miércoles, 12 de junio de 2019


CRECIMIENTO CERO
Hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional publica un informe y ajusta el crecimiento económico previsto para el Ecuador al 0%, menor al previsto anteriormente a inicios de 2019 que era del 0,1%. Malas noticias para el país, puesto que un crecimiento del 0% con un crecimiento mínimo de la población significa un Producto Interno Bruto per cápita inferior, es decir, menos ingreso promedio por habitante, estancamiento del empleo, persiste el subempleo y desempleo, persiste el 60% de la población en la informalidad, menos consumo, menos ahorro interno, menos estímulos para la inversión, malas perspectivas de crecimiento económico a futuro y caída probable de las tasas de interés (al menos de acuerdo a la teoría de oferta y demanda y curvas IE-LM) para iniciar un ciclo peligroso de estancamiento o recesión, contrario a lo que todos desearíamos: un crecimiento económico sostenido e ingresar en un circulo virtuoso de la economía.
Las causas son múltiples y tienen que ver con la sensibilidad y hasta vulnerabilidad de la economía ecuatoriana dependiente de los ingresos petroleros y exportación de productos primarios, lo cual significa dependencia de la evolución de los precios en el mercado internacional.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y las restricciones derivadas por el cerco alrededor de Irán conllevan una reducción del crecimiento económico mundial y una reducción de las transacciones comerciales y financieras internacionales al implementarse lo que vendrían a ser políticas proteccionistas y aislacionistas tal como sucedió en el período de entreguerras en el siglo XX, con las consecuencias nefastas que todos hemos conocido en los libros de historia y posteriores experiencias vividas a consecuencia de crisis y guerras mundiales. En tales circunstancias, países con sistemas económicos sensibles y modelos extractivistas como el Ecuador serían sin lugar a dudas entre los más afectados ante una reducción de la demanda mundial de petróleo y productos básicos y caída de sus precios.
La evolución de la política y proceso de integración europeo tampoco ayudan a superar la coyuntura económica. En efecto, Europa atraviesa por un período de choque entre dos corrientes en disputa que pone en peligro o al menos sumerge en una crisis profunda su proceso de integración. En primer lugar, una corriente privatizadora de la “gestión” del Estado, es decir, el giro hacia un Estado-empresa utilizando o implementando técnicas de gestión empresarial en el ámbito de la política y administración pública, aplicando criterios de eficacidad y utilidad en detrimento o excluyendo la simbología política propia del discurso político populista ya sea de izquierda o de centro o de derecha. Es el caso de Macrón, Trump, Erdogan, Berlusconi, (incluso Macri en Argentina) y hasta la misma Canciller de Alemania Ángela Merkel (basta con estudiar la crisis griega para entender los intereses que condicionaron las soluciones implementadas en ese país) entre otros, quienes, a pesar de las diferencias en la edad, características sicológicas, personalidad, estilo, contexto y experiencias laborales y profesionales, se han inclinado e inclinan por una racionalidad técnica que margina las reivindicaciones democráticas, cayendo en manos de un decisionismo que desemboca en un aislacionismo, en algunos casos, o en un desencanto general del modelo neoliberal con las consecuencias que vivimos en las últimas elecciones al parlamento europeo; un declive de los partidos tradicionales y un fortalecimiento de los partidos ecologistas (según encuestas recientes, el partido de los verdes se ha convertido en la primera fuerza política en Alemania, quitándole el liderazgo a la coalición CDU-CSU de la Canciller Merkel) y de los partidos de extrema derecha (que han obtenido el 25% de los diputados en el parlamento europeo, y se han convertido en la tercera fuerza política en Alemania) e independentistas.
En otras palabras, han cobrado fuerza las organizaciones políticas ya sean independentistas, extremistas de derecha o ecologistas, opuestas al modelo neoliberal, quienes exigen cambios radicales en los modelos políticos y económicos que pueden llevar a un colapso del proceso de integración europeo y aislamiento de los países en el sistema internacional con graves consecuencias institucionales (¿sobreviviría la Organización Mundial del Comercio?) económicas y sociales a nivel global.
