ESTUDIOS
DE ECONOMÍA POLÍTICA
LAS POLÍTICAS DE INDUSTRIALIZACIÓN
Y EL SESGO CONTRA EL CAMPO Y LA AGRICULTURA: ECUADOR, DOS DÉCADAS PERDIDAS Y
DETERIORO DE LAS CONDICIONES POLÍTICAS, ECONOMICAS Y SOCIALES, 1980-2000.
Septiembre,
2016
Por:
Harry Martín Dorn Holmann
INTRODUCCION[1]
Con la segunda dictadura militar en
la década de los setenta, Ecuador impulsa el modelo de industrialización por
substitución de importaciones (ISI) estimulado en parte por los ingentes
ingresos petroleros que permiten al estado destinar abundantes recursos al desarrollo del sector, incluyendo
el fomento de la producción en áreas no tradicionales como la industria del camarón
en cautiverio y la modernización de la industria pesquera. Algunos sectores
agrícolas serán igualmente favorecidos, como el sector bananero, sin que estos
esfuerzos se manifiesten por cambios en la estructura de la propiedad agrícola,
cambios en la estructura del ingreso nacional y desarrollo del mercado interno.
Por el contrario, los grupos económicos terratenientes organizados (las cámaras
de agricultura de costa y sierra), apoyados por sectores industriales de
exportación, boicotearon todas aquellas
reformas y cambios estructurales, ya que unos y otros desestiman los proyectos
redistributivos y la generación de capacidad adquisitiva para las clases medias
y bajas de la población, peor aún para los pequeños campesinos de Sierra y Costa,
pues no se atribuye a la agricultura ninguna posibilidad de contribuir con
excedentes que apoyen la industrialización y creación de un mercado interno, con
fines de desarrollo.
En definitiva, son los grupos de
poder y relaciones de poder quienes invaden los centros de decisión del Estado
y controlan las políticas del gobierno, en función de sus intereses políticos y
económicos, dominando también los sectores productivo, financiero, y comercio
local e internacional. Durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988),
ministros de estado y altos funcionarios de la administración pública provenían
de bancos y financieras privados, del sector agrícola (ingenios azucareros
privados) o del sector industrial.
Con el modelo ISI, se otorgó
prioridad a las industrias intensivas en capital (falsas industrias, como la
línea de electrodomésticos o línea blanca) controladas por los grupos
económicos más fuertes de costa y sierra y orientadas en última instancia a los
mercados de exportación, al igual que muchas actividades agrícolas y
agroindustriales como el banano y el
camarón, sin mayores beneficios para las grandes mayorías, pobre generación de
empleos en términos relativos (me refiero a la relación capital/trabajo),
concentrando aún más la propiedad y el ingreso a nivel nacional.
Sin embargo, hay que reconocer los
efectos colaterales o externalidades que produjo el modelo al incentivar la
pequeña industria complementaria, tal es el caso de la línea blanca con sus
partes y componentes menores producidos en el mercado local y toda una red de
comercialización a nivel nacional, cuyas actividades fueron asumidas en gran
parte en favor y desarrollo de las clases medias de Quito y Guayaquil
especialmente. De igual manera, cabe resaltar la generación de empleo femenino
en la industria camaronera de exportación, sobre todo en las grandes
empacadoras de Guayaquil y Manta, salvo
en las piscinas de crianza y producción.
Los resultados fueron nefastos y la
crisis no se hizo esperar prolongando sus efectos durante dos décadas, hasta
fines del siglo XX e inicios del siglo XXI en que se produce la dolarización de
la economía, la pérdida de confianza en las instituciones políticas, el colapso
del sistema de partidos, el colapso de la representación, y la reacción popular
generalizada: “Que se vallan todos”. Surgen entonces muchas interrogantes que
motivan la investigación y reflexión sobre este tema. ¿Bajo qué condiciones se frustran
los esfuerzos del Estado ecuatoriano en su impulso al desarrollo? ¿Qué
responsabilidad recae en los grupos económicos sobre el incumplimiento de los
objetivos del desarrollo? ¿Qué fallas podrían asignarse al modelo propuesto
(ISI)? ¿Qué impidió la creación de un mercado interno? ¿Por qué la crisis
financiera en la década de los ochenta y quienes soportaron el peso de la
crisis?
ANTECEDENTES
El Ecuador ingresa en una fase de
intenso crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) sobre la base de
exportaciones petroleras a inicios de la década de los setenta. El golpe de
estado contra el Presidente José María Velazco Ibarra precede al gobierno
militar cuyo presidente de la república designado es el General Guillermo Rodríguez
Lara, quien inicia un proceso de desarrollo a través de la Junta Nacional de
Planificación (JUNAPLAN) y su nuevo Plan Quinquenal que prevé, entre otros, un
impulso al proceso de industrialización bajo la cobertura del proceso de integración
andino.
La conformación de la Organización
de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) y el nuevo control e
incremento en los precios que se produce en el año 1973, genera enormes
excedentes en países como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, entre otros,
quienes no estaban preparados para absorber esos capitales, y adoptan, como
medida inmediata, la colocación de dichos recursos en bancos europeos, lo que
da origen a una sobreoferta de liquidez internacional, conocida como Petrodólares, que en un porcentaje
interesante serán colocados a tasas y condiciones favorables (incluso sin
garantías de ningún tipo) en los países latinoamericanos. Estas líneas de
financiamiento adoptarán modalidades diversas, desde créditos directos de cartera,
hasta líneas de crédito revolventes para apertura de cartas de crédito de
importación, sin controles ni garantías, lo que otorga total y absoluta
libertad a los empresarios ecuatorianos en cuanto al uso y destino de dichos
recursos, y en cuanto a los límites del endeudamiento.
El Estado ecuatoriano se convierte
también en un importante actor e impulsor de la industrialización del país por
la vía de créditos y líneas de redescuento financiadas con recursos propios
provenientes de las exportaciones petroleras, créditos de organismos
internacionales y, adicionalmente, con la participación del sector privado
mediante el endeudamiento directo proveniente de bancos del exterior.
