LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y SUS IMPACTOS EN LA AGRICULTURA Y LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO RURAL BAJO LA PERSPECTIVA DE RICARDO GRINSPUN, LOUIS LEFEBER Y JOSEPH STIGLITZ

TEORÍAS Y EXPERIENCIAS DE DESARROLLO RURAL

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y SUS IMPACTOS EN LA AGRICULTURA Y LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO RURAL BAJO LA PERSPECTIVA DE RICARDO GRINSPUN, LOUIS LEFEBER Y JOSEPH STIGLITZ

Por: Harry Martín Dorn Holmann

ANTECEDENTES, PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes. Los años setenta y la década de los ochenta dejan  grandes lecciones y enormes heridas en los países pobres  del sistema internacional y en América latina en particular.  Por una parte, quedó claro que el modelo de substitución de  importaciones a ultranza, el endeudamiento agresivo sin control, el gasto fiscal desenfrenado y los modelos nacionalistas desarrollistas no surtieron los efectos esperados, y más bien,  la brecha fiscal y la brecha externa ocasionaron el colapso de las escuálidas economías latinoamericanas, con una pesada  deuda externa, altos índices de desempleo, de pobreza extrema, y el fortalecimiento del narcotráfico y narcolavado como  alternativas de trabajo, dando paso también a una novedosa organización del crimen organizado conexo, tecnificado y administrado bajo modernos esquemas de gestión.

La caída del muro de Berlín, la desintegración del Sistema Soviético y el  Consenso de Washington, constituyen el nuevo entorno para  la promoción e implementación de una nueva política neoliberal a nivel mundial bajo el tutelaje de Estados Unidos y sus principales aliados, Japón y Europa. Nace entonces la Organización Mundial del Comercio en 1994 (inicia sus operaciones en 1995) con una nueva concepción de la regulación de la desregulación del comercio mundial, con la proyección de ampliar su ámbito de acción y control a los servicios financieros, inversiones de capital, propiedad intelectual y patentes, bajo principios, normas y procedimientos “democráticos” que se constituirían en el nuevo instrumento para impulsar el comercio, la transferencia de tecnología hacia los países pobres, incrementar la productividad y la producción, generar empleo, mejorar las condiciones
de salud y combatir por este medio una de las grandes amenazas del mundo global: la extrema pobreza.

El problema. Después de casi una década y media de negociaciones y el estancamiento de la Ronda de Doha, los objetivos de la OMC se descubren más como objetivos aparentes que objetivos reales de desarrollo, sucumbiendo a  los intereses de algunos estados y empresas transnacionales y destruyendo esperanzas y expectativas de los países pobres sobre mercado y prosperidad. Tal como lo expresa Roberto Bossio en el prólogo de la obra de Martín Kohr, el proceso globalizador no ha significado progreso para la humanidad empobrecida que vive con menos de dos dólares diarios, y los compromisos asumidos durante la Ronda Uruguay perjudican a los sectores más vulnerables (Bossio, en Martín Kohr, 2003).

El comportamiento realista de los estados ricos contradice el espíritu del régimen mundial de comercio e impide la cooperación para la cooperación como condición indispensable para la convergencia de intereses y fortalecimiento de la OMC, y más bien, son los estados más desarrollados los que aplican sus recursos hegemónicos para bloquear negociaciones  y utilizar instrumentos colaterales (TLC, el Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, los  famosos ADPIC-Plus, los Tratados Bilaterales de Inversiones, y la misma Acta de Comercio de 1974 de los Estados Unidos), con la finalidad de bloquear la OMC y mantener estancada la actual Ronda de Negociaciones de Doha. Adicionalmente, tal como lo afirman algunos críticos de la globalización, entre ellos Stiglitz (2006), la aprobación en Marraquech del acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) el 15 de abril de 1994 significó el triunfo de los intereses empresariales sobre los intereses de la mayoría, o el triunfo de los beneficios económicos sobre los valores fundamentales de la humanidad, tales como el medio ambiente, la justicia social, el bienestar de los pueblos e incluso la vida.

En el caso especifico de los ADPIC, a la hora de redactar, aprobar y ejecutar el acuerdo, los intereses empresariales estuvieron siempre debidamente representados. En Ginebra, durante las negociaciones llevadas a cabo en 1993 (con conocimiento del Consejo de Asesores Económicos y la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca), los negociadores norteamericanos y europeos se sumaron y respondieron a las expectativas de la industria farmacéutica: alargar la vida de las patentes sin considerar las desventajas de un prolongado periodo de monopolización (Stiglitz, 2006):

“El acuerdo sobre los ADPIC impuso en todo el mundo la normativa de propiedad intelectual dominante en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, en mi opinión, el actual régimen de propiedad intelectual no es bueno ni para Estados Unidos ni para  Europa, ni siquiera lo es para los intereses de los países en vías de desarrollo” (Stiglitz, 2006:160).

En efecto, lejos de promover la innovación, de facilitar el acceso a medicamentos baratos, de fomentar la justicia social y el bienestar de los países, los ADPIC y el actual régimen de comercio han promovido más bien rentas monopolísticas, han ampliado la cobertura de patentes y han consolidado monopolios en la producción de medicamentos, han legalizado altos precios y grandes beneficios para las empresas farmacéuticas, todo esto en detrimento de la eficiencia económica, la competitividad, la generación de conocimientos y la salud de los pueblos.

Sin embargo, los países pequeños y pobres no pueden oponer resistencia ante  la biopiratería y registro de patentes derivadas de los saberes tradicionales (Stiglitz, 2006), no pueden vetar la entrada o importación de los alimentos transgénicos provenientes de los países desarrollados, ni consiguen (pese a la oposición constante) eliminar las subvenciones a los productos agrícolas europeos, japoneses y norteamericanos:

 “A lo largo del presente libro he subrayado que la forma en que se toman las decisiones en la arena internacional -a lo que llamo “gobernanza”- adolece de dos defectos fundamentales: por un lado, los países en vías de desarrollo apenas tienen voz; por otro, la voz de los intereses creados se hace oír demasiado” (Stiglitz, 2006: 172).

¿Cómo es posible entonces que se hayan ignorado los intereses de las grandes mayorías, se hayan marginado los valores y principios básicos de la comunidad internacional y sus múltiples necesidades y falencias? ¿Cuáles son las causas por las cuales se monopoliza el conocimiento, se impide la innovación, se fomenta la concentración de la propiedad, se encarecen los medicamentos y se perjudica el bienestar de las grandes mayorías pobres? ¿Existe un régimen internacional del comercio debidamente equilibrado, cuyas bondades, beneficios y costos, están debidamente distribuidos?

