Escenarios y conflictos froterizos: Ecuador-Colombia

ESCENARIOS Y CONFLICTOS FRONTERIZOS. ECUADOR-COLOMBIA:

“ASPERSIÓN QUIMICA COMPULSIVA”

Elaborado por: Harry Dorn Holmann M. A.

INDICE

1.     Ecuador-Colombia: crisis fronteriza

2.     Antecedentes

3.     El Plan Colombia y el Plan Patriota: la intervención por invitación. Reflexiones teóricas para el análisis y debate.

4.     Las fumigaciones: “aspersión química compulsiva”

5.     Conclusiones

Bibliografía

1.      Ecuador-Colombia: crisis fronteriza

Hoy en día, un paso al frente de la agenda internacional toman lugar los temas relacionados con la vulnerabilidad y seguridad en la frontera, las políticas públicas nacionales y binacionales así como los proyectos y distintas alternativas de integración como solución a los problemas fronterizos.

Sería equivocado pensar que las diferencias y desencuentros de frontera entre Ecuador y Colombia son el producto de las políticas de los gobiernos de los últimos treinta o cuarenta años. Desde la fundación republicana, los conflictos de frontera se repiten con frecuencia con duración e intensidades distintas, pero han estado presentes en la historia de los países a lo largo del siglo XIX y siglo XX.

Pese a lo anterior, en los últimos veinte años la situación se agrava por la intensificación del narcotráfico, del lavado de capitales, del contrabando, del tráfico de armas y suministros,por las facilidades que representa la dolarización en el Ecuador,por las distintas visiones gubernamentales, y por otros factores que dificultan el combate efectivo de tales amenazas:

“La explicación sobre el origen del conflicto puede provenir del hecho de que las agendas de seguridad de ambos países son distintas y en cierta medida hasta contradictorias. Esto se evidencia en la incapacidad de manejar eficientemente los temas de seguridad en una frontera larga de 600 kilómetros, débilmente poblada, con excepción de algunos sectores” (Bonilla en Grace Jaramillo, compiladora, 2009: 11).

La matriz explicativa del fenómeno se muestra en extremo complicada y el grado de incidencia de los factores varía dependiendo de las circunstancias y coyunturas de ambos países. En Ecuador, por ejemplo, el flujo de capitales provenientes de Colombia se vio notablemente incrementado durante la crisis generalizada de los años ochenta, así como el flujo de bienes de todo tipo (harina de pescado, conservas, harina de trigo, harina de maíz, combustibles, botas,“canicas” y hasta chatarra) se vio favorecido desde Ecuador hacia Colombia, tanto de materias primas como de productos terminados.

Las pingues ganancias generadas por estos flujos comerciales y financieros atenuaron o incluso neutralizaron cualquier intento de control efectivo de fronteras, sea cual sea el destino de tales bienes y recursos. De igual manera, la proliferación de negocios y puestos de trabajo derivados de tales actividades contribuyeron a la continuidad de dichas actividades, muchas de ellas ilícitas.En la actualidad, a pesar de un mayor y más eficiente control institucional en frontera y al interior del país por parte de las autoridades policiales y aduaneras, las barreras arancelarias (los nuevos impuestos o medidas proteccionistas a las importaciones, bajo la normativa de la organización Mundial del Comercio, según la cual, todos los Miembros tienen derecho, en virtud del
Acuerdo OTC, a restringir el comercio por “objetivos legíti-
mos”: protección de la salud y la vida, protección del medio
ambiente, y de los intereses y la seguridad nacionales (OMC,
1994: 143-169)), el fortalecimiento del dólar, la devaluación del peso colombiano y la inflación interna en Ecuador, vuelven nuevamente atractivos los precios y calidades de los productos colombianos que ingresan al país de forma legal y también de manera ilícita.