El Banco Central del Ecuador, el
Banco Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional, ponen a
disposición de grandes hacendados, grandes agricultores, bananeros,
camaroneros, industriales y comerciantes, generosas líneas de crédito para
financiar inversiones de capital, capital de trabajo, movilización de
inventarios, promoción de exportaciones y operaciones directas, a través de
líneas especiales como los bonos de desarrollo, las operaciones suigéneris, las
aceptaciones bancarias, las operaciones FOPEX (Fondo de Promoción de
Exportaciones), quienes tramitan y se benefician de dichos recursos a través de
los bancos comerciales.
Se produce también el gran auge camaronero en cautiverio (piscinas) aprovechando la existencia de larva
natural en toda la región costera, los precios y demanda del producto en el
mercado internacional, las tierras especialmente aptas para la producción, y se
impulsa también la industria pesquera, aprovechando el declive de la captura de
anchoveta en el Perú, por lo que muchas industrias trasladan sus operaciones a
Ecuador, además de las flotas e industrias ya existentes pertenecientes a
grupos nacionales (Industrias Real, Industrial Pesquera Monteverde, Industrial
Pesquera Jambelí, entre otras empresas).
De igual manera, el Estado financia
la inversión de nuevas instalaciones industriales para la producción de
electrodomésticos (refrigeradoras, cocinas, lavadoras, secadoras y comerciales)
a través de dos grandes corporaciones, Ecuatoriana de Artefactos S. A. (ECASA) y
la empresa DUREX de Guayaquil, para abastecer básicamente el mercado andino en
el marco del proceso de integración.
Sin embargo, la falta de
regulaciones, la ausencia de controles eficientes sobre el destino de los
créditos y la poca autonomía del Estado ecuatoriano ante las élites políticas y
empresariales, impidieron un proceso de inversión, de crecimiento económico, y de
reformas adecuadas, lo cual degeneró en un sobreendeudamiento del sector público
y privado, con una carga externa agobiante, que se incrementó aún más con los
acuerdos del Hotel Plaza, disponiendo, o más bien imponiendo el aumento
arbitrario de las tasas de interés de los créditos otorgados en América Latina,
con la revalorización simultánea del Marco alemán y el Yen japonés, afectando
seriamente las importaciones y la balanza de pagos de la región. Los efectos
fueron inmediatos, las soluciones traumáticas, creando espacios para la
gobernabilidad en la ingobernabilidad, arreglos cupulares forzados (la
sucretización y socialización de la deuda externa, por ejemplo), ocasionando la
crisis generalizada de las dos últimas décadas del siglo XX con graves
repercusiones económicas, políticas y sociales, todo esto agravado por el
cierre de las exportaciones a Bolivia y Perú y la implementación de cupos de
importación por parte del gobierno de Colombia, lo que produjo la
subutilización de ciertas instalaciones industriales y bajo rendimiento de los
capitales invertidos.
EL
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La sobreoferta de dólares en el
mercado internacional de capitales, la ausencia de controles eficaces (por
parte del Estado ecuatoriano, la banca nacional y la banca internacional), la
baja productividad industrial y agrícola (la ausencia de desarrollo y apoyo
tecnológico por parte del Estado), los generosos subsidios (bajos aranceles, certificados
de abono tributario conocidos como CAT, tasas de interés y de cambio
subsidiadas, entre otros) la fuga de capitales al exterior, la subfacturación
en las exportaciones (durante la década de los setenta y ochenta existían dos
tasas de cambio, mercado oficial y mercado libre), las falsas industrias (con
pobre generación de valor agregado nacional y fallas técnicas institucionales
en la formulación, evaluación, selección y financiamiento de los proyectos
industriales y agrícolas), el cierre de ciertos mercados de exportación y un
modelo consumidor neto de divisas, generaron déficits en las finanzas públicas
y el sector externo (balanza de pagos), conocidos como la brecha fiscal y la brecha
externa, lo que imposibilitó el cumplimiento de los compromisos internacionales
por parte de empresas ecuatorianas
fuertemente endeudadas y los bancos nacionales intermediarios en tales
operaciones.
Ecuador nunca superó la fase
primaria del modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI)
y no incursionó agresivamente en el mercado internacional tal como lo hicieron
Japón y Corea del Sur luego de implementar rigurosos y modernos sistemas de
control de la calidad total. Tampoco optó por implementar reformas agrarias
profundas que redistribuyeran la propiedad y el ingreso y ampliaran el mercado
nacional. Adicionalmente, la institucionalidad para el desarrollo o para la
implementación del Plan de Desarrollo y modelos de gobierno no consideró el fomento
de la producción en sectores estratégicos, como el sector agroindustrial, por
ejemplo, especialmente en el callejón interandino, con gran abundancia de
tierras fértiles aptas para la producción y procesamiento de granos, siendo
también una de la regiones más privilegiadas del mundo para la producción y
procesamiento del champiñón a escala industrial y de exportación debido a la abundancia de materias primas
(pasta de piñón, tamo de trigo y cebada, bagazo de caña, abono natural, tierra
negra de Páramo, etc.) y extraordinarias condiciones climáticas, entre otros
rubros.
En algunos casos, vale la pena
aclarar, se otorgaron financiamientos pero no se tomaron las precauciones
necesarias ni se proveyó de la asistencia técnica indispensable para alcanzar
altos niveles de producción, generar economías de escala y mayor productividad
y competitividad a nivel internacional. El auge de las plantaciones de
espárragos y palmito fue posterior y cobra vigor a fines de los años ochenta,
cuando la crisis se había producido y los efectos se habían materializado, pero
a fines de los años setenta el número de conserveras agroindustriales
importantes no llegaban al número de diez, destacando entre ellas Conservera
del Valle por su producción diversificada. De esta manera, un sector económico
de grandes proyecciones como es el sector agroindustrial, intensivo en mano de
obra y generación de divisas, extremadamente amistoso con la pequeña y mediana
explotación agrícola, no atrajo la atención que merecidamente pudo haber
tenido.
La integración agroindustrial para
la producción agrícola y procesamiento industrial de granos y productos enfocados
a nichos de exportación podría haber favorecido la generación de alto valor
agregado nacional, la redistribución del ingreso en amplios sectores de la
Región Sierra y una importante contribución a la generación de divisas por sus
exportaciones, más allá de los mercados andinos (las exportaciones de Champiñón
de Paris al mercado europeo estaban más que garantizadas siendo un producto de
consumo masivo).