Preguntas de investigación. Planteamos entonces nuestra pregunta de investigación: ¿Bajo qué condiciones la institucionalidad de la OMC entendida por -objetivos, principios, normas y reglas- ha favorecido el endurecimiento del régimen de propiedad intelectual, el desplazamiento de los objetivos reales por los objetivos aparentes, y ha llevado al estancamiento de las negociaciones en el marco de la Ronda de Doha? ¿Cuáles son los obstáculos nacionales e internacionales para la formulación e implementación de políticas de desarrollo rural equitativas? ¿Cómo está afectando este sistema de comercio global a los pequeños agricultores, la seguridad alimentaria y los negocios comunitarios? ¿Cómo afectan las normativas y las instituciones de comercio (nos limitaremos fundamentalmente a la Organización Mundial del Comercio, OMC) las oportunidades de desarrollo diversificado y sustentable tanto rural como local?

ENFOQUE TEORICO

Desde nuestro enfoque particular y para responder a las preguntas de investigación, insistimos: (1) en el tema de propiedad intelectual y otros instrumentos de dominación hegemónicos (2) acerca del estancamiento y endurecimiento de las negociaciones en la OMC como un problema de gobernanza y desequilibrio en el diseño y aplicación de los acuerdos (3) acerca del sistema OMC y sus diferentes acuerdos de inspiración neoliberal (sus objetivos, el producto y los métodos y procedimientos de toma de decisiones al interior de la Organización) como régimen internacional sujeto a presiones de toda índole que derivan de intereses de diversas naturaleza, así como (4) las denuncias sobre la falta de transparencia donde se manifiestan claramente las influencias de la riqueza y distribución y ejercicio del poder de los distintos actores del sistema internacional.

En materia internacional, la teoría de la estabilidad hegemónica, la teoría general de los regímenes internacionales y la cooperación y la teoría de la interdependencia compleja, nos demuestran que la cooperación para la cooperación global (en términos de liberación del comercio, transferencia de tecnología, inversión externa directa, crecimiento de la producción, mejora en la educación la salud y la vivienda, democratización de la economía, y combate al crimen global), más que una conveniencia, se ha convertido en una necesidad, lo cual no es reconocido ni aplicado por los estados desarrollados. Por el contrario, los estados más ricos o las economías centrales, están lejos de substituir el realismo por el comportamiento cooperativo en la toma de decisiones de interés global (Kyoto es un ejemplo concreto, y los subsidios agrícolas en la OMC son otro).

Ricardo Grinspun (2008)define el escenario ideal de una política rural en términos de control sobre los activos de producción, acceso a la educación y la salud, formación de capacidades empresariales, y diversos arreglos institucionales para la comercialización de productos y compras de insumos bajo esquemas cooperativos que garanticen la provisión de bienes agrícolas, generación de empleo, generación de ingresos, desarrollo de mercados locales y domésticos y desarrollo de infraestructura de irrigación y transporte. Este mismo escenario es propuesto por Lefeber con instituciones gubernamentales activas que mejoren los servicios y formulen programas de desarrollo con la participación de los beneficiarios directos de dichos programas. Liisa North se pronuncia también por el fortalecimiento político y organizacional de pequeños productores agrícolas para promover el empleo, el abastecimiento interno, y el desarrollo rural como soporte del despegue industrial. 

Grinspun (2008) argumenta, que el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC sirve como herramienta para avanzar en la liberalización comercial pero representa los intereses de los grandes países exportadores y corporaciones transnacionales agroindustriales, y amenaza con perjudicar la seguridad alimentaria, el empleo, y los ingresos de las poblaciones rurales vulnerables, pues, en países menos desarrollados la agricultura en pequeña escala provee empleo y alimentos de primera necesidad (Oxfam GB, 2000 en Grinspun, 2008) y contribuye a la seguridad alimentaria, diversidad social y biológica, a través de cultivos múltiples, y en consecuencia al desarrollo sustentable.

Sin embargo, la agricultura en pequeña escala se encuentra amenazada por la política neoliberal en favor de los grandes terratenientes, generando pobreza rural, migración urbana, y hacinamiento en suburbios periféricos. Los beneficios de la liberación comercial no se evidencian, pues el crecimiento economico se concentra en los países industrializados ricos, mientras que en America Latina el PIB per cápita crece solo el 6% entre 1980 a 1998, en comparación a un crecimiento del 75% entre 1960 y 1980 (Weisbrot et al., 2000 en Grinspun, 2008).

Respecto a la OMC, según Grinspun, el proceso de negociación, las reglas, y los mecanismos de solución de controversias favorecen a los grandes actores transnacionales, perjudicando a los países menos desarrollados y con voz limitada durante las negociaciones. Se desalienta entonces la diversificación rural, la tenencia equitativa de la tierra, y la producción comunitaria. Además,  los agricultores y las comunidades indígenas se ven perjudicadas por el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) pues no se reconocen sus derechos y se les despojan sin compensación sus conocimientos tradicionales, como es el caso de las plantas medicinales (Grinspun, 2008).

Los subsidios a la exportación continúan a pesar de la oposición expresa de la OMC sobre tales políticas, sin embargo, estos se mantienen en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, compitiendo con precios artificialmente bajos en el mercado internacional, perjudicando a los agricultores de países menos desarrollados.

Louis Lefeber (2008) critica la estabilización neoliberal, la liberalización de losmercados del control gubernamental y el avance hacia el mercado libre. Según Lefeber, estos son argumentos fuertemente ideológicos y maniqueos que benefician la orientación hacia el exterior y condenan la orientación hacia el interior, aplicando erróneamente la tesis de Prebisch/Singer. La mala administración de los subsidios, la falta de interés y voluntad política para enfrentar los grupos de interés particulares (Lefeber, 2008) afectan el bienestar de la colectividad. Lefeber reconoce la importancia de ambos mercados y de las políticas de promoción de exportaciones para generar divisas, financiar las importaciones y cumplir con las obligaciones externas (Lefeber, 2008). Sin embargo, un mercado libre y desregulado, las exportaciones a ultranza y la inversión extranjera per se, no garantizan un desarrollo democrático, ni beneficios automáticos para los pobres, ni la reducción de desigualdades sociales y económicas existentes (Lefeber, 2008). Al respecto, según los indicadores sobre desarrollo de banco mundial en 1997, la tasa de crecimiento anual de la agricultura fue del 4,4% entre 1980 y 1990, y del 2,5% entre 1990 y 1995, con un índice de desigualdad de 46,6% en 1994, y una participación en el consumo del 10% más bajo de la población de apenas el 2,3% y del quintil más bajo del 5,4% del total nacional (Banco Mundial, 1997, tabla 5. En Lefeber, 2008).