2.      Antecedentes

Del análisis y reflexiones de María Caridad Araujo, Marco Naranjo Chiriboga y otros autores (Morillo, 1996),  Ecuador ingresa con mal paso en la década de los ochenta. En la segunda mitad de los setenta, con la caída de los precios del petróleo, el país recurre al endeudamiento externo y facilidades de los petrodólares (inversiones de capital financiero en bancos europeos provenientes de los países exportadores de petróleo) y liquidez internacional abundante para compensar la reducción de sus ingresos y cubrir sus déficits tanto fiscal (brecha fiscal) como de balanza de pagos (brecha externa). Por tal razón, la deuda externa se incrementa en un quinientos por ciento durante el quinquenio, de USD693 millones en 1976 a USD 3.554 millones en 1979 (Naranjo, 2005). Desde 1972, El boom petrolero y el aumento de recursos para el gobierno superaron su capacidad de gestión para el buen uso de dichos recursos, lo que inició un proceso inflacionario que en 1976 alcanzó el 16,2%.

En 1976, el crecimiento económico del 9,1%, el  crecimiento de las exportaciones en un 30%, el crecimiento de la reserva monetaria, el aumento incontrolado del crédito y de la masa monetaria, generaron inflación y un aumento de la demanda de dólares en el mercado libre de cambio, impulsando el alza del precio hasta en un 13% (Banco Central del Ecuador, 1976).

La dependencia económica del recurso petrolero comienza a demostrar la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a las variaciones de las exportaciones petroleras y su política de industrialización. En 1977, los problemas de comercialización y baja de las exportaciones de crudo más las importaciones del sector industrial ecuatoriano, que crecen ese año a un ritmo del 24,5%, reducen fuertemente la reserva monetaria. El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el incremento de las importaciones y  la presión sobre el tipo de cambio fomentó la contratación de créditos externos para financiar importaciones y crecimiento económico y mantener la cotización del dólar en niveles adecuados. El fenómeno se repite en 1978, con una inflación del 11,7%, un saldo negativo en la balanza de servicios de USD 428, 5 millones y la contratación de nuevos créditos externos para financiar los déficits y mantener la reserva monetaria en niveles aceptables (Morillo, 1996).

Desde entonces, a pesar de los buenos precios del petróleo y abundancia de capital, la inflación y la devaluación monetaria serán el fiel acompañante de la economía durante la década de los ochenta, con las consecuencias que se analizan más adelante. Tal como lo expresa Marco Chiriboga Naranjo:

“Aunque a principios de los años ochenta, la inflación acumulada durante la década anterior hizo necesaria la devaluación de un tipo de cambio que se había mantenido fijo artificialmente, mediante el endeudamiento y como consecuencia de los buenos precios del petróleo, posteriormente, la tasa de devaluación superó ampliamente a la de la inflación y sirvió para alimentarla” (Naranjo, 2005: 144).

Con estos antecedentes, los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero (en adelante LFC) y Rodrigo Borja tuvieron que enfrentar problemas comunes o similares: La brecha fiscal o déficit fiscal, la brecha externa o déficit comercial y la creciente inflación. En lo particular, LFC se refirió desde el inicio a problemas estructurales como el déficit habitacional, la desnutrición el desempleo y subempleo, la perdida de los valores ciudadanos, las deficiencias del sistema educativo la inseguridad, la baja productividad y otros. Todo esto contribuyó “también” a la entrada irregular de capitales desde Colombia y contribuyó notablemente al flujo de productos exportados desde el Ecuador hacia ese país, especialmente de aquellos rubros subvencionados como es el caso de los combustibles y el gas.

Adicional a lo anterior, la matriz explicativa se complica aún más por las distintas visiones acerca del conflicto, su origen y naturaleza, y las limitantes reales que pueden tener ambos países, a pesar de la convergencia de intereses, como es el combate y eliminación de prácticas ilegales en la frontera. En el caso colombiano, el conflicto se enfocaba más como un tema de seguridad regional, lo que en Ecuador se concibió más como un conflicto de origen y características internas más que nada, y en cuanto a debilidades y falencias tácticas y estratégicas, esto quedó ampliamente demostrado con el incidente de Angostura, aunque, insistimos, las razones del conflicto y sus orígenes lejanos y cercanos obedecen a factores diversos tal como lo expresan expertos de la talla de Grace Jaramillo y Adrian Bonilla:

“Los desencuentros entre Ecuador y Colombia no empezaron el primero de marzo del 2008, día en que las fuerzas armadas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano para ejecutar un operativo que termine con la vida de alias Raúl Reyes, segundo en la línea de mando de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Estos han respondido a un largo proceso de distanciamiento que empezó con el Plan Colombia y la necesidad que tenía este de encontrar contrapartes regionales para garantizar éxitos en el campo militar. La presión colombiana por obtener un apoyo militar, aunque sea tácito, para su embestida terminó siempre por alienar la voluntad ecuatoriana de permanecer alejada de un entorno de violencia regional, del que se mantuvo por décadas más o menos inmune, a pesar de sus vecinos” 

“El Plan Colombia además trajo consigo las fumigaciones aéreas con glifosato, que llegaron hasta la misma frontera común y socializaron las diferencias estatales existentes hacia poblaciones civiles que quedaron en medio del conflicto, sin que ninguna de las dos partes pudiera llegar a un acuerdo sobre el tema. Cuando llegó el primero de marzo de 2008, la suerte entre los dos países estaba echada. El desencuentro tomó matices de ruptura y alejamiento progresivo de cualquier posibilidad de comprensión de los problemas fronterizos existentes” (Jaramillo en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 15).

            Bonilla concluye en términos generales, que:

Es muy difícil evitar en una frontera de esta naturaleza, incidentes que son provocados como consecuencia de un problema que es complejo, con múltiples actores donde los estados no tienen capacidad absoluta para actuar. Por lo tanto, se requiere institucionalizar procedimientos de seguridad que permitan generar visiones de confianza mutuas en ambos estados y conductas que no sean vistas por el otro como amenazantes. Si bien los dos países tienen agendas distintas, esto no significa que no existan intereses comunes. Tanto a Colombia como a Ecuador le interesa que en la frontera no se permita la reproducción de prácticas ilegales. Los puntos comunes pueden permitir generar algún tipo de dispositivo de procedimientos, normas e instituciones que permitan in neutralizando o estableciendo los mecanismos de solución para que no se llegue a dar un incidente diplomático o militar cada vez que se produce un evento de transgresión que puede o no ser responsabilidad de los dos países” (Bonilla en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 13).

3.      El Plan Colombia y el Plan Patriota: la intervención por invitación. Reflexiones teóricas para el análisis y debate.

La cercanía histórica de las relaciones entre Estados Unidos de Norteamérica (en adelante Estados Unidos) y los países latinoamericanos ha sido siempre de estrecha colaboración y sumisión en grados diversos a la política exterior de Estados Unidos. Colombia no ha sido una excepción, por el contrario, esta relación se estrecha y consolida aún más en los últimos 25 años durante los periodos presidenciales de los señores Andrés Pastrana y Álvaro Uribe,  con el Plan Colombia y el Plan Patriota respectivamente, Los cuales, indudablemente, contribuyeron a la internacionalización del conflicto y una participación mayor y decisiva de los Estados Unidos por medio de la Iniciativa Regional Andina que involucraba a los países en una lucha conjunta contra las drogas o lucha antidrogas, la cual se intensifica con la llegada a la presidencia del Sr. Álvaro Uribe quien involucra aún más a Estados Unidos en el Plan Patriota, el cual, presenta a Colombia como una amenaza para la seguridad de la región, discurso fortalecido por la ruptura de las negociaciones de paz con las FARC en febrero de 2002, que prácticamente incorpora a Colombia en la lucha antiterrorista de los Estados Unidos.

          ¿Como entender entonces, en aquella época, la postura y decisiones implícitas en ambos planes del gobierno colombiano? Existen varios enfoques teóricos adoptados para su interpretación y explicación, entre ellos, el realismo periférico de Carlos Escudé (1995) quien evalúa las ventajas de la autonomía versus los costos potenciales o costos de oportunidad de defenderla y gozarla, ya que su ejercicio puede implicar confrontaciones y despliegue de recursos escasos que podrían ser utilizados con fines de desarrollo productivo. Partiendo de un orden de prioridades para los países periféricos, según el mismo Escudé (1995), resulta lógico orientar sus relaciones externas y esfuerzos en función del desarrollo económico y bienestar de la comunidad a pesar de la subordinación que la obtención de dichos recursos implica, siempre y cuando exista un beneficio neto tangible.