Con el incumplimiento de los pagos
a la banca internacional, la crisis no se hizo esperar. Colapsaron industrias
locales y el sistema financiero, por lo que el estado ecuatoriano bajo la
presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado (1981-1984, luego del trágico accidente del
Presidente Roldós) aprueba la ley de Estabilización Monetaria más conocida como
la sucretización de la deuda externa, que en la práctica socializó el pago de
tales compromisos al convertirse el Estado ecuatoriano en deudor ante la banca
internacional. Bajo dicha ley y su reglamento, las deudas en dólares de los ciudadanos
y empresarios ecuatorianos se convertían en obligaciones en sucres directamente
con el Banco Central del Ecuador, a distintas tasas de cambio que se congelaban
durante los periodos de gracia y amortización del capital e intereses,
corriendo la perdida cambiaria a cargo del estado.
Con la sucretización de la deuda externa,
la concentración de la propiedad y del ingreso se polarizó aún más, se aceleró
el proceso inflacionario, se fortaleció finalmente el sistema financiero
mediante la capitalización de los bancos con tramos adquiridos de la deuda
externa a muy baja cotización (que sirvieron para la liberación de operaciones
redescontadas en el Banco Central de Ecuador aceptando y aplicando los tramos
de la deuda a su valor nominal), y se redujeron las inversiones y la calidad de
los servicios sociales, especialmente salud y educación, durante los gobiernos neoliberales,
especialmente del Arquitecto Sixto Durán Ballén (1992-1996) y su proyecto
modernizador.
Sobre este particular, los datos del
Dr. Naranjo Chiriboga resultan impactantes:
“En
conjunto, durante las dos décadas consideradas el PIB per cápita de los
ecuatorianos se estancó, la inversión real tuvo caídas permanentes, los
salarios reales se deterioraron continuamente, la devaluación del sucre alcanzó
niveles record, la inflación estuvo en los dos dígitos altos, el desempleo
sumado al subempleo superó el 50% de la población activa y la pobreza llegó a
afectar a más del 75% de los ecuatorianos. El único dato económico o social
positivo fue el aumento de las remesas enviadas por los emigrantes, que pasaron
de 109 millones de dólares en 1991
a 1.084 millones en 1999”….”Paralelamente al severo
retroceso económico sufrido en los años finales del siglo XX, el Ecuador, de
acuerdo con UNICEF, experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia
de América Latina en esos años. Entre el año 1995 y el año 2.000 el número de
pobres subió de 3,9 a
9,1 millones”….”El gasto social per cápita disminuyó un 22% en educación y un
26% en salud. Asimismo, se produjo una masiva migración de ecuatorianos, en
alrededor de unas 300 mil personas”….”Todo lo anterior fue acompañado de una
mayor concentración de la riqueza. El 20% más pobre recibía en 1990 el 4,6% de
los ingreso, mientras que solo obtenía en 1995 el 4,1% y en 1999 el 2,46%. Por
el contrario, el 20% más rico de la población obtenía el 52% en 1990, el 54% en
1995 y el 61,2% en el año 1999 (Naranjo Chiriboga. 2007: 153-155).
A consecuencia de la crisis, en la
década de los ochenta se consolidan aún más los grupos económicos poderosos que
emergieron por alianzas estratégicas entre familias propietarias de empresas
agrícolas, empresas industriales, bancos y financieras, y empresas comerciales,
operando en distintos sectores: agrícola de exportación, comercio exterior,
finanzas, agroindustria, industria, pesca, a lo largo y ancho de todo el
espectro de generación de valor agregado (North, 1985). Son estas familias y
alianzas, las que consolidan grupos de inmigrantes con familias “nobles” de
larga data y capital internacional (North, 1985). No extraña entonces detectar
que un mismo grupo relacionado posee al mismo tiempo un banco, una financiera,
empresas agrícolas y pecuarias (bananeras, engorde de ganado, lechería), empacadoras
de productos del mar, flota pesquera, hoteles, distribuidora de autos, tiendas
de abarrotes, compañías de seguros, entre otros. La capitalización de las
empresas y bancos con “tramos” de la deuda externa aplicados a créditos
redescontados en el Banco Central contribuyó aún más a la concentración de
capitales en manos de aquellos que tuvieron acceso a tales autorizaciones por
parte de Junta Monetaria y Banco Central del Ecuador. Esta concentración del
capital y poder económico degeneró en una penetración cada vez mayor del sistema
político por el poder económico, desmantelando los empobrecidos sistemas de
control estatal y debilitando aún más la pobre institucionalidad democrática,
hasta que se produce un divorcio total con la sociedad civil y desconfianza que
se manifiesta y culmina con la crisis generalizada a fines del siglo XX, la
dolarización del sistema monetario ecuatoriano y el colapso del sistema
financiero nacional, ocasionando enormes pérdidas a toda la población.
A manera de resumen, según Osvaldo Hurtado, ex presidente de la república y
dirigente social demócrata, los logros y resultados de la democracia
ecuatoriana a partir de 1979 y hasta 1996 (último año del mandato del
presidente Sixto Duran Ballén) no se concretaron en mejoras de las condiciones
de vida de los sectores populares:
“A pesar de los progresos aportados en el campo
social, (alfabetización, electrificación rural, educación escolar, que
principalmente beneficiaron a los campesinos), en general no ha representado un
mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, como sí lo han conseguido
otras democracias latinoamericanas. La tasa de crecimiento económico apenas ha
superado a la de incremento de la población, una persistente inflación ha
depauperado a los sectores medios y populares, se han deteriorado los servicios
de salud, educación, seguridad social y justicia, la población en situación de
pobreza ha aumentado y han crecido las distancias que separan a los ricos de
los pobres (Hurtado, 2005: presentación, 13)”.
En
definitiva, las dos últimas décadas del Siglo XX dejan sus
huellas y consecuencias en la economía del Ecuador del Siglo XXI. Para conocer
el estado de situación actual del país es necesario remitirse a las dos décadas
perdidas de los años ochenta y noventa, caracterizadas por las crisis
financieras internacionales y locales, la socialización de la deuda externa
ecuatoriana, el abandono y deterioro de los sistemas de educación y salud, los
daños causados por fenómenos naturales (terremotos y el fenómeno del niño), el
empobrecimiento acelerado, la inestabilidad institucional y, el deterioro de
medio ambiente.