La crisis comercial entre China y Estados Unidos y los cambios radicales en las estructuras políticas e institucionales en la Unión Europea son problemas que afectan a tres de los cuatro primeros socios comerciales del Ecuador, Estados Unidos el primero, la Unión Europea el segundo, y China el cuarto después de los países del bloque andino, lo que enciende alarmas para redefinir estratégicas en forma inmediata, sin caer en el eterno revisionismo y diagnostiquismo de siempre.
En vista de los tiempos entre causas y efectos, es indispensable y urgente definir políticas y tomar decisiones (Planificación Estratégica) que permitan formular programas de acción con objetivos y metas productivas claras, establecer temporalidades en un plazo de uno a cinco años (Programación), e incorporar en el nuevo presupuesto lo que corresponde al primer año de responsabilidades institucionales en la implementación de dichos programas y proyectos estratégicos (ejecución), centrando esfuerzos en la generación de valor agregado y del empleo, que nos impida caer en las típicas contradicciones y crisis de los Estados de bienestar  que no priorizan la generación de riqueza y solo priorizan su redistribución.
Ecuador tiene que ingresar en un programa de alianzas estratégicas consensuadas con los sectores productivos privados, de disciplinamiento del trabajo productivo, fomento del ahorro y la inversión, generación de valor agregado y saneamiento institucional, de lo contrario, el impacto de la crisis se sentirá con enormes sacrificios derivados.
Incurrir en nuevo endeudamiento y mantener el gasto público y privado como medidas anticíclicas sería el peor error del siglo XXI, pues Ecuador no cuenta con capacidad productiva y competitiva ociosa para responder a un incentivo por la vía del gasto. Lo que fue una política exitosa en los Estados Unidos y Alemania en la década de los treinta del siglo XX solo traería inflación e incremento de la deuda y servicio de la deuda que no podrían ser atendidos. Trabajo, ahorro e inversión interna y externa son la solución a largo plazo y única vía de salida en el contexto nacional e internacional que se proyecta, así no sea la decisión políticamente correcta.
Harry Martín Dorn Holmann
Junio, 2019.


HISTORIA Y GRAMÁTICA PARA LA PAZ

Quisiera iniciar estas reflexiones sobre la Paz, con la frase célebre del político mexicano Benito Juárez enunciada el 15 de julio de 1867, al entrar triunfante en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I de México: “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz». Lamentablemente, ante las ambiciones de Napoleón III y falta de respeto a la autodeterminación de los pueblos, Benito Juárez tuvo que empuñar las armas para recuperar la libertad y autonomía del pueblo de México.
Paz, estado de quietud y tranquilidad, ausencia de amenazas, de violencia o de guerra, condición indispensable para la armonía social, la solidaridad, el desarrollo económico social y político, la unión, la cooperación e integración de los países y equilibrio del sistema internacional, ha sido y será siempre un status que ha inspirado a filósofos y pensadores políticos desde los orígenes de La Civilización Occidental.
Ya los pensadores griegos se referían a la democracia, la Libertad, las leyes, la Razón, la Justicia y la Sabiduría, para una comunidad organizada en paz y total armonía; la Polis, según Aristóteles, como única vía natural para alcanzar el bien supremo, el mejor bien, ultimo y perfecto, el fin perfecto del hombre: la felicidad.
Ya entonces Aristóteles nos advierte acerca de las formas impuras de gobierno, acerca de la concentración y acumulación de poder como detonante de la subversión y quiebre de la paz y bienestar de una comunidad, pues el fin del Estado debe ser siempre no sólo la existencia material de todos los asociados, sino también su felicidad, siendo ésta última la de primer cuidado dentro del Estado, para que la asociación política no se convierta en una alianza militar, ni la Ley en una mera convención. La ciudad es entonces la asociación de la virtud y del bienestar para la felicidad de la comunidad, viviendo en paz.
Es también el gran Cicerón quien tributa los más encendidos elogios a ese estado de Derecho que somete gobernantes y gobernados al ordenamiento jurídico y produce el armónico y equilibrado funcionamiento de la estructura institucional de la “res publica”, entendida ésta no como abstracción, sino como una comunidad de ciudadanos concreta y precisa, como un status, para saber vivir con la máxima moderación y prudencia con las personas con quienes convivimos, para vivir en paz y armonía, a fin de conseguir con su ayuda e industria cumplir y colmar todas cuantas necesidades exige nuestra naturaleza.
