EMPRESARIOS Y ESTADO. ACOPLAMIENTO O DISONANCIAS: UN ANÁLISIS DE LOS PERIODOS DE LOS PRESIDENTES LEÓN FEBRES CORDERO (1984-1988) Y SIXTO DURANBALLÉN (1992-1996) Y COMENTARIOS SOBRE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA

ESTUDIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA

EMPRESARIOS Y ESTADO. ACOPLAMIENTO O DISONANCIAS: UN ANÁLISIS DE LOS PERIODOS DE LOS PRESIDENTES LEÓN FEBRES CORDERO (1984-1988) Y SIXTO DURANBALLÉN (1992-1996) Y COMENTARIOS SOBRE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA

Por: Harry Martín Dorn Holmann

Mayo, 2016

INTRODUCCIONY PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

          La segunda mitad del siglo XX concentra la atención de los gobiernos latinoamericanos en la problemática del crecimiento y desarrollo. Ya sea bajo regímenes democráticos o gobiernos de facto, Latinoamérica enfila sus recursos teóricos, institucionales y materiales hacia la crecimiento economico, la redistribución de la riqueza, la eliminación de la pobreza e integración de los sectores productivos hacia la muy ansiada situación de bienestar.

          Los gobiernos realizan esfuerzos y grandes inversiones para el desarrollo institucional (la creación de bancos de fomento, fondos nacionales de preinversión, institutos nacionales para el fomento de la producción, ministerios o direcciones de planificación a nivel nacional y sectorial, oficinas técnicas de proyectos), créditos blandos para el crecimiento y comercialización de la producción nacional (bonos de fomento, bonos de desarrollo, operaciones suigéneris, fondo para la promoción de exportaciones, aceptaciones bancarias), incentivos fiscales para la producción (reducción de derechos arancelarios para la importación de bienes de capital, certificados de abono tributarios para las exportaciones), y, finalmente, nuevas normativas para la prestación de servicios públicos por parte de la empresa privada (Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa privada, promulgada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993).

          Ecuador no fue una excepción, y bajo el auge bananero, petrolero, camaronero o florícola, los distintos gobiernos formularon planes de desarrollo, estrategias y políticas orientadas al fomento de la producción y redistribución de la riqueza mediante incentivos fiscales, crediticios, tributarios de exportación, financieros, tecnológicos y consolidación de procesos de integración, entre otros, destinando ingentes recursos hacia los sectores empresariales (especialmente provenientes de la explotación de petróleo y del endeudamiento externo), sin alcanzar el tan ansiado y costoso desarrollo economico y social.

En Ecuador, la dirección y control de tales procesos por parte de los distintos gobiernos se reveló insuficiente e ineficiente, a pesar de las inversiones, trabajo, y esfuerzo de tantos años. Los grupos empresariales, receptores y beneficiados con ingentes recursos, no respondieron con la inversión, crecimiento sostenido de la producción y generación de empleos para la población. En el plano de la planificación estratégica, el acoplamiento de los objetivos de gobierno y los objetivos empresariales (conditio sine qua non para el crecimiento y redistribución de la producción) no se dio en el caso ecuatoriano. De acuerdo con nuestra investigación, el necesario alineamiento del sector público y sector empresarial para alcanzar los objetivos del desarrollo nunca se logró durante los últimos veinte años del siglo XX, ya que, la cultura y actitud empresarial dominante y la ausencia de acoplamiento estratégico entre objetivos gubernamentales para el desarrollo y objetivos empresariales impide un uso eficiente de las políticas e incentivos gubernamentales para lograr un impacto real en el crecimiento y redistribución de  la producción, mejorar la calidad de vida de la población y alcanzar una situación de bienestar.Ésta vendría a ser nuestra hipótesis de investigación y explicación tentativa del problema ya enunciado.

          Contrario a las aspiraciones y objetivos de los gobiernos, a pesar del desarrollo de las instituciones públicas, de la proliferación de organismos públicos especializados, de la formulación de incentivos crediticios y cambiarios para el crecimiento  y comercialización  de la producción nacional por parte de los distintos gobiernos, Ecuador ingresa en un periodo de crisis generalizada a inicios de la década de los años ochenta (de los sectores financiero, industrial, agrícola, comercial, de comercio exterior y fiscal) que se prolongará hasta finales del siglo XX, enfrentando serios problemas sociales, deterioro de las condiciones de vida, pobreza que afecta a la mayor parte de la población, desigualdades sociales, problemas y abandono de los sectores de la educación y la salud (Naranjo Chiriboga, 2007), todo esto agravado por una compleja crisis de gobernabilidad ( Mejía Acosta, 2002, 2009; Burbano de Lara, 2003; Pachano, 2007; Andrade; 2009). “Ecuador es el vivo ejemplo de las famosas dos décadas perdidas de la región, ya que en el año 2000 el PIB per cápita real de los ecuatorianos era exactamente el mismo que el de 20 años atrás” (Ocampo, 2011: 219).

            Los modelos formulados desde el retorno al régimen democrático fueron diversos, desde el modelo desarrollista nacionalista de los gobiernos militares, el modelo de desarrollo integrado humanitario del binomio Roldós-Hurtado (con crecimiento economico dirigido, impulso al crecimiento economico interno, reforma agraria como sustento del desarrollo rural, industrialización y expansión del mercado interno), el modelo neoliberal de León Febres Cordero, hasta el modelo modernizador de Sixto Durán Ballén, sin lograr, en medio de las crisis económicas, políticas y sociales,  los objetivos y metas planteadas desde la institucionalidad política. Por el contrario, y a pesar del crecimiento economico generado en ciertos periodos, se agudiza más bien la concentración de la propiedad, se acelera la concentración de la riqueza en manos de las elites tradicionales y grandes grupos económicos (Andrade, 2005; Montúfar, 2011), se incrementan la fuga de capitales y divisas al exterior, se drenan los recursos estatales hacia fines no productivos, acompañado todo esto por crisis profundas durante la década de los ochenta y fines del siglo XX (Andrade, 2009; Naranjo Chiriboga, 2007).

          Con una inflación cercana al 30% mensual, una moneda nacional en caída libre, y atrasos en los pagos a los acreedores y tenedores de bonos a nivel internacional, se agrupaban las condiciones optimas para una dolarización de facto de la economía nacional (Beckerman y Solimano, 2003), la pérdida de confianza en el país, y la contracción de la economía y agudización del drama social por la emigración masiva de ciudadanos ecuatorianos hacia Estados Unidos y países europeos. Es bajo este contexto y como último recurso que el Ecuador adopta el dólar estadounidense como su moneda nacional durante el mes de enero del año 2000, como un experimento audaz y acción desesperada ante el rotundo fracaso de los modelos neoliberales y de modernización y de las fracasadas alianzas Estado-empresarios con miras al desarrollo economico y social del país.

Con la dolarización, se adoptaba una camisa de fuerza que impidiera el excesivo gasto público, la emisión de moneda inorgánica y las devaluaciones permanentes de la moneda nacional, con altísimos índices de inflación y deterioro de las condiciones de vida de la población.

        En definitiva, contrario a la tan esperada generación de riqueza y situación de bienestar, los gobiernos socializaron al extremo el costo de las crisis mediante la sucretización de la deuda externa en la década de los ochenta y la dolarización de la economía a fines del siglo XX, logrando exactamente lo contrario del pretendido desarrollo, a costo de la depredación de los recursos públicos y una deuda externa mayor a trece mil millones de sucres en el año 2000, cuatro veces mayor con relación al año 1979 (Ayala Mora, 2012: 140-141).

De acuerdo con las investigaciones realizadas, al igual que las empresas, de manera expresa o informal, acoplan sus objetivos con sus recursos y capacidades internas y oportunidades y retos que representa el entorno (el Estado, los mercados, la competencia nacional e internacional), también los gobiernos, de forma similar, acoplan sus objetivos y metas (desarrollo) con sus recursos y capacidades internas (recursos institucionales, recursos financieros, procesos de gestión y liderazgo, etc) y expectativas del entorno (empresarios, mercados, partidos políticos, grupos de presión, cámaras de la producción, sistema internacional). En este contexto, acoplar los esfuerzos de ambos actores (gobierno y empresarios) en la misma dirección, es decir, hacer coincidir objetivos gubernamentales con objetivos empresariales, es indispensable para que la inversión y el trabajo se concreten en crecimiento económico, redistribución del valor agregado e impulso al proceso de desarrollo económico y social. De lo contrario, surgen y se perennizan comportamientos empresariales totalmente alejados de los fines del desarrollo, tal es el caso del rentismo, la depredación de recursos del Estado, concentración del ingreso y la riqueza nacional, sobredimensionamiento de la burocracia estatal y entronamiento del “Circulo Vicioso de la Burocracia” (Crozier, 1963; 1974).

Lamentablemente, tal acoplamiento no se produjo a fines del siglo XX y se cuestionan los resultados de la gestión a inicios del siglo XXI.

          Ante tales resultados y evidencias históricas, nuestra investigación aspira a encontrar una explicación y adoptar una posición crítica, bajo una perspectiva institucionalista, complementada con un enfoque sistémico organizacional sustentado en la teoría de la contingencia integrativa (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994), con el fin de desentrañar el fracaso de las políticas e incentivos gubernamentales en términos de desarrollo y explicar la respuesta desfavorable de los grupos empresariales a tales incentivos.  Tal como queda demostrado en trabajos de investigación sobre la materia (Montufar, 2011), no obstante la cantidad de recursos e incentivos proporcionados por los distintos gobiernos durante los últimos veinte años del siglo XX y las proclamas de los mismos grupos empresariales, no se modernizaron las estructuras productivas, no se lograron alianzas estratégicas corporativas con fines de integración industrial, no se incrementó la productividad y competitividad internacional, no se dieron los incrementos esperados en la producción, no se generaron procesos redistributivos y, por el contrario, se reconstruyen patrones autoritarios, particularistas y semicorporativos de gobierno en beneficio de grupos económicos específicos (Montúfar, 2011).

          Paradójicamente, ante semejante despliegue de recursos públicos, en medio de la crisis social generalizada, son los grupos económicos quienes se benefician de la riqueza y recursos públicos, fenómeno ampliamente estudiado por Thomas Piketty, quien afirma:

Al final, en todos los países ricos, el desahorro público y la resultante disminución de la riqueza pública representan una parte significativa del incremento de la riqueza privada (entre la décima y la cuarta parte según los países) (Piketty, 2014: 204)

          Y posteriormente agrega:

Es importante indicar que los movimientos de transferencia de riqueza del sector público al privado no solo se dieron en los países ricos desde los años setenta; más bien fue una evolución general que se observa en todos los continentes (Piketty, 2014: 205).

