Desarrollo, Políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de la democracia ecuatoriana: Un enfoque desde los caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes.

DISPUTAS DEMOCRÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN EL ECUADOR

Desarrollo, Políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de la democracia ecuatoriana: Un enfoque desde los  caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes.

Elaborado por: Harry Martín Dorn Holmann  M. A.

Quito, julio de 2011

ÍNDICE

1.      Antecedentes. Formulación del problema y Pregunta de investigación.

2.      Enfoque teórico

3.      Sobre caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes: Ejecutivo y legislativo

4.      Conclusiones

1.      Antecedentes. Formulación del problema y pregunta de investigación.

Muchos políticos y estudiosos de la Ciencia Política coinciden en la importancia de una buena gestión de los asuntos de Estado mediante políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad o bien común. La necesidad de crecimiento económico en un marco de estabilidad de los principales agregados macroeconómicos y de la institucionalidad política es un tema reconocido por todos, pero que no encuentra eco en los principales actores de nuestra democracia presidencial representativa, al menos en los hechos concretos, generando así grandes problemas de ingobernabilidad en el Ecuador. A pesar de la importancia reconocida a lo institucional (Pachano, 1997), y a la necesidad de profundizar, enraizar, legitimar, consolidar y estabilizar al sistema democrático (Pachano, 1997), las críticas al proceso de regreso a la democracia desde 1979 están a la vista, por diferentes actores y en diferentes tiempos.

“Pero la democracia, como institución, ha sido afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años, en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli, de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de Derecho por gobiernos y congresos, que han importado a pocos ciudadanos” (Hurtado: 2005:7).

En efecto, la democracia ecuatoriana después de 32 años de vigencia ha contribuido con importantes aportes a la sociedad ecuatoriana en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad, incremento en las expectativas de vida, desarrollo industrial, desarrollo urbano, sobretodo de sus principales ciudades, incorporación de los movimientos indígenas a la vida política, y protección a los derechos humanos en un ambiente de tolerancia y libertad (Hurtado: 2005), pero, veamos lo que opinó el mismo Osvaldo Hurtado hace 15 años, durante el último año del mandato del presidente Sixto Durán Ballén, acerca de los logros y resultados de la democracia:

“A pesar de los progresos aportados en el campo social, (alfabetización, electrificación rural, educación escolar, que principalmente beneficiaron a los campesinos), en general no ha representado un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, como sí lo han conseguido otras democracias latinoamericanas. La tasa de crecimiento económico apenas ha superado a la de incremento de la población, una persistente inflación ha depauperado a los sectores medios y populares, se han deteriorado los servicios de salud, educación, seguridad social y justicia, la población en situación de pobreza ha aumentado y han crecido las distancias que separan a los ricos de los pobres (Hurtado, 1996: presentación, 13)”.

En la actualidad, a partir del proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, no queda la menor duda acerca de ciertos progresos realizados en el control de la inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real y nominal (salvo el año 2009 debido a la crisis internacional), aumento del PIB per cápita y aumento del consumo total, a pesar de un peso cada vez mayor del Estado en la economía (24% en el 2006 y 42% en el 2010) según cifras de CORDES, con un sendero trazado hacia el hiper gasto (CORDES, 2011) y un tensiómetro fiscal que avizora cada vez mayores impuestos y recaudaciones tributarias, siendo el Ecuador uno de los países menos competitivos y más corruptos de la de la región (CORDES, 2011), con una deuda externa pública que crece (19.6% del PIB en 2009 y 24.6% del PIB en 2010) y una reserva monetaria internacional que se reduce (de 4.473 mill. de dólares en 2008 a 2.622 mill. de dólares en 2010) según las estadísticas de la Carta Económica (CORDES, 2011).

En tal virtud, llama la atención que un país rico en recursos naturales, poseedor de una biodiversidad envidiable y productor de materias primas (especialmente petróleo) cada vez mejor valoradas, sin conflictos internos mayores  ni grupos armados irregulares, con reconocida riqueza artística colonial y mestiza materializada en su arte, su literatura y sus iglesias, con una riqueza y belleza natural de sus regiones que tiene pocos competidores de fuste en el mundo entero y una biodiversidad única, sea al mismo tiempo un país con permanente inestabilidad política y económica y ausencia de gobernabilidad, como consecuencia de la pugna de poderes, la ausencia de cooperación entre los poderes del Estado, la oposición parlamentaria a ultranza, los golpes de Estado y, la ausencia de políticas a largo plazo como solución a los problemas de orden económico y de consolidación de la democracia, sin capacidad para solucionar los problemas derivados del regionalismo, las alianzas volátiles, el clientelismo político perverso, el corporativismo, el autoritarismo, el personalismo, y otros problemas que han degenerado en regímenes oligárquicos excluyentes, sin capacidades de dar “respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad en una época caracterizada por rápidas y profundas transformaciones” (Pachano, 1997: 16).  