O el mismo Séneca, para quien La filosofía es un medio para alcanzar la plenitud de la vida buena que se genera a través de la paz, alcanzar un fin ideal que es la eliminación de la maldad en la existencia del hombre para alcanzar la felicidad, como la única nobleza que procede del espíritu y que puede forjarse cada hombre, y para complementar, tal como lo afirmaba el mismo Tomás de Aquino, Dios es dueño, pero los hombres producen y administran, es decir, los bienes materiales son el monopolio de Dios, y los hombres no están para contaminarlos, extinguirlos o destruirlos.
En efecto, más de mil quinientos años atrás, Santo Tomás de Aquino ya se refería al concepto de “Justicia” “para vivir en paz”, como aquello que ordena o “ajusta” al hombre en lo que se refiere a los demás y que pertenece directamente al derecho, por cuanto regula la relación entre los hombres y los compromete en “la Paz”. La justicia preside entonces todo el derecho, y se ubica en el centro de la actuación política ajustada al derecho. Es pues dar a cada uno lo que le corresponde en derecho, “para vivir en paz”, no en la confrontación.
Pasarán siglos, para que el Primer Ministro de Francia entre 1622 y 1642 Cardenal Richelieu, príncipe de la Iglesia, introduzca el nuevo concepto de Raison d’état, según el cual, el bienestar del Estado justificaba cualesquiera medios que se emplearan para promoverlo. Es el equilibrio de poder el que hace que cada Estado busque sus propios intereses egoístas para contribuir a la seguridad, a la paz y al progreso de todos los demás estados. Con la paz de Westfalia y la terminación de La Guerra de los Treinta Años en 1648, la Raison d’état pasó a ser el principio rector de la diplomacia europea, aunque las guerras y conflictos diversos continuaron para impedir el surgimiento de una potencia dominante y la resurrección de un imperio europeo.
Para 1890, sin embargo, el concepto de equilibrio del poder según Henry Kissinguer había llegado a su fin, había sido necesario para eliminar las aspiraciones medievales de un imperio universal, había conservado las libertades de los estados, pero no la paz de Europa, tan es así, que tras la desaparición del Concierto de Europa, el ascenso al poder de Guillermo II Emperador de Alemania y la destitución del Canciller Bismarck, se sentaron las bases para dos guerras mundiales y la Guerra Fría 50 años después, a pesar de los esfuerzos para una “Paz Perpetua” y el tratado universal de ayuda mutua del Consejo de la Sociedad de Naciones de 1923.
El siglo XX vivió entonces las más crueles experiencias de destrucción de seres humanos por seres humanos, donde hicieron gala la ciencia y tecnología para la fabricación de armas modernas de destrucción masiva, poniendo de relieve la soberbia de seres humanos en la lucha por el poder (tal cómo definía Maquiavelo la Política)o el ansia de poder (tal como lo afirmaba Nietzsche), donde el continente americano y América latina en particular se vio afectada por la proliferación de crueles dictaduras civiles y militares (introduciendo la conocida Doctrina de la Seguridad Nacional y la lucha contra el enemigo interno) como un medio para evitar la penetración comunista, alejando nuestras comunidades de la paz y el progreso tan anhelado.
Han pasado entonces más de dos mil años, desde que sonaron los primeros tonos de justicia libertad y paz de aquellos sabios y estrategas griegos y romanos. Hemos recorrido múltiples teorías sobre la diosa razón y el respeto a las leyes de la naturaleza, pero los hechos nos muestran con absoluta crudeza, tal como lo sostiene el mismo Hobbes, que los seres humanos se entregan a sus pasiones naturales; la Parcialidad, el Orgullo, la Venganza, el Egoísmo, la Avaricia, y no a las leyes de la naturaleza; Justicia, Equidad, Modestia y Piedad.