          En el caso especifico de Ecuador, Pablo Andrade Andrade manifiesta:

En Ecuador, la democracia liberal no ha logrado crear los medios políticos necesarios para corregir la concentración de riqueza prevaleciente, ni tampoco las relaciones de poder, basadas en la desigualdad que históricamente han caracterizado a la sociedad ecuatoriana. El desempeño del país en las dos últimas décadas del siglo XX fue pobre en términos del crecimiento economico, de la distribución de la riqueza, y del acceso sostenido de la mayor parte de la población a servicios de salud y educativos; tendencias que continúan en la presente década (Andrade, 2009: 7).

De los estudios y análisis realizados, nuestra investigación nos permite  afirmar de manera preliminar que, en primer lugar, bajo evidencias y parámetros objetivos concretos, el desarrollo institucional, la meritocracia y capacitación del funcionario público, la gestión de políticas públicas y canalización de recursos financieros, jurídicos (consagración de los derechos y libertades ciudadanas), fiscales y cambiarios, en beneficio de los sectores empresariales, constituyen condicionamientos favorables muy importantes pero no suficientes para lograr lo que algunos autores califican como calidad de vida “mediante una relativa abundancia” (North y Thomas, 1978: 5) en el marco de una organización económica eficaz (North y Thomas, 1978).

Nuestra investigación detecta, en segundo lugar, que la no coincidencia gobierno-empresarios en sus visiones y objetivos estratégicos, y que la ausencia de acoplamiento estratégico de los sectores empresariales a los objetivos del desarrollo, constituye más bien conditio sine qua non para el uso ineficiente de recursos e incentivos provenientes del sector publico en función del desarrollo, lo cual se manifiesta en la falta de un crecimiento sostenido de la producción y redistribución del ingreso nacional con miras a una mejor calidad de vida, que fue el caso de Ecuador durante los últimos veinte años del siglo XX.

Consideraciones y orientaciones teóricas sobre nuestra hipótesis, pregunta y objetivos de la investigación

          En función del alcance de nuestro estudio eminentemente explicativo, nuestro trabajo se enfoca en situaciones reales (nuestro trabajo se concentra en los periodos presidenciales de León Febres Cordero, 1984-1988, y Sixto Durán Ballén, 1992-1996), relaciona variables observables y medibles,  (crediticias, cambiarias, producción, ingreso) y se sustenta en la experiencia de diversos autores (Montúfar, Andrade, Ayala Mora, Naranjo Chiriboga, entre otros), revisión de la literatura y la recolección y análisis de datos provenientes de distintos estudios.

En cuanto al acoplamiento estratégico ya mencionado, lo definimos como la convergencia, complementación o similitud entre objetivos gubernamentales y empresariales formulados y acoplados al entorno y características internas de cada uno, y la cultura empresarial como un sistema de significados compartidos por el gremio empresarial, cuyas valoraciones claves o características claves se refieren a: capacidad y aceptación de la innovación, del riesgo y superación de los retos y obstáculos, de los objetivos y prioridades empresariales (retorno de la inversión, incremento de la participación en el mercado, eficiencia en las actividades logísticas, tasa de nuevos productos, calidad de las condiciones de trabajo, generación de puestos de trabajo, relación capital/deuda) del crecimiento del negocio (búsqueda de oportunidades e iniciativas ó mantenimiento del status quo), de las alianzas estratégicas (redes de apoyo en investigación, calidad total, economías de escala), del progreso y bienestar de la comunidad (generación de empleos, pago de impuestos, productos y servicios de calidad, capacitación del personal, meritocracia) y de los sistemas de gestión (planificación, metas, cumplimiento, persistencia, eficiencia, calidad).

Bajo estas perspectivas, las preguntas de orientación de nuestro trabajo plantean: ¿Hubo acoplamiento o disonancias entre los objetivos gubernamentales para el desarrollo y los objetivos del sector empresarial? ¿Bajo qué visión particular y objetivos del desarrollo se han formulado las políticas e incentivos crediticios y cambiarios durante los gobiernos de los presidentes León Febres Cordero y Sixto Duran Ballén? ¿Cuál fue la respuesta del sector empresarial ante esos incentivos gubernamentales y bajo qué visión particular o cultura empresarial se accedió a ellos durante los gobiernos de los presidentes León Febres Cordero y Sixto Duran Ballén?

Será necesario entonces, de forma prioritaria, determinar las disonancias (o ausencia de acoplamiento) entre los objetivos del desarrollo de los gobiernos de los presidentes León Febres Cordero y Sixto Duran Ballén en función de la cultura, las estrategias y objetivos empresariales durante sus mandatos.

Al respecto, también será necesario evidenciar la falta de controles y de evaluación de impacto de las políticas e incentivos en el ámbito crediticio y cambiario en función de los objetivos y metas del desarrollo durante ambos gobiernos y explicar las respuestas empresariales y disonancias detectadas con los objetivos de ambos gobiernos sobre la base de una cultura empresarial rentista y depredadora de los recursos públicos.

ANTECEDENTES

          Desde nuestra posición y enfoque teórico, el institucionalismo hasta en sus versiones más recientes con fines de análisis y/o promoción del desarrollo, adopta un enfoque instrumentalista y unidireccional (gobierno Vs. Empresarios), bajo una concepción mecanicista de estímulo-respuesta donde los empresarios responden (o deberían responder) de manera automática a los términos y condiciones de las políticas e incentivos de gobierno.

El instrumental organizacional, tanto las estructuras como los procesos son necesarios para la formulación y ejecución de políticas, pero, el instrumentalismo per secae en aquello que Nietzsche denomina una  necesidad de efecto (Nietzsche, 2014: 27), cuando “el que quiere cree, con un alto grado de certeza, que, en cierto modo, la voluntad y la acción son una sola cosa; atribuye el buen resultado, la ejecución de la volición, a la voluntad misma” (Nietzsche, 2014: 27), y agrega, “<<Libertad de la voluntad>>, es la expresión que se usa para designar ese complejo estado placentero del que quiere, el cual manda y a la vez se identifica con el que ejecuta” (Nietzsche, 2014: 27), en otras palabras, aplicado al caso que nos ocupa, para el enfoque institucionalista, la magia del instrumento y su acción derivada ( principios organizacionales, control de gestión, meritocracia, sistemas de reclutamiento y promoción, capacitación y desarrollo del funcionario público, gestión integral de políticas públicas, etc) es una garantía de respuesta “de las <<serviciales>> voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014:28), es decir, “el efecto soy yo” (Nietzsche, 2014: 28). 

            Contrasta esta afirmación con la tesis del profesor Ha-Joon Chang cuando se refiere a los niveles de intervención del Estado y sobre los nuevos esquemas y acuerdos necesarios para lograr niveles deseados de desarrollo industrial: “La propuesta de estos ensayos es que el Estado debe intervenir en coordinación con el mercado, las empresas y otras instituciones económicas, con el fin de resolver los problemas de información a menor costo y con mejores niveles de eficiencia” (Chang, 1996: 8). Es decir, según agrega el propio profesor Chang, el reto del Estado consiste en ofrecer una “visión” (entre comillas en el original) que logre una identificación entre los intereses del Estado con el bienestar público a largo plazo, que oriente sobre la trayectoria de la economía a largo plazo y fomente la actividad empresarial y, especialmente, construyendo y proveyendo la institucionalidad necesaria para el manejo de la incertidumbre y los conflictos (Chang, 1996).

          Desde nuestra perspectiva teórica, el determinismo instrumental que asignamos al institucionalismo de algunos autores que mencionaremos más adelante pierde la perspectiva del destino final de toda acción (me refiero a los objetivos acoplados del gobierno y empresarios en función del desarrollo, no a los objetivos individuales e independientes que ambos actores se pudieran plantear) y los obstáculos que esta misma acción deberá superar en el transcurrir de su ejecución. Esto se comprueba en el campo de los hechos reales cuando la respuesta “de las <<serviciales>> voluntades o almas subalternas” (Nietzsche, 2014: 28) no se compadece con la voluntad del “yo” instrumental. Nuevamente nos referimos a los planteamientos del profesor Chang quien se refiere al Marco jefe-subordinado: “El marco jefe subordinado, común a diversas teorías neoliberales, de alcance limitado para la inspección que realiza el jefe, ocasiona problemas para la creación de incentivos para los subordinados, quienes ven por sus propios intereses de manera egoísta” (Chang, 1996: 37). Y concluye que: “Las fallas que ha tenido la intervención estatal se achacan a la inherente escasez de información (los austríacos) o a las conductas egoístas de los burócratas (Niskanen, Peacock y Rowley) y/o a los grupos de interés organizados (búsqueda de utilidades, esclerosis institucional) (Chang, 1996: 45).

          Trasladando lo anterior al campo de la teoría política, podríamos proponer al igual que Norberto Bobbio que:

La ilusión jurídico-institucional del siglo pasado consistía en creer que el sistema político era autosuficiente, y que,  por tanto, disfrutaba de una cierta independencia frente al sistema social global, o incluso que fuera él mismo el sistema dominante y que, por tanto, bastaba con buscar remedios aptos para controlar el sistema político, para poder controlar el sistema de poder de toda la sociedad. Hoy en día, por el contrario, cada vez nos damos más cuenta de que el sistema político es un subsistema del sistema global y que el control del primero no implica necesariamente el control del segundo (Bobbio, 2014: 283).

          Es decir, en concordancia con nuestra hipótesis de investigación, no se trata, exclusivamente, de dirigir o controlar al sector empresarial mediante políticas incentivos y controles burocráticos, sino de “acoplar” los objetivos y metas gubernamentales con los objetivos estratégicos del sector empresarial. Con otras palabras, la voluntad instrumental debe acoplarse con la voluntad empresarial, expresadas ambas en términos de objetivos para el crecimiento y distribución de la producción.

          Es así que, contrario a nuestro enfoque estratégico integrativo, los problemas y planteamientos abordados desde el enfoque institucionalista por distintos autores que fueron estudiados en el marco de nuestra investigación, se concentran en temas puntuales como:

1.      Las estructuras organizativas (Evans, 2007: 189).

2.      La elección racional (Grindle, 2002).

3.      Los postulados de Barrington Moore (1969) acerca del poder, la burocracia y los cambios institucionales, las alternativas para la acción y los condicionamientos históricos.

4.      Sobre los estímulos y restricciones institucionales propias de cada país en cada época determinada (Putman, 1993; 2000).

5.      Sobre la compleja interacción (las cursivas son mías) de los distintos elementos articulados alrededor de los procesos históricos del desarrollo de cada país (Acemoglu y Robinson, 2012).

6.      La organización económica eficaz como fuente primaria del desarrollo con un marco institucional y estructura de la propiedad que promueva el esfuerzo económico individual (Douglass C. North y Robert Paul Thomas, 1978).

7.      Los planteamientos de Whitehead (2006), Boyd (2006) y Chang, (2003), para quienes, además de instituciones y políticas adecuadas, la respuesta favorable a los problemas del desarrollo y demandas sociales surgen del contexto o matriz sociopolítica dominante en cada país, de cuya interacción global dependen los resultados de las políticas de Estado y la implementación de los modelos de desarrollo.