CONCLUSIONES

En primer lugar, con la reducción de las tasas arancelarias desde el antiguo GATT y luego con la actual OMC es indudable que hubo un crecimiento notable del comercio exterior, pero no es un crecimiento equilibrado entre países miembros, ya que tiende a privilegiar las economías centrales (incremento del comercio norte-norte) y perjudicar al pequeño productor agrícola de los países pobres, quienes no tienen acceso a los mercados internacionales ni pueden competir con las empresas transnacionales. Tampoco la OMC ha contribuido a reducir las desigualdades “dentro” de los países, incluyendo al mundo desarrollado, aunque son los países de renta media, incluso los países emergentes, quienes “concentrarán en 2030 la mayoría de los pobres” (Olivié y Domínguez, 2013: 15) y, consecuentemente, “necesitan crecer más deprisa para reducir su pobreza” (Olivié y Domínguez, 2013: 17).

En segundo lugar, coincidimos con Grinspun en las asimetrías de poder y desigualdades y manipulaciones que inciden en la toma de decisiones al interior de la OMC, además de lasprácticas perversas como la ya conocida “Sala Verde” (Dorn, 2010). Es también notorio el uso de otros instrumentos de presión y negociación que utilizan los Estados Unidos, como los Tratados Bilaterales de Inversiones, y la misma Acta de Comercio de 1974 para evitar que los países pobres o emergentes apliquen legalmente la normativa vigente (licencias obligatorias, por ejemplo) en función de sus propios intereses (Dorn, 2010).

En tercer lugar, con el sistema de solución de controversias, a pesar de la bien diseñada ingeniería institucional y procedimental, los conflictos se prolongan por años y las pérdidas y costos procesales y costos de oportunidad para los paísesmás pobres no necesariamente se cubren con los daños reclamados por el demandante, si es que obtiene fallo a su favor.

En cuarto lugar, los subsidios al sector agrícola expresamente prohibidos por el régimen internacional, se siguen otorgando en Europa y Estados Unidos por el enorme costo político en que se incurre en caso de eliminarlos, por tanto, se continua subsidiando y distorsionando las reglas del juego en el mercado internacional y perjudicando a los campesinos y pequeños agricultores de los países menos desarrollados en beneficio de grandes terratenientes y producción agrícola a gran escala.

En quinto lugar, el acuerdo conocido por sus siglas en inglés TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) forma parte de los acuerdos de la OMC y corresponde exclusivamente a los regímenes del saber occidental, por tanto, es una protección privada e individual a la propiedad intelectual a favor de las grandes empresas transnacionales y terratenientes, en oposición a los intereses de las mayorías pobres del sur, especialmente indígenas y campesinos (que tienen que pagar regalías por el uso de semillas mejoradas y otros insumos “protegidos” por los TRIPS), pues dicho acuerdo permite la apropiación del conocimiento de los otros, favorece intereses comerciales de las empresas transnacionales (Dorn, 2010) y contribuye al aumento de las desigualdades que caracteriza al actual proceso globalizador. A pesar de la oposición de muchos países para incorporar los temas de propiedad intelectual como temas de comercio, la eficacidad instrumental de la organización predominó sobre la finalidad original del régimen de comercio.

En sexto lugar,en un sistema internacional anárquico, donde la OMC se encuentra sometida al poder de los estados más ricos y empresas transnacionales poderosas, en ausencia de un comportamiento cooperativo de los miembros, solo las alianzas entre los países perjudicados ha podido equilibrar la balanza de poder, de ahí el estancamiento prolongado de la Ronda de Doha debido al grupo de los veinte, que se opone a las presiones de Estados Unidos, Europa y Japón.

Finalmente, concuerdo con Lefeber (2008) en la necesidad de cambiar las actitudes de las clases dominantes, de altos funcionarios, terratenientes y empresarios, organizar a pequeños productores agrícolas e instituir controles para combatir la corrupción y la mala administración de los estados en América Latina, con miras a una contribución eficiente y conveniente para la organización económica y social de los países. Esta sería una condición indispensable para que los estados representen y defiendan el interés común al interior de la OMC y democraticen al régimen internacional, tal como lo recomienda Stiglitz (2006).

Bibliografía

Dorn Holmann, Harry. El estancamiento de la Ronda de Doha: Estudio del caso del tema propiedad intelectual. Flacso-Sede Ecuador. Quito, 2008.

Grinspun, Ricardo, en North Liisa y Cameron John D. Editores. Explorando las conexiones entre el comercio global, la agricultura industrial y el desarrollo rural. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

Khor, Martín. ¿Qué hacemos con la OMC? Barcelona: Encuentro, Icaria editorial, Interpón Oxfam. 2003.

Lefeber, Louis. En North Liisa y Cameron John D. Editores. La agricultura y el desarrollo rural: Una crítica a las políticas del establishment en el Ecuador.Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

Olivié, Iliana, Domínguez, Rafael.  Elementos para el posicionamiento de España en la construcción de la agenda de desarrollo global. Informes Elcano, numero 14. Mayo 2013.

Oxfam, GB, 2000. En Grinspun, Ricardo, en North Liisa y Cameron John D. Editores. Explorando las conexiones entre el comercio global, la agricultura industrial y el desarrollo rural. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

Stiglitz,Joseph, E. Cómo hacer que funcione la globalización. Bogotá,Colombia. Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.  2006.

Weisbrot et al., 2000. En Grinspun, Ricardo, en North Liisa y Cameron John D. Editores. Explorando las conexiones entre el comercio global, la agricultura industrial y el desarrollo rural. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

Oxfam, GB, 2000. En Grinspun, Ricardo, en North Liisa y Cameron John D. Editores. Explorando las conexiones entre el comercio global, la agricultura industrial y el desarrollo rural. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

Desarrollo,Políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de la democracia ecuatoriana:Un enfoque desde los caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes.

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS PARA LA DEMOCRACIA

Desarrollo,Políticas de estabilización y obstáculos políticos; un problema estructural de la democracia ecuatoriana:Un enfoque desde los  caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes.

Elaborado por: Harry Martín Dorn Holmann

ÍNDICE

1.      Logros, fortalezas y debilidades de la democracia ecuatoriana

2.      Algunas consideraciones sobre la inestabilidad política y la ingobernabilidad en Ecuador 1992 - 2008.

3.      Consideraciones teóricas para el análisis

4.      Sobre caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes: Ejecutivo y legislativo

5.      Pregunta y consideraciones finales sobre el caso

1.      Logros, fortalezas y debilidades de la democracia ecuatoriana

Muchos políticos y estudiosos de la Ciencia Políticacoinciden en la importancia de una buena gestión de los asuntos de Estado mediante políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad o bien común. La necesidad de crecimiento económico en un marco de estabilidad de los principales agregados macroeconómicos y de la institucionalidad política es un tema reconocido por todos, pero que no encuentra eco en los principales actores de nuestra democracia presidencial representativa, al menos en los hechos concretos, generando así grandes problemas de ingobernabilidad en el Ecuador. A pesar de la importancia reconocida a lo institucional (Pachano, 1997), y a la necesidad de profundizar, enraizar, legitimar, consolidar y estabilizar al sistema democrático (Pachano, 1997), las críticas al proceso de regreso a la democracia desde 1979 están a la vista, por diferentes actores y en diferentes tiempos.