Al respecto, Arlene B. Tickner argumenta:

“Lo que se deduce de la propuesta de Escudé es que en política exterior todo Estado –independientemente del poder del que dispone- tiene algún margen de escogencia a la hora de evaluar cualquier situación y actuar, inclusive, cuando decide subordinarse ante un actor más fuerte. En este sentido, la premisa central del autor es que la alineación constituye la forma más idónea de defender los intereses de la periferia dado que suele ser correspondida por Estados Unidos con beneficios materiales. Escudé, es enfático en señalar que el desarrollo económico es el único medio que permitirá a los países periféricos competir en el sistema internacional hacia el futuro. Empero, el tipo de interacción subordinada que su modelo sugiere perpetúa y profundiza la dependencia de los países de la periferia y todas las tergiversaciones internas que ella engendra” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora. 2009: 59).

          Otros autores como Hernando Calvo Ospina (2010) se refieren también a la Doctrina de la Seguridad Nacional (en adelante la DSN) para entender  la estrategia de los presidentes Pastrana y Uribe, la que es impulsada en América Latina por el Presidente Kennedy después de la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando se constató que un enfrentamiento nuclear directo con la Unión Soviética estaba descartado por sus consecuencias para ambas partes, recurriéndose entonces a la DSN de ancestro francés para implementarla en América Latina como parte de la política de la contención y estrategia de lucha antisubversiva que condiciona a los estados y sus ejércitos a la seguridad nacional. De ahí en adelante, se trataba entonces de combatir al enemigo interno, o de la lucha del bien contra el mal, que “Lo toma como un sujeto en permanente acción subversiva contra el sistema y sus valores” (Calvo Ospina, 2010: 101). De acuerdo con la misma doctrina, las Fuerzas Armadas se convierten en su principal referente y expresión, concretando poderes especiales donde la política y el ejército se confunden en un solo cuerpo, pues la guerra contra el enemigo interno no es más que la continuación de la lucha política por otros medios, de acuerdo con el concepto de Karl Von Clausewitz (1969).

Enfocando el problema colombiano bajo esta lógica, resulta obvio que la identificación de Colombia como un peligro para la seguridad de la región, ante las ventajas obtenidas por las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (en adelante las FARC) en la intensidad del conflicto armado e incremento de la violencia a fines del siglo XX, genera enormes costos políticos para el país ante la comunidad internacional, razón por la cual, el Presidente Pastrana presenta “un plan de paz” (las comillas son mías) que busca solucionar el “problema social de los cultivos ilícitos” (las comillas son mías) por la vía de una especie de versión del Plan Marshall para Colombia, internacionalizando el conflicto para una solución definitiva del fenómeno del narcotráfico e instrumentando una especie de “diplomacia por la paz” (las comillas son mías).

De la puntualización de la estrategia que originó la iniciativa para la paz y una especie de Plan Marshall, nace entonces el Plan Colombia (durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002) para combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, contemplando, además, una serie de medidas de fortalecimiento del Estado colombiano considerado débil para enfrentar la amenaza, habiendo perdido el monopolio y ejercicio pleno de la fuerza en parte del territorio nacional, es decir, se securitizó el combate a las drogas, combatiendo a la guerrilla que controlaba las zonas de cultivo de la hoja de coca propugnando una renarcotización de la agenda bilateral con Estados Unidos, en concordancia con el enfoque hiperrealista de las relaciones internacionales de dicho país, destinando el 80% a rubros militares y solamente el 20% con fines económico y sociales, de los primeros US$1.330 millones que aprobara como ayuda para Colombia el Congreso de los Estados Unidos (Tickner, en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009).

          Con el Plan Colombia, Pastrana propone la desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados en la parte sur del país, como una zona de distensión para discutir una agenda común, pero pronto surgió la sospecha que la zona era aprovechada para concretar robos, secuestros, trafico de drogas y armas, por lo que la estrategia de paz se convirtió en una estrategia de guerra. Con la llegada de George Walker Bush a la presidencia, se limitó la autonomía de dialogo del Presidente Pastrana y se extendió la política militarista, especialmente, luego de los atentados a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. En consecuencia, a inicios del 2002, se había roto el dialogo y negociaciones con las FARC.