“A pesar de los progresos anotados, la democracia fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador y constituir una sociedad equitativa que ofreciera iguales oportunidades a todos. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los porcentajes de pobreza continuaron altos, y más bien empeoraron en los años de las recurrentes crisis económicas. Se deterioró la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado, particularmente la educación pública a la que concurren niños y jóvenes de las clases sociales de menores recursos. No cambió la injusta distribución de la riqueza y el país, por no perseverar en la búsqueda de la estabilidad y del crecimiento económico, se rezagó con respecto a otros de América latina que 25 años atrás compartían su nivel” (Hurtado, 2005:7).

A pesar de los distintos enfoques y consideraciones teóricas de partida, muchos estudiosos de la Ciencia Política están de acuerdo en la importancia del aspecto político o terreno de la política como causal relevante de los problemas de ingobernabilidad. El reconocimiento de lo político como variable intrínseca de los procesos de transformación (Pachano, 1997) y complemento indispensable de las políticas y medidas económicas con fines de estabilización, crecimiento y desarrollo, más que un olvido involuntario (Pachano, 1997) por parte de los grupos hegemónicos, su escasa complementación se debió a un deliberado sobredimensionamiento de la variable mercado en su función estabilizadora o de equilibrios macros (Pachano, 1997). En tal virtud y en esa misma línea, muchos procesos de transformación política fueron incompletos y se efectuaron de manera parcial, dejando de lado aspectos de gran relevancia que condujeron a reformas defectuosas sin enraizar ni consolidar el sistema democrático ni crear condiciones propicias o adecuadas para garantizar la gobernabilidad.

“No deja de llamar la atención que, en una situación como la que atravesaba América Latina, no se hubieran considerado dos aspectos de fundamental importancia: la inserción de las políticas de ajuste y estabilización dentro de los procesos de democratización y las transformaciones sociales y políticas que se habían sucedido en las últimas dos décadas y que habían arrojado como resultado una sociedad sustancialmente diferente a la que existía en el inicio de la crisis”.

“En cuanto a lo primero, en el caso de muchos países del continente pareció que las políticas económicas habían sido diseñadas a espaldas a lo que en ese momento constituía el principal dilema a resolver: construir regímenes democráticos o retornar a épocas de exclusión, dominación oligárquica, ausencia de referentes vinculantes para el conjunto de la población y, en consecuencia, a regímenes autoritarios. Los retos de la democratización, especialmente en el nivel del sistema político (ya que en los niveles social y económico quedaban excluidos por las características propias del modelo), no estaban presentes en la agenda de los reformadores económicos ni de las agencias internacionales que los sustentaban y los avalaban”.

….”Esto ponía en cuestión la capacidad de respuesta de unas instituciones estatales que habían sido concebidas dentro de otra situación y para resolver otros problemas y asimilar otras demandas…. (Pachano, 1997:13,14).

En definitiva y a pesar de los innumerables cambios y reformas implementadas por la clase política en el Ecuador, el barzoneo ha sido permanente y los resultados han sido pobres o más bien negativos:

“La clase política ecuatoriana no ha tenido ninguna lección favorable de las múltiples experiencias constitucionales, ya sea porque ninguna Constitución duró tanto tiempo como para poder evaluar sus efectos, o porque intervinieron otros factores que limitaron la efectividad de la ingeniería constitucional”. O, más grave aún: “No siempre se supo qué reformar, y casi nunca se supo cómo conseguir los objetivos de la reforma” (Pachano en: Mejia, 2002: XIX).