¿Cuáles son los resultados, las
consecuencias y reflexiones sobre una gestión del desarrollo durante los
últimos veinte años de gobierno en el Ecuador y su integración interna y al
mundo global?
El mal es generalizado. Leonardo
Boff denuncia: “La tierra está enferma y amenazada” (Boff, 1997: 13). Según el
autor, la tierra está enferma, porque el 79% de la humanidad vive en el Gran
Sur Pobre, 1.000 millones viven en la pobreza absoluta, 3.000 millones tienen
una alimentación insuficiente y 74 millones mueren de hambre o por enfermedades
derivadas del hambre. Está enferma, porque las especies pasan por una
experiencia similar: entre 1850 y 1950 desaparece una especie por año y en el
año 1990 una especie por día. Se calcula que para el año 2.000 desaparecería
una especie por hora (Boff, 1997). Finalmente, Boff reconoce el límite de los
recursos renovables, la imposibilidad de un crecimiento indefinido, y los
efectos devastadores del modelo de acumulación productivista de bienes y
servicios; La desertización, la deforestación, el calentamiento de la tierra,
la lluvia acida, y otros daños (Boff, 1997).
John Passé-Smith (2003) estudia la brecha entre países ricos y pobres y el ingreso
per cápita promedio durante el período 1960-1998. El autor se refiere a David
Morawetz, quien estudia el periodo 1950-1975 y confirma también que a pesar del
rápido crecimiento económico la brecha entre países de altos ingresos y países
pobres tiende a aumentar. Passé-Smith concluye que todos los análisis de
distintas épocas y con distintos parámetros convergen en una misma dirección;
Así lo confirma también Simón Kuznets en 1965 cuando determina el ingreso anual
promedio per cápita en US$1,900 para los países ricos y de US$120 para los
países pobres (Passé-Smith, 2003).
Según
Carlos Larrea (2012), desde hace cuarenta años el mundo se nos
presenta como un mundo en permanente crisis: Es la crisis del petróleo y el
colapso del sistema monetario internacional en los años 70, la crisis de la
deuda externa y modelo proteccionista en los 80, la crisis del neoliberalismo
en los 90, el calentamiento global, el aumento de los precios del petróleo, la
crisis europea actual, la sobreexplotación del planeta (Larrea: 2012) así como
la crisis denominada Primavera Árabe que degeneró en guerras civiles,
migraciones forzadas, proliferación y fortalecimiento de grupos terroristas y atentados
terroristas en Francia, Bélgica, Inglaterra y Alemania.
Según Larrea, la inequidad social
ha crecido, el desempleo estructural se ha profundizado y el medio ambiente se
deteriora (Larrea, 2012). La distribución de la riqueza oscila perversamente
entre el consumo suntuario para una pequeña minoría y situaciones de extrema
privación para las grandes mayorías, con una reducida participación en el
producto mundial para América latina y un desempeño poco satisfactorio para
países pequeños, poco industrializados y poco diversificados, tal es el caso de
Ecuador y Nicaragua.
Refiriéndose al impacto de las
políticas neoliberales en América latina, Alberto Cimadamore y Fernando
Lizárraga observan que según la CEPAL, “en 2005 se registraron 209 millones de
pobres y 81 millones de indigentes, mientras que las cifras de 1980 daban
cuenta de 136 millones de pobres y 62 millones de indigentes” (Cimadamore,
Lizárraga, 2008: 13), y agregan, “Nunca antes se habían alcanzado semejantes
niveles de pobreza en términos absolutos” (Cimadamore, Lizárraga, 2008:13).
Joseph Stiglitz (2012) proporciona argumentos que nos inducen a
conclusiones similares acerca de los niveles de pobreza, y el rol desempeñado
por el mercado y los grandes grupos corporativos. Según Stiglitz, el 1 % de la
población mundial disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, y el mejor
nivel de vida. La concentración de la propiedad y del ingreso generan
desigualdades y consecuencias nocivas para la sociedad mundial como la
inseguridad, el terrorismo, el narcotráfico, el narcolavado y el crimen
organizado conexo, problemas sanitarios, bajos niveles de educación, desempleo
y falta de oportunidades. Influye también el comercio internacional desigual y
antidemocrático, las desventajas comparativas y el deterioro de los términos de
intercambio para los países pobres (Stiglitz, 2012).
En cuanto al Ecuador específicamente, a partir de 1981, tal como lo
afirma Carlos Larrea (2006a), la crisis de la deuda y el deterioro de los
términos de intercambio afectaron enormemente al país. Las continuas
devaluaciones de la moneda nacional y la revalorización del Yen japonés y Marco
alemán también contribuyeron a la fuga de capitales y deterioro de la Balanza
de pagos. El incremento en las tasas de interés sobre la deuda externa y sus
renegociaciones incrementaron la deuda hasta los 16.392 millones, equivalentes
al 57% del PIB y un declive de las relaciones de intercambio en un 44% entre
1982 y 1985 (Larrea, 2006a).
La respuesta a la crisis no se hizo esperar y se tomaron una serie de
medidas centradas en el fomento de las exportaciones y crecimiento económico.
Sin mayoría en el congreso, las medidas adoptadas durante la década,
especialmente durante el periodo 1984-1988, se caracterizaron por la ausencia
de consensos y un crónico conflicto político (Larrea, 2006a: 106) con un
incremento de la brecha fiscal y repunte de la inflación, desmantelamiento de
la protección arancelaria, liberalización de los mercados, liberalización de
las tasas de interés y tipos de cambio, eliminación de los subsidios, todo ello
“bajo presiones externas, en particular la condicionalidad impuesta por el
Fondo Monetario Internacional” (Larrea, 2006a: 106).