“Pero la democracia, como institución, ha sido afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años, en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli, de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de Derecho por gobiernos y congresos, que han importado a pocos ciudadanos”(Hurtado: 2005:7).

En efecto, la democracia ecuatoriana después de casi 36 años años de vigencia ha contribuido con importantes aportes a la sociedad ecuatoriana en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad, incremento en las expectativas de vida, desarrollo industrial, desarrollo urbano, sobretodo de sus principales ciudades, incorporación de los movimientos indígenas a la vida política, y protección a los derechos humanos en un ambiente de tolerancia y libertad (Hurtado: 2005), pero, veamos lo que opinó el mismo Osvaldo Hurtado hace 15 años, durante el último año del mandato del presidente Sixto Durán Ballén, acerca de los logros y resultados de la democracia:

“A pesar de los progresos aportados en el campo social, (alfabetización, electrificación rural, educación escolar, que principalmente beneficiaron a los campesinos), en general no ha representado un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, como sí lo han conseguido otras democracias latinoamericanas. La tasa de crecimiento económico apenas ha superado a la de incremento de la población, una persistente inflación ha depauperado a los sectores medios y populares, se han deteriorado los servicios de salud, educación, seguridad social y justicia, la población en situación de pobreza ha aumentado y han crecido las distancias que separan a los ricos de los pobres(Hurtado, 1996: presentación, 13)”.

En la actualidad, a partir del proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, no queda la menor duda acerca de ciertos progresos realizados en el control de la inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real y nominal (salvo el año 2009 debido a la crisis internacional), aumento del PIB percápita y aumento del consumo total, a pesar de un peso cada vez mayor del Estado en la economía (24% en el 2006 y 42% en el 2010) según cifras de CORDES, con un sendero trazado hacia el hiper gasto (CORDES, 2011) y un tensiómetro fiscal que avizora cada vez mayores impuestos y recaudaciones tributarias, siendo el Ecuador uno de los países menos competitivos y más corruptos de la de la región (CORDES, 2011), con una deuda externa pública que crece (19.6% del PIB en 2009 y 24.6% del PIB en 2010) y una reserva monetaria internacional que se reduce (de 4.473 mill. de dólares en 2008 a 2.622 mill. de dólares en 2010) según las estadísticas de la Carta Económica (CORDES, 2011).

En tal virtud, llama la atención que un país rico en recursos naturales, poseedor de una biodiversidad envidiable y productor de materias primas (especialmente petróleo) cada vez mejor valoradas, sin conflictos internos mayores  ni grupos armados irregulares, con reconocida riqueza artística colonial y mestiza materializada en su arte, su literatura y sus iglesias, con una riqueza y belleza natural de sus regiones que tiene pocos competidores de fuste en el mundo entero y una biodiversidad única, sea al mismo tiempo un país con permanente inestabilidad política y económica y ausencia de gobernabilidad, como consecuencia de la pugna de poderes, la ausencia de cooperación entre los poderes del Estado, la oposición parlamentaria a ultranza, los golpes de Estado y, la ausencia de políticas a largo plazo como solución a los problemas de orden económico y de consolidación de la democracia, sin capacidad para solucionar los problemas derivados del regionalismo, las alianzas volátiles, el clientelismo político perverso, el corporativismo, el autoritarismo, el personalismo, y otros problemas que han degenerado en regímenes oligárquicos excluyentes, sin capacidades de dar “respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad en una época caracterizada por rápidas y profundas transformaciones” (Pachano, 1997: 16).

“A pesar de los progresos anotados, la democracia fracasó en su misión de desarrollar el Ecuador y constituir una sociedad equitativa que ofreciera iguales oportunidades a todos. El crecimiento económico fue apenas superior al de la población, los porcentajes de pobreza continuaron altos, y más bien empeoraron en los años de las recurrentes crisis económicas. Se deterioró la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado, particularmente la educación pública a la que concurren niños y jóvenes de las clases sociales de menores recursos. No cambió la injusta distribución de la riqueza y el país, por no perseverar en la búsqueda de la estabilidad y del crecimiento económico, se rezagó con respecto a otros de América latina que 25 años atrás compartían su nivel” (Hurtado, 2005:7).

A pesar de los distintos enfoques y consideraciones teóricas de partida, muchos estudiosos de la Ciencia Política están de acuerdo en la importancia del aspecto político o terreno de la política como causal relevante de los problemas de ingobernabilidad. El reconocimiento de lo político como variable intrínseca de los procesos de transformación (Pachano, 1997) y complemento indispensable de las políticas y medidas económicas con fines de estabilización, crecimiento y desarrollo, más que un olvido involuntario (Pachano, 1997) por parte de los grupos hegemónicos, su escasa complementación se debió a un deliberado sobredimensionamiento de la variable mercado en su función estabilizadora o de equilibrios macros (Pachano, 1997). En tal virtud y en esa misma línea, muchos procesos de transformación política fueron incompletos y se efectuaron de manera parcial, dejando de lado aspectos de gran relevancia que condujeron a reformas defectuosas sin enraizar ni consolidar el sistema democrático ni crear condiciones propicias o adecuadas para garantizar la gobernabilidad.

“No deja de llamar la atención que, en una situación como la que atravesaba América Latina, no se hubieran considerado dos aspectos de fundamental importancia: la inserción de las políticas de ajuste y estabilización dentro de los procesos de democratización y las transformaciones sociales y políticas que se habían sucedido en las últimas dos décadas y que habían arrojado como resultado una sociedad sustancialmente diferente a la que existía en el inicio de la crisis”.

“En cuanto a lo primero, en el caso de muchos países del continente pareció que las políticas económicas habían sido diseñadas a espaldas a lo que en ese momento constituía el principal dilema a resolver: construir regímenes democráticos o retornar a épocas de exclusión, dominación oligárquica, ausencia de referentes vinculantes para el conjunto de la población y, en consecuencia, a regímenes autoritarios. Los retos de la democratización, especialmente en el nivel del sistema político (ya que en los niveles social y económico quedaban excluidos por las características propias del modelo), no estaban presentes en la agenda de los reformadores económicos ni de las agencias internacionales que los sustentaban y los avalaban”.