Es así que en el afán de encontrar un norte político o “una ruta para la gobernabilidad” (Mejia, 2002: XXIV), el Ecuador ha incursionado durante las décadas de los ochentas y noventas en una serie de cambios y reformas políticas con miras a fortalecer los partidos políticos (Mejia, 2002), mejorar los vínculos entre estos y sus representados y facilitar la labor del ejecutivo mediante la formación de mayorías afines al gobierno que viabilicen la gobernabilidad democrática (Mejia, 2002), es decir, favorecer la representación de los actores en función de su número en igualdad de condiciones para expresar su voto y favorecer la representación de los actores en función proporcional al poder que ostentan (Mejia, 2002). Sin embargo, y hasta el día de hoy, tanto a corto plazo como en el largo plazo y hasta el año 2006 por lo menos, el Ecuador se ha caracterizado por una mayor fragmentación partidaria, alta volatilidad electoral, conflicto de poderes y una desconexión entre representantes y representados (Mejia, 2002).

Entre las múltiples causas que han impedido o rechazado la gobernabilidad democrática, Mejia menciona el problema de las elites y caudillos y coaliciones frágiles por un lado, y la pugna de poderes entre el ejecutivo y legislativo por otro. Habiendo muchos otros elementos a tomar en consideración en la matriz de investigación detectada en el autor, por razones de límites al tema de investigación solo nos referiremos a ambos factores ya mencionados (lideres, caudillos, coaliciones y pugna de poderes), pero, enfatizando de manera especial que, son las elites y caudillos los  que se remplazan unos a otros y han impuesto “su propio proyecto por encima del precedente” (Mejia, 2002: 2). En efecto, esta lucha constante y competencia permanente por mantener o modificar las relaciones de poder han significado para Ecuador la promulgación de 18 constituciones en 172 años (Mejia, 2002), colocando al país como uno de los de mayor inestabilidad en América Latina.

De acuerdo al mismo Andrés Mejía Acosta, en el apartado IV. AÑO NUEVO, GOBIERNO NUEVO: LA INESTABILIDAD INSTITUCIONAL (1925-1948),  de su libro GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, nos dice:

“Como se observará en este apartado, el afán de los caudillos por diseñar un esquema propio de gobierno para vencer a la oposición, degeneró en un círculo vicioso de inestabilidad política. Al llegar a la presidencia (por vías legales o extralegales), los caudillos enfrentaron las crisis política gobernando con mano dura, llegando inclusive a promulgar nuevas constituciones para facilitar su gestión de gobierno y minimizar la presencia de la oposición” (Mejia: 2002:19).

En el mismo documento, el autor señala que el Ecuador ha tenido 93 gobiernos desde 1830 hasta 1998, de los cuales 21 fueron dictaduras y 20 provienen de asambleas constituyentes o congresos dominados por el dictador o caudillo triunfante, y las elecciones realizadas en el resto de casos son de dudosa legitimidad democrática, es decir, se juntan dos aspectos determinantes y explosivos como son la debilidad de las instituciones democráticas y el carácter personalista de la política generando así un sistema con una baja institucionalidad democrática (Mejia, 2002).

En tal virtud y en función de lo anteriormente expuesto, se plantea nuestra pregunta de investigación en los siguientes términos: ¿Bajo qué condiciones, el caudillismo, el liderazgo político autoritario y las coaliciones frágiles, unido a la pugna de poderes, constituyen un detonante de inestabilidad y de crisis políticas, golpes de Estado, o paralización y fracaso de la gestión del gobierno, impidiendo la gobernabilidad democrática y debilitando la ya precaria institucionalidad política en el Ecuador?

  

Algunas consideraciones sobre la inestabilidad política y la ingobernabilidad en Ecuador 1992 - 2008.

Desde 1992 hasta el 2008 Ecuador se caracterizó por una cultura política focalizada, elitista, grupal, clientelar que respondió únicamente a la presión de grupos de actores diversos, generando inestabilidad institucional y desprestigiando el sistema democrático presidencial representativo. Durante el período en cuestión, se aplicaron ciertas prácticas políticas perversas como medio de superación de las crisis, disputas al interior de los poderes y entre poderes, dando origen a una forma particular de gobierno en la ingobernabilidad.

Ante una ausencia de consensos y de comportamientos cooperativos por parte de los diversos actores políticos, las negociaciones y decisiones se han tomado y viabilizado desde las relaciones de poder y tecnicismos intrínsecos a la ingeniería constitucional, sin importar las aspiraciones y proyectos sociales ni la racionalidad política y económica que deberían caracterizar a todo sistema político-administrativo–democrático-representativo, en cualquiera de sus modalidades.