Durante la década de los noventa se inicia una segunda fase de ajuste
estructural por la vía de la modernización del Estado bajo el gobierno del
Presidente Sixto Durán Ballén, con algunos logros en la reforma impositiva y
reducción del déficit fiscal, la introducción del impuesto al valor agregado y
la concesión de las principales vías de la Región Costa y Región Sierra del
Ecuador. Estos pocos logros fueron revertidos “durante la corta administración
populista del presidente Bucaram, caracterizada por la corrupción, el
reaparecimiento de un abultado déficit fiscal y el repunte inflacionario”
(Larrea, 2006a: 107). A partir de 1998 el país entra en una nueva etapa de
profundización de la crisis, con un nuevo fenómeno del Niño en la Región Costa,
la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera internacional en el
sudeste asiático (Larrea, 2006a).
Los efectos sociales fueron devastadores, “el estancamiento de la
cobertura educacional, la declinante calidad en la educación y salud públicas,
la caída del gasto social, la expansión del subempleo y desempleo, la creciente
inequidad social, y un incremento en la incidencia y severidad de la pobreza”
(Larrea, 2006a: 110-111).
Larrea presenta unos índices
realmente devastadores para aquel período: “la desnutrición crónica alcanzó el
41% en la sierra rural, y el 58% entre la población indígena. La mortalidad
infantil en cantones como Guamote, Colta, Alausí, Sigchos y Cañar duplica la
media nacional, que se mantiene aún en niveles altos (30 de cada 1000 niños
mueren antes de cumplir un año)” (Larrea, 2006a: 111). La tasa de analfabetismo
entre mayores de 14 años alcanza el 16% a nivel rural y del 9,1% a nivel
nacional. A partir del 1998 la situación del empleo se complica aún más para
los trabajadores en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, con el 10,8% de
desempleo y el 42% de subempleo al igual que la redistribución del ingreso
urbano: “El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad social entre ricos y
pobres, subió de 0,46, en 1998, a 0,57 en 1999, y a 0,62 en 2001” (Larrea, 2006a:114).
Con un escenario de tales
características, la desconfianza en materia política en Ecuador llega a dimensiones
extremas (Ramírez, 2011). Apenas el 8% de los ciudadanos manifiesta tener mucha
o algo de confianza en los políticos y, para el periodo 1995-2006, el promedio
de credibilidad no alcanza el 10% (Ramírez, 2011). Más alarmantes son los datos
cuando el 61% de los ecuatorianos manifiesta que la democracia puede funcionar
sin los partidos políticos (Latinobarometro, 2008 en Ramírez, 2011) y
apenas un 25% manifiesta confianza en el
gobierno nacional, el poder ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (Ramírez,
2011).
Bajo este escenario de fin de siglo y luego de la caída del
Presidente Lucio Gutiérrez, a partir del año 2006, el Ecuador incursiona en un
nuevo proceso de cambio con el ascenso al poder del Economista Rafael Correa y
su movimiento Alianza País, como punto de inflexión de una nueva y radical
reorientación del modelo de desarrollo y matriz productiva, y un nuevo programa
de gobierno para radicalizar el cambio.
REFLEXIONES
TEÓRICAS Y APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA
Nuestro enfoque se sustenta en los
análisis y postulados de Liisa North (1985, 2011), Hugo Pipitone (2001), Louis
Lefeber (2008), Ricardo
Grinspun (2008), Andrés
Mejía (2002), Marco Córdoba (2011) y Pablo Andrade Andrade (2009), acerca de
las dinámicas políticas y los procesos de reforma agraria y desarrollo
industrial (modelo ISI) en América latina en general, y Ecuador en particular,
mediante el análisis comparado de dichos procesos en el caso de Pipitone y
especialmente en el estudio a nivel nacional, realizado por Liisa North (1985),
quien inicia su trabajo con las siguiente interrogante: ¿Se beneficiaron las
mayorías ecuatorianas con el crecimiento de la producción y expansión de los
mercados capitalistas? ¿Se produjo una redistribución del ingreso a
consecuencia de las reformas agrarias, el impulso a la industrialización y a
los esfuerzos redistributivos del gobierno? ¿Hubo aumento del empleo? y, “la
respuesta es negativa” (North, 1985: 425).
En primer lugar, Pipitone (2001)
nos explica el desarrollo agrícola nacional como un soporte a la
diversificación económica y la modernización del estado. Doble fracaso que ya
caracteriza a América latina después de casi dos siglos de vida independiente,
con un estado, instituciones públicas y estructuras agrarias incapaces de
detonar e impulsar procesos de desarrollo de largo plazo. De ahí el déficits ya
crónico de las tareas irresueltas: socialidad institucionalizada e innovación
técnica y construcción del ciudadano en el mundo rural, lo que ha conducido a
migraciones campo-ciudad, donde pobreza y delincuencia conviven con la
opulencia y modernidad (Pipitone, 2001).
En
segundo lugar, Ricardo Grinspun (2008) define el escenario ideal de una
política rural en términos de control sobre los activos de producción, acceso a
la educación y la salud, formación de capacidades empresariales, y diversos
arreglos institucionales para la comercialización de productos y compras de
insumos bajo esquemas cooperativos que garanticen la provisión de bienes
agrícolas, generación de empleo, generación de ingresos, desarrollo de mercados
locales y domésticos y desarrollo de infraestructura de irrigación y
transporte. Este mismo escenario es propuesto por Lefeber (2008) con
instituciones gubernamentales activas que mejoren los servicios y formulen
programas de desarrollo con la participación de los beneficiarios directos de
dichos programas.
Liisa
North (1985) se pronuncia también por el fortalecimiento político y
organizacional de pequeños productores agrícolas para promover el empleo, el
abastecimiento interno, y el desarrollo rural como soporte del despegue
industrial. En esta misma línea y concepción acerca de las capacidades de los
beneficiarios directos en la solución de los problemas del desarrollo de sus
comunidades, Akhter Hameed Khan propone una estrategia básica que incorpora a
las organizaciones y redes sociales existentes e impulsa la conformación de
instituciones locales autónomas para la concepción de soluciones técnicas
culturalmente aceptables. Luego de su exitosa experiencia en Orangi,
asentamiento de un millón de refugiados de orígenes diversos y cercano a la
ciudad de Karachi, Akhter Hameed Khan apuesta por el desarrollo de las
facultades de los pueblos involucrados, promover sus propias iniciativas,
fortalecer la confianza en sus habilidades y destrezas, y aprovechar sus
fortalezas y capacidad de supervivencia. Para ello, más que aconsejar
y dirigir, Khan propone convivir con ellos, observar, comprender y aprender, para
luego enseñar, facilitar herramientas y explotar sus propias capacidades:
“Gradually, I learned what sorts of people were living in Orangi, what their
problems were, what was being done for them and what they were doing for
themselves” (Khan, 1997: 27), “peoples themselves should be prepared to pay for
what they want” (Kahn, 1997: 27).