….”Esto ponía en cuestión la capacidad de respuesta de unas instituciones estatales que habían sido concebidas dentro de otra situación y para resolver otros problemas y asimilar otras demandas…. (Pachano, 1997:13,14).

En definitiva y a pesar de los innumerables cambios y reformas implementadas por la clase política en el Ecuador, el barzoneo ha sido permanente y los resultados han sido pobres o más bien negativos:

“La clase política ecuatoriana no ha tenido ninguna lección favorable de las múltiples experiencias constitucionales, ya sea porque ninguna Constitución duró tanto tiempo como para poder evaluar sus efectos, o porque intervinieron otros factores que limitaron la efectividad de la ingeniería constitucional”. O, más grave aún: “No siempre se supo qué reformar, y casi nunca se supo cómo conseguir los objetivos de la reforma” (Pachano en: Mejía, 2002: XIX).

Es así que en el afán de encontrar un norte político o “una ruta para la gobernabilidad” (Mejía, 2002: XXIV), el Ecuador ha incursionado durante las décadas de los ochentas y noventas en una serie de cambios y reformas políticas con miras a fortalecer los partidos políticos (Mejía, 2002), mejorar los vínculos entre estos y sus representados y facilitar la labor del ejecutivo mediante la formación de mayorías afines al gobierno que viabilicen la gobernabilidad democrática (Mejía, 2002), es decir, favorecer la representación de los actores en función de su número en igualdad de condiciones para expresar su voto y favorecer la representación de los actores en función proporcional al poder que ostentan (Mejía, 2002).Sin embargo, y hasta el día de hoy, tanto a corto plazo como en el largo plazo y hasta el año 2006 por lo menos, el Ecuador se ha caracterizado por una mayor fragmentación partidaria, alta volatilidad electoral, conflicto de poderes y una desconexión entre representantes y representados (Mejía, 2002).

Entre las múltiples causas que han impedido o rechazado la gobernabilidad democrática, Mejíamenciona el problema de las elites y caudillos y coaliciones frágiles por un lado, y la pugna de poderes entre el ejecutivo y legislativo por otro. Habiendo muchos otros elementos a tomar en consideración en la matriz de investigación detectada en el autor,solo nos referiremos a ambos factores ya mencionados (lideres, caudillos, coaliciones y pugna de poderes), pero, enfatizando de manera especial que, son las elites y caudillos los  que se remplazan unos a otros y han impuesto “su propio proyecto por encima del precedente” (Mejía, 2002: 2). En efecto, esta lucha constante y competencia permanente por mantener o modificar las relaciones de poder han significado para Ecuador la promulgación de 18 constituciones en 172 años (Mejía, 2002), colocando al país como uno de los de mayor inestabilidad en América Latina.

De acuerdo al mismo Andrés Mejía Acosta, en el apartado IV. AÑO NUEVO, GOBIERNO NUEVO: LA INESTABILIDAD INSTITUCIONAL (1925-1948),  de su libro GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, nos dice:

“Como se observará en este apartado, el afán de los caudillos por diseñar un esquema propio de gobierno para vencer a la oposición, degeneró en un círculo vicioso de inestabilidad política. Al llegar a la presidencia (por vías legales o extralegales), los caudillos enfrentaron las crisis política gobernando con mano dura, llegando inclusive a promulgar nuevas constituciones para facilitar su gestión de gobierno y minimizar la presencia de la oposición” (Mejía: 2002:19).

En el mismo documento, el autor señala que el Ecuador ha tenido 93 gobiernos desde 1830 hasta 1998, de los cuales 21 fueron dictaduras y 20 provienen de asambleas constituyentes o congresos dominados por el dictador o caudillo triunfante, y las elecciones realizadas en el resto de casos son de dudosa legitimidad democrática, es decir, se juntan dos aspectos determinantes y explosivos como son la debilidad de las instituciones democráticas y el carácter personalista de la política generando así un sistema con una baja institucionalidad democrática (Mejía, 2002).

2.      Algunas consideraciones sobre la inestabilidad política y la ingobernabilidad en Ecuador 1992 - 2008.

Desde 1992 hasta el 2008 Ecuador se caracterizó por una cultura política focalizada, elitista, grupal, clientelar que respondió únicamente a la presión de grupos de actores diversos, generando inestabilidad institucional y desprestigiando el sistema democrático presidencial representativo. Durante el período en cuestión, se aplicaron ciertas prácticas políticas perversas como medio de superación de las crisis, disputas al interior de los poderes y entre poderes, dando origen a una forma particular de gobierno en la ingobernabilidad.

Ante una ausencia de consensos y de comportamientos cooperativos por parte de los diversos actores políticos, las negociaciones y decisiones se han tomado y viabilizado desde las relaciones de poder y tecnicismos intrínsecos a la ingeniería constitucional, sin importar las aspiraciones y proyectos sociales ni la racionalidad política y económica que deberían caracterizar a todo sistema político-administrativo–democrático-representativo, en cualquiera de sus modalidades.

En tal contexto político y bajo tales condiciones, no extraña en absoluto que Ecuador haya tenido 10 gobiernos entre 1993 y el 2007 y un gran número de constituciones en comparación a otros países de América latina y Europa:

América Latina                                            Europa

País	Nº Constitución	País	Nº Constitución
Ecuador	20	Alemania	3
Argentina	6	Bélgica	1
Brasil	8	Corea del Sur	2
Costa Rica	9	Estados Unidos	1
México	8

De acuerdo a estos indicadores, Ecuador se sitúa a la altura de Venezuela con 25 Constituciones, Haití con 24 y Bolivia con 16. Estos resultados son coincidentes con la inestabilidad de los distintos gobiernos desde 1993 hasta el 2007, ya que hubo 6 gobiernos durante el período 1993-2000 (casi uno por año), 4 gobiernos durante el período 2000-2007 y uno durante el 2007(AGENDA ECUADOR, DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN, preparado para ICCO, por Manuel Chiriboga, con el apoyo de Grace Jaramillo, Harry Dorn Holmann y Carol Chehab, Quito, julio de 2008).

3.      Consideraciones teóricas para el análisis

          Nuestro enfoque teórico se fundamenta en dos planteamientos y conjunto de argumentaciones concretas:

1.      Aquellos recogidos en la obra Los costos del ´populismo de Osvaldo Hurtado y,

2.      Gobernabilidad Democrática de Andrés Mejía Acosta.

En cuanto al primer planteamiento, “El libro estudia las relaciones entre política y economía que se dieron en cinco gobiernos del presente periodo democrático y la forma en que la primera limitó la buena gestión de la segunda” (Hurtado, 2006: 11).