En tal contexto político y bajo tales condiciones, no extraña en absoluto que Ecuador haya tenido 10 gobiernos entre 1993 y el 2007 y un gran número de constituciones en comparación a otros países de América latina y Europa:

América Latina                                            Europa

País	Nº Constitución	País	Nº Constitución
Ecuador	20	Alemania	3
Argentina	6	Bélgica	1
Brasil	8	Corea del Sur	2
Costa Rica	9	Estados Unidos	1
México	8

De acuerdo a estos indicadores, Ecuador se sitúa a la altura de Venezuela con 25 Constituciones, Haití con 24 y Bolivia con 16. Estos resultados son coincidentes con la inestabilidad de los distintos gobiernos desde 1993 hasta el 2007, ya que hubo 6 gobiernos durante el período 1993-2000 (casi uno por año), 4 gobiernos durante el período 2000-2007 y uno durante el 2007 (AGENDA ECUADOR, DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN, preparado para ICCO, por Manuel Chiriboga, con el apoyo de Grace Jaramillo, Harry Dorn Holmann y Carol Chehab, Quito, julio de 2008).

2.      Enfoque teórico

Nuestro trabajo de fin de curso pretende un alcance explicativo muy modesto desde la metodología de la investigación, dados los límites que corresponden al objeto del documento, no obstante lo anterior, nuestro enfoque teórico se fundamenta en dos planteamientos y conjunto de argumentaciones concretas:

1.      Aquellos recogidos en la obra Los costos del ´populismo de Osvaldo Hurtado y,

2.      Gobernabilidad Democrática de Andrés Mejía Acosta.

En cuanto al primer planteamiento, “El libro estudia las relaciones entre política y economía que se dieron en cinco gobiernos del presente periodo democrático y la forma en que la primera limitó la buena gestión de la segunda” (Hurtado, 2006: 11).

A través del análisis pormenorizado de las políticas y acciones propuestas por los distintos gobiernos, Hurtado establece los problemas políticos que incidieron de distintas formas  en el proceso de desarrollo y bienestar de la colectividad, luego de lo cual concluye contundentemente que:

“No será posible que Ecuador se enrumbe por la ruta de la estabilidad y del desarrollo, si antes no son corregidos los problemas de gobernabilidad que diariamente perturban el funcionamiento del sistema democrático, entre los que se destaca: la condición minoritaria de los gobiernos en el Congreso nacional, la fragmentación de los partidos, las conflictivas relaciones entre las funciones ejecutiva y legislativa, los enfrentamientos personales y partidistas, la ausencia del imperio de la ley, las inconvenientes conductas de ciudadanos y lideres, el modo de ser populista de un alto porcentaje de ecuatorianos y las atrasadas ideas que dominan el debate nacional” (Hurtado, 2006: 16).

En cuanto al segundo enfoque, muy rico y muy diverso, nuestra investigación recoge aquellos planteamientos realizados por Mejia en relación a la pugna de poderes, en cuanto a la formación de mayorías legislativas y la perversa combinación de presidencialismo y multipartidismo y formación de coaliciones inestables, así como del inevitable matrimonio entre presidentes y congresos (Mejía, 2002), acerca de las debilidades de un presidente fuerte, el gobierno de los caudillos y, consecuente, la inevitable pugna de poderes.

Al respecto, las afirmaciones de Mejía son contundentes:

“Desde el inicio de la actividad política latinoamericana, y especialmente en Ecuador, han prevalecido los valores tradicionales a los que Weber llamó “patrimonialistas”, es decir, el predominio del gobierno de los hombres y caudillos por encima del gobierno de las normas y los procedimientos legales” (Mejía, 2002: 104).

[“En el contexto ecuatoriano, la fragmentación partidaria estaría destinada a obstruir la formación de mayorías o de coaliciones mayoritarias (Burbano y Rowland, 1998; Sánchez Parga, 1998). Según Dieter Nohlen, la fragmentación y proliferación del número de partidos políticos, características del sistema político ecuatoriano, pueden producir  resultados particularmente adversos cuando son combinadas con un sistema presidencial de gobierno” (Nohlen, 1989:19)] (Mejía, 2002: 136).

