ESTRATÉGIAS PARA EL DESARROLLO: SUPERANDO LOS ENFOQUES
UNILATERALES Y MECANICISTAS
INTRODUCCIÓN
Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Iniciando la lectura del planteamiento del libro de Douglass C. North y
Robert Paul Thomas titulado El nacimiento
del mundo occidental me llamó fuertemente la atención su primera frase: “La
riqueza del hombre occidental constituye un fenómeno único y nuevo. A través de
los últimos siglos se ha liberado de los grilletes de un mundo dominado por la
mayor pobreza y hambres periódicas y ha alcanzado una calidad de vida a la que
solo es posible acceder mediante una relativa abundancia” (North y Thomas,
1978: 5).
Llama realmente la atención, porque la mayoría de los indicadores de
fines de siglo XX e inicios del siglo XXI en América latina y Ecuador no
reflejan esta relativa abundancia a la que se refieren los autores y más bien
se detectan pobreza, pobreza extrema y desigualdades crecientes, salvo que los
autores excluyan deliberadamente a los países de América latina de lo que
posteriormente denominan “el desarrollo del mundo occidental” (North y Thomas,
1978: 5). La publicación de la Friedrich Ebert Stiftung (2013), con el título World Protest 2006-2013, también
califica el periodo como el de mayores protestas durante el siglo XX y lo que
va del siglo XXI debido a la inseguridad, la pobreza y extrema pobreza, el
desempleo, el incremento de las desigualdades y la ausencia de una democracia
plena a nivel mundial, al igual que el informe de OXFAN de 20 de enero de 2014:
“La desigualdad económica crece
rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en
dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra
mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro Económico Mundial considera que
esta desigualdad supone un grave riesgo
para el progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro
de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo
interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce
su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites
Económicas en detrimento de la ciudadanía de a pié” (www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...20/1/2014.
Ingresado el 10.02.2014).
Reducida actividad económica, baja productividad, creciente
endeudamiento, mayor empobrecimiento, redistribución de recursos hacia
tenedores de papeles públicos, reactivación de la dependencia, rentismo, favoritismo
con los propietarios ecuatorianos de la deuda interna y externa, creciente
interrelación entre grupos económicos industriales y comerciales y el sector bancario,
aceleración de la concentración del ingreso, dependencia y vulnerabilidad de la
economía de las exportaciones petroleras y precio del petróleo, y finalmente,
caída en la trampa del crecimiento económico lento, sería la configuración
general de la economía ecuatoriana y algunas economías latinoamericanas a fines
del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Impacta también la opinión de North y Thomas, porque los últimos
cuarenta años de la historia económica del país dan fe de los múltiples esfuerzos
realizados por los distintos gobiernos para lograr el despegue hacia el
desarrollo y los abundantes recursos (especialmente provenientes de la
explotación de petróleo y del endeudamiento externo) utilizados para lograr
tales objetivos, sin alcanzar lo que los autores califican como calidad de vida
“mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5).
Ecuador ha dispuesto de
recursos financieros, recursos humanos, recursos naturales y recursos
institucionales, que han sido utilizados o canalizados hacia los sectores
productivos para fomentar la industrialización, impulsar el crecimiento,
generar empleo, reducir la desigualdades sociales y en época de crisis superar el colapso de
los sistemas productivos y financieros, impulsar la producción y las
exportaciones, reducir la brecha fiscal y la brecha externa, beneficiando ante
todo a los sectores financieros y empresariales de exportación, pero
socializando el costo de las políticas estructurales y de estabilización.
Merecen especial atención los gobiernos militares de los años setenta,
“con los recursos económicos provistos por el boom petrolero y por tanto en capacidad de avanzar el crecimiento
económico del país bajo la dirección del Estado, pero sin una coalición social
que proveyese de apoyo a su proyecto político” (Andrade, 2005: 49), lo que
facilitó e inclinó las negociaciones a favor de la adopción de “un modelo de
industrialización y modernización agraria que dejó intacta la concentración de
la riqueza” (Andrade, 2005: 49), intensivo en capital y consumidor de divisas:
“En
efecto, a partir de 1973 proyectos como la “siembra del petróleo” (entre
comillas en el original) para crear una sociedad moderna, urbana e industrial,
el papel central del Estado en la economía y su creciente penetración social, y
la conformación de una economía rentista”…..”fueron las constantes de la
historia política ecuatoriana” (Conaghan, 1984; North, 1985. En
Andrade, 2005: 47).