¿Tendremos que aceptar entonces haber caído en aquella definición de la utilidad pública y la justicia según Hume? Es decir que, ¿La justicia es acaso una virtud artificial que cuyo origen es la utilidad pública? Según David Hume la obligación moral deriva del mérito en términos de «utilidad» que la virtud (la justicia) reporta a la sociedad. En consecuencia, gobierno justo y buen gobierno es aquel que se sustenta en principios y normas para la autoconservación de la sociedad y aquellas convenciones que surgen en consecuencia para conveniencia y ventaja de la sociedad «para gobernar más fácilmente a los hombres y preservar la paz en sociedad».
Para David Hume, la fundamentación de la obediencia al gobierno no se sustenta ni surge de algún principio moral absoluto ni de ningún derecho divino. Al igual que para Locke y Montesquieu, la moral ilustrada es una moral esencialmente laicista, con importantes ingredientes utilitaristas. De manera similar, para Jeremy Bentham y Stuart Mill, las leyes deben codificarse bajo un principio rector: el principio de la «utilidad», que les daría forma y contenido, no las costumbres ni los antecedentes. Se trata entonces de la laicización del derecho (1) y la supremacía del principio de la utilidad (2) que es la soberanía de la ley (3) y a su vez la soberanía del Estado nacional (4).

La reacción en contra de tales postulados fue clara y contundente. Algunas corrientes denunciaron aquellas concepciones y a esa revolución de más amplio alcance que denominamos modernidad. En esta línea de pensamiento, De Bonald condena la sed de oro de los cabecillas que se convierte en el principio de existencia de las repúblicas y del carácter nacional de sus ciudadanos, aquel comercio que se convierte en el único negocio de los gobiernos, la única religión de los pueblos y el único motivo de querellas, aquel poder que se ve exclusivamente en el comercio, aquellas riquezas que se ven en el dinero y la prosperidad que se define exclusivamente en el lujo. Para el conservador De Bonald, la desigualdad de las fortunas se convierte en el cáncer devorador de los principios de la sociedad y se pierde su finalidad: que es la conservación de los seres que la componen en paz y felicidad, y se llega a un estado de salvajismo ejercido por la fuerza del poder particular.
                Kant pretendió encontrar la fórmula para la superación del estado de naturaleza como un “deber moral” del hombre, pues solo en el Estado se pueden salvaguardar las libertades y la paz más allá que el simple utilitarismo o cálculo de intereses, pues el Estado se convierte en el gestor de la construcción de la futura sociedad jurídica universal, condición única e indispensable para evitar la guerra y garantizar “La Paz Perpetua”. Para ello el derecho de gentes debe fundamentarse en una federación de estados libres garantizando la libertad de aquellos que deciden unirse al nuestro, conformando una federación que evite a toda costa la guerra.
¿Que hemos aprendido, retenido y aprovechado de pensamientos y teorías tan variadas de los últimos 2500 años? Teóricamente mucho, en discursos populistas demasiado, en resultados prácticamente poco. Podríamos retomar aquello de la “Tosca Materia” de Norberto Bobbio quien a su vez lo tomó de Boris Pasternak y de su libro Doctor Zhivago, recayendo una y otra vez en la misma estafa, tal como lo referiremos más adelante.
Desde fines del siglo XX hasta nuestros días, luego de la caída del Muro de Berlín, el Consenso de Washington y el surgimiento del neoliberalismo, la estructura del sistema internacional ha sufrido cambios que han reconfigurado las capacidades y jerarquías de los Estados creando oportunidades para países que se proyectan como emergentes (es el caso de los BRICS, por ejemplo), desafíos para otros países que buscan mantener o mejorar su status en el orden mundial como China y Estados Unidos y crisis generalizada con graves repercusiones para países afectados por la desregulación y falta de productividad y competitividad en el mundo global, tal fue el caso de Ecuador y las migraciones masivas que se produjeron a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Con el colapso soviético en 1991 el orden internacional se transformó de bipolar a unipolar y convirtió a los Estados Unidos en la primera potencia mundial. A inicios del siglo XXI surgen las potencias emergentes con nuevas teorías y se menciona entre otras cosas el giro hacia un sistema internacionalcontrahegemónico. Se inicia un nuevo ciclo de disputa entre potencias, lanzando a la América latina a navegar en un nuevo orden mundial de nuevos retos y supuestas oportunidades mediante estrategias innovadoras que se revelaron falaces y artificiosas para desembocar en la crisis (deterioro del nivel de vida, crimen organizado y violencia, violaciones a los derechos humanos) que viven algunos países y la amenaza a la estabilidad regional e incluso del sistema internacional.