Adicionalmente, Mejía se refiere al estudio realizado por Grace Ivana Dehesa, donde la autora evidencia la tendencia de los presidentes a formar alianzas o coaliciones mínimas para ganar o aprobar leyes específicas, afirmando finalmente que:

“En Ecuador ha habido solamente cinco gobiernos de un solo partido (de un total de 41 en América Latina), ninguno de los cuales ha sobrepasado el 50% de escaños en la Cámara, es decir, todos han sido minoritarios” (Mejía, 2002: 137).

Para finalizar, Mejía observa que en la región latinoamericana los presidentes son jefes de gobierno y de estado, que un presidente fuerte es contradictorio al sistema democrático, que varias constituciones otorgan poderes extraordinarios al presidente y al mismo tiempo establecen restricciones (como la prohibición de reelección, por ejemplo) para impedir arbitrariedades y abusos, cuya combinación ha producido resultados lamentables (Mejía, 2002). En el caso ecuatoriano, según Mejía, existen facultades ejecutivas y legislativas ambiguas, “dando lugar a diversas interpretaciones constitucionales y serios conflictos entre el presidente y el congreso” (Mejía, 2002:149).

3.      Sobre caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes: Ejecutivo y legislativo

Nuestro análisis se limita a tres periodos presidenciales en décadas distintas (década de los cuarenta, de los ochenta y de los noventa), antes y después de las dictaduras militares y después del retorno a la democracia en 1979. Dadas las limitaciones del trabajo de investigación, se consideró pertinente escoger tres presidentes, en tres contextos distintos, tanto nacional como internacional, que enfrentaron problemas de origen endógeno y exógeno, lo cual valida aun más los enfoques y consideraciones teóricas de partida (Hurtado, Mejía, Pachano) a las cuales nos hemos referido.

José Maria Velasco Ibarra

Por razones obvias de la historia política del Ecuador, el análisis de las elites y caudillos tiene que incorporar antes que nada al abogado, catedrático y periodista, José maria Velasco Ibarra, quien gobernó por cinco veces Ecuador, en 1933 la primera, hasta en 1970 por quinta ocasión. Velasco Ibarra solo pudo completar uno solo de sus periodos constitucionales entre 1952-1956 habiendo sido derrocado en cuatro ocasiones. Para fines de nuestra investigación y cumplir con el objetivo de nuestra pregunta, procederemos al análisis del segundo periodo, previo al cual y en que bajo el liderazgo de Velasco Ibarra se culmina con la revolución de mayo de 1944, denominada “La Gloriosa”, para derrocar al presidente Arroyo del Rio.

Legitimado popularmente Velasco llega a la presidencia y convoca a una Asamblea Constituyente, aunque la euforia termina cuando se inicia la crisis política del año 1946, cuando la Alianza Democrática y el equilibrio de poderes en el congreso comienza a resquebrajarse (Mejía, 2002):

“En lo económico, el país enfrentaba una de las más fuertes crisis económicas a causa del vertiginoso descenso en las exportaciones de cacao (que afectaba especialmente a la oligarquía de la Costa). Las reservas internacionales disminuyeron, se devaluó la moneda, decayeron las inversiones y la corrupción se extendió a todos los gobiernos provinciales y municipales. La población había empezado a sentir los efectos de la inflación y la carestía de víveres” (Mejia, 2002: 25).

Por otra parte:

“El presidente Velasco Ibarra condenó, en 1945, la naciente Carta Política, por haberla hallado “colmada de vicios, contradicciones y fallas”. La situación política empeoró a lo largo de todo el año, y en marzo de 1946, Velasco se proclamó dictador, con el apoyo de su ministro de gobierno Carlos Guevara Moreno. Esta vez, adoptó una orientación derechista y dirigió sus represalias contra los líderes de izquierda. Exilios, encarcelamientos, clausuras de medios, fueron formas comunes de represión. El 10 de agosto de 1946, Velasco Ibarra convocó a una nueva Asamblea Constituyente, y ante la ausencia de los izquierdistas, quienes se negaron a participar en aquella “farsa democrática”, el congreso reflejó una mayoría conservadora” (Mejía, 2002: 28).

Finalmente, ni la situación política ni la situación económica mejoraron, la Constitución que se elaboró en 1946 recuperó el poder para el presidente y se enfrascó, entre otras cosas, en establecer los casos de inelegibilidad a la presidencia, “la política económica fue errática e inconsistente” (Mejia, 2002:29) hasta que la crisis generó el golpe de estado. Finalmente y para cerrar el clásico ciclo, Velasco fue apresado, obligado a renunciar y expulsado, en medio de la indiferencia de las masas que lo habían aclamado tres años antes (Mejía, 2002).