Los modelos formulados han sido diversos, desde el modelo de
industrialización por substitución de exportaciones y desarrollista
nacionalista de los gobiernos militares, el modelo de desarrollo integrado
humanitario del binomio Roldós-Hurtado, el modelo neoliberal de León Febres
Cordero, hasta el modelo modernizador de Sixto Durán Ballén, sin alcanzar los
objetivos propuestos desde la institucionalidad política en términos de desarrollo.
Al continuar con la lectura del libro antes mencionado, encontramos
finalmente el argumento y explicación de los autores al respecto: “La clave del
crecimiento reside en la organización económica eficaz” (North y Thomas, 1978:
5), lo que implica el establecimiento de un marco institucional y estructura de
la propiedad que incentive el esfuerzo económico individual hacia actividades
productivas cuyos beneficios aproximen las tasas de rentabilidad privadas y
social. Según los autores, sería sobre estas bases y supuestos solamente, que
el crecimiento económico representaría un incremento en la renta total de la
sociedad y renta per cápita, siempre y cuando existan los incentivos
suficientes para los actores productivos, que en el caso ecuatoriano serían los
propietarios agrícolas, comerciantes, agroexportadores, industriales,
banqueros, exportadores e importadores.
PREGUNTA
DE INVESTIGACIÓN
Pero,
¿son estos incentivos suficientes para estimular los sectores productivos,
impulsar el crecimiento y alcanzar el desarrollo? ¿No es esto mismo, o en
parte, lo que han hecho los distintos
gobiernos durante los últimos cuarenta años, sin obtener los resultados
esperados?
Los argumentos de North y Thomas nos proporcionan explicaciones
parciales y un punto de partida para la
discusión CRÍTICA de una perspectiva
unilateral, unidireccional, de una institucionalidad económica que incentiva (o
pretende lograrlo) a los sectores productivos, sin considerar la capacidad o el
deseo de dichos sectores de responder ya sea en términos estratégicos a los
impulsores proporcionados por el entorno mediante estrategias inteligentes (ya
sean estrategias improvisadas o intentadas o emergentes), definidas estas como
“las características básicas de acople que alcance la organización con su
entorno” (Hofer y Schendler, 1974: 4) a nivel corporativo o a nivel del
negocio, o bien, mediante comportamientos rentistas, pues en la actualidad, los
sectores productivos no necesariamente responden en función del desarrollo y
bienestar social, tal como lo asume ordena o reglamenta el Estado al momento de
conceder los beneficios de las políticas públicas para el desarrollo.
HIPOTESIS
Y ENFOQUE TEÓRICO
Desde nuestra
perspectiva, ni el Estado es una simple herramienta al servicio de los
empresarios, ni los empresarios constituyen un vehículo incondicional del
crecimiento y desarrollo al servicio del Estado, como para simplificar la
ecuación del desarrollo en términos de causa efecto o de estímulo y respuesta,
al margen de las relaciones de poder y decisiones empresariales y de la
compleja relación y conflictos característicos que se crean alrededor de las
políticas públicas (Grindle, 2002).
La hipótesis que orienta
nuestra reflexión propone que la cultura empresarial dominante y la ausencia de
acoplamiento estratégico entre objetivos gubernamentales para el desarrollo y
objetivos empresariales impide un uso eficiente de las políticas e incentivos
gubernamentales para lograr un impacto real en el crecimiento y redistribución
de la producción, mejorar la calidad de
vida de la población y alcanzar una situación de bienestar.