8.       Sobre los sistemas de control de calidad total (Ishikawa, 1995).

9.      Sobre la intervención estatal, la formulación de políticas proteccionistas en materia de créditos, subsidios, aranceles, tributos, y asignación de recursos hacia actividades estratégicas para controlar y evaluar el buen uso de los capitales, promover el pleno empleo y aplicar políticas presupuestarias contracíclicas para evitar contracciones económicas (Chang, 2003; 1996).

10.  Sobre la integración sectorial de la producción, la redistribución del ingreso y la concentración de la riqueza nacional (Liisa North: 1985).

11.  La formación y capacitación del funcionario público y la meritocracia (Evans, 2007).

          Sin embargo, ninguno de estos autores aborda ni profundiza sobre la necesaria e indispensable compaginación, articulación, acoplamiento o alineamiento estratégico que debe existir sobre la visión y objetivos del desarrollo entre sectores  empresariales y gobierno, bajo el enfoque estratégico integrativo.

          En términos organizacionales, la implementación racional de principios de organización (división del trabajo, unidad de mando, líneas de autoridad o principio escalar o jerárquico, tramos de control, principio de excepción, centralización y descentralización, entre otros) no es garantía de eficiencia sin la primacía de objetivos definidos y concretos de la organización, así como la estructura organizacional (a la que se refieren múltiples autores como Evans, Moore, North y Thomas), en sus distintas modalidades, tampoco es garantía de un eficiente proceso de gestión. De igual manera, un proceso de gestión sin control (sobre el cual insisten de forma reiterada y pertinentes algunos autores como Chang,) no es un proceso de gestión, ni mucho menos un sistema integrado de gestión que garantice la elección racional a la que se refiere Grindle.

          Simplificando y avanzando en nuestra critica a los distintos planteamientos, nada impide tampoco conducir en forma eficiente los asuntos públicos y empresariales en función de sus objetivos y metas individuales, y en ello, coincidimos plenamente con la necesidad de sistematizar y racionalizar las estructuras organizacionales y sistemas de control de gestión tal como lo plantea el profesor Chang (1996), pero, en función de los objetivos acoplados alineados y consensuados del desarrollo si se pretende alcanzar el desarrollo. De lo contrario, se produce el uso y usufructo de los abundantes recursos públicos, tal como sucedió durante décadas por parte de los grupos empresariales en función de su propio crecimiento y proceso de acumulación de riqueza, en detrimento del bienestar general, generando más bien procesos de crisis durante los últimos veinte años del siglo XX, e inicio del siglo XXI.

          En nuestra propuesta, más allá de los postulados de North y Thomas y su concepción sobre la “organización económica eficaz” (North y Thomas, 1978: 5) y de los múltiples planteamientos institucionalistas, nuestro enfoque teórico reconoce la importancia de variables como la fortaleza y autonomía estatales, la meritocracia en el sector público, la formulación e implementación de políticas públicas adecuadas y el control estatal sobre el destino y cumplimiento de los distintos incentivos e impulsores ofrecidos y entregados a los sectores productivos como medio de garantizar la convergencia Estado-empresas en la búsqueda del desarrollo, pero, sin desconocer o ignorar o marginar la capacidad y autonomía de los sectores empresariales para acoplar sus estrategias de acuerdo a los obstáculos y oportunidades del entorno (incluyendo todos aquellos estímulos estatales para el desarrollo) con sus objetivos(reales, no aparentes) y capacidades estructurales internas, más aun, cuando la riqueza privada en algunos países a principios de la década del 2010 supera el 90% de la riqueza nacional (Piketty, 2014), y Ecuador se caracteriza también por una alta concentración de la riqueza (Andrade, 2009; Larrea, 2006, 2012).

North y Thomas, por ejemplo, proporcionan una visión mecanicista de respuestas condicionadas por impulsores provenientes de la institucionalidad, sin tomar en cuenta las perspectivas empresariales en términos estratégicos y su capacidad de gestión, es decir, el propio concepto del negocio, la visión acerca de la dirección del mismo y los objetivos y metas que se plantea el sector productivo, que no son necesariamente coincidentes con aquellos de los organismos estatales, además de las capacidades y apalancamientos que se requieren para formular e implementar una estrategia, muchas veces no tomadas en consideración por los distintos modelos de gobierno ni por el enfoque institucionalista.

          Complementando los enfoques institucionalistas, de acuerdo a la teoría de la contingencia integrativa de la organización, estudiar, analizar y comprender el comportamiento empresarial requiere de un enfoque teórico integral que incorpore lo que los investigadores (Burns y Stalker, 1961; Woodward, 1965; Perrrow, 1967; Thompson, 1967) denominan variedad ambiental y variedad organizacional. De ahí que, un análisis enfocado únicamente desde el entorno o desde el Estado, excluiría importantes aspectos vinculados al contexto y características internas de las organizaciones empresariales, y por tanto, de sus percepciones, de sus objetivos, de sus capacidades, de sus fortalezas y palancas para responder a los incentivos provenientes desde la institucionalidad económica. Forman parte del  contexto los objetivos, la estrategia y tecnología planteados y disponibles en una organización, y, como características internas, la estructura organizacional, las predisposiciones personales de los miembros, la cultura organizacional, el liderazgo y el proceso de toma de decisiones (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994), elementos de análisis que no están presentes en los planteamientos de North y Thomas y otros autores.

ENFOQUE TEÓRICO PROPUESTO

Desde nuestra perspectiva, nuestra hipótesis, nuestras preguntas de investigación y objetivo de nuestro trabajo, la organización económica eficaz a la que se refieren North y Thomas (1978) se debe complementar con una actividad estatal (políticas, controles y estímulos diversos) y de orientación empresarial (estrategia integrativa, de “visión” como lo sugiere el profesor Chang) que responda de forma positiva a los incentivos del crecimiento y, generando y redistribuyendo valor agregado con fines de desarrollo. Equilibrar múltiples requerimientos, de crecimiento, de rentabilidad y equidad distributiva o democracia económica, requiere compaginar objetivos empresariales con capacidades y objetivos estatales para el  desarrollo:

La relación entre política económica y la gobernabilidad es recíproca y se manifiesta en dos dimensiones: por una parte, las características de una política económica determinada en cuanto a efectividad y a exigencias de cambio en el orden económico establecido y, por otra, la capacidad de gobierno del Estado para llevar a cabo esa política económica de modo que se ciña en la máxima medida posible a la estrategia y al diseño de la misma. Es obvio que estas dos dimensiones interactúan y no es posible estudiar la posibilidad de gobernar con una política determinada sin tomar en cuenta estas dos caras de la medalla: la aplicabilidad y efectividad de un conjunto de medidas económicas va a depender no solo de las características técnicas y políticas de éste, sino de la capacidad del Estado para gobernar, es decir, de dirigir e influir sobre la sociedad para la realización de esa política económica, en el tiempo en que ella debe ejecutarse(Salgado, 1996: 164).

            Salgado es claro cuándo va mucho más allá de la capacidad técnica para formular políticas e insiste en la capacidad para gobernar, dirigir e influir sobre la sociedad, mediante el acople estratégico Estado-empresarios, influyendo o estimulando en forma eficaz a los sectores empresariales en la generación y redistribución de la riqueza con fines de desarrollo economico y social. Es decir, la capacidad de liderazgo y la voluntad de ejercerlo es condición necesaria para la orientación hacia el acoplamiento de objetivos del desarrollo, tanto como la formulación de políticas e incentivos que estimulen el comportamiento empresarial.

           Para comprobar nuestra hipótesis de investigación, responder la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos propuestos, nuestro modelo teórico complementa el enfoque institucional con la teoría de la contingencia integrativa y aspectos éticos y de la cultura empresarial  con miras a un análisis global bidireccional que incorpore incentivos o  impulsores institucionales y las respuestas empresariales derivadas que se concretan en las estrategias formuladas y comportamientos o reacciones de estos sectores, para lo cual, insistiremos en el análisis de las siguientes variables y enfoques de los distintos autores:

1.      Se estudiarán las dinámicas políticas y marco institucional en el Ecuador durante los periodos estudiados, los modelos gubernamentales para el desarrollo,  la gestión de las políticas cambiaria y crediticia (específicamente), los actores y sus impactos de corto y largo plazo en materia de desarrollo (Araujo, 1998; Andrade, 2005, 2008; Montúfar, 2011; Evans, 1995, 2007; Grindle, 2002; Mills, 1991; Whitehead, 2006).

2.      La cultura (de acuerdo con nuestra definición en paginas anteriores), la estrategia y la participación empresarial en el marco de la teoría estratégica integrativa y su relativa autonomía decisional versus los estímulos o impulsores estatales para el desarrollo, de cuya convergencia depende el éxito o fracaso de la gestión política en materia de crecimiento y desarrollo. De acuerdo con la teoría, la estrategia o variedad estratégica es una variable condicionada o variable dependiente de los recursos y estructura de la organización (variables independientes) y del entorno (variable independiente), es decir, se formula y ejecuta en función de la variedad ambiental y variedad organizacional y no exclusivamente de la políticas e incentivos estatales. En resumen, la teoría de la contingencia integrativa (Kagono, Nonaka, Sakakibara y Okumura: 1994) analiza las interrelaciones entre el medio ambiente organizacional, el contexto, y la organización como tal. Es bajo este enfoque teórico que se puede determinar la lógica de los comportamientos empresariales versus los estímulos estatales para el desarrollo, los niveles de convergencia o divergencia entre las partes y los niveles de aceptación o rechazo por parte de los sectores productivos.

3.      Como resultado de los puntos 1 y 2, proponemos analizar los mecanismos de redistribución del ingreso de la concentración de la propiedad y la participación empresarial, así como el origen y consolidación del comportamiento rentista de los sectores empresariales (Chang, 2003, 1996; Evans, 2007; Catherine Mary Conaghan; Barrington Moore, 2002; Pipitone, 2001; Boyd, 2006; Kay, 2006; Liisa North, 1985, 2008; y Jhon D. Cameron, 2008, En North, Liisa, Cameron John D., 2008; Montúfar, 2011).

4.      La actitud o comportamiento de los gobiernos desde un enfoque racionalista tal como lo define Karl Popper.             Esta actitud o comportamiento ético se opone radicalmente a una actitud paternalista, elitista, de superior a subordinado que ha predominado en los gobiernos de turno, y también a la visión rentista de los mismos empresarios, donde los intereses de grupo y lasindividualidades se han impuesto en detrimento del bienestar de la comunidad, a pesar de la enorme cantidad de recursos financieros, esfuerzo y trabajo, que han sido destinados para la implementación de diversos modelos de gobierno, sin alcanzar los objetivos del desarrollo.