De acuerdo al propio Andrés Mejía, Velasco Ibarra desató un clima de intolerancia política, encarceló y persiguió a los líderes y adversarios permanentemente, reprimió manifestaciones populares, disolvió congresos y clausuró periódicos. “La poca disposición del presidente para negociar piezas legislativas con una mayoría opositora en el congreso, condujo al estancamiento y conflicto entre el legislativo y ejecutivo” (Mejia, 2002: 23).

Durante este periodo presidencial, se conjugan distintos factores que conducen a la improvisación; las frágiles o esporádicas alianzas (es el caso de Alianza Democrática, también de los sectores de izquierda, y entre conservadores y liberales), el enfrentamiento entre distintas facciones en el congreso, la ausencia de cooperación entre poderes, la pugna entre el legislativo y el ejecutivo, la inestabilidad y crisis y el “inevitable” golpe de estado. La ingobernabilidad democrática se instala.

Así como el líder retorna con el apoyo delirante de las masas, con una conexión aparentemente total entre las bases y el caudillo, con esa misma rapidez y violencia la conexión y el apoyo se pierden, ante la crisis y la imposibilidad de formular políticas para contrarrestar los ciclos económicos y atender las necesidades de la colectividad.

León Febres Cordero

León Febres Cordero recibe el gobierno de manos de Osvaldo Hurtado en 1984, aproximadamente 12 años después del último velasquismo y comienzo de la dictadura militar de los años setenta. Al igual que Velasco Ibarra, Febres Cordero es un líder por encima de la institucionalidad democrática, más allá de las normas y del derecho cuando se trata de obtener niveles de gobernabilidad fuera de las prácticas democráticas. Califica al gobierno de Hurtado de estatista e inicia de inmediato con la liberalización de los mercados al mejor estilo neoliberal, reduciendo la intervención y control estatal, eliminando controles de precios, buscando promover la producción y la productividad, alineado a las reformas estructurales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Hurtado, 2006).

Bajo estos lineamientos, Febres Cordero se enfrenta desde el primer momento con el Frente Unido de Trabajadores (FUT) al incrementar el precio de los combustibles, se inician los conflictos entre el gobierno y el Congreso nacional y surge un bloqueo político a consecuencia de las medidas acordadas con el FMI. "Los enfrentamientos alcanzaron tal dimensión que produjeron bloqueos políticos, que degradaron las instituciones constitucionales y pusieron en riesgo la supervivencia del sistema democrático" (Hurtado, 2006: 22).

De ahí en adelante, Febres Cordero hace gala de las más insólitas prácticas políticas para superar la oposición del congreso, impide por la fuerza la posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia nombrada por el Congreso (Hurtado, 2002), disuelve las sesiones del Congreso mediante el uso de bombas lacrimógenas y bombardea el Congreso con diversos proyectos de ley que congestionan el trabajo de los legisladores y el despacho oportuno de los mismos (Hurtado, 2002), incluso, impedía la publicación en el Registro Oficial de los proyectos de ley modificados por el congreso (Hurtado, 2002), como una muestra más de su fuerza y poder por encima de las instituciones.

Hasta mayo de 1985 el bloque legislativo del gobierno contaba con tan solo 12 diputados propios, pero León Febres Cordero consigue la mayoría atrayendo diputados de otros partidos, los cuales abandonan sus propias organizaciones políticas a cambio de favores y prebendas (Hurtado, 2002). De tal manera que, imponiendo a veces inconstitucionalmente su voluntad y valiéndose de prácticas políticas antidemocráticas impuso su voluntad hasta conseguir las leyes que quiso:

"Mediante la manipulación de las instituciones, el mal uso de los procedimientos constitucionales, la ejecución de maniobras políticas de toda índole y el empleo de la violencia, en suma, con el uso de medios no democráticos, el presidente Febres Cordero obtuvo los instrumentos jurídicos que necesitaba para mantener la estabilidad económica alcanzada y transferir indebidamente recursos públicos a particulares" (Hurtado, 2002: 25). 