Adicionalmente y en
contrario a la concepción mecanicista unidireccional de las relaciones
Estado-empresarios, Merilee S. Grindle nos hace hincapié en la relación
compleja y conflictiva que caracteriza esta relación cuando se refiere a los
distintos enfoques en disputa acerca de la elección de las políticas,
específicamente sobre el enfoque de la elección racional y los
institucionalistas comparativos:
“El
enfoque de la elección racional afirma que los actores políticos, al igual que
el Homo economicus, actúa para
maximizar la utilidad, la cual generalmente se asume que refleja su propio
interés personal. Los votantes, los políticos, los cabildeadores, los
burócratas y los funcionarios de los partidos se entiende que son racionales en
el sentido de que ellos tienen sus preferencias y buscan alcanzarlas mediante
la acción…. “Si los políticos prefieren el poder, permanecer en sus puestos, la
influencia y el apoyo electoral a no tener estas cosas, entonces en los
sistemas democráticos los políticos deben ser particularmente sensibles a los
intereses de los votantes o las circunscripciones particulares que les ayudan a
alcanzar sus objetivos. Los intereses de los votantes son importantes en la
economía política de la elección racional porque ellos restringen las
alternativas disponibles de los políticos y los obligan a tomar las decisiones
que están característicamente orientadas hacia las ganancias electorales”….”La
tarea para el político se vuelve la de dividir las políticas públicas o los
recursos públicos en un gran número de grupos competidores, cada uno de los
cuales tiene alguna capacidad de castigar al proveedor. Los propósitos más
grandes del gobierno, tal como ‘el interés público’, son difíciles de alcanzar,
dadas las relaciones de intercambio entre los políticos y sus intereses”
(Grindle, 2002: 346-347).
De acuerdo con nuestro
marco conceptual, cualquier estrategia de desarrollo debe considerar la
organización de una empresa como un conjunto unificado o sistema integral
complejo, donde los “objetivos, la estrategia misma, la tecnología, la
estructura y procesos organizacionales, tanto como las predisposiciones
personales de sus miembros están interrelacionadas y son interdependientes”
(Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994: 19) debiendo asociar recursos
humanos, recursos de capital, recursos materiales y conocimiento para responder
ante oportunidades y retos provenientes de la variedad ambiental, especialmente
dinámica cambiante y conflictiva en el caso de Ecuador, tomando en consideración
los distintos modelos de los distintos gobiernos en periodos de tiempo tan
corto. Esto hace que muchas empresas, formulando planes estratégicos o no,
adopten simplemente comportamientos rentistas en provecho propio desvirtuando
así el objetivo real de las políticas públicas orientadas al desarrollo
político, social y económico. El ámbito de las políticas económicas vendría a
ser uno de los aspectos más dramáticos, tal como lo demuestra la historia
económica reciente del Ecuador, con el alto endeudamiento privado asumido por
el Estado y el producto final de la conocida sucretización de la deuda externa
y socialización de sus cargas durante los últimos veinte años del siglo XX.
En conclusión, las
respuestas empresariales no son ni automáticas en función de los estímulos
estatales ni condicionadas en términos fatales ante las políticas y modelos de
gobierno, por si solas. Esto plantea un nuevo requerimiento de NORMATIVAS Y
CONTROLES EFICACES y una plena consistencia estratégica necesaria entre el
entorno de la organización (mercado, Estado y relaciones interinstitucionales
varias), el contexto (objetivos, estrategia y tecnología) y las características
intraorganizacionales (estructura organizacional, procesos organizacionales,
logística integrada, cultura organizacional y liderazgo), para responder de
manera rápida y eficiente a los impulsores gubernamentales y del entorno en
general, en medio de intereses contrapuestos y conflictos característicos de
tales situaciones (Grindle, 2002).
Lograr este acople o
consistencia entre las políticas de gobierno y estrategias empresariales no es
tarea fácil, pues depende de las políticas y voluntades manifiestas del sector
gubernamental, así como de las voluntades y capacidades de acople de los
sectores empresariales, es decir, de un proceso de doble vía que incida y
retroalimente a ambos actores hacia los objetivos y metas comunes.