Lamentablemente, para países como los nuestros que carecen de sistemas políticos y sistemas económicos sustentables, la globalización crea y reproduce relaciones de poder, dinámicas de cambio, elites poderosas y elites decadentes, pero también dinámicas migratorias, desempleo, fracturación familiar, y ruptura de vínculos de ciudadanía con los trabajadores desterritorializados. Es el capitalismo transnacional que evade reglas y supera ampliamente las capacidades de los Estados (es el caso ODERBRECHT, por ejemplo). El estado moderno, desde sus primeros genes, tal como lo concebía Jean Bodin, ha sido construido con el fin de crear uniformidad y universalidad dentro de sus fronteras, buscar obediencia y conformidad, pero la transnacionalidad genera cambios en las relaciones entre estado y sociedad (Migdal, 2008) formando nuevas configuraciones, generando conflictos de lealtad y conciencia (la corrupción) en presencia de procesos integradores y de transferencia de poder de un nivel a otro y produciendo rupturas entre ciudadanos y estado y entre estados. La transnacionalidad y la globalización han generado de hecho enormes desigualdades, y esta desigualdad constituye el problema más apremiante de nuestro tiempo, pues separa a las personas entre sí, a los Estados entre sí, a las corporaciones entre sí, las cuales se fusionan o absorben unas a otras, hasta convertirse en más poderosas que los propios estados. He ahí los grandes retos de los procesos de integración para la paz y la prosperidad.
El nuevo capitalismo transnacional ya no es el capitalismo internacional que responde a una división del trabajo entre diferentes estados soberanos, ni el capitalismo multinacional mediante asociación de capitales de distintos orígenes nacionales. El nuevo corporativismo global no tiene orígenes, ni sentidos de pertenencia y lealtad. Tampoco existe relación entre territorialidad y responsabilidad política ya que la integración de grandes mercados financieros y la fragmentación de los procesos productivos en diferentes países y regiones del mundo desarticulan las antiguas relaciones de pertenencia a nivel del Estado nación. Parecería que todo obedece y se somete a las nuevas estrategias globales de las potencias corporativas que aplican una especie de realismo global. El poder del conjunto se impone o se enfrenta al poder de las partes, al poder nacional. Surgen entonces los cuestionamientos (Migdal, 2008) acerca de la fortaleza, la soberanía, y las capacidades de los estados modernos, y surge también la necesidad urgente de los esfuerzos para la cooperación, el bienestar, y la paz de los estados en un esfuerzo colectivo. Las grandes corporaciones y fondos de inversión se imponen y guardan lealtad ya no a los estados sino a ellos mismos, agrandando la brecha de la desigualdad económica, política y social en los países.
                Lamentablemente, algunas de nuestras democracias presidencialistas en Latinoamérica han caído en la hipocresía organizada (Krasner,) y viento en popa hacia la anarquía, la dominación, o la debilidad institucional, pues las reglas normas y principios democráticos formalizados en sistemas de representación, sistemas electorales y órganos de justicia, se han convertido en instrumentos de coerción al servicio del crimen organizado y/o Estados poderosos, ya sea a nivel interno, ya sea a nivel internacional.
La fragilidad y versatilidad de las instituciones democráticas es evidente. Las reglas se respetan o no de acuerdo a las circunstancias o conveniencias del poder, o se modifican al mismo ritmo de cambio de los intereses del poder o de las relaciones de poder. Rodamos en aquella antigua y realista concepción factual de la política donde predomina la “economía de la violencia” según don Niccoló di Bernardo dei Machiavelli (Nicolás Maquiavelo), generando supuestos consensos y ejerciendo dominación.
Llegado a cierto nivel o punto de inflexión, se pierde la institucionalidad e influencia sobre la conducta de los actores, no existen límites normativos y cuentan únicamente los intereses de los poderes dominantes: se cae en la anarquía donde cada cual sobrevive por sus propios medios, dominados por las pasiones, o tal como diría Hobbes, “el hombre se convierte en lobo del hombre”. Domina la fuerza bruta, sin el derecho exclusivo de usarla, sin legitimidad, sin derecho de castigar, sin consenso manifiesto para aplicarla, se trata simplemente del todos contra todos.