A inicios de 1986 se produce la caída de los precios del petróleo de 26 dólares a menos de la mitad en marzo del mismo año, lo cual no fue oportunamente previsto por las autoridades económicas (Hurtado, 2002) generando desconfianza entre los agentes económicos quienes se volcaron a adquirir dólares y enviarlos al exterior, acelerando así la crisis. Contrario a las medidas de ajuste que prevén las teorías neoliberales en tales casos, Febres Cordero optó más bien por el cálculo populista en función de sus necesidades electorales ante la renovación en junio de ese año de la mayor parte de integrantes del Congreso Nacional, "repartiendo cheques y ofreciendo obras" (Hurtado, 2002:34) en vez de adoptar medidas impopulares ante la crisis. Con la continua extracción de recursos del Banco Central, del Seguro Social y Banco de Desarrollo, se agrandó la brecha fiscal, se provocó una estampida del dólar al igual que de la inflación. El terremoto de marzo de 1987 empeoró aun más la situación económica y política, con la devaluación del sucre (145 % el último año de gobierno) y una tasa de inflación que alcanzó niveles del 63% (Hurtado, 2002).

En 1988, con una distribución del ingreso radicalmente concentrada, "el quintil más rico de la población concentraba el 50.6% del ingreso, y el quintil más pobre el 3.9%" (Hurtado, 2002: 37), el populismo y caudillismo fiscal de Febres Cordero y sus pugnas con el congreso no le dieron réditos políticos, habiendo terminado su mandato en 1988 con el mismo número de representantes con que se inició en 1984, a pesar del enorme sacrificio fiscal y social.

Sixto Duran Ballén

Duran Ballén gana las elecciones gracias a las divisiones internas en el Partido Social Cristiano (PSC) y al voto del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), fuerte contendor del PSC en la Costa. Respaldado por un partido ad hoc (Sánchez, 2008), Unión Republicana (PUR), creado por el mismo Duran Ballén y sus políticos aliados con fines electoralistas, este no tardó mucho en mostrar su extrema fragilidad al surgir las pugnas internas antes y después de las elecciones (por ejemplo, entre Roberto Dunn, ministro de Gobierno y Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, sobre las medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional) (Sánchez, 2008).

Aliado a un debilitado partido conservador, el PUR llega al poder apenas con un 22.07% del total de escaños en el legislativo entre todos los miembros de la alianza, con un ambicioso programa de reformas sin el apoyo legislativo necesario y un congreso extremadamente fragmentado, con un PSC que cuenta con el 27% de los escaños y el PRE con el 19.48% (Sánchez, 2008).

Sin control y cooperación “incondicional” del legislativo desde sus inicios, el PUR se debilita aun mas con las elecciones legislativas de medio término, cuando la coalición del ejecutivo pierde el 10% de sus escaños y el PSC alcanza hasta el 33,77% del total de escaños en el Congreso. Bajo tales condiciones, el PSC refuerza aún más su estrategia de apoyo condicional a cambio de prebendas e ingentes recursos que fortalecen al partido y sus elites:

“La agenda de cooperación se marcaba desde el Legislativo y con altos costes para el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos para los gobiernos locales, controlados por los social-cristianos. El mejor ejemplo de la relación de amor y odio entre el gobierno y el PSC fue el juicio seguido en el Congreso al Vicepresidente bajo la acusación de malversación de los fondos reservados, episodio que terminó con la fuga y asilo político del Vicepresidente en Costa Rica” (Sánchez, 2008:136).

Ante la imposibilidad de obtener mayoría y procesar demandas en general en el poder legislativo, el gobierne busca el “alineamiento” de congresistas independientes o de pertenecientes a pequeños partidos, a cambio de medios y recursos para ellos y sus provincias (Sánchez, 2008). Según Simón Pachano, se presenta entonces un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que:

 [“Sea como fuere, un cuadro de este tipo ha definido únicamente un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que “privilegia la continuidad del régimen político, lo cual lleva a un trato preferencial del gobierno con actores políticos y sociales que tienen capacidad inmediata de desestabilización política y/o económica”, sin desarrollar la capacidad de “recoger, elaborar y agregar (en la acción gubernamental) la demanda de la sociedad civil, haciéndola valer como criterio de utilidad colectiva”(CLACSO-PNUD-UNICEF) (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131)].