Según Calvo Ospina, acerca de los resultados del Plan Colombia:

“La propaganda oficial contó que el Plan Colombia serviría para erradicar el 50% de los cultivos de coca, y así se cortaría la presunta fuente de financiamiento de la guerrilla. Pero la CIA, también involucrada en esa “guerra a las drogas” (con comillas en el original), reveló que en el 2001 los cultivos de coca habían crecido un 25%, alcanzando 167.000 hectáreas. Según esa fuente, a finales del 2002 aún existían en Colombia 144.450 hectáreas cultivadas. A finales del 2003 quedaban 113.850 hectáreas. Lo que significa que en todo un año apenas se erradicaron 30.000 hectáreas, a pesar de la descomunal inversión dispuesta presuntamente para tal fin. Peor aún: En el informe de la CIA del año 2005 se vuelven a dar cifras vergonzosas, pues en el año anterior existía casi la misma cantidad de zonas cultivadas que cuando se hizo la evaluación del 2003” (Calvo Ospina, 2010: 249).

Durante la presidencia de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se produce un cambio radical en la evaluación de la crisis de seguridad y nivel de cercanía con los Estados Unidos para solucionar el problema del narcotráfico, terrorismo y, simultáneamente la lucha por la paz. Al final del mandato de Pastrana y durante el mandato de Uribe se perfecciona un plan de mano dura que involucraría directamente a los Estados Unidos en el conflicto armado, despertando más interés de Washington mediante la autoproclamación de Colombia como una amenaza para la seguridad y estabilidad del Hemisferio, generando así una mayor dependencia de Estados Unidos  y pérdida de soberanía colombiana, bajo el argumento que, aislada Colombia, sería incapaz de combatir la amenaza del narcotráfico y la insurgencia.Este Plan de “lucha contra el terrorismo” busca llegar a la paz por la vía militar contra la insurgencia, que comenzó a ser denominada narco-terrorismo, bajo una estrategia conocida como Política de Seguridad Democrática o de guerra contra el terrorismo con amplios poderes para las fuerzas militares (Calvo Ospina, 2010), “con un determinante apoyo, asesoría y monitoreo estadounidense” (Calvo Ospina, 2010: 260).

          Es así que con el Plan Patriota, se golpea fuertemente los Bloques Sur y Oriental de las FARC, y se intensifica la erradicación de los cultivos en la región del Putumayo, “primer productor de hoja de coca con 66.000 hectáreas en el año 2.000, el 40% del total nacional” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 72), sin que tal campaña de “aspersión química compulsiva” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 72) haya tenido los resultados esperados. La disminución de los cultivos en el Putumayo y el escalamiento de las fumigaciones auguraban éxito para el programa diseñado desde Washington, sin embargo, los resultados definitivos para los habitantes de la zona y poblaciones afectadas generaban otro balance final. La reorientación de los cultivos mediante programas a mediano y largo plazo financiados en parte por USAID no resultaron de acuerdo a lo previsto y los cultivos de coca reaparecieron. Las condiciones para el desarrollo no se dieron en los términos y condiciones para desestimular la producción de hoja de coca y más bien se movilizó el cultivo hacia áreas más rentables y con mayores ventajas para la producción, procesamiento y exportación de drogas hacia los países del norte (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009).

          Los efectos colaterales no se hicieron esperar, y tal como lo expone Francisco Carrión:

“La agudización del conflicto colombiano y la implementación del Plan Colombia y del posterior Plan Patriota llevaron, como era previsible, a que la violencia se traslade a la frontera sur de ese país y de ahí a la zona fronteriza norte de Ecuador. Después ocurrió lo inevitable: llegaron las desconfianzas y las divergencias entre los gobiernos sobre temas de seguridad, cooperación, paralización de programas y de proyectos binacionales, disminución de turismo, en fin”.