Lamentablemente, a partir de 2015, América latina vive nuevamente un proceso de reconstitución y acomodamiento a nivel nacional y en el sistema internacional, con nuevos gobiernos calificados de derecha y/o populista y una agenda política y económica con importantes cambios. Caemos nuevamente en aquel círculo vicioso de la refundación permanente: Es la refundación de la refundación o la refundación de la esperanza, la prosperidad y la paz.
La actual situación de nuestros países se presenta con grandes retos, ante un crecimiento económico escaso en términos regionales (según la CEPAL de apenas el 1.2% en el año 2018 y proyectado del 1.7% para el año 2019) y problemas de desempleo, extrema pobreza, migración masiva, criminalidad en todos los órdenes, debilidad institucional, acumulación de poder, violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y lavado de dinero, corrupción generalizada y un especial desencanto sobre la clase política en muchos países del continente(según CNN ESPAÑOL en su informativo de las 20h:06 del 25 de junio de 2018la evolución de las cifras de producción total de cocaína en Colombia demuestra un fracaso total en las políticas implementadas para combatir la producción de la droga, pues de 435 toneladas métricas de producción en 1998, esta asciende a 610 toneladas métricas en el año 2006 y a 921 toneladas métricas en el 2017. De igual manera, el área cultivada de hoja de coca tiende a aumentar pues alcanza la cifra de 188.000 hectáreas en 2016 y de 209.000 hectáreas en 2017).Las causas son diversas; Liderazgos populistas o ineficaces, ausencia de estrategias para el desarrollo a mediano y largo plazo, bajos niveles de educación, baja productividad económica, rentismo, asistencialismo crónico, pobrismo populista, inseguridad jurídica, burocracia, excesivo gasto fiscal, evasión tributaria, fuga de capitales, patrones hegemónicos de consumo, ausencia de virtudes republicanas, entre otros. 
Las enseñanzas y verdades del Renacimiento, la Ilustración y la Modernidad quedaron para evidencias de los antropólogos de lo que podría haber sido mejor si hubiésemos respondido a “La Diosa Razón”. Todos aquellos postulados de que el poder soberano debe ser eficaz, que debe asegurar la paz, cuya seguridad depende del nivel de satisfacción que aporta a sus particulares, que su eficacidad aleja el comportamiento hostil de los sujetos miembros de la sociedad y que el interés del soberano se corresponde con el interés del pueblo, se convirtió en “principios de épocas pasadas y añoranzas de ciertos académicos, de poetas y literatos”.
Todas aquellas maravillas del contractualismo (del amigo Locke) que concibe al Estado como ente artificial, producto no de la naturaleza, sino de la voluntad concordante de los individuos, de nosotros, como el fundamento y legitimidad del poder político en el consenso, concebido como el mejor remedio contra el despotismo, es materia del más cruel y detestable cinismo, pues, hoy en día, el soberano “soy yo”, o la soberana fuerza, o el soberano bozal petrolero, o el pajarito divino.
Aquello de que la democracia es indisociable de la de contrato social o pacto entre iguales o del acuerdo de cada uno con todos los demás sobre algunas reglas y fundamentos del poder o un pacto entre iguales, quedó totalmente desplazado por el uso legítimo de la fuerza y/o poder económico y/o poder carismático o populista, “donde la Ley ya no está por encima de los contratantes”. No sorprende entonces que el radicalismo de derecha y grupos neofascistas o neonazis surjan en países como Hungría, Austria, Polonia, Alemania y España, ya que entre los jóvenes menores de treinta años alrededor del 50% no cree en la democracia y rechazan a la Unión Europea, y la influencia de Rusia en estos grupos es denunciada por investigaciones publicadas en redes sociales.