Bajo este enfoque teórico, las organizaciones empresariales responden o
podrían responder mediante los acoples necesarios entre variedad ambiental y
variedad interna (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994), formulando e
implementando estrategias inteligentes, es decir, diseñando estrategias
integradas a un proceso de gestión que logre compromisos estructurales, de los
recursos humanos y del liderazgo empresarial para alcanzar el éxito y una
presencia importante e indiscutible en el mercado, pero para ello, se requiere
muchísimo más que políticas unidireccionales desde el estado que derivan o
derivaron en comportamientos empresariales alejados de los objetivos
gubernamentales durante los últimos cuarenta y cinco años.
Son estos planteamientos y cuestionamientos los que dan origen a nuestra
reflexión: ¿Por qué los grupos empresariales no responden a los estímulos y
perspectivas de los distintos gobiernos a pesar de las políticas y múltiples
incentivos formulados e implementados durante el periodo anteriormente referido?
CONCLUSIONES
El instrumental organizacional, tanto las estructuras como los procesos
son necesarios para la formulación y ejecución de políticas, pero, el
instrumentalismo per se cae en
aquello que Nietzsche denomina una necesidad de efecto (Nietzsche, 2014: 27),
cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo,
la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la
ejecución de la volición, a la voluntad misma” (Nietzsche, 2014: 27), y agrega,
“Libertad de la voluntad, es la expresión que se usa para designar ese complejo
estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el
que ejecuta” (Nietzsche, 2014: 27), en otras palabras, aplicado al caso que nos
ocupa, para el enfoque institucionalista mecanicista, la magia del instrumento
y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión,
meritocracia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo
del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía
de respuesta “de las serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche,
2014:28), es decir, “el efecto soy yo” (Nietzsche, 2014: 28), incurriendo en
efectos y consecuencias que han sido negativas para nuestras comunidades.
Desde nuestra perspectiva teórica, el determinismo instrumental que
asignamos al institucionalismo de algunos autores pierde la perspectiva del
destino final de toda acción (me refiero a los objetivos acoplados del gobierno
y empresarios en función del desarrollo, no a los objetivos individuales e
independientes que ambos actores se pudieran plantear) y los obstáculos que
esta misma acción deberá superar en el transcurrir de su ejecución. Esto se
comprueba en el campo de los hechos reales cuando la respuesta “de las
serviciales voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014: 28) no se
compadece con la voluntad del “yo” instrumental.
Lamentablemente, North
y Thomas proporcionan una visión mecanicista de respuestas condicionadas por
impulsores provenientes de la institucionalidad, sin tomar en cuenta las
perspectivas empresariales en términos estratégicos (si es que formulan planes
estratégicos) y su capacidad de gestión, es decir, el propio concepto del
negocio, la visión acerca de la dirección del mismo, los objetivos y metas que
se plantea el sector productivo y sus requerimientos para alcanzarlos, que no
son necesariamente coincidentes con aquellos objetivos y requerimientos que se
plantean o conciben los organismos estatales. Adicionalmente, existen
condicionantes en cuanto a capacidades y apalancamientos que se requieren para
formular e implementar una estrategia, muchas veces no tomados en consideración
por los distintos modelos, lo cual nos trae necesariamente al déficit de
aplicación de la planificación estratégica y logística integral en las empresas
ecuatorianas.
De acuerdo con los argumentos
expuestos, la organización económica debe complementarse con políticas
estatales (políticas, controles y estímulos diversos) y políticas empresariales
(de acuerdo al enfoque de la estrategia integrativa) que fomenten acciones
estratégicas equilibrando requerimientos de rentabilidad, equidad distributiva
o democracia económica, compaginando objetivos empresariales con objetivos
estatales del desarrollo, lo cual implica, automáticamente, otra lógica de
intervención estatal compaginada o acoplada a la planificación estratégica
empresarial, la cual es, lamentablemente, de aplicación incipiente en el sector
empresarial ecuatoriano.