“Pero lo grave, a mi juicio, es lo que ha venido después como consecuencia de esa nueva y tensa situación: un cambio de la percepción más bien cordial que había existido hasta esa época entre ecuatorianos y colombianos en las zonas fronterizas, hacia a una satanización o ‘demonización’, como lo llama Roque Espinoza (2008: 363), del colombiano y de lo colombiano en Ecuador. Ahora estamos, lamentablemente para los dos pueblos, en un proceso de deterioro de la imagen del colombiano en nuestro país y no solamente en las zonas fronterizas sino en todo el Ecuador, donde inmediatamente se vuelve una persona sospechosa, escasamente confiable y hasta se la llega a considerar peligrosa. Esta situación es tremendamente dañina en las relaciones entre ambos países” (Carrión, En Fernando Carrión y Johanna Espín M. Coordinadores. 2011: 54-55).

4.      Las fumigaciones: “aspersión química compulsiva”

          La concepción del Plan Colombia de Pastrana y posteriormente del Plan Patriota y política de seguridad democrática de Uribe en términos militares y combate a la amenaza internacional amplió la estrecha colaboración entre ambos países, Colombia y Estados Unidos, aumentando la ayuda con fines bélicos e intensificando también la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con graves consecuencias de salud para la población de frontera, incluyendo la población cercana a la frontera, tanto colombiana como ecuatoriana.Los ataques perpetrados contra las torres gemelas y el viraje radical de la política exterior de Estados Unidos fortaleció la solidaridad entre ambos países y la visión generalizada de ser ambos victimas del terrorismo financiado con recursos provenientes del cultivo ilícito y tráfico de drogas. Se generalizó la idea y calificación de las FARC como una organización terrorista y se levantaron “las restricciones asociadas con el  uso de la asistencia militar estadounidense en Colombia” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora. 2009: 65), todo lo cual repercutió negativamente en las relaciones con los países vecinos.

          Al respecto, Arlene B. Tickner nos dice:

“Por otra parte, la expansión del papel de los Estados Unidos en la situación domestica de Colombia ha repercutido, de forma negativa, en las relaciones colombianas con la vecindad”…”El lunar más visible del esquema de intervención por invitación, a nivel regional, se manifiesta en las relaciones colombianas con Venezuela y Ecuador. La relación entre Álvaro Uribe, Hugo Chávez y Rafael Correa está afectada por sentimientos de desconfianza que existe entre el gobierno de Colombia y los otros dos, y el potencial conflictivo que ha generado la presencia de la guerrilla y de los paramilitares en las zonas limítrofes, y, en el caso ecuatoriano, la fumigación aérea de los cultivos ilícitos” (Tickner en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 70-71).

Las relaciones bilaterales de Ecuador y Colombia han pasado por numerosas etapas caracterizadas por tensiones y reclamos en varios aspectos. El tema de las fumigaciones a lo largo de la frontera ha sido motivo de especial preocupación del gobierno ecuatoriano quien ha presentado formalmente reclamos al gobierno colombiano exigiendo el cese de tales fumigaciones por los daños a los bienes y salud de los ecuatorianos, a pesar de los resultados en la erradicación de los cultivos de coca. La renuencia de Colombia de aceptar las peticiones ecuatorianas provocó el retiro del embajador ecuatoriano en Bogotá durante varios meses durante los años 2006 y 2007, hasta que se produjo la ruptura de relaciones a raíz de la incursión militar ordenada por el Presidente Álvaro Uribe en territorio ecuatoriano, específicamente, en el sitio conocido como Angostura, el 1de marzo de 2008.

          La gran paradoja, ante el despliegue de importantes recursos para las fumigaciones, es que la población fronteriza, a más de la inseguridad que viven sus habitantes, carece de los más elementales servicios en materia de salud, educación, infraestructura económica, financiamiento para la producción o emprendimientos productivos, agua potable, proyectos de vivienda popular o campesina, y otros mecanismos institucionales orientados hacia el bienestar y desarrollo económico y social de estas comunidades, dispersas a lo largo y ancho de 645 kilómetros cuadrados de frontera que, según Aura María Puyana Mutis:

“Es también porosa por naturaleza. Permeable a toda suerte de ilegalidades, en especial a las actividades propias de la economía “subterránea” internacional, en una magnitud e intensidad variable según la función que cada país cumpla en el mercado, las ventajas comparativas que ofrezca para hacerlo viable e incluso la posición geográfica que ocupa, lo cual siendo importante no es el factor definitivo. Contrabando de mercancías legales y migración irregular de fuerza de trabajo; redes transnacionales de prostitución y compraventa de menores; tráfico de drogas, insumos químicos y armas, más las divisas generales por este conjunto de actividades, convierten a los territorios de frontera en el necesario radio de acción de las estructuras criminales y de los ejércitos privados a sus servicio. En casos de conflicto social y armado interno, organizaciones político- militares se establecen en zonas geográficas cercanas a los bordes según sus planes estratégicos y según la propia dinámica de la guerra, como ilustran Colombia y Sudán en la actualidad. Aprovecharse de la extraterritorialidad para resguardarse militarmente o para crear bases de apoyo político y logístico en un país vecino, es una realidad por demás frecuente en estos casos; los vínculos coyunturales o permanente que los grupos armados establecen con las mafias y con los traficantes de drogas, son un factor adicional en la complejidad. No por ello las fronteras se “calientan” hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas o el enfrentamiento bélico, frente a mecanismos de cooperación judicial y militar, intercambio de información o solución pacífica de las diferencias frecuentemente utilizadas por Estados colindantes” (Puyana Mutis en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009: 68).

          Ante esta situación y  dados los antecedentes del problema, el Gobierno del Presidente Rafael Correa lanza en 2007 el Plan Ecuador (Moreano, en Grace Jaramillo, Compiladora, 2009) que contempla tres ejes para consolidar la seguridad y una cultura de paz, implementar una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria y una política de defensa de la población, el medio ambiente, los recursos naturales y el territorio y patrimonio nacional en general.

Mientras tanto, hasta la maduración de dichas instituciones responsables de los programas y proyectos, su articulación eficiente con las organizaciones locales que se crearon para el efecto, recoger las necesidades y demandas y plasmarlas en programas y proyectos específicos, el número de refugiados colombianos en Ecuador se incrementa, la inseguridad y violencia en frontera se mantiene, así como las consecuencias negativas en la salud de los habitantes en frontera a consecuencia de las fumigaciones, que en meses recientes, año 2015, fueron suspendidas por el Presidente Juan Manuel Santos. De igual manera, al día de hoy, mientras las bombas estallan en Bogotá, se asesinan a miembros de las Fuerzas Militares y se destruyen instalaciones petroleras, las “negociaciones de paz” en Cuba continúan, entre las FARC y los representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

5.      Conclusiones

          Ante la magnitud de las amenazas y sus consecuencias, cualquier política pública o plan de tratamiento de los problemas fronterizos se revela necesariamente como un esfuerzo muy por encima de los temas tradicionales de frontera, limitados a los aspectos de control aduanero, control migratorio, control militar, control del contrabando, entre otros, ya que el ámbito del problema y las soluciones implican más que la línea de frontera, una enorme franja de frontera y acciones de índole diversa contra actores cada vez más poderosos en el plano financiero, militar y político, cuyo ámbito de influencia va más allá de los países y regiones y se amplía al ámbito global (Naim, 2006).

          La localización y ordenamiento de las distintas etapas de la cadena de generación de valor, desde la producción y aprovisionamiento de materias primas, hasta los procesos de manufactura, la logística y la comercialización de la droga, los países y autoridades enfrentan nuevos problemas derivados de la división del trabajo y otras facilidades (los llamados incentivos conocidos como “impulsores globales” en teoría de las relaciones internacionales) que ofrecen los paraísos fiscales, no solo para la evasión de impuestos, mercados ilegales de armas y drogas, sino también para la conexión de estos circuitos ilegales con la economía legal (Carrión, 2009). En consecuencia, más que soluciones de carácter militar local y regional, son las políticas de integración y desarrollo económico, político y social en el marco de la cooperación internacional las que pueden contribuir a la erradicación del desempleo, de la pobreza, de la insalubridad, de la violencia y de la marginalidad, ofreciendo alternativas viables a las actividades ilegales vinculadas al crimen organizado conexo a nivel nacional y transnacional.

Bibliografía

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