Y a continuación agrega:

“Por consiguiente, ha colocado el problema de la gobernabilidad en el nivel de la capacidad de la dirigencia política para establecer acuerdos cupulares pero de alta efectividad. Esto se ha logrado no a través de procesos de legitimación del quehacer político –como ocurre en sistemas más incluyentes-, sino por medio de la ya aludida relegación de los problemas fundamentales a espacios considerados como no políticos” (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131).

Finalmente, El Consejo nacional de Modernización del Estado (CONAM) no obtuvo los resultados previstos (Araujo, 1998). El gobierno no llegó a vender ninguna de las empresas estatales claves. La reforma administrativa quedó al margen de la acción modernizadora y no se lograron los objetivos de descentralización, desconcentración y desmonopolización de los servicios públicos.

En cambio, la inflación se redujo fuertemente, del 60.2% en 1992 al 25.4% en 1994, el sistema de bandas cambiarias permitió con bastante éxito el programa macroeconómico durante los últimos dos años de gobierno y facilitó a la autoridad monetaria administrar el tipo de cambio y su proyección a futuro (Araujo, 1998). A pesar de un pobre crecimiento del PIB (salvo 1994 = 4.3%), las exportaciones tienen el mayor crecimiento visto durante el periodo democrático (Araujo, 1998), a pesar de ello, el déficit en cuenta corriente aumenta constantemente por el crecimiento de las importaciones. Sin embargo, la Reserva Monetaria Internacional mejora con el ingreso de capitales, estabilizando las cuentas externas, generando confianza y facilitando el manejo de la deuda externa (Araujo, 1998).

Lamentablemente, durante el año 1995, el desabastecimiento de agua en la central hidroeléctrica de Paute, los racionamientos de energía eléctrica (más de seis meses), el  bajo crecimiento del PIB (1995 = 2.3%), la quiebra del Banco Continental , la reducción y la contracción del sector financiero unido a una alta conflictividad política  (a más de la patente agresividad del PSC contra los principales miembros del Ejecutivo), desataron  una fuerte crisis política que, ante la fragilidad y ausencia de apoyo legislativo hacia el gobierno, terminó con  denuncias de corrupción, destitución del vicepresidente Dahik y gran descontento generalizado por las medidas de ajuste a pesar de los resultados de la estabilización.

4.      Conclusiones

A lo largo de nuestro trabajo, encontramos algunas respuestas a nuestra pregunta de investigación demostrando que el caudillismo y un fuerte y autoritario liderazgo político unido a la pugna de poderes (que en los tres casos analizados se presentan en distintas dosis, ya que el liderazgo de Sixto Duran no es igual al de León Febres Cordero, ni al de Velasco Ibarra, pero fue su liderazgo y el de Alberto Dahik lo que permitió la conformación del PUR, que siendo una coalición débil, ganó las elecciones) constituye un detonante que ha desembocado en múltiples crisis políticas, provocando sublevaciones militares, secuestro del presidente (el Presidente León Febres Cordero fue secuestrado en Taura por seguidores del General Frank Vargas en marzo de 1986) y golpes de Estado (en el caso del presidente Velasco Ibarra), y/o oposición a ultranza, clientelismo exacerbado (en el caso de Sixto Duran Ballén, por ejemplo), traslado y control de la agenda al legislativo (Sixto Duran), bloqueo y hasta fracaso de la gestión del gobierno cuando no existe el apoyo y respaldo legislativo necesario para administrar eficientemente un programa político y atender los requerimientos de la colectividad.

Queda bastante claro que,  a lo largo de las últimas siete décadas, desde Velasco Ibarra hasta Sixto Duran Ballén, el caudillismo, la fragilidad de las alianzas electoralistas, la debilidad de los partidos de gobierno y la frágil institucionalidad política, crean las condiciones necesarias y el terreno fértil para debilitar o impedir la gobernabilidad democrática, sacrificada en función de intereses partidistas, personales o localistas, como único camino al desbloqueo de la gestión ejecutiva por parte del poder legislativo. Se impone entonces la decisión y acción arbitraria y prepotente, o en su defecto, lo que Simon Pachano (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131) denomina la “gobernabilidad sistémica” o los “acuerdos cupulares de alta efectividad”, en detrimento de la gobernabilidad democrática.   

BIBLIOGRAFÍA

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Pachano, Simón, Coordinador. Modernización de las instituciones democráticas: el Congreso. FLACSO, Fundación Konrad Adenauer,  1997.

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