Faltaban pocos días para que se realice la elección del nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el tema pasaba casi desapercibido en nuestros países aunque no escapó a la crítica acertada de algunos expertos sobre la materia. En efecto, con el mismo metabolismo y abulia con que el actual Secretario General aborda las distintas y numerosas crisis que han vivido los países miembros de la OEA, con ese mismo temperamento se manejaba cautelosamente el Sr. Insulsa para lograr su reelección a fines del pasado mes de marzo. En lo que concierne a la organización propiamente, una serena evaluación beneficio-costo sobre la gestión de los asuntos que competen a la organización, deja mucho que desear, tanto en el pasado como en el presente, a tal punto, que los mismos estados plantean la necesidad de una nueva organización de estados latinoamericanos, excluyendo a Estados Unidos y Canadá.
En efecto, después de su fundación en 1948, un ambiente adverso a los objetivos y fines de la organización se vivió y se vive en el continente americano. Nos referimos específicamente a un debilitamiento y/o eliminación de las instituciones democráticas, consolidación de dictaduras militares y civiles (recordemos a la familia Somoza, Trujillo, Batista, Pérez Jiménez, “Papa Doc y Baby Doc Duvalier”, Perón, los gobiernos militares en Argentina, Uruguay y Brasil, Banzer, Rodrigues Lara y Velasco Alvarado, Pinochet, etc) , violaciones a los derechos humanos (Argentina, Uruguay, Nicaragua), ineficacia y perdida de legitimidad en el manejo del conflicto centroamericano y conflictos en general (Nicaragua y El Salvador, Islas Malvinas, deuda externa y crisis de los ochenta, etc), y en la actualidad o historia reciente, una muy pobre iniciativa ante el conflicto Ecuador-Colombia, siendo el Grupo de Río quien consigue una reducción importante de las intenciones manifiestas de los países por una intensificación del conflicto, especialmente Venezuela, al concentrar fuerzas blindadas en la frontera venezolano-colombiana, de acuerdo a las ordenes impartidas por el propio presidente Chávez en su intervención televisada.
Las intenciones por revitalizar la OEA han sido muchas, y para mencionar solamente dos, en la “Cumbre de las Américas” en Miami en 1993 y “Cumbre de Santiago” en 1998, se elabora un plan de acción sobre 12 temas estratégicos en la primera (libre comercio, democracia, combate a la corrupción, derechos humanos, solidaridad, coordinación con multinacionales, genero, etc) y se revitalizan acciones en materia de corrupción, pobreza, defensa de los derechos humanos, cooperación para la educación, y promoción de la democracia, durante la segunda, con muy pocos resultados concretos y directos a nivel continental.
De igual manera, acerca del libre comercio hemisférico, todas las metas y objetivos propuestos se han convertido en una quimera o han sido rechazados por un buen número de los actuales gobiernos latinoamericanos.
En cuanto a los derechos humanos y promoción de la democracia, las reformas a la Carta y las declaraciones son muchas; el “Compromiso de Santiago en 1991”, las reformas a la Carta y el nuevo Art. 9 que se introducen en Washington en 1992, la declaración de Managua de 1992, “El dialogo interamericano” en 1993-1995, todas ellas con resultados poco halagadores debido a la falta de autonomía y vulnerabilidad de la propia organización de estados americanos. Lamentablemente y a pesar del apoyo incondicional y global a los derechos humanos, las rectificaciones y compromisos se han concebido e implementado en función de los intereses de los Estados y no de los ciudadanos (cubrir o evitar la brecha fiscal, por ejemplo), del “equilibrio final” de las empresas, y no en función de los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos, los cuales quedaron a la saga de la disponibilidad de recursos y niveles de desarrollo, tal como se lo reconoce en el protocolo de San Salvador en 1988. En efecto, durante la convención americana en materia de derechos económicos sociales y culturales se produce un punto de inflexión al “obligar” a los estados a adoptar medidas de orden interno y por medio de la cooperación internacional, “hasta el máximo de recursos disponibles” teniendo en cuenta “su grado de desarrollo”, a fin de “conseguir progresivamente” la plena efectividad de los derechos. A pesar de este avance mínimo, permaneció una nueva dicotomía entre exigibilidad inmediata y realización progresiva, exigibilidad inmediata y disponibilidad de recursos.
En conclusión y en definitiva, no se vislumbran ni se detectan tendencias o indicadores de mejora en la imagen institucional. Más bien existen tendencias contrarias a la integración continental, tal como lo demuestran los tratados bilaterales ya celebrados entre numerosos países (TLC), el movimiento chavista, el fortalecimiento del cono sur, el ALBA, las diferencias entre Colombia y Ecuador, el fracaso y la salida de Venezuela de la CAN, y los nuevos mecanismos de integración que ya se mencionan. Por otra parte, la OEA presenta indicios claros de padecer (sin serios intentos de reformas internas) lo que Michel Crozier denomina el círculo vicioso originado por el fenómeno burocrático. La centralización, la piramidacion, la rigidez de las reglas y la robotización de los seres humanos llevan a un rompimiento de la comunicación interna y de la organización con su medio ambiente. Se crean los privilegios abusivos y la improductividad. Esto lleva a una mayor centralización, mayor reglamentación y a luchas internas por el poder entre grupos y castas. Todos quieren ser Secretario General. Es la enfermedad de la localitis, que conduce a la imposibilidad del cambio y la ineficiencia. Los individuos pierden contacto con el producto de la organización y con la comunidad produciéndose lo que Weber denominó la alienación del individuo, dentro de la “jaula de hierro” de la organización burocrática.
¿Hechos, pruebas, argumentos y sustento de las conclusiones planteadas? Están a la vista. Las últimas denuncias del Canciller colombiano contra Venezuela demuestran la falta de confianza de algunos países en la eficiencia de la OEA, la falta de respeto a normas y procedimientos por parte de otros, y la ausencia total de capacidad operativa para responder a las solicitudes planteadas por la cancillería colombiana. ¿Será posible conformar comisiones y verificar en el lugar designado la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, tal como lo ha solicitado Colombia? Probablemente no. Más aun, todo apunta a un posible desplazamiento del problema hacia la UNASUR, siempre y cuando Colombia lo considere conveniente y favorable a sus propios intereses.
Lamentablemente, la solución no consiste necesariamente en la desaparición y aplicación del disparo de gracia a la organización, ya que los objetivos y fines que motivaron su creación continúan vigentes, y porque mas caro resulta una nueva que reformar la antigua organización. Pero para ello, el estilo de gestión del secretario general tiene que ser otro, renovado, moderno y proactivo, a la altura de los retos y condiciones del mundo global y de la misma interdependencia compleja que existe entre los países americanos en general y de la región andina en particular. Sin olvidar tampoco, que el comportamiento cooperativo de los estados depende en última y definitiva instancia de su voluntad de cooperar, aunque corresponde a la OEA fomentar la cooperación para la cooperación.
HARRY MARTÍN DORN HOLMANN M. A.
PROFESOR
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