La defensa contra los abusos de poder, la defensa de los derechos de libertad, la garantía de los derechos y control de los poderes, la defensa del estado mínimo contra el estado máximo sinónimo de estado abusivo, déspota y glotón, no conviene a los intereses de los que nunca han conocido lo que representa la inversión, el trabajo y el esfuerzo para generar una gota de valor agregado. Son estos a los que se refiere David Hume cuando afirma que los vicios y virtudes de las personas no responden a sentidos o principios morales transcendentes, sino que se originan en la opinión y conveniencias, en este caso, para corromper, abusar de los recursos públicos, maltratar a los débiles, proteger a los rentistas y vividores, haciendo a un lado las opiniones y conveniencias necesarias para el mantenimiento de la vida social que generan sentimientos agradables de aprobación en función de la utilidad y cualidades que representan, olvidando o reprimiendo aquel instinto de sociabilidad que determina la formación del sentido moral que promueve el interés individual en relación con un interés colectivo concebido como un interés de todos en el largo plazo, o como diría el mismo Hume, «el amor a uno mismo se proyecta así en amor a los demás».
Bajo los postulados de David Hume, el gobierno debería cumplir con las funciones de utilidad pública, el interés individual y el interés de la sociedad para ser un gobierno libre y justo para la supervivencia de la sociedad y perfección de la sociedad civil, y por tanto, se trata antes que todo de evitar la codicia del poder en una clara defensa de las libertades, de la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Pero, ¿sería esto posible bajo el paraguas de une sociedad utilitarista?
Finalizando la primera década del siglo XXI, la estabilidad el bienestar y la paz se encuentran dramáticamente amenazadas y los obstáculos son gigantescos, y por ello, Iniciativas para la integración han colapsado como es el caso de la UNASUR, o se entregan a largos e interminables debates e imposibilidad de tomar acciones efectivas como en la Organización de Estados Americanos sobre la crisis en Venezuela y una Comunidad Andina de Naciones lejos de concretar los objetivos que se han propuesto. Se trata entonces de organismos internacionales o procesos de integración que padecen del Circulo Vicioso de la burocracia, tal como lo denunciaba ya Michel Crozier en la década de los setenta del siglo pasado. Sobre la tragedia venezolana, el grupo de los países que presionan la salida de Nicolás Maduro del poder acuden desesperadamente a la Organización de Naciones Unidas como una nueva y última instancia internacional para solucionar la crisis. Esta situación nos muestra claramente que la política exterior de los países latinoamericanos ha sido definida por los gobiernos de turno de acuerdo y conformidad con sus intereses ideológicos y económicos más que unas políticas exteriores de Estado, pues se formulan e implementan políticas transitorias o de gobierno bajo intereses o presiones para mantenerse en el poder (Maquiavelo), como es el caso del bozal petrolero utilizado descaradamente por Venezuela, o los objetivos particularistas de los gobiernos del Brasil, lo cual impide que América latina cuente con una estrategia regional alineada a sus objetivos en todos los campos de interés común, a pesar de las diferencias entre países, para una  inserción en el mundo global a corto y a largo plazo en condiciones de competitividad.
Lamentablemente, América latina se encuentra domiciliada ya en las puertas del infierno donde sobreviven los más valientes, fríos, perseverantes, que no revientan ante los abusos del poder, de un Estado autoritario y glotón que exprime, arrebata, vacía de sentido a la inversión, el  trabajo y el esfuerzo, exigiendo cargas y más cargas a la sociedad civil empobrecida, indefensa, ante un sistema político-administrativo sin Dios ni Ley, controlado por el ansia de poder y las pasiones: Parcialidad, orgullo, venganza y egoísmo, alejados de la justicia, equidad, modestia y piedad.
