Muchos siglos atrás en la historia de la humanidad, los seres humanos han mostrado preocupación por la libertad, la igualdad, la justicia, la supervivencia, la seguridad, el bienestar y el progreso de los individuos y de las comunidades. A lo largo de los años, los pensadores políticos han realizado profundas reflexiones al respecto, habiendo configurado las más variadas teorías acerca de los temas en cuestión.
Especialmente, el debate libertad-democracia continúa vigente y los expertos en ciencias sociales continúan buscando el sano equilibrio entre las libertades individuales y la igualdad entre los seres humanos, entre liberalismo y democracia, entre democracia extrema e intervencionismo extremo, entre ciudadano y fortalecimiento del Estado.
El intervencionismo estatal coarta las libertades, inhibe las buenas iniciativas, somete al ciudadano, fomenta la dependencia, perpetúa la ineficiencia y posesiona el conformismo, afirman algunos, siendo Latinoamérica el mejor ejemplo para corroborar tales hipótesis, recordando al modelo ISI y la crisis de los años ochenta, provocando la mayor de las injusticia y desigualdad al trasladar el pago de la crisis a la sociedad en su conjunto, sin discriminación de ningún tipo y en la mas perfecta desigualdad.
El liberalismo político y económico despliega las facultades, habilidades y destrezas de la persona generando desigualdades, no solamente por las diferencias derivadas de la subjetividad entre individuos, sino también por factores objetivos que nada tienen que ver con el trabajo, inversión y esfuerzo de las personas; Me refiero a las herencias, la posición social, los mercados cautivos, los prejuicios sociales, la pertenencias a grupos determinados, las empresas familiares, los contactos entre grupos elitistas, así como facilidades crediticias derivadas por parentesco o intereses económicos vinculados. Pero también, el liberalismo reconoce y premia la capacidad empresarial, la capacidad de gestión, el buen juicio y olfato para los negocios, la formulación de proyectos rentables, las decisiones oportunas de invertir, la gestión de créditos en optimas condiciones, el calculo razonado de los riesgos, las buenas estrategias de mercado, la atención oportuna a los clientes, la capacidad de liderazgo, y otras facultades innatas, fomentadas, desarrolladas o aprendidas que nos conducen al éxito económico y posición de prestigio en la comunidad.
Lamentablemente, paralelo a las bondades y ventajas que ofrece el liberalismo en su concepción política y económica, el ciudadano es rico en derechos y libertades civiles y políticas, pero carece de los medios para ejercerlas, y desde el punto de vista económico, los trabajadores, empleados, y algunos niveles ejecutivos, hasta el día de hoy y con sus reconocidas variantes, continúan representando un costo para las empresas que por definición merma las utilidades de los negocios, no importa la categoría o denominación especial del rubro de gasto o de costo al que sean cargados o asignados: costo de producción, gasto de comercialización, gasto de administración, o gasto financiero. Es decir, el bienestar de algunos representa un costo en las economías de los otros.
¿Como establecer entonces el sano equilibrio? redistribuir ingresos mediante intervencionismo estatal penaliza el éxito, beneficia o premia la ineficiencia o la incapacidad, pero reduce las desigualdades. El no intervencionismo premia la eficiencia, genera acumulación de riqueza, polariza socialmente a la sociedad, crea pobreza, polariza la propiedad y el ingreso, hipoteca las futuras generaciones y genera desigualdades entre los individuos. La racionalidad capitalista en el mas puro concepto weberiano incrementa notablemente la utilización racional de los recursos y genera beneficios bondadosos y deliberadamente calculados al empresario privado, el cual reinvierte sus recursos en una espiral de crecimiento productivo y crecimiento de su riqueza. Pero la brecha entre ricos y pobres aumenta. Basta con citar al prestigioso historiador británico Paul Kennedy, catedrático de Yale y profesor de Princeton en una de sus ultimas y magnifica obra, “El Parlamento de la Humanidad”, acerca de los fracasos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gran desfase entre los enunciados y logros de la carta de la Organización: “el fracaso en la protección de los mas débiles y vulnerables de nuestras sociedades y el vergonzoso y creciente abismo entre los ricos y los pobres de todo el planeta” (Kennedy, Paul. 2007: 354)
Algunos pensadores han encontrado en la lucha política la respuesta a la libertad en democracia habiendo logrado importantes reivindicaciones sociales a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve con el surgimiento del socialismo en Europa. En efecto, tanto en Inglaterra, como en Francia, Italia y en Alemania, los movimientos socialistas de inspiración marxista retoman el concepto liberal de libertad, agregando la igualdad económica a su tesis, logrando importantes reivindicaciones de todo tipo; Seguro contra accidentes de trabajo, seguro por enfermedad, pensión de retiro, horarios y ambiente laboral, subvención por alojamiento, así como el programa New Freedom del presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson. Pero tales reivindicaciones logradas en el marco del sistema democrático, según algunos, no constituyen más que una imposición desde las relaciones de poder (provenientes algunas veces de los grupos mas conservadores, como en Gran Bretaña), hacia las minorías mas enriquecidas, violentando así sus derechos y libertades en favor de un segmento de la población. ¿Democracia? Si, pero a favor de unos y en contra de otros.
