridad. Sin embargo,
es necesario complementar toda esta normatividad con “mecanismos democráticos
eficientes de control sobre la gestión del Estado”, como garantía plena de la
prestación de dichos servicios y beneficios en su calidad de derechos
económicos, sociales y culturales adquiridos por todos los miembros de la
comunidad, de lo contrario, la liberación comercial no representa beneficios
colectivos en términos de Derechos.
- Reflexión teórica. Conclusiones.
Políticas
y decisiones equivocadas, ausencia de controles, articulaciones de poder internas
y externas, deterioro arbitrario de los términos de intercambio, el alza
indiscriminada en las tasas de interés y fluctuaciones del precio del petróleo
y el comportamiento “realista” de los Estados poderosos, condujeron a una
crisis y luego a las diez recomendaciones de política del Consenso de
Washington, cuyos esquemas “neo-liberales” condujeron nuevamente a la crisis de
los años noventa. De más está decir que no hubo bienestar económico y social,
ni seguridad ciudadana, ni respeto a los derechos económicos, sociales y culturales,
a pesar de los “esfuerzos”, de los organismos internacionales. El crecimiento
económico per se no es garantía de desarrollo y los resultados del Consenso de
Washington no han sido precisamente los mejoras puesto que la desigualdad y la
pobreza se han incrementado, y tal como lo demuestra Stiglitz, a partir de 1997
hubo estancamiento, recesión, depresión y, reducción del ingreso per
capita (Stiglitz, 2004). El problema no está pues en definir y
reconocer derechos, en vender más o en incrementar el valor agregado o en crear
regímenes internacionales, solamente. El problema radica más bien en la
distribución justa y equitativa de las ventajas que buscan los acuerdos
(nacionales a nivel de empresarios y trabajadores e internacionales entre
estados que forman parte de los regímenes
internacionales) y complementar el reconocimiento y la implementación de los
derechos económicos, sociales y culturales con políticas redistributivas y controles democráticos
sobre la gestión del estado, como garantía del fiel cumplimiento de los grandes
objetivos y metas de la sociedad civil.
Tal como lo confirma
Thomas Piketty en su obra “El Capital en el siglo XXI” la distribución de la
riqueza es uno de temas y preocupaciones que se encuentran en primera línea de
debate y concentra la atención de académicos europeos y de Estados Unidos de
Norteamérica. Piketty concluye que la dinámica de la distribución del ingreso y
de la riqueza y la evolución dinámica de una economía de mercado y de propiedad
privada abandonada a sí misma, genera desigualdades cada vez mayores y perennes
cuando la tasa de rendimiento del capital privado es mayor que la tasa de crecimiento
del ingreso y la producción, lo que durante periodos prolongados hace que la
recapitalización de los patrimonios anteriores sea más rápida que el
crecimiento de la producción y los salarios, agudizando la desigualdad entre
ricos y pobres, concentrando cada vez más la propiedad y el ingreso entre los primeros,
y la pobreza en la mayoría de la población (Piketty, 2014); esto, obviamente,
impide el goce pleno de los derechos consagrados en numerosos compromisos y
cuerpos legales a nivel nacional e
internacional.
Existe hoy en día una clara tendencia hacia el
reconocimiento de la indivisibilidad entre las categorías de DD.HH. y
complementariedad o interdependencia de los DD.HH. con la Democracia. Los
derechos civiles y políticos son concebidos como una unidad y como parte
integral del sistema democrático. Muchos autores afirman que no puede haber
control sobre los negocios públicos en ausencia de tales derechos, y por tanto,
estos posibilitan el ejercicio de la democracia (Bentham, 2000).
En definitiva, la igualdad entre ciudadanos, la
institucionalidad política y la economía de libre mercado deben ir acompañados
de mecanismos democráticos de control ciudadano sobre los asuntos públicos y
políticas redistributivas que garanticen el ejercicio pleno de los DD.HH.
Alimentación y nutrición, vestimenta, salud y educación, son parte de los
requerimientos mínimos en condiciones de igualdad de acceso para todo
ciudadano. Coincidimos en que el sistema democrático provee las condiciones
necesarias para la aplicación integral de los derechos, sin discrimen de los derechos
económicos y sociales y reconocemos que
la universalidad y vigencia de los derechos humanos se refuerza cada vez más
por visiones compartidas a nivel global, el reconocimiento de un destino común,
por la interdependencia creciente que crean los mercados, las comunicaciones y
la misma división internacional del trabajo.
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