En
tercer lugar, Lefeber (2008) reconoce la importancia de ambos mercados y de las
políticas de promoción de exportaciones para generar divisas, financiar las
importaciones y cumplir con las obligaciones externas. Sin embargo, un mercado
libre y desregulado, las exportaciones a ultranza y la inversión extranjera per se, no garantizan un desarrollo
democrático, ni beneficios automáticos para los pobres, ni la reducción de
desigualdades sociales y económicas existentes (Lefeber, 2008). Al respecto,
según los indicadores sobre desarrollo de banco mundial en 1997, la tasa de
crecimiento anual de la agricultura fue del 4,4% entre 1980 y 1990, y del 2,5%
entre 1990 y 1995, con un índice de desigualdad de 46,6% en 1994, y una
participación en el consumo del 10% más bajo de la población de apenas el 2,3%
y del quintil más bajo del 5,4% del total nacional (Banco Mundial, 1997, tabla
5. En Lefeber, 2008).
En cuarto lugar, acerca del frenesí
reformista en América Latina, esta es la historia de las eternas refundaciones
y recomenzares frustrados en busca del milagro decisivo, donde es imposible
progresar con instituciones frágiles y realidades rurales poco productivas y
socialmente no integradas, ante la imposibilidad de estructurar combinaciones
nacionales en materia política, cultural, comportamientos colectivos y
circunstancias externas, además de mercados y competencia e innovación
tecnológica. Con el
afán de encontrar “una ruta para la gobernabilidad” (Mejía, 2002: XXIV), el
Ecuador ha incursionado durante décadas en una serie de reformas políticas con
miras a fortalecer los partidos políticos, mejorar los vínculos entre estos y
sus representados y facilitar la labor del ejecutivo mediante la formación de
mayorías afines al gobierno que viabilicen la gobernabilidad democrática
(Mejía, 2002). Con esta misma preocupación, Echeverría propone un modelo de sistema
político moderno, funcional y democrático, con procedimientos claros y
universalmente igualitarios con miras a decisiones políticas eficientes,
atención de las demandas sociales, y representación de la pluralidad social
(Andrade, 2009). Sin embargo, la
carencia de representación terminó expandiendo fenómenos como el clientelismo y
populismo o personalismo y la ilegitimidad del régimen democrático (Andrade,
2009), con la implementación de un ensamblaje institucional que renovó la
tradición liberal de neutralización del sistema político (Andrade, 2009).
Autores
como Marco Córdoba (2011), se refieren también a la institucionalidad flexible
y frenesí reformista que contradice los preceptos básicos de la representación
con todas sus repercusiones en materia de gobernabilidad democrática.
En quinto lugar, para Liisa North
(1985) el auge bananero de la costa benefició a muy pocos, especialmente a
empresas exportadoras que sentaron las bases para un “embrionario sector oligopólico”
(North, 1985: 427) compuesto por “diez imperios empresarios” (North, 1985: 427)
(años sesenta) que dominaban el sector comercial (importación-exportación),
financiero y manufacturero, mediante alianzas familiares o directorios cruzados
(North, 1985). Este poder económico garantizó el acceso a los principales
centros de poder y decisión política lo cual orientó las políticas públicas en
beneficio propio. Proveniente de esta elite se realizan grandes inversiones industriales
y otras inversiones dirigidas a diversos sectores con miras a incentivar las
exportaciones, impulsadas o facilitadas a su vez por la Ley de Promoción Industrial
auspiciada por el Estado (North, 1985).
Esta clase dominante y grupos
consolidados, mediante alianzas familiares y amistades se internacionalizan abriendo
las puertas a empresas internacionales atraídas por los múltiples beneficios e
incentivos ofrecidos por el Estado en todos los ámbitos, con graves
repercusiones en materia de desigualdad y pobreza. A nivel nacional, los datos
revelan una concentración extrema del poder económico, tal como se evidencia en
el control de las 1.018 compañías registradas en 1973, cuya mitad pertenecía a
cinco personas, y en 1979, en que el “9 por mil personas concentraron el 97%
del capital social” (North, 1985: 431). Esta estructura de la propiedad se
refleja en la estructura del mercado, siendo el sector exportador la principal
actividad, y una producción diversificada de bienes sofisticados para una
minoría con patrones de consumo eurocéntrico, propio de las sociedades
capitalistas avanzadas. Para la clase económica dominante, el poder de compra
limitado de las mayorías no es atractivo de inversión, y no relacionan la
expansión del mercado con el incremento del consumo popular vía medidas
redistributivas, considerándolo más bien como “una amenaza para la inversión y
el crecimiento económico” (North, 1985: 432).