A mediados del siglo XX y después de la segunda guerra mundial cobra fuerza el movimiento en pro de los derechos humanos, y se habla de los derechos de última generación, como son los derechos económicos y aquellos vinculados con la defensa del medio ambiente. Se crea la Corte Interamericana para los Derechos Humanos con sede en Costa Rica y se efectúan múltiples convenciones a nivel de la Organización de Estados Americanos. Se ratifica una vez más la importancia de estos derechos pero queda siempre la misma incógnita sin respuesta alguna: ¿Quien garantiza la vigencia y los recursos necesarios para el goce pleno y efectivo de estos derechos? ¿Están en capacidad los Estados nacionales de garantizar estos derechos?
Lamentablemente, a partir de ese momento los derechos económicos tan defendidos se convierten en derechos relativos, dependiendo de las posibilidades y recursos de los estados, en la medida de lo posible y viable, dependiendo de situaciones y circunstancias condicionantes, lo cual quiere decir talves y ya veremos.
En materia de política salarial el tire y afloje también continúa y el éxito de unos reduce o afecta las libertades de otros, buscando formulas para compartir el peso mediante la formación del trabajador e incremento de la productividad, los sistemas de calidad total, los procesos de empoderamiento y otras medidas de orden organizacional que agrandan los márgenes de negociación en base a mejores resultados financieros. Los gobiernos hacen esfuerzos para viabilizar estos procesos de negociación, como es el caso de Alemania y sus famosas Gewerkschaften o el Board of Mediation del mismo presidente Wilson, pero esto es posible solo en algunos paises, no en todos. Es el caso de Ecuador, donde el gobierno habla y establece montos para un salario digno, con el cual algunos no estan de acuerdo, otros si, este se termina aprobando por mayorìa parlamentaria que beneficia algunos en detrimentos de otros, disminuyendo desigualdades sociales, pero afectando las libertades y derechos de muchos. Algunos podrán pagarlo, otros no, muchos tendrán que ir al desempleo.
Bajo tales circunstancias y variedad de argumentos surge inmediatamente la pregunta: ¿Bajo que condiciones el régimen democrático del 50% mas uno constituye un régimen justo que no atenta contra las libertades del ciudadano, ya sean estas libertades civiles, o libertades económicas, o libertades políticas? ¿Con que mecanismos cuenta el ciudadano común y corriente para defender la vigencia de tales libertades si el Estado toma medidas que atentan contra sus derechos?
Paradójicamente, las decisiones en democracia que son resultado de una mayoría, pero no de consenso, pueden ser tanto o mas injustas que las decisiones derivadas de un régimen dictatorial, ya que pueden afectar al 49%, o al 40%, o al 30% de la población, y entre mas dividido se encuentra el país en sus apreciaciones sobre política salarial mas injusta puede ser dicha decisión. ¿Donde se encuentra entonces el sano equilibrio? En la superación del conflicto, en el consenso. Democracia no significa necesariamente armonía total, pero si requiere de la búsqueda de consensos, para vivir una auténtica democracia, donde todos se sientan tratados por igual.
HARRY MARTÍN DORN HOLMANN M. A.
PROFESOR
DIRECTOR ACADEMICO DE CARRERA
CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
Bibliografía
Kennedy, Paul. El Parlamento de la Humanidad. Random House Mondadori, S. A. DEBATE. 2007.
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