Cultura y ética empresarial en un régimen capitalista: 

            Cuando hablamos del sistema capitalista o del capitalismo necesariamente viene a nuestras mentes los argumentos de Max Weber, según quien, en primer lugar, el capitalismo se caracteriza, entre otras cosas, por su moderación racional, como freno al impulso irracional lucrativo, o como modo racional de lucro de tipo capitalista. La ganancia precisamente la define Weber como un resultado de diferentes actos planificados de prestaciones cuya consecuencia o balance final será favorable, puesto que excede en valor los medios adquisitivos empleados originalmente, y por tanto se beneficia la empresa y el empresario. Lo decisivo es el cálculo realizado, el presupuesto, acción racional que deberá cumplir el empresario para cada operación económica. Es este cálculo previo, en término de valor dinerario aportado y valor dinerario obtenido al final,  lo que  permite al capitalista obrar racionalmente mediante cálculos exactos y obtener ganancias. Weber, consciente o no, aborda la génesis de lo que posteriormente se conoció como la formulación y evaluación de proyectos de inversión mediante técnicas novedosas y nuevos conceptos acerca del valor presente del dinero.

Por otro lado, Weber deja en claro que el capitalismo al que se refiere y no se conoce en ninguna otra parte más que en occidente, es a la organización racional-capitalista del trabajo formalmente libre, no especulativa, que calcula racionalmente las probabilidades de ganancia y no se deja llevar por la especulación irracional. Esta organización se caracteriza entonces por el ordenamiento de sus operaciones mediante una contabilidad racional y la separación jurídica entre el patrimonio industrial y el patrimonio personal, lo que se conoce hoy en día como principios de contabilidad generalmente aceptados  y el capital social de las empresas.

En definitiva, De acuerdo con la interpretación de Aron (1967), podemos afirmar también que según el mismo Weber no existe un solo capitalismo sino “capitalismos” (Aron. 1967: 531), pues cada sociedad capitalista presenta características propias que no encontramos en otras sociedades del mismo tipo. Pero, en términos generales, Weber define al capitalismo occidental como un conjunto de empresas cuya finalidad consiste en maximizar ganancias mediante la organización racional del trabajo y de la producción. Son las aspiraciones utilitarias, la disciplina y la racionalidad (burocrática, financiera, contable, técnica, etc) lo que constituye la característica histórica fundamental del capitalismo occidental (Aron: 1967).

En segundo lugar, e insistimos en este segundo aspecto, de acuerdo con nuestros objetivos e hipótesis de investigación, Weber (2015) plantea en su famosa obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”el carácter eminentemente protestante de la propiedad y empresas capitalistas, así como del alto personal especializado de las modernas empresas, de acuerdo a las estadísticas. Agrega que los protestantes se inclinan más por el trabajo en fábricas escalando altos puestos burocráticos y también como trabajadores de alto rango en la organización de la producción. De ahí que la confesión reformada resultó excepcionalmente beneficiosa para el espíritu del capitalismo. Para Weber, es la idea de profesión o Beruf (las cursivas son mías) en el idioma alemán, producto de la reforma como impulso que transformó el trabajo en una oración según Cardona (en Weber, 2015), la que considera que el más noble contenido de la propia conducta moral consistía en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Es lo sagrado del trabajo lo que origina ese especial concepto ético-religioso que diferencia al protestantismo de la ética católica. Esto no significa que el capitalismo nace de la reforma, o que sería un producto de la misma, sino más bien que existen afinidades electivas entre ciertas modalidades de la fe religiosa y la ética profesional, y hasta qué punto la influencia religiosa favorece la expansión del espíritu capitalista en el mundo.

La relación causal radica entonces en la elección de profesión y ulterior destino de la vida profesional determinado por la educación y una aptitud personal moldeada por la atmósfera religiosa de la patria y el hogar (Weber, 2015).Según Weber (2015:53) “El empresario moderno siente una determinada e íntima satisfacción con rasgos de indudable ‘idealismo’, por el gusto y la vanidad de ‘haber proporcionado trabajo a muchas personas’ y de haber contribuido al ‘florecimiento’ de la ciudad nativa, en el doble sentido censatario y comercial ofrecido por el capitalismo”.

Esta particular concepción permanece en los enfoques teóricos de actualidad, es el caso de la Cooperación Técnica Alemana (Araque Jaramillo, 2009), quienes se refieren a las características de eficiencia, calidad, persistencia, cumplimiento, información, metas, planificación, redes de apoyo (incluyendo aquellos incentivos y formas de cooperación por parte del Estado) y autoconfianza, entre otras, como características básicas y factores claves para describir el perfil empresarial personal del emprendedor.

En tercer lugar, refiriéndonos ya específicamente al caso ecuatoriano, y de acuerdo con los argumentos expuestos, la organización económica debe complementarse con políticas estatales (políticas, controles y estímulos diversos) y políticas empresariales (de acuerdo al enfoque de la estrategia integrativa) que fomenten acciones estratégicas equilibrando requerimientos de rentabilidad, equidad distributiva o democracia económica, compaginando objetivos empresariales con objetivos estatales del desarrollo, lo cual implica, automáticamente, otra lógica de intervención estatal compaginada o acoplada a la planificación estratégica empresarial, la cual es, lamentablemente, de aplicación incipiente en el sector empresarial ecuatoriano.

          En efecto, el desconocimiento o falta de aplicación de la planificación estratégica es una característica que se sustenta en los estudios realizados a nivel de Ecuador (Araque Jaramillo, 2008), donde se evidencia, a pesar de los logros obtenidos y avances importantes en el conocimiento y uso de los métodos y técnicas, que más del 60% de las empresas ecuatorianas no realizan o usan la planificación estratégica, y las que sí lo hacen, la establecen apenas para un año, lo cual es insuficiente, pues una planificación estratégica, por el alcance de sus definiciones básicas, por el uso de recursos que impone, y por las decisiones que implica, supera ampliamente el horizonte temporal anual, que más bien es un periodo típico de la administración presupuestaria.

            Finalmente, hemos insistido en la ausencia de racionalidad en las relaciones Estado-empresarios-sectores productivos y sociedad civil en general, aplicado el concepto, en este caso, a encontrar las vías del desarrollo como una visión y compromiso consensuado, en el sentido que otorga Popper a dicho concepto en la búsqueda de la verdad, como una actitud moral, según su definición del racionalismo:

“El racionalista, tal como yo uso el termino, es un hombre que trata de llegar a las decisiones por la argumentación o, en ciertos casos, por el comportamiento y no por la violencia. Es un hombre que prefiere fracasar en el intento de convencer a otra persona mediante la argumentación antes que lograr aplastarla por la fuerza, la intimidación y las amenazas, o hasta por la propaganda persuasiva”….”Reside más bien en una actitud de toma y daca, en la disposición no sólo a convencer al otro, sino también a dejarse convencer por él. Lo que llamó la actitud de razonabilidad puede ser caracterizada mediante una observación como la siguiente: <Creo que tengo razón; en todo caso, discutámoslo, pues de esta manera es más probable que nos acerquemos a una verdadera comprensión que si meramente insistimos en que ambos tenemos razón>. Se comprenderá que lo que llamo la actitud de razonabilidad o actitud racionalista presupone cierta dosis de humildad intelectual”….”La racionalidad como actitud personal es la actitud de disposición a corregir las propias creencias. En su forma intelectualmente más desarrollada es la disposición a discutir críticamente las creencias propias  y a corregirlas a la luz de las discusiones críticas con otras personas”….”Podríamos decir entonces, que el racionalismo es una actitud en que predomina la disposición a escuchar los argumentos críticos y a aprender de la experiencia. Fundamentalmente consiste en admitir que <yo puedo estar equivocado y tú puedes tener razón y, con un esfuerzo, podemos acercarnos los dos a la verdad> (en cursivas en el original)….”En resumen, la actitud racionalista o, como quizá pudiera llamarse, <la actitud de razonabilidad>, es muy semejante a la actitud científica, a la creencia de que en la búsqueda de la verdad necesitamos cooperación y que, con la ayuda del raciocinio, podemos alcanzar, con el tiempo, algo de objetividad” (Artigas, 2001: 134-136).

ANALISIS DE LOS MODELOS DE GOBIERNO

            La democracia ecuatoriana después de más de 30 años de vigencia ha contribuido con importantes aportes a la sociedad ecuatoriana en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad, incremento en las expectativas de vida, desarrollo industrial, desarrollo urbano, sobretodo de sus principales ciudades, incorporación de los movimientos indígenas a la vida política, y protección a los derechos humanos en un ambiente de tolerancia y libertad (Hurtado: 2005), pero, veamos lo que opinó el mismo Osvaldo Hurtado, durante el último año del mandato del presidente Sixto Durán Ballén, acerca de los logros y resultados de la democracia:

“A pesar de los progresos aportados en el campo social, (alfabetización, electrificación rural, educación escolar, que principalmente beneficiaron a los campesinos), en general no ha representado un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, como sí lo han conseguido otras democracias latinoamericanas. La tasa de crecimiento económico apenas ha superado a la de incremento de la población, una persistente inflación ha depauperado a los sectores medios y populares, se han deteriorado los servicios de salud, educación, seguridad social y justicia, la población en situación de pobreza ha aumentado y han crecido las distancias que separan a los ricos de los pobres (Hurtado, 1996: presentación, 13)”.

            Y posteriormente agrega:

“Pero la democracia, como institución, ha sido afectada por una fragilidad extrema, particularmente en los últimos diez años, en los que ha logrado sobrevivir merced a la aceptación, como fait accompli, de abusos de poder, violaciones constitucionales y rupturas del Estado de Derecho por gobiernos y congresos, que han importado a pocos ciudadanos” (Hurtado: 2005:7).

Gobierno del presidente León Febres Cordero

León Febres Cordero recibe el gobierno de manos de Osvaldo Hurtado en 1984, aproximadamente 12 años después del último velasquismo y comienzo de la dictadura militar de los años setenta, con exportaciones a la baja, un gasto publico incrementado, una recesión alentada por los desastres naturales (Ayala Mora, 2012), inflación, devaluación monetaria y medidas que afectaron los ingresos de las mayorías (Ayala Mora, 2012) y bienestar general. Durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera y Oswaldo Hurtado entre 1979 y 1984 la cotización promedio de la compra-venta de dólares subió de 27,55 sucres por dólar a 97,02 sucres por dólar, es decir, un incremento del 352,16 %. y un salto importante del saldo de la deuda externa que pasa de US$ 3.554 millones de dólares a US$ 7.596 millones de dólares (Ayala Mora, 2012), es decir, un incremento del 213,73%.