En resumen, América Latina ha
quedado entrampada con instituciones enfermas y agriculturas arcaicas: herencia
de estructuras agrarias premodernas importadas de Europa, oligarquías agrarias
poderosas, estructuras productivas técnicamente modernas y socialmente
primitivas, falta de ideas y voluntad política, distribución de tierras
marginales (muchas veces improductivas) para comprar paz social, entre otros
(Pipitone, 2001). Todo lo contrario a la experiencia de Holanda, con una
democracia rural independiente libre de aristocracia terrateniente y solidas
redes de cooperación. O el ejemplo de Inglaterra, con una aristocracia terrateniente
emprendedora con alto entusiasmo rural que mejora la organización y técnicas
para una producción de autoconsumo e intercambio, todo lo cual favorecerá las
transformaciones de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, un mercado
interno en crecimiento y materias primas
a bajos costos con una red de caminos al servicio de la Revolución Industrial
(Pipitone, 2001). O el ejemplo de Dinamarca y los grandes cambios de fines del
siglo XVIII, con la Gran Comisión Rural, la abolición de la servidumbre en 1788
y la conversión de tierras comunes en propiedad privada (Pipitone, 2001). En
1890 ya existían 700 cooperativas lecheras (ganadería privada más cooperativas
industriales para elaboración de mantequilla) que procesaban 90% de la
producción lechera nacional. A inicios del siglo XX Dinamarca se convertía en
uno de los países con mayor bienestar rural y encuentra un camino al desarrollo
económico general vía la transformación rural (Pipitone, 2001). O el caso de
Japón, donde la reforma agraria entrega las tierras a los antiguos trabajadores
semiserviles mientras se crean escuelas de extensión agraria y estaciones
experimentales y se castiga la propiedad rentista de la tierra a través del
sistema fiscal. La agricultura en acelerado crecimiento contribuye entonces a
una industrialización incipiente con las entradas tributarias y “entre 1875 y
1915 la producción agrícola se incrementa en un 80% mientras la productividad
por hectárea lo hace en 53%” (Pipitone, 2001: 91). Así, la agricultura se
convierte en fuente de financiamiento y de mano de obra con capacidad
adquisitiva para la explosión industrial posterior (Pipitone, 2001). De igual manera, en la república de Corea,
entre 1929 y 1952 el país experimenta una reforma agraria radical que expropia
a todos los propietarios con más de tres hectáreas. El carácter no oligárquicos
de los gobiernos, los elevados márgenes de legitimidad del Estado y una
administración pública relativamente eficaz y poco corrupta permitirán afectar
los intereses agrarios poderosos, con transformaciones exitosas que aumentarán
la producción y productividad y mejora sustantiva de las condiciones de vida de
la población rural (Pipitone, 2001).
ANALISIS
Y CONCLUSIONES
La dependencia externa del Ecuador,
la fragilidad institucional, la debilidad del Estado, la organización de la
producción y la organización social son elementos indispensables para
comprender los resultados obtenidos con el modelo de industrialización aplicado
en el país a raíz de la crisis del modelo agroexportador a comienzos de los
años sesenta y la crisis posterior de los años ochenta y sus repercusiones.
Las estructuras agrarias en América
latina y Ecuador han sido determinantes del sistema productivo y de toda la organización
social (Furtado, 1979). Las economías cuyo punto de partida fue una agricultura
de exportación han sido especialmente determinantes como elemento básico constitutivo de la
organización social. Con la prevalencia del principio de que las tierras
pertenecen a aquellos que disponen de medios para explotarlas y generar
excedentes, la concentración de la propiedad agrícola se ha mantenido y
numerosos intentos de reforma han fracasado.
Hasta época reciente, la estructura
agraria de los países latinoamericanos era relativamente uniforme. Algunas
reformas, pese a haber destruido el latifundio como institución básica de la
estructura agraria, no siempre modificaron de modo significativo los niveles de
ingreso ni las condiciones de vida de la masa de población rural. Lo anterior
cobra una importancia especial en Ecuador, pues la distribución de la propiedad
y la forma en que se reparte el producto social o ingreso nacional entre los miembros de la comunidad constituye
uno de los rasgos más importantes de la estructura económica. En efecto, la
estructura de la propiedad y del ingreso condiciona la generación de empleos,
la estructura de la demanda y, en definitiva, la naturaleza y dimensiones del
mercado interno. En Ecuador, por tanto, la existencia de un excedente
estructural de mano de obra constituye el factor inmediatamente visible de la
elevada concentración del ingreso y de la discontinuidad de la demanda que se
observa desde hace más de ciento cincuenta años, desde el auge cacaotero hasta
nuestros días, en que el desempleo y subempleo continúan siendo uno de los
principales dolores de cabeza del gobierno del Presidente Correa en la segunda
década del siglo XXI.
Precisamente, estas características
de la propiedad y la no absorción del excedente de mano de obra se ha mantenido
a pesar del crecimiento industrial y proceso de acumulación de capital derivado
de la industrialización y otras actividades productivas orientadas hacia los
mercados de exportación (camarón, flores,
vegetales, etc.), donde el pleno empleo no ha estado dentro de las prioridades
de las elites empresariales y los niveles de ocupación han evolucionado en
función del mercado internacional y las economías centrales.
En cuanto a la inversión pública,
cuyo financiamiento proviene de la colectividad de manera directa (impuestos) o
indirecta (petróleo), por la misma debilidad institucional y penetración del
Estado por los poderes económicos, ha sido realizada en función de los
requerimientos de la producción e intereses dominantes de la inversión privada,
reproduciendo o agudizando aún más el desempleo y subempleo, la concentración
de la propiedad y del ingreso. Todo esto, sin un acoplamiento adecuado de los
objetivos estatales y privados en función del desarrollo económico y social.
La caída de los precios del banano
y la reducción de las exportaciones de café y cacao a fines de los años
cincuenta e inicios de los años sesenta en Ecuador se produce en forma simultánea
con la victoria del movimiento revolucionario cubano iniciado en Sierra Maestra.
Los Estados Unidos formularían y presionarían por nuevas estrategias y reformas para el desarrollo en América
latina, y por supuesto, también en Ecuador. “Sobre la base de la carta de Punta
del Este (firmada en Montevideo en 1961 por los Estados de la OEA)” (Deler,
2007: 352), surge un nuevo contexto y compromiso internacional bajo la
influencia del capitalismo internacional y empresas transnacionales:
“este
nuevo contexto internacional surgía cuando la evolución del capitalismo en las
metrópolis económicas, caracterizado por el desarrollo de grandes firmas
transnacionales, exigía un nuevo despliegue de sus capacidades de inversión; de
ahí el interés puesto por estas grandes firmas en el sector industrial de los países
dependientes, para aprovechar en ellos el bajo costo de la mano de obra y transferirles
las metodologías obsoletas de las metrópolis. El nuevo modelo ‘recomendado’ por
el gran vecino del norte pretendía así, hacer de la industrialización el eje
esencial del desarrollo económico nacional, sobre la base de una apertura sistemática
del país al flujo de inversiones privadas extranjeras y de créditos
internacionales”.