En efecto, el desconocimiento o falta de aplicación de la planificación estratégica
es una característica que se sustenta en los estudios realizados a nivel de
Ecuador, publicados en el año 2008, donde se evidencia que más del 60% de las
empresas ecuatorianas no realizan o usan la planificación estratégica, y las
que sí lo hacen, la establecen apenas para un año, lo que sí es relevante, pues
una planificación estratégica, por el alcance de sus definiciones básicas, por
el uso de recursos que impone, y por las decisiones que implica, supera
ampliamente el horizonte temporal anual, que más bien es un periodo típico de
la administración presupuestaria.
La teoría de la contingencia integrativa,
gran sustento de la planificación estratégica, fue desarrollada por los
investigadores ingleses Burns y Stalker en 1961, Woodward en 1965 y más tarde
revisada y complementada por los investigadores estadounidenses Lawrence y
Lorsch, Perrow y Thompson en 1967. Según estos investigadores el entorno de las
compañías está en constante cambio, por ejemplo cambios en las normativas
legales, cambios en los modelos de
gobierno gustos y preferencias de los consumidores, incremento y desarrollo
de la competencia, el desarrollo tecnológico, etc. De acuerdo a los autores
esto se conoce como variedad ambiental.
Estos factores externos generan de acuerdo a la industria y a la realidad de la
compañía, amenazas u oportunidades. Por lo tanto, las compañías deben ser lo
suficientemente hábiles para establecer acciones o comportamientos que les
permitan potenciar las oportunidades y defenderse de las amenazas, considerando
que la compañía tiene recursos limitados.
Para lograr superar los
cambios y retos del entorno, a su vez, las compañías cuentan con recursos
humanos, capital y conocimiento; lo que se conoce como variedad organizacional. Por lo tanto, la teoría de la contingencia
integrativa trata de buscar un equilibrio entre variedad ambiental y variedad
organizacional para generar altos índices de rendimiento, es decir, acciones y
reacciones de doble vía, que retroalimentan tanto al entorno (al Estado y al
mercado, por ejemplo) como a la empresa propiamente dicha, articulando
estrategias corporativas, de negocio y funcionales con estrategias operativas y
logísticas a lo largo y ancho de la cadena de generación de valor, definiendo
logística como la planificación, la organización y el control de todas las
actividades relacionadas con la obtención, traslado, almacenamiento de
materiales y productos, desde la adquisición hasta el consumo, a través de la
organización y de manera integral para disponer de productos y servicios
adecuados en los sitios pertinentes, en el momento preciso y en las condiciones
exigidas, con miras a optimizar los objetivos estratégicos de la empresa.
En un entorno volátil y cambiante como es el caso de Ecuador en los
últimos cuarenta años, los retos son constantes y los modelos gubernamentales
diversos, lo que exige mayor previsión y estrategias inteligentes, como una
condicionante para el desarrollo sostenible y perdurar en el tiempo. Conscientes
de la realidad y complejidad del problema, sin menospreciar o reducir la
importancia de la estabilidad política, de la seguridad jurídica, de la
seguridad ciudadana, de la fortaleza del sistema democrático y de la
institucionalidad en general, entre otros factores, son los controles
estatales, el combate a la corrupción, el control social y la formación
política (el ciudadano activo al que se refiere JohnStuartMills, es decir, el
ciudadano que debe saber o estar en condiciones de saber acerca de la gestión
del gobierno, cuya tarea educativa o formación se le atribuye a la ciencia
política), los que surgen como indispensables para el cumplimiento de
los objetivos del desarrollo.
En cuanto a la relación Estado y
Sociedad, tal como lo afirma Bentham, la mera existencia de un gobierno no es
garantía de la felicidad general si no funciona sobre la base del principio de
la utilidad mediante un dispositivo
institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los
intereses de gobernantes y gobernados, es decir, una democracia representativa
pura, concebida, además, de acuerdo con John Stuart Mills, como el poder en público: un público activo y
formado. Un público que sabe y formula correctamente lo que quiere.
Harry Martín Dorn Holmann
Quito, Noviembre 2017
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