Ante la crisis generalizada a inicios de la década de los ochenta, el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado tramita y logra aprobación de la Ley de Régimen Monetario (ley conocida como sucretización de la deuda externa) asumiendo el Estado por esta vía la deuda externa total (incluyendo obviamente la deuda externa privada), socializando los costos de la crisis y abriendo espacios para la especulación y ganancias extraordinarias para los grupos económicos más ricos. En efecto, con la sucretización de la deuda privada  se beneficiaron personas naturales y jurídicas, entre nacionales y extranjeros, por un monto de alrededor de 1.600 millones dólares (Flacsoandes. www.flacsoandes.edu.ec. Ingresado el 29.08.2016)

Febres Cordero y los grupos de derecha organizados en un Frente de Reconstrucción Nacional  ganan las elecciones en 1984 iniciando un gobierno de corte neoliberal que privilegia a banqueros y a los sectores de la producción, especialmente aquellos orientados a la exportación. En esta misma línea, su gobierno impulsa la apertura a la inversión externa directa y mejora los términos y condiciones de la sucretización de la deuda externa que había realizado Oswaldo Hurtado, pero, en ambos casos, con resultados negativos para la economía del país y bienestar de los ecuatorianos. Las políticas neoliberales alentaron la especulación, elevaron los costos de producción, redujeron la productividad real de los sectores productivos y se incrementaron los precios y el costo de la vida.

Al igual que Velasco Ibarra, Febres Cordero es un líder por encima de la institucionalidad democrática, más allá de las normas y del derecho cuando se trata de obtener niveles de gobernabilidad fuera de las prácticas democráticas. Califica al gobierno de Hurtado de estatista e inicia de inmediato con la liberalización de los mercados al mejor estilo neoliberal, reduciendo la intervención y control estatal, eliminando controles de precios, buscando promover la producción y la productividad, alineado a las reformas estructurales promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Hurtado, 2006).En general, como el enfoque adecuado para la superación de la crisis, los créditos y programas financiados por organismos internacionales (entre ellos obviamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), se caracterizaron por imponer políticas neoliberales impulsando cambios radicales  en el rol del Estado (algunos investigadores como Cesar Montufar se referirán a este periodo como de privatización del Estado)  y destino de sus recursos e infraestructura administrativa y de servicios en beneficio del sector privado.

En efecto, la derecha ecuatoriana durante el periodo presidencial del Ing. Febres Cordero trató de implementar un modelo neoliberal combinado con las libertades liberales, la eliminación del intervencionismo estatal y un respaldo total a los empresarios y banqueros, especialmente aquellos sectores de exportación y generadores de divisas. Sin embargo y a pesar de la crítica al intervencionismo, el estilo de gestión y manejo institucional continuó el estadocentrismo tradicional y manejo de los procesos de modernización y crecimiento de la economía bajo una concepción estatista. Basta con revisar las políticas crediticias, políticas cambiarias e incentivos a la exportación (el certificado de abono tributario, Cat, por ejemplo) para detectar la enorme dependencia de los sectores productivos exportadores al intervencionismo estatal, con consecuencias antidistributivas confundiendo Estado y élites empresariales, es decir, fusión de intereses y no consensos y beneficios para la comunidad en general. En otras palabras, ausencia de la racionalidad popperiana ya planteada anteriormente, sin consensuar el camino hacia el desarrollo económico y social.

De acuerdo con César Montúfar (2011: 138, 139,144):

 “En suma, las necesidades de grupos de exportadores, industriales, banqueros, y agricultores fueron traducidos automáticamente en políticas de estado”….Al tiempo que ciertos intereses particulares se establecieron como los ‘intereses de la nación’”….”Como resultado, la democracia ecuatoriana consolidó un Estado débil y privatizado, y una sociedad que funcionaba al ritmo que le marcaba esa estructura de poder” (las cursivas son mías).

Bajo estos lineamientos, Febres Cordero se enfrenta desde el primer momento con el Frente Unido de Trabajadores (FUT) al incrementar el precio de los combustibles, se inician los conflictos entre el gobierno y el Congreso nacional y surge un bloqueo político a consecuencia de las medidas acordadas con el FMI. "Los enfrentamientos alcanzaron tal dimensión que produjeron bloqueos políticos, que degradaron las instituciones constitucionales y pusieron en riesgo la supervivencia del sistema democrático" (Hurtado, 2006: 22).

De ahí en adelante, Febres Cordero hace gala de las más insólitas prácticas políticas para superar la oposición del congreso, impide por la fuerza la posesión de la nueva Corte Suprema de Justicia nombrada por el Congreso (Hurtado, 2002), disuelve las sesiones del Congreso mediante el uso de bombas lacrimógenas y bombardea el Congreso con diversos proyectos de ley que congestionan el trabajo de los legisladores y el despacho oportuno de los mismos (Hurtado, 2002), incluso, impedía la publicación en el Registro Oficial de los proyectos de ley modificados por el congreso (Hurtado, 2002), como una muestra más de su fuerza y poder por encima de las instituciones.

Hasta mayo de 1985 el bloque legislativo del gobierno contaba con tan solo 12 diputados propios, pero León Febres Cordero consigue la mayoría atrayendo diputados de otros partidos, los cuales abandonan sus propias organizaciones políticas a cambio de favores y prebendas (Hurtado, 2002). De tal manera que, imponiendo a veces inconstitucionalmente su voluntad y valiéndose de prácticas políticas antidemocráticas impuso su voluntad hasta conseguir las leyes que quiso:

"Mediante la manipulación de las instituciones, el mal uso de los procedimientos constitucionales, la ejecución de maniobras políticas de toda índole y el empleo de la violencia, en suma, con el uso de medios no democráticos, el presidente Febres Cordero obtuvo los instrumentos jurídicos que necesitaba para mantener la estabilidad económica alcanzada y transferir indebidamente recursos públicos a particulares"(Hurtado, 2002: 25). 

A inicios de 1986 se produce la caída de los precios del petróleo de 26 dólares a menos de la mitad en marzo del mismo año, lo cual no fue oportunamente previsto por las autoridades económicas (Hurtado, 2002) generando desconfianza entre los agentes económicos quienes se volcaron a adquirir dólares y enviarlos al exterior, acelerando así la crisis. Adicionalmente, en marzo de 1987 un terremoto daña el oleoducto e impide las exportaciones de petróleo durante seis meses (Ayala Mora, 2012), agravando así la brecha fiscal y brecha del sector externo.

Contrario a las medidas de ajuste que prevén las teorías neoliberales en tales casos, Febres Cordero optó más bien por el cálculo populista en función de sus necesidades electorales ante la renovación en junio de ese año de la mayor parte de integrantes del Congreso Nacional, "repartiendo cheques y ofreciendo obras" (Hurtado, 2002:34) en vez de adoptar medidas impopulares ante la crisis. Con la continua extracción de recursos (no solo por parte del gobierno sino también por parte de los grupos empresariales, industriales y financieros) del Banco Central, del Seguro Social y Banco de Desarrollo, se agrandó la brecha fiscal, y se provocó una estampida del dólar al igual que de la inflación (en 1988 la cotización del dólar es de 435,61 como promedio anual de compra-venta en comparación al año 1984 de 97,02, es decir, un incremento del 448,98 %).

El terremoto de marzo de 1987 empeoró aun más la situación económica y política, con la devaluación del sucre (145 % el último año de gobierno) y una tasa de inflación que alcanzó niveles del 63% (Hurtado, 2002).A pesar de todas las medidas adoptadas, las exportaciones se redujeron de US$ 2.620 millones de dólares en 1984 a US$ 2.193 millones de dólares en 1988 (una reducción del 16,30 %) y las importaciones crecieron de US$ 1.616 millones de dólares en 1984 a US$ 1.713 millones de dólares en 1988 (un crecimiento del 6 %) (Ayala Mora, 2012). El mismo comportamiento negativo se observa en el saldo de la deuda que se incrementa en US$ 2.154 millones y del servicio de la deuda que se incrementa en US$ 353 millones durante el mismo período (Ayala Mora, 2012).

Es indispensable recordar, que para aquella época, el Banco Central constituía la principal fuente de recursos para el sector financiero, industrial y comercial, con innumerables líneas especiales de crédito tales como las aceptaciones bancarias, los fondos para promoción de exportaciones canalizados vía la Corporación Financiera Nacional, las operaciones suigéneris, los bonos de fomento, los bonos de desarrollo, y múltiples operaciones de cartera que los bancos privados redescontaban en el Banco Central, fuera de las operaciones de cancelación de redescuentos aprobadas por Junta Monetaria con papeles de la deuda externa (tramos de la deuda externa) aceptados al 100% de su valor. Todo esto contribuyó al incremento del circulante, presión sobre los niveles de precio y la devaluación del sucre por la compra y fuga de dólares al exterior, muchas veces adquiridos con fondos de créditos otorgados por el mismo Banco Central del Ecuador.

En 1988, con una distribución del ingreso radicalmente concentrada, "el quintil más rico de la población concentraba el 50.6% del ingreso, y el quintil más pobre el 3.9%" (Hurtado, 2002: 37), el populismo y caudillismo fiscal de Febres Cordero y sus pugnas con el congreso no le dieron réditos políticos, habiendo terminado su mandato en 1988 con el mismo número de representantes con que se inició en 1984, a pesar del enorme sacrificio fiscal y social.

Gobierno del presidente Sixto Duran Ballén

Duran Ballén gana las elecciones gracias a las divisiones internas en el Partido Social Cristiano (PSC) y al voto del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), fuerte contendor del PSC en la Costa. Respaldado por un partido ad hoc (Sánchez, 2008), Unión Republicana (PUR), creado por el mismo Duran Ballén y sus políticos aliados con fines electoralistas, este no tardó mucho en mostrar su extrema fragilidad al surgir las pugnas internas antes y después de las elecciones (por ejemplo, entre Roberto Dunn, ministro de Gobierno y Mario Ribadeneira, ministro de Finanzas, sobre las medidas de ajuste propuestas por el Fondo Monetario Internacional) (Sánchez, 2008).

Aliado a un debilitado partido conservador, el PUR llega al poder apenas con un 22.07% del total de escaños en el legislativo entre todos los miembros de la alianza, con un ambicioso programa de reformas sin el apoyo legislativo necesario y un congreso extremadamente fragmentado, con un PSC que cuenta con el 27% de los escaños y el PRE con el 19.48% (Sánchez, 2008).

Sin control y cooperación “incondicional” del legislativo desde sus inicios, el PUR se debilita aun mas con las elecciones legislativas de medio término, cuando la coalición del ejecutivo pierde el 10% de sus escaños y el PSC alcanza hasta el 33,77% del total de escaños en el Congreso. Bajo tales condiciones, el PSC refuerza aún más su estrategia de apoyo condicional a cambio de prebendas e ingentes recursos que fortalecen al partido y sus elites:

“La agenda de cooperación se marcaba desde el Legislativo y con altos costes para el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con la transferencia de recursos para los gobiernos locales, controlados por los social-cristianos. El mejor ejemplo de la relación de amor y odio entre el gobierno y el PSC fue el juicio seguido en el Congreso al Vicepresidente bajo la acusación de malversación de los fondos reservados, episodio que terminó con la fuga y asilo político del Vicepresidente en Costa Rica” (Sánchez, 2008:136).