“Este
modelo de desarrollo, conocido con el nombre de desarrollista, implicaba cierto número de transformaciones internas,
destinadas a asegurar una ampliación del mercado nacional, conviene mencionar:
la política de desarrollo de la red vial, que permitiera una mejor integración
interregional, una penetración más rápida de la economía monetaria y una
movilidad más grande de la fuerza de trabajo, así como los proyectos de reforma
agraria, emprendidos en 1963 y 1973 y destinados a mejorar la productividad
agrícola, desarrollar el grupo asalariado en los campos y operar una
redistribución de la propiedad de la tierra y de los ingresos, luchando contra
las propiedades de baja productividad y tratando de asegurar una mejor
integración de la pequeña propiedad a la economía nacional” (Deler, 2007:
352-353).
La Ley de Reforma Agraria de 1964
constituye una tibia medida ante las reivindicaciones campesinas y exigencias
del exterior, como la Alianza para el Progreso, y es impulsada por una
burocracia estatal reformista y una minoría terrateniente modernizante (North,
1985). Con la Ley de Reforma Agraria de 1973, ambas decretadas por gobiernos
militares, se activó la oposición a las reformas por parte de grupos
reaccionarios de la sierra y costa del Ecuador, representados en el Consejo
Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), ocupando a
veces cargos directamente en el gobierno, en el Ministerio de Agricultura, lo
que permitió introducir reformas a conveniencia, que eximían de afectación a
empresas agrícolas explotadas eficientemente, eliminando normativa relacionada
al tamaño de las explotaciones, y otras medidas impulsadas por las elites
agrarias desde el Banco Nacional de Fomento, la Comisión Nacional de Valores,
el Consejo Superior de Agricultura y la Iglesia Católica, entre otros, lo que
impidió la realización de los objetivos propios de una reforma agraria (North, 1985).
En definitiva, nunca estuvo
amenazada la monopolización de las tierras, no se redujo la desigualdad social
y la pobreza en el campo (Cimadamore, 2007, 2008, y Cimadamore y Sejenovich 2010), no hubo cambios en la estructura
de la propiedad, ni cambios en la estructura del ingreso (Naranjo Chiriboga.
2007), ni un gran desarrollo del mercado interno, aunque sí se vio
modernización de la producción vía empresas agrícolas modernas, muchas de ellas
orientadas hacia mercados de exportación.
A pesar de la profesionalización y
tecnificación de la burocracia y la diversificación y desarrollo del aparato
estatal e incremento de su autonomía durante el auge petrolero, el estado
ecuatoriano estuvo al servicio de las élites, con una autonomía severamente
limitada, de ahí los magros resultados de la Ley de 1973. El poder de los
grupos terratenientes llegó incluso a boicotear la acción del gobierno y
acusarlo de “totalitario y con simpatías comunistas” (North, 1985: 440), por lo
que a inicios de los ochenta habían mejorado su poder económico y su poder
político, apoyados en su lucha por los grupos industriales de exportación que
no tenían interés en el incremento de la capacidad adquisitiva de los niveles
populares, ni en el desarrollo del mercado interno, pues la escasa producción
local se orientaba hacia los grupos de ingresos medios y altos, todo esto
reforzado y alentado por el proceso de integración andino que promovía el
intercambio comercial entre países miembros y las políticas impulsadas durante
el gobierno del presidente Febres Cordero de apoyo incondicional hacia los
grupos empresariales, especialmente banqueros y exportadores.
Los dos gobiernos militares
promocionaron reformas para la industrialización y modernización de la
agricultura, pero no tenían una base de apoyo político en la sociedad civil y
difícilmente podían ser implementadas. Fueron gobiernos militares con amplias facultades
reales, pero políticamente débiles, sin respaldo de la sociedad civil. La
aplicación del modelo desarrollista había implicado un desarrollo importante
del aparato estatal especializado en la planificación nacional, regional y
sectorial, así como sistemas nacionales de proyectos para la debida
implementación de los planes de inversión. La ampliación de las facultades del
Estado llegó a niveles del financiamiento de estudios de proyectos para el
sector privado (el Fondo Nacional de Inversión, FONAPRE) y estímulos para la
inversión (Comisión Nacional de Valores), sin embargo, ni el Estado, ni la
expansión del sector manufacturero ni el impulso al proceso de
industrialización sustitutiva de importaciones lograron configurar un eje
conductor de la economía nacional ya que:
“Por
el entrelazamiento de intereses entre las fracciones oligárquica e industrial
de la clase dominante, lo cierto es que la industrialización en curso parece
haber eludido una confrontación directa con la estructura agraria prevaleciente
y de hecho con la actual estructura de dependencia de la que, en buena medida,
es su resultado y su más genuina expresión” (Moncayo, 1977: 43)
Todas las medidas fueron bloqueadas y
rechazadas por las clases dominantes de ahí la existencia de una estructura
industrial distorsionada: uso intensivo de capital, uso de tecnología
inapropiada, dependencia de importaciones (ECASA y DUREX, por ejemplo),
excesiva capacidad instalada (ECASA es un caso típico, de ahí el colapso de
dicha empresa a inicios de los años ochenta) y escasa generación de empleo. En
la producción de electrodomésticos (línea blanca), por ejemplo, el porcentaje
de mano de obra directa por artefacto representaba apenas alrededor de un diez
por ciento sobre el costo total (según datos de 1982), mientras tanto, solo la
lámina de acero importada de Mitsui o Mitsubishi de Japón representaba
alrededor del cuarenta por ciento.
Por las políticas de gobierno de
los años setenta y ochenta, sin generación intensiva de empleo “El 40% de la
población urbana vivía bajo la línea de pobreza” (North, 1985: 445), y sin
generación neta de divisas se produjo y agrandó la brecha externa, y por los
subsidios excesivos y deuda externa se agrandó la brecha fiscal (Araujo, 1998).
A partir de 1979 en adelante, Ecuador
sobrevive entre pugnas por el poder, la penetración y control del estado por
grupos económicamente poderosos y el círculo vicioso de la burocracia que
contamina la administración pública y partidos políticos. Al respecto,
debatiendo con las tesis de Simón Pachano y Julio Echeverría, Pablo Andrade
Andrade comenta lo siguiente:
“el sistema
político ecuatoriano contemporáneo emergió a