A través del análisis pormenorizado de las políticas y acciones propuestas por los distintos gobiernos, Hurtado establece los problemas políticos que incidieron de distintas formas  en el proceso de desarrollo y bienestar de la colectividad, luego de lo cual concluye contundentemente que:

“No será posible que Ecuador se enrumbe por la ruta de la estabilidad y del desarrollo, si antes no son corregidos los problemas de gobernabilidad que diariamente perturban el funcionamiento del sistema democrático, entre los que se destaca: la condición minoritaria de los gobiernos en el Congreso nacional, la fragmentación de los partidos, las conflictivas relaciones entre las funciones ejecutiva y legislativa, los enfrentamientos personales y partidistas, la ausencia del imperio de la ley, las inconvenientes conductas de ciudadanos y líderes, el modo de ser populista de un alto porcentaje de ecuatorianos y las atrasadas ideas que dominan el debate nacional” (Hurtado, 2006: 16).

En cuanto al segundo enfoque, muy rico y muy diverso, nuestra investigación recoge aquellos planteamientos realizados por Mejía en relación a la pugna de poderes, en cuanto a la formación de mayorías legislativas y la perversa combinación de presidencialismo y multipartidismo y formación de coaliciones inestables, así como del inevitable matrimonio entre presidentes y congresos (Mejía, 2002), acerca de las debilidades de un presidente fuerte, el gobierno de los caudillos y, consecuente, la inevitable pugna de poderes.

Al respecto, las afirmaciones de Mejía son contundentes:

“Desde el inicio de la actividad política latinoamericana, y especialmente en Ecuador, han prevalecido los valores tradicionales a los que Weber llamó “patrimonialistas”, es decir, el predominio del gobierno de los hombres y caudillos por encima del gobierno de las normas y los procedimientos legales” (Mejía, 2002: 104).

[“En el contexto ecuatoriano, la fragmentación partidaria estaría destinada a obstruir la formación de mayorías o de coaliciones mayoritarias (Burbano y Rowland, 1998; Sánchez Parga, 1998). Según Dieter Nohlen, la fragmentación y proliferación del número de partidos políticos, características del sistema político ecuatoriano, pueden producir  resultados particularmente adversos cuando son combinadas con un sistema presidencial de gobierno” (Nohlen, 1989:19)] (Mejía, 2002: 136).

Adicionalmente, Mejía se refiere al estudio realizado por Grace Ivana Dehesa, donde la autora evidencia la tendencia de los presidentes a formar alianzas o coaliciones mínimas para ganar o aprobar leyes específicas, afirmando finalmente que:

“En Ecuador ha habido solamente cinco gobiernos de un solo partido (de un total de 41 en América Latina), ninguno de los cuales ha sobrepasado el 50% de escaños en la Cámara, es decir, todos han sido minoritarios” (Mejía, 2002: 137).

Para finalizar, Mejía observa que en la región latinoamericana los presidentes son jefes de gobierno y de estado, que un presidente fuerte es contradictorio al sistema democrático, que varias constituciones otorgan poderes extraordinarios al presidente y al mismo tiempo establecen restricciones (como la prohibición de reelección, por ejemplo) para impedir arbitrariedades y abusos, cuya combinación ha producido resultados lamentables (Mejía, 2002). En el caso ecuatoriano, según Mejía, existen facultades ejecutivas y legislativas ambiguas, “dando lugar a diversas interpretaciones constitucionales y serios conflictos entre el presidente y el congreso” (Mejía, 2002:149).

4.      Sobre caudillos, coaliciones inestables y pugna de poderes: Ejecutivo y legislativo

Nuestro análisis se limita a tres periodos presidenciales en décadas distintas (década de los cuarenta, de los ochenta y de los noventa), antes y después de las dictaduras militares y después del retorno a la democracia en 1979. Para el efecto, se consideró pertinente escoger tres presidentes, en tres contextos distintos, tanto nacional como internacional, que enfrentaron problemas de origen endógeno y exógeno, lo cual valida aún más los enfoques y consideraciones teóricas de partida (Hurtado, Mejía, Pachano) a las cuales nos hemos referido.

José María Velasco Ibarra

Por razones obvias de la historia política del Ecuador, el análisis de las elites y caudillos tiene que incorporar antes que nada al abogado, catedrático y periodista, José María Velasco Ibarra, quien gobernó por cinco veces Ecuador, en 1933 la primera, hasta en 1970 por quinta ocasión. Velasco Ibarra solo pudo completar uno solo de sus periodos constitucionales entre 1952-1956 habiendo sido derrocado en cuatro ocasiones.

Para fines de nuestra investigación y cumplir con el objetivo de nuestra pregunta, procederemos al análisis del segundo periodo, previo al cual y en que bajo el liderazgo de Velasco Ibarra se culmina con la revolución de mayo de 1944, denominada “La Gloriosa”, para derrocar al presidente Arroyo del Rio.

Legitimado popularmente Velasco llega a la presidencia y convoca a una Asamblea Constituyente, aunque la euforia termina cuando se inicia la crisis política del año 1946, cuando la Alianza Democrática y el equilibrio de poderes en el congreso comienza a resquebrajarse (Mejía, 2002):

“En lo económico, el país enfrentaba una de las más fuertes crisis económicas a causa del vertiginoso descenso en las exportaciones de cacao (que afectaba especialmente a la oligarquía de la Costa). Las reservas internacionales disminuyeron, se devaluó la moneda, decayeron las inversiones y la corrupción se extendió a todos los gobiernos provinciales y municipales. La población había empezado a sentir los efectos de la inflación y la carestía de víveres” (Mejía, 2002: 25).

Por otra parte:

“El presidente Velasco Ibarra condenó, en 1945, la naciente Carta Política, por haberla hallado “colmada de vicios, contradicciones y fallas”. La situación política empeoró a lo largo de todo el año, y en marzo de 1946, Velasco se proclamó dictador, con el apoyo de su ministro de gobierno Carlos Guevara Moreno. Esta vez, adoptó una orientación derechista y dirigió sus represalias contra los líderes de izquierda. Exilios, encarcelamientos, clausuras de medios, fueron formas comunes de represión. El 10 de agosto de 1946, Velasco Ibarra convocó a una nueva Asamblea Constituyente, y ante la ausencia de los izquierdistas, quienes se negaron a participar en aquella “farsa democrática”, el congreso reflejó una mayoría conservadora” (Mejía, 2002: 28).

Finalmente, ni la situación política ni la situación económica mejoraron, la Constitución que se elaboró en 1946 recuperó el poder para el presidente y se enfrascó, entre otras cosas, en establecer los casos de inelegibilidad a la presidencia, “la política económica fue errática e inconsistente” (Mejía, 2002:29) hasta que la crisis generó el golpe de estado. Finalmente y para cerrar el clásico ciclo, Velasco fue apresado, obligado a renunciar y expulsado, en medio de la indiferencia de las masas que lo habían aclamado tres años antes (Mejía, 2002).