Ante la imposibilidad de obtener mayoría y procesar demandas en general en el poder legislativo, el gobierne busca el “alineamiento” de congresistas independientes o de pertenecientes a pequeños partidos, a cambio de medios y recursos para ellos y sus provincias (Sánchez, 2008). Según Simón Pachano, se presenta entonces un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que:

 [“Sea como fuere, un cuadro de este tipo ha definido únicamente un modelo de gobernabilidad sistémica, ya que privilegia la continuidad del régimen político, lo cual lleva a un trato preferencial del gobierno con actores políticos y sociales que tienen capacidad inmediata de desestabilización política y/o económica”, sin desarrollar la capacidad de “recoger, elaborar y agregar (en la acción gubernamental) la demanda de la sociedad civil, haciéndola valer como criterio de utilidad colectiva”(CLACSO-PNUD-UNICEF) (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131)].

Y a continuación agrega:

“Por consiguiente, ha colocado el problema de la gobernabilidad en el nivel de la capacidad de la dirigencia política para establecer acuerdos cupulares pero de alta efectividad. Esto se ha logrado no a través de procesos de legitimación del quehacer político –como ocurre en sistemas más incluyentes-, sino por medio de la ya aludida relegación de los problemas fundamentales a espacios considerados como no políticos” (Pachano, en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131).

Finalmente, el afán modernizador y su brazo operativo más importante El Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM) no obtuvo los resultados previstos (Araujo, 1998). El gobierno no llegó a vender ninguna de las empresas estatales claves. La reforma administrativa quedó al margen de la acción modernizadora y no se lograron los objetivos de descentralización, desconcentración y desmonopolización de los servicios públicos. Sin embargo, el gobierno eliminó subsidios, redujo el número de servidores públicos, aplicó políticas monetarias estabilizadoras, redujo la inflación, impulsó las concesiones viales, renegoció la deuda externa, y tuvo que enfrentar con sus consecuencias adversas el ataque peruano a los destacamentos ecuatorianos en el Rio Cenepa, con actitud firme y búsqueda de un arreglo pacífico (Ayala Mora, 2012).

Debido a las políticas implementadas, la inflación se redujo fuertemente, del 60.2% en 1992 al 25.4% en 1994, el sistema de bandas cambiarias permitió con bastante éxito el programa macroeconómico durante los últimos dos años de gobierno y facilitó a la autoridad monetaria administrar el tipo de cambio y su proyección a futuro (Araujo, 1998). A pesar de un pobre crecimiento del PIB (salvo 1994 = 4.3%), las exportaciones tienen el mayor crecimiento visto durante el periodo democrático (Araujo, 1998)<<según Ayala Mora (2012) estas se incrementan en un 57,10 %>>, impulsadas en gran parte por una fuerte devaluación del sucre durante el período de gobierno <<Según Ayala Mora (2012) esta alcanza el 101 %>>, a pesar de ello, el déficit en cuenta corriente aumenta constantemente por el crecimiento de las importaciones<<estas se incrementan en un 61,73% (Ayala Mora, 2012)>>. Sin embargo, la Reserva Monetaria Internacional mejora con el ingreso de capitales, estabilizando las cuentas externas, generando confianza y facilitando el manejo de la deuda externa (Araujo, 1998).

Lamentablemente, durante el año 1995, el desabastecimiento de agua en la central hidroeléctrica de Paute, los racionamientos de energía eléctrica (más de seis meses), el  bajo crecimiento del PIB (1995 = 2.3%), la quiebra del Banco Continental , la reducción y la contracción del sector financiero unido a una alta conflictividad política  (a más de la patente agresividad del PSC contra los principales miembros del Ejecutivo), desataron  una fuerte crisis política que, ante la fragilidad y ausencia de apoyo legislativo hacia el gobierno, terminó con  denuncias de corrupción, destitución del vicepresidente Dahik y gran descontento generalizado por las medidas de ajuste a pesar de los resultados de la estabilización.

CONCLUSIONES

La mayoría de los indicadores de fines de siglo XX e inicios del siglo XXI en América latina y Ecuador reflejan pobreza, pobreza extrema en ciertos sectores de la población y desigualdades crecientes. La publicación de la Friedrich Ebert Stiftung (2013), con el título World Protest 2006-2013, también califica el periodo como el de mayores protestas durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI debido a la inseguridad, la pobreza y extrema pobreza, el desempleo, el incremento de las desigualdades y la ausencia de una democracia plena a nivel mundial, al igual que el informe de OXFAN de 20 de enero de 2014:

“La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad  supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites Económicas en detrimento de la ciudadanía de a pié” (www.oxfam.org/...oxfam.../bp-working-for-few-political-capt-econo...‎20/1/2014. Ingresado el 10.02.2014).

          Reducida actividad económica, baja productividad, creciente endeudamiento, mayor empobrecimiento, redistribución de recursos hacia tenedores de papeles públicos, reactivación de la dependencia, rentismo, favoritismo con los propietarios ecuatorianos de la deuda interna y externa,aceleración y concentración de la riqueza en manos de las elites tradicionales y grandes grupos económicos, fuga de capitales y divisas al exterior, drenaje de recursos estatales hacia fines no productivos, creciente interrelación y hasta fusión elitista entre grupos económicos industriales y comerciales, el sector bancario y el Estado, dependencia y vulnerabilidad de la economía de las exportaciones petroleras y precio del petróleo, y finalmente, caída en la trampa del crecimiento económico lento, sería la configuración general de la economía ecuatoriana a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI (Andrade, 2005; 2009; Montúfar, 2011; Naranjo Chiriboga, 2007) .

A lo largo de nuestro trabajo, encontramos algunas respuestas a nuestra pregunta de investigación demostrando que el caudillismo, elitismo, y un fuerte y autoritario liderazgo político unido a la pugna de poderes y ausencia de actitudes racionalista (Artigas, 2001) de los actores políticos y empresarios (estos últimos con actitudes eminentemente rentistas en algunas coyunturas) según la concepción de Popper (que en los dos casos analizados se presentan en distintas dosis, ya que el liderazgo de Sixto Duran no es igual al de León Febres Cordero, pero los arreglos cupulares substituyen la discusión y consensoracional a nivel del espacio político y espacio público, y los recursos financieros y líneas especiales de crédito fueron mucho más abundantes y blandas durante la presidencia de León Febres Cordero, con una utilización y destino totalmente alejadas de los objetivos de crecimiento, distribución y desarrollo económico) constituyen un detonante que ha desembocado en múltiples crisis económicas y políticas, provocando colapsos de los sectores financieros y productivos y hasta sublevaciones militares y secuestro del presidente (el Presidente León Febres Cordero fue secuestrado en Taura por seguidores del General Frank Vargas en marzo de 1986), y/o oposición a ultranza (durante el período presidencial de  Sixto Duran Ballén, por ejemplo),clientelismo exacerbado, traslado y control de la agenda al legislativo (durante el período presidencial de Sixto Duran), bloqueo y hasta fracaso de la gestión del gobierno cuando no existe el apoyo y respaldo legislativo necesario para administrar eficientemente un programa político y atender los requerimientos de la colectividad, es decir, gobernar en función del bienestar de la comunidad.

El acoplamiento de los objetivos estatales y objetivos de los sectores productivos ha sido pobre y la visión estatal a la que se refiere el profesor Chang (1996) por la vía de la racionalidad (Artigas, 2001)ha sido prácticamente inexistente. Las iniciativas ya sea neoliberales o modernizadoras y la privatización del Estado tal como la denomina César Montufar(2011), no surgen de un dialogo entre las partes con ánimo de llegar a decisiones por la vía de la argumentación, con el ánimo de convencer al otro y dejarse convencer por él, discutiendo para acercarse a una verdadera comprensión de las políticas y acciones para el desarrollo, con humildad intelectual, con disposición a corregir errores y modificar creencias, escuchando argumentos, y aprendiendo de la experiencia.

Lamentablemente,  a lo largo de las últimas décadas, desde Velasco Ibarra hasta Sixto Duran Ballén, el caudillismo, la fragilidad de las alianzas electoralistas, la debilidad de los partidos de gobierno y la frágil institucionalidad política, crean las condiciones necesarias y el terreno fértil para debilitar o impedir la gobernabilidad democrática, sacrificada en función de intereses partidistas, elitistas, personales o localistas, como único camino al desbloqueo de la gestión ejecutiva por parte del poder legislativo. Se impone entonces la decisión y acción arbitraria y prepotente, o en su defecto, lo que Simon Pachano (en Felipe Burbano de Lara, compilador, 2003: 131) denomina la gobernabilidad sistémica o los acuerdos cupulares de alta efectividad, en detrimento de la gobernabilidad democrática y logros del desarrollo.

Breves comentarios sobre el ascenso del presidente Rafael Correa al poder y el socialismo del  siglo XXI.

Los primeros años del siglo XXI y experiencia con la dolarización se caracterizan por mayor confianza entre los agentes económicos, sostenibilidad de la dolarización, apertura hacia el exterior y control del gasto y endeudamiento público. Adicionalmente, para un país altamente dependiente e incluso vulnerable ante las variaciones de precios de los commodities  en el mercado internacional, la coyuntura 2000-2006 trajo una serie de consecuencias que favorecieron los indicadores económicos en general:

“El precio del petróleo, luego de haber tocado fondo en 1998, con un valor real de US$ 17,6 por barril en dólares de 2015, empezó a aumentar y en 2006 ya cotizaba en US$ 69,8 por barril (U.S. Energy Information Administration, 2015). Otras materias primas exportadas por el Ecuador también vieron incrementar sus precios, a lo que se sumaron las cuantiosas remesas enviadas por los miles de ecuatorianos que fueron a vivir a Estados Unidos y Europa como consecuencia de la crisis de fin de siglo. La apertura a la inversión extranjera también favoreció el ingreso de recursos frescos, especialmente en el sector petrolero, permitiendo aumentar en un 40% la producción de crudo (Banco Central del Ecuador, 2015), a lo que contribuyó la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ‘la inversión extranjera más voluminosa en el Ecuador desde 1970’ (En cursivas en el original)(Larrea, 2002, pag. 33)” (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores: 133).