Lamentablemente y ante un panorama tan pesimista y sin propuestas técnicas y políticamente viables, los políticos, la Burocracia y la Academia se respaldan en un discurso intoxicado de charlatanería que populariza palabras y conceptos como: articular, coordinar, dialogo, preocupación, mayor preocupación, investigar, diagnosticar, lo políticamente correcto, debido proceso, pruebas de descargo, hasta las últimas consecuencias, todas las opciones sobre la mesa, territorio, entre otros. Pero, brillan por su ausencia conceptos como estrategia, acción inmediata, control de calidad, trabajo, ahorro, templanza, disciplina, magnificencia, valor agregado, veracidad o lo correctamente político. Sin embargo, las promesas de campaña se saturan de discursos plagados de artificios que rebajan la imagen sobre el electorado hasta la imbecilidad, mediante propuestas absurdas que bordean la ficción, aunque el problema del populismo exacerbado no es un fenómeno exclusivo de los países de América latina. Sobre este particular, en muchos países, se constata un divorcio total entre beneficios y recursos sin pensar en la necesaria e indispensable alineación y equilibrio que debe existir entre la generación de valor agregado y distribución justa del valor agregado, problema muy conocido que afecta incluso a países de altos niveles de desarrollo como la República Federal de Alemania (Ver: DW Documental. Alemania-País de Desigualdad. YouTube) o la República de Francia (de ahí la crisis desatada por los chalecos amarillos), donde se evidencian a veces las contradicciones intrínsecas al “Estado de Bienestar”.
¿Cuál sería entonces el dispositivo institucional por el cual se aumenta la probabilidad de que converjan los intereses de gobernantes y gobernados, para no alentar el descontento, la subversión y la pérdida de la paz? ¿Bajo qué mecanismo los primeros se verán impulsados a promover las libertades y derechos ciudadanos? Ese mecanismo continúa siendo la «democracia representativa pura»,la democracia como un statu, como una forma de vida, en la búsqueda de la igualdad social y política, pero la democracia en público, como  garantía de la soberanía popular en su forma de expresión más extensa que es el sufragio para las clases numerosas en términos de igualdad: «cada cabeza un voto», someter y escoger el gobierno a elecciones periódicas mediante el voto secreto, “evitar que los gobernantes, una minoría, opriman a la mayoría”, e institucionalizar mecanismos de control con “dientes” para que la sociedad civil controle la gestión de los asuntos públicos y se exija eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Para ello, es indispensable promover el activismo político y la formación de una ciudadanía consciente que sabe y actúa porque sabe lo que es correctamente político, y no lo políticamente correcto, o lo aparentemente correcto o lo convencionalmente correcto.
Nos referimos entonces a esa democracia que desde hace más de 150 años se la concibió como un statu, una forma de ser, una forma de vida (Tocqueville), que puede o no encarnarse en instituciones bajo diferentes fórmulas, como la democracia parlamentaria, la monarquía parlamentaria clásica, la democracia presidencialista y semipresidencialista con sistemas electorales, controles sociales, división de poderes y todo lo demás respecto a libertades, virtudes (cívicas) y derechos (republicanos, etc.). Sin embargo, la mera existencia de tales instituciones no es automáticamente garantía de la existencia de un sistema democrático, ya que, frecuentemente, tales instituciones no son más que un artificio para solapar o camuflar regímenes dictatoriales, corruptos, criminales, o el ejercicio del poder y dominio de hombres sobre los hombres.
La democracia, al igual que las instituciones, funciona bajo principios, normas, leyes, procedimientos, y en la aplicación de principios y búsqueda de objetivos y metas que son formuladas por seres humanos y responden a las aspiraciones que plantean las comunidades políticas organizadas, disponiendo para ello de toda una variedad de recursos necesarios para su correcto funcionamiento, entre ellos, el recurso humano. En pocas palabras, los sistemas e instituciones funcionan porque existen seres humanos que las operan y toman decisiones siguiendo las reglas del juego establecidas, las cuales pueden ser respetadas, aplicadas, o, al contrario, manipuladas, violentadas, o interpretadas en función de intereses personales o de grupos ciudadanos o de Fondos de Inversión y corporaciones vinculadas a los centros de poder. Menuda situación la que enfrentan los ciudadanos comunes y corrientes que cuentan con el honesto sudor de su frente para alcanzar los sueños de una vida mejor, en paz y tranquilidad. Insistimos entonces en institucionalizar mecanismos de control con “dientes” para que la sociedad civil controle la gestión de los asuntos públicos y reivindicar con firmeza lo que Tocqueville ya confirmaba hace más de ciento cincuenta años, que el poder y la soberanía radica en el pueblo, como ley de las leyes, donde la sociedad actúa sobre sí misma y donde no existe poder fuera de ella como la causa y finalidad de todo.

Harry Martín Dorn Holmann
Profesor