De acuerdo al propio Andrés Mejía, Velasco Ibarra desató un clima de intolerancia política, encarceló y persiguió a los líderes y adversarios permanentemente, reprimió manifestaciones populares, disolvió congresos y clausuróperiódicos. “La poca disposición del presidente para negociar piezas legislativas con una mayoría opositora en el congreso, condujo al estancamiento y conflicto entre el legislativo y ejecutivo” (Mejía, 2002: 23).

Durante este periodo presidencial, se conjugan distintos factores que conducen a la improvisación; las frágiles o esporádicas alianzas (es el caso de Alianza Democrática, también de los sectores de izquierda, y entre conservadores y liberales), el enfrentamiento entre distintas facciones en el congreso, la ausencia de cooperación entre poderes, la pugna entre el legislativo y el ejecutivo, la inestabilidad y crisis y el “inevitable” golpe de estado. La ingobernabilidad democrática se instala.

Así como el líder retorna con el apoyo delirante de las masas, con una conexión aparentemente total entre las bases y el caudillo, con esa misma rapidez y violencia la conexión y el apoyo se pierden, ante la crisis y la imposibilidad de formular políticas para contrarrestar los ciclos económicos y atender las necesidades de la colectividad.

León Febres Cordero

León Febres Cordero recibe el gobierno de manos de Osvaldo Hurtado en 1984, aproximadamente 12 años después del último velasquismo y comienzo de la dictadura militar de los años setenta. Al igual que Velasco Ibarra, Febres Cordero es un líder por encima de la institucionalidad democrática, más allá de las normas y del derecho cuando se trata de obtener niveles de gobernabilidad fuera de las prácticas democráticas. Califica al gobierno de Hurtado de estatista e inicia de inmediato con la liberalización de los mercados al mejor estilo neoliberal, reduciendo la intervención y control estatal, eliminando controles de precios, buscando promover la producción y la productividad, alineado a las reformas estructurales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Hurtado, 2006).

Bajo estos lineamientos, Febres Cordero se enfrenta desde el primer momento con el Frente Unido de Trabajadores (FUT) al incrementar el precio de los combustibles, se inician los conflictos entre el gobierno y el Congreso nacional y surge un bloqueo político a consecuencia de las medidas acordadas con el FMI. "Los enfrentamientos alcanzaron tal dimensión que produjeron bloqueos políticos, que degradaron las instituciones constitucionales y pusieron en riesgo la supervivencia del sistema democrático" (Hurtado, 2006: 22).

De ahí en adelante, Febres Cordero hace gala de las más insólitas prácticas políticas para superar la oposición del congreso, impide por la fuerza la posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia nombrada por el Congreso (Hurtado, 2002), disuelve las sesiones del Congreso mediante el uso de bombas lacrimógenas y bombardea el Congreso con diversos proyectos de ley que congestionan el trabajo de los legisladores y el despacho oportuno de los mismos (Hurtado, 2002), incluso, impedía la publicación en el Registro Oficial de los proyectos de ley modificados por el congreso (Hurtado, 2002), como una muestra más de su fuerza y poder por encima de las instituciones.

Hasta mayo de 1985 el bloque legislativo del gobierno contaba con tan solo 12 diputados propios, pero León Febres Cordero consigue la mayoría atrayendo diputados de otros partidos, los cuales abandonan sus propias organizaciones políticas a cambio de favores y prebendas (Hurtado, 2002). De tal manera que, imponiendo a veces inconstitucionalmente su voluntad y valiéndose de prácticas políticas antidemocráticas impuso su voluntad hasta conseguir las leyes que quiso:

"Mediante la manipulación de las instituciones, el mal uso de los procedimientos constitucionales, la ejecución de maniobras políticas de toda índole y el empleo de la violencia, en suma, con el uso de medios no democráticos, el presidente Febres Cordero obtuvo los instrumentos jurídicos que necesitaba para mantener la estabilidad económica alcanzada y transferir indebidamente recursos públicos a particulares"(Hurtado, 2002: 25). 

A inicios de 1986 se produce la caída de los precios del petróleo de 26 dólares a menos de la mitad en marzo del mismo año, lo cual no fue oportunamente previsto por las autoridades económicas (Hurtado, 2002) generando desconfianza entre los agentes económicos quienes se volcaron a adquirir dólares y enviarlos al exterior, acelerando así la crisis. Contrario a las medidas de ajuste que prevén las teorías neoliberales en tales casos, Febres Cordero optó más bien por el cálculo populista en función de sus necesidades electorales ante la renovación en junio de ese año de la mayor parte de integrantes del Congreso Nacional, "repartiendo cheques y ofreciendo obras" (Hurtado, 2002:34) en vez de adoptar medidas impopulares ante la crisis. Con la continua extracción de recursos del Banco Central, del Seguro Social y Banco de Desarrollo, se agrandó la brecha fiscal, se provocó una estampida del dólar al igual que de la inflación.

El terremoto de marzo de 1987 empeoró aún más la situación económica y política, con la devaluación del sucre (145 % el último año de gobierno) y una tasa de inflación que alcanzó niveles del 63% (Hurtado, 2002).

En 1988, con una distribución del ingreso radicalmente concentrada, "el quintil más rico de la población concentraba el 50.6% del ingreso, y el quintil más pobre el 3.9%" (Hurtado, 2002: 37), el populismo y caudillismo fiscal de Febres Cordero y sus pugnas con el congreso no le dieron réditos políticos, habiendo terminado su mandato en 1988 con el mismo número de representantes con que se inició en 1984, a pesar del enorme sacrificio fiscal y social.

Sixto Duran Ballén

Duran Ballén gana las elecciones gracias a las divisiones internas en el Partido Social Cristiano (PSC) y al voto del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), fuerte contendor del PSC en la Costa. Respaldado por un partido ad hoc (Sánchez, 2008), Unión Republicana (PUR), creado por el mismo Duran Ballén y sus políticos aliadoscon fines electoralistas, este no tardó mucho en mostrar su extrema fragilidad al surgir las pugnas internas antes y después de las elecciones (por ejemplo, entre Roberto Dunn, ministro de Gobierno y Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, sobre las medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional) (Sánchez, 2008).

Aliado a un debilitado partido conservador, el PUR llega al poder apenas con un 22.07% del total de escaños en el legislativo entre todos los miembros de la alianza, con un ambicioso programa de reformas sin el apoyo legislativo necesario y un congreso extremadamente fragmentado, con un PSC que cuenta con el 27% de los escaños y el PRE con el 19.48% (Sánchez, 2008).

Sin control y cooperación “incondicional”del legislativo desde sus inicios, el PUR se debilita aúnmáscon las elecciones legislativas de medio término, cuando la coalición del ejecutivo pierde el 10% de sus escaños y el PSC alcanza hasta el 33,77% del total de escaños en el Congreso. Bajo tales condiciones, el PSC refuerzaaúnmás su estrategia de apoyo condicional a cambio de prebendas e ingentes recursos que fortalecen al partido y sus elites:

“La agenda de cooperación se marcaba desde el Legislativo y con altos costes para el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos para los gobiernos locales, controlados por los social-cristianos. El mejor ejemplo de la relación de amor y odio entre el gobierno y el PSC fue el juicio seguido en el Congreso al Vicepresidente bajo la acusación de malversación de los fondos reservados, episodio que terminó con la fuga y asilo político del Vicepresidente en Costa Rica” (Sánchez, 2008:136).

Ante la imposibilidad de obtener mayoría y procesar demandas en general en el poder legislativo, el gobierne busca el “alineamiento” de congresistas independientes o de pertenecientes a pequeños partidos, a cambio de medios y recursos para ellos y sus provincias (Sánchez, 2008). Según Simón Pachano, se presenta entonces un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que:

 [“Sea como fuere, un cuadro de este tipo ha definido únicamente un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que “privilegia la continuidad del régimen político, lo cual lleva a un trato preferencial del gobierno con actores políticos y sociales que tienen capacidad inmediata de desestabilización política y/o económica”, sin desarrollar la capacidad de “recoger, elaborar y agregar (en la acción gubernamental) la demanda de la sociedad civil, haciéndola valer como criterio de utilidad colectiva”(CLACSO-PNUD-UNICEF) (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131)].

Y a continuación agrega:

“Por consiguiente, ha colocado el problema de la gobernabilidad en el nivel de la capacidad de la dirigencia política para establecer acuerdos cupulares pero de alta efectividad. Esto se ha logrado no a través de procesos de legitimación del quehacer político –como ocurre en sistemas más incluyentes-, sino por medio de la ya aludida relegación de los problemas fundamentales a espacios considerados como no políticos” (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131).

Finalmente, El Consejo nacional de Modernización del Estado (CONAM) no obtuvo los resultados previstos (Araujo, 1998). El gobierno no llegó a vender ninguna de las empresas estatales claves. La reforma administrativa quedó al margen de la acción modernizadora y no se lograron los objetivos de descentralización, desconcentración y desmonopolización de los servicios públicos.

En cambio, la inflación se redujo fuertemente, del 60.2% en 1992 al 25.4% en 1994, el sistema de bandas cambiarias permitió con bastante éxito el programa macroeconómico durante los últimos dos años de gobierno y facilitó a la autoridad monetaria administrar el tipo de cambio y su proyección a futuro (Araujo, 1998). A pesar de un pobre crecimiento del PIB (salvo 1994 = 4.3%), las exportaciones tienen el mayor crecimiento visto durante el periodo democrático (Araujo, 1998), a pesar de ello, el déficit en cuenta corriente aumenta constantemente por el crecimiento de las importaciones. Sin embargo, la Reserva Monetaria Internacional mejora con el ingreso de capitales, estabilizando las cuentas externas, generando confianza y facilitando el manejo de la deuda externa (Araujo, 1998).

Lamentablemente, durante el año 1995, el desabastecimiento de agua en la central hidroeléctrica de Paute, los racionamientos de energía eléctrica (más de seis meses), el  bajo crecimiento del PIB (1995 = 2.3%), la quiebra del Banco Continental , la reducción y la contracción del sector financiero unido a una alta conflictividad política  (a más de la patente agresividad del PSC contra los principales miembros del Ejecutivo), desataron  una fuerte crisis política que, ante la fragilidad y ausencia de apoyo legislativo hacia el gobierno, terminó con  denuncias de corrupción, destitución del vicepresidente Dahik y gran descontento generalizado por las medidas de ajuste a pesar de los resultados de la estabilización.

5.      Pregunta y análisis final sobre el caso

¿Bajo qué condiciones, el caudillismo, el liderazgo político autoritario y las coaliciones frágiles, unido a la pugna de poderes, constituyen un detonante de inestabilidad y de crisis políticas, golpes de Estado, o paralización y fracaso de la gestión del gobierno, impidiendo la gobernabilidad democrática y debilitando la ya precaria institucionalidad política en el Ecuador?

          A lo largo del trabajo detectamos que el caudillismo y un fuerte y autoritario liderazgo político unido a la pugna de poderes constituye un detonante que ha desembocado en múltiples crisis políticas, provocando sublevaciones militares, secuestro del presidente (el Presidente León Febres Cordero fue secuestrado en Taura por seguidores del General Frank Vargas en marzo de 1986) y golpes de Estado (en el caso del presidente Velasco Ibarra), y/o oposición a ultranza, clientelismo exacerbado (en el caso de Sixto Duran Ballén, por ejemplo), bloqueo y hasta fracaso de la gestión del gobierno cuando no existe el apoyo y respaldo legislativo necesario para administrar eficientemente un programa político y atender los requerimientos de la colectividad.

Queda bastante claro que,  a lo largo de las últimas siete décadas, desde Velasco Ibarra hasta Sixto Duran Ballén, el caudillismo, la fragilidad de las alianzas electoralistas, la debilidad de los partidos de gobierno y la frágil institucionalidad política, crean las condiciones necesarias y el terreno fértil para debilitar o impedir la gobernabilidad democrática, sacrificada en función de intereses partidistas, personales o localistas, como único camino al desbloqueo de la gestión ejecutiva por parte del poder legislativo. Se impone entonces la decisión y acción arbitraria y prepotente, o en su defecto, lo que Simon Pachano(Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131) denomina la “gobernabilidad sistémica” o los “acuerdos cupulares de alta efectividad”, en detrimento de la gobernabilidad democrática.

BIBLIOGRAFÍA

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CORDES, PNUD. Osvaldo Hurtado, Presentación. ECUADOR: un problema de gobernabilidad. CORDES, 1996.

Chiriboga, Manuel. AGENDA ECUADOR, DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN, preparado para ICCO, con el apoyo de Grace Jaramillo, Harry Dorn Holmann y Carol Chehab. Observatorio de Comercio Exterior, Quito, julio de 2008.

Hurtado, Osvaldo. Los costos del populismo. CORDES, 2006.

Hurtado, Osvaldo. Problemas estructurales de la democracia ecuatoriana. CORDES, 2005.

Mejía, Andrés. Gobernabilidad democrática. Konrad Adenauer Stiftung, Quito, 2002.

Pachano, Simón, Coordinador. Modernización de las instituciones democráticas: el Congreso. FLACSO, Fundación Konrad Adenauer,  1997.

Sánchez, Francisco. ¿Democracia no lograda o democracia malograda? FLACSO Sede Ecuador, 2008.