El periodo 2000-2006 se caracteriza por tasas promedio de crecimiento del PIB del 3,3%, reducción de la inflación durante los dos primeros años del 95,9% al 3,3%, aumento del poder adquisitivo del 52%, reducción de la pobreza del 64,4% al 37,6%, reducción de la brecha fiscal y brecha externa, pero, lamentablemente, con una crisis e inestabilidad política que implicó cuatro presidentes en siete años (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores)

La llegada al poder del Presidente Rafael Correa en el año 2007 marca un nuevo rumbo en la reforma política ecuatoriana y se introduce un nuevo modelo de gestión centralista, personalista, con gran representación y dominio absoluto sobre el poder legislativo, consolidando así las características típicas de un hiperpresidencialismo (Dorn, 2012) camuflado en la anatomía democrática presidencialista, afectando libertades y derechos, deconstruyendo ciudadanía y afectando el equilibrio y estabilidad democrática del Ecuador.

En efecto, la construcción, desarrollo, consolidación y estabilidad de una democracia en sociedades de mercado, requiere de un sano equilibrio entre Estado, Sociedad Civil y Mercado por la vía de la racionalidad (Artigas, 2001), reconociendo la importancia del universo privado, sin los cuales, no habría vida en comunidad, pues los seres humanos producen, consumen, intercambian, ahorran, invierten, e interactúan en general. Son estos actos comunes de la vida asociativa lo que le otorga vigor a la Sociedad Civil, “hogar del sujeto individual” (Torres-Rivas, 2001: 148), de cuyas interacciones y asociaciones voluntarias nace, se nutre y se fortalece la Sociedad Civil.

Al respecto, Flavia Freidenberg afirma:

“Durante el periodo analizado se ha intensificado la cooptación institucional desde el Poder Ejecutivo hacia los otros poderes. La Constitución de 2008 abrió la posibilidad para la integración de un cuarto Poder: el electoral, y el Referéndum Constitucional de mayo de 2011 posibilitó la reforma de la justicia. El nuevo documento constitucional otorgó un fuerte poder presidencial al presidente. Con algunas prerrogativas constitucionales y el masivo apoyo que recibió el proyecto en todas las convocatorias electorales realizadas, el Presidente ha debilitado o cooptado a otros poderes de gobierno que fueron bastiones clásicos de la oposición tradicional: el Poder Legislativo, los órganos de control e incluso muchos de los municipios”.

“La Asamblea Nacional ha carecido de iniciativa propia, ya que se ha dedicado a legitimar o avalar los ´proyectos del ejecutivo. Las instituciones judiciales se han alineado al fuerte liderazgo presidencial. Los organismos de control y los electorales han procurado evitar cualquier enfrentamiento con el gobierno. En definitiva, el sistema en su conjunto ha estado condicionado por el fuerte liderazgo presidencial. Los abundantes ingresos petroleros son los que han contribuido a financiar la práctica de la “campaña permanente” (entre comillas en el original) que ha llevado a cabo el gobierno desde el inicio de su mandato en 2007” (Freidenberg, 2012:146).

A partir del proceso de dolarización de la economía ecuatoriana y acceso del presidente Rafael Correa al poder, no queda la menor duda acerca de ciertos progresos realizados en el control de la inflación, importante crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real y nominal a pesar del bajo crecimiento del año 2009 debido a la crisis internacional (la economía ecuatoriana creció a una tasa promedio anual del 4,3% entre 2006 y 2014 impulsada por la demanda doméstica del 5,3% la inversión del 8,2%, el gasto público del 7,9% y del consumo privado del 3,9%) (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores), aumento del PIB per cápita, aumento del consumo total, y reducción de la desigualdad ( el índice de Gini se redujo de 0,54 en 2006 a 0,47 en 2014) pero, con un peso cada vez mayor del Estado en la economía (24% en el 2006 y 42% en el 2010 según cifras de CORDES), con un sendero trazado hacia el hiper gasto (CORDES, 2011), entre otras razones, debido al incremento de 200.000 trabajadores públicos en siete años que incrementaron el gasto en sueldos y salarios,y un tensiómetro fiscal que avizora cada vez mayores impuestos y recaudaciones tributarias (10 reformas tributarias en el lapso de 8 años, elevación del impuesto a la renta de las personas al 35%, anticipo del pago del impuesto del año fiscal en curso, impuesto a la salida de divisas del 5%, y sobretasas arancelarias de hasta el 45% a 3.000 partidas aproximadamente, entre otros) (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores),  siendo el Ecuador uno de los países menos competitivos y más corruptos de la región (CORDES, 2011), con una deuda externa pública que crece (del 29,5% del PIB en el 2006 al19.6% del PIB en 2009, 24.6% del PIB en 2010 hasta el 30% del PIGB en 2014)(Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editoresy; CORDES, 2011),    y una reserva monetaria internacional que se reduce (de 4.473 mill. de dólares en 2008 a 2.622 mill. de dólares en 2010) según las estadísticas de la Carta Económica (CORDES, 2011).

Luego de la bonanza muy bien aprovechada en su propio beneficio por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, la situación cambia radicalmente a partir del año 2014, con negativas y severas consecuencias para un modelo esencialmente consumista dinamizado desde las instituciones del Estado directamente y por políticas clientelares paternalistas hacia la población, incentivando el consumo por la vía de los cuantiosos ingresos fiscales que se redujeron drásticamente con la caída de los precios del petróleo y commodities en general (en el 2014 el precio del petróleo sufre un desplome del 44% en solo seis meses, de US$ 105,15 por barril WTI en junio a US$ 59,29 en diciembre, representando este rubro entre 2010 y 2014 el 65% de las exportaciones totales) (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores).

El modelo no tomó en consideración ni incentivó al sector privado para la inversión en activos productivos para generar y distribuir mayor valor agregado  (la inversión privada se reduce del 17% del PIB en el 2006 al 13% en el 2013), incentivar el comercio exterior para generar divisas y proteger la dolarización, ni realizar ahorros importantes que permitan aplicar políticas contracíclicas en época de crisis, como la que se comenzó a experimentar en la segunda mitad del año 2014. Por el contrario, los ingresos extraordinarios por la vía de precios internacionales y recaudaciones tributarias sirvieron para sobredimensionar la burocracia, realizar inversiones improductivas y construcción de obras de infraestructura muy importantes en el largo plazo (en efecto, la inversión pública aumento sostenidamente llegando al 15% del PIB en el 2013, frente al 4% en el 2006), pero, muchas de esas inversiones (como carreteras por ejemplo, ciertos aeropuertos o movimiento de tierras) no tienen impacto directo e inmediato en el incremento del valor agregado o crecimiento económico (Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe. En José Hidalgo Pallares y Felipe Hurtado Pérez, Coordinadores / Editores).

A partir del 2014, para mantener el gasto público y dinamismo de la economía, el gobierno del presidente Correa, ante la imposibilidad de emitir moneda e incrementar la masa monetaria, recurre al endeudamiento externo, incremento de impuestos, obstáculos a las importaciones, múltiples reformas fiscales, y envío de proyectos de ley emergentes ante un proceso electoral que se aproxima y una caída de la popularidad del presidente. Sin embargo, en el 2016, con necesidades de financiamiento del orden de los US$ 9.600 millones (según analistas financieros que consideran subestimados los ingresos proyectados por el gobierno) y elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en menos de seis meses, proliferan los grupos de oposición, las alianzas híbridas (entre opositores al gobierno del presidente Correa con excolaboradores del gobierno del presidente Correa) y las candidaturas prima donna, ante la imposibilidad, hasta el momento, de unificar la oposición en un solo frente para enfrentar al candidato de gobierno. Algunos grupos formulan sus demandas y plantean puntos programáticos estratégicos de acciones inmediatas, otros se oponen a proyectos de ley del gobierno, mientras la Asamblea Nacional analiza el proyecto de reforma tributaria con carácter urgente enviado por el poder ejecutivo, con severas críticas formuladas desde los gremios empresariales y ausencia total de negociaciones entre las partes. Los gremios empresariales advierten incluso ser víctimas de un bullying normativo (Diario El Comercio, 9 de septiembre de 2016. http://www.elcomercio.com/actualidad/empresarios. Ingresado el 9 de septiembre de 2016)

En definitiva, nos enfrentamos nuevamente al conocido dejá vúpor la ausencia de racionalidad en las negociaciones, reproduciendo los mismos errores en materia económica y política, y desaprovechando las oportunidades únicas que brindó el comercio internacional para los cambios estructurales requeridos por el Ecuador. En cuanto a la distribución del ingreso por la vía de la inversión y generación de valor agregado, se privilegió más bien a ciertos grupos económicos vinculados a la actividad petrolera y comercial ya sea de manera directa (por la vía de contratos con el sector público) o indirectamente mediante el encarecimiento de las importaciones e incremento de los precios, sin promover la productividad, los controles de calidad y la competitividad, adoptando más bien políticas proteccionistas en detrimento del bienestar de la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA

1.      Acemoglu, Daron y Robinson, James. Theories that don´t work y The Making of Prosperity and Poverty en Why Nations Fail: The origins of power, prosperity and poverty.  New York, Crown Publishing. 2012.

2.      Andrade, Pablo., editor, Olano Alor, Aldo. Constitucionalismo autoritario. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. Quito, 2005.

3.      Andrade, Pablo. Democracia y cambio político en el Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. 2009.

4.      Andrade, Pablo. Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Programa de estudios sociales y globales: Estado, Gobierno e Instituciones Políticas. Universidad Andina Simón Bolívar. 2012.

5.      Araque Jaramillo, Wilson. La Planeación estratégica en la empresa ecuatoriana. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

6.      Araque Jaramillo, Wilson. Perfil del emprendedor ecuatoriano. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Corporación Editora Nacional. Quito, 2009.

7.      Araujo, María Caridad. Gobernabilidad durante la crisis y políticas de ajuste. CORDES, 1998.

8.      Aron, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique. GALLIMARD, 1967.

9.      Artigas, Mariano. Lógica y ética en Karl Popper. EUNSA.2001.

10.  Ayala Mora, Enrique. Resumen de historia del Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional. Quito, 2012.

11.  Beckerman, Paul. Solimano Andrés. Editores. Crisis y dolarización en el Ecuador. The World Bank. Washington, D.C. 20433, USA. 2003.

12.  Besley Timothy y Persson, Torsten. “Development Clusters” en Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Cluster”, Princeton: Princeton University Press, 2011.

13.  Bobbio, Norberto. Teoría general de la política. Editorial Trotta, S. A. Madrid, 2009.

14.  Boyd, Richard. “Introduction: the long-chain explanation of economic development” en Richard Boyd, Benno Galhart, y Tak-Wing Ngo, Political Conflict and Development in East Asia and Latin America. Abingdon: Routledge, 2006.

15.  Burbano de Lara, Felipe. Compilador. Democracia, gobernabilidad y cultura política. FLACSO-ECUADOR, 2003.

16.  Burns, T. y G. M., Stalker, The Management of Innovation, Tavistock, Londres. 1961.

17.  Cable, Vincent. The Diminished Nation-State: A Study in the Loss of Economic Power, en Daedalus 123. 1994.

18.  Cameron, David. The Expansion of the Public economy: A Comparative Analysis. En American Political Science Review 72, No 4. 1978.

19.  Cimmadamore, Alberto. Lizárraga, Fernando. Introducción a la economía política de la pobreza. En publicación: La economía política de la pobreza. Cimmadamore (Compilador), CLACSO, 2008.

20.  Cimmadamore, Alberto. Cattani, Antonio. La construcción de la pobreza y la desigualdad en América Latina: Una introducción.  Buenos Aires y Porto Alegre, 2007.

21.  Cimmadamore, Alberto. Las políticas de producción de pobreza: Construyendo enfoques teóricos integrados en Cimmadamore, Alberto. Cattani, Antonio. Producción de pobreza y desigualdad en América latina. Siglo del Hombre Editores, 2007.

22.  Cimadamore, Alberto, Sejenovich, Héctor. Cambio climático y pobreza. La revista del Plan Fénix, 2010.

23.  Conaghan, Catherine Mary, Industrialists and the Reformist Interregnum: dominant class behavior and ideology in Ecuador, 1972-1979. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

24.  Chang, Ha-Joon Chang. El Papel del Estado en la Economía. ARIEL SOCIEDAD ECONOMICA. México D. F. 1996.

25.  Chang, Ha-Joon Chang. “Theories of State Intervention in Historical Perspective” en Globalization, Economic Development and the Role of the State. Zed Books.Londres. 2003.

26.  Chiever, Vivek. “Introduction”. “Late Development and State Building” y “Conclusion” en Locked in Place: State Building and Late Industrialization in India. Princeton University Press, 2006.

27.  Crozier, Michael. El fenómeno burocrático 2, Amorrortu editores, 1974.

28.  Crozier, Michael. Le phénomènebureaucratique, Editions du Seuil, 1963.

29.  Dorn, Harry Martín. El estancamiento de la Ronda de Doha: Estudio de caso del tema propiedad intelectual. FLACSO-ECUADOR. 2008.

30.  Dorn, Harry Martín. Hiperpresidencialismo y política de seguridad en el ecuador. Programa de doctorado en Estudios Latinoamericanos; debates en torno a la democracia y las políticas de seguridad. Universidad Andina Simón Bolívar. 2012.

31.  Evans, Peter. Embedded Autonomy States and Industrial Transformation, Princeton: Princeton University Press. 1995.

32.  Evans, Peter. Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. ILSA, Bogotá. 2007.

33.  Evans (b), Peter. ¿El eclipse del Estado? Reflexiones sobre la estatalidad en la época de la globalización. En Universidad Externado de Colombia. La globalización y el orden jurídico. Reflexiones contextuales. Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.2007.

34.  Evans ©, Peter. La burocracia y el crecimiento: un análisis transversal entre naciones de los efectos de las estructuras estatales weberianas en el crecimiento económico en Evans, 2007.

35.  Fligstein, Neil. La transformación estructural de la industria de los Estados Unidos: una explicación institucional de las causas de la diversificación de las empresas más grandes, 1919-1979. En, Powell, Walter W. y DiMaggio Paul J. El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

36.  Freidenberg, Flavia. Ecuador 2011: Revolución Ciudadana, estabilidad presidencial y personalismo político.Revista de ciencia política / volumen 32 / Nº 1 / 2012 / 129 – 150. Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. 2012.

37.  Friedrich Ebert Stiftung. Initiative for Policy Dialogue and Friedrich Ebert Stiftung New York. Working Paper 2013.  World Protest 2006-2013. Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernán Cortés. September 2013. policydialogue.org/.../World_Protests_2006-2013-Fi...‎ Ingresado el 10.02.2014.

38.  Geddes, Barbara. The State, en Politician´s Dilemma: building state capacity in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1994.

39.  Grindle, Merilee S. En busca de lo político: la economía política de la formulación de políticas de desarrollo. En, Meier, Gerald M., Stiglitz, Joseph E., Editores. Fronteras de la economía del desarrollo, Banco Mundial, Alfaomega, 2002.

40.  Grinspun, Ricardo, en North Liisa y Cameron John D. Editores. Explorando las conexiones entre el comercio global, la agricultura industrial y el desarrollo rural. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

41.  Hernández, Roberto, Fernández Carlos, Baptista, Pilar. Metodología de la investigación, Mc Graw Hill, 2006.

42.  Hofer, C. W. y Schendel, D. Strategy Formulation: Analitical Concepts, West Publisching, St. Paul, Min. 1978.

43.  Hogenboom, Barbara, Depoliticized and Repoliticized Minerals in Latin America, en Journal of Developing Societies. 2012.

44.  Ishikawa, Kaoru. ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa. Grupo Editorial Norma. Colombia.1995.

45.  Kagono, Nonaka, Sakakibara, Okumura. Estrategia y Organización. Ediciones Uniandes. 1994.

46.  Hidalgo Pallares, José. Hurtado Pérez, Felipe, Coordinadores / Editores. El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities. CORDES.

47.  Kahn, Akther Hameed. The Orangi Pilot Proyect: Uplifting a Periurban Settlement near Karachi, Pakistan. En REASON FOR HOPE. Kumarian Press, 1997.

48.  Kay, Cristobal, East Asia´s success and Latin America´s failure: agrarian reform, industrial policy and State capacity, en Boyd et al., 2006.

49.  Larrea, Carlos. Hacia una historia ecológica del Ecuador. Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, mayo de 2006a.

50.  Larrea, Carlos. Pobreza, desigualdad social y medio ambiente en el Ecuador y América latina: hacia la definición de una línea de codicia. Quito, UASB, 2012.

51.  Lefeber, Louis. En North Liisa y Cameron John D. Editores. La agricultura y el desarrollo rural: Una crítica a las políticas del establishment en el Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar, y Corporación Editora Nacional. Quito, 2008.

52.  Lerner, Josh, Things get more complicated, en Boulevard of Broken Dreams, Princeton: Princeton University Press, 2009.

53.  Mejía, Andrés. Gobernabilidad democrática. Konrad Adenauer Stiftung, Quito, 2002.

54.  Mejía, Andrés. Por el ojo de una aguja: la formulación de políticas públicas en el Ecuador. FLACSO-ECUADOR, 2009.

55.  Migdal, Joel. “Estudiar el Estado”, Revista Académica de Relaciones Internacionales, 8(1). 2008.

56.  Mills, Nick. Sector Privado y Estado Nacional en el Ecuador Democrático, 1979-1984, en Rafael Quintero (editor), La cuestión regional y el poder. Quito: Corporación Editora Nacional y CERLAC, 1991.

57.  Moore, Jr. Barrington. Poder político y teoría social. Editorial Anagrama. Barcelona, 1969.

58.  Moore, Jr. Barrington. Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Ediciones Península. Barcelona, 2002.

59.  Moore Mick, “Revenues, State formation and the Quality of Governan in Developing Countries” en International Political Science Review, 25, 3, 2004.

60.  Montufar, César. León Febres Cordero y la reconstrucción neoliberal. Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, 2011.

61.  Naranjo Chiriboga, Marco. Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador. Colegio de Economistas de Pichincha. 2007.

62.  Nietzsche, Friedrich. Más allá del bien y del mal. EDIMAT LIBROS, S. A. Madrid, 2014.

63.  North, Liisa. Políticas Económicas y estructuras de Poder, en Louis Lefeber, ed., La economía Política del Ecuador: Nación, Región y Campo. FLACSO-CERLAC. Corporación Editora nacional, 1985.

64.  North, Liisa, Cameron John D., (editors), Desarrollo rural y neoliberalismo, Corporación Editora Nacional, Quito, Ecuador. 2008.

65.  North, Douglass C., Thomas, Robert Paul. El nacimiento del mundo occidental. Una nueva historia económica (900-1700). Siglo XXI de España Editores, S. A. 1978.

66.  North, Douglass C. La teoría económica neo-institucionalista y el desarrollo latinoamericano. Instituto Internacional de Gobernabilidad. Barcelona. 1998.

67.  NORTH, D. C. “La evolución histórica de las formas de gobierno”. Revista de Economía Institucional, Nº 2, 2000.

68.  Ocampo, J. A. La historia divergente de las economías grancolombianas. En L. Bértola, & P. Gerchunoff, Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina. Santiago de Chile. CEPAL. 2011.

69.  O´Donnell, Guillermo. On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glaces at Some Postcommunist Counties. En World Development 21, No 8. 1993.

70.  O´Donnell, Guillermo. Disonancias. Criticas democráticas a la democracia. Ciencias Sociales en América Latina. Prometeo. 2007.

71.  Pachano, Simón. La trama de Penélope: procesos políticos e instituciones en el Ecuador. FLACSO-ECUADOR, 2007.

72.  Perrow, C., A Framework for the comparative Analysis of Organizations, en American Sociological Review, 32, 1967, pp. 194-208.

73.  Pierson, Paul. Introduction: Placing Politics in Time, en Politics in Time: history, institutions, and social analysis. Princeton, N. J.: Princeton University Press. 2004.

74.  Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica. Madrid. 2014.

75.  Pipitone, Hugo. Agricultura: el eslabón perdido, en Nueva Sociedad, No. 174, julio-agosto, 2001.

76.  Putman, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, 1993.

77.  Putman, Robert D. Resultados de las Autonomías Italianas (Haciendo Funcionar la Democracia). CORDES. Ecuador. 2000.

78.  Salgado, Germánico. Política Económica y Gobernabilidad en el Ecuador. En, ECUADOR: un problema de gobernabilidad. CORDES, PNUD. 1996.

79.  Samuels, Richard j. The Business of the Japanese State: Snuggly Markets in Comparative and Historical Perspective. Ithaca, NY: Cornell University Press.

80.  Sartori, Giovanni. ¿Qué es la democracia? Editorial Patria S. A. DE C. V. 1999.

81.  Thelen, Kathleen. The political economy of skills in corporative-historical perspective, en How Institutions Evolve, The Political Economy of Skills in Germany Britain, the United States, and Japan, Cambridge. Cambridge University Press. 2004.

82.  Thompson, J. D., Organization in Action, McGraw-Hill, Nueva York. 1967.

83.  Tilly, Charles.Democracia. Madrid: Akal. 2010.

84.  Torres-Rivas, Edelberto. La sociedad civil en la construcción democrática: Notas desde una perspectiva crítica. En IIG (Instituto Internacional de Gobernabilidad), PNUD y Generalitat de Catalunya, Barcelona, España, 2001.

85.  Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ediciones Brontes, 2015. Barcelona, España.

86.  Whitehead, Laurence. “Latin America in Comparative Perspective” y “Latin America State Organization” en Latin America: A new Interpretation. Gordonsville. Palgrave Macmillan, 2006.

87.  Woodward, J., Industrial Organization: Theory and Practice, Oxford University Press, Londres. 1965.

88.  Yip, Georges S. GLOBALIZACIÓN. Estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional. Grupo Editorial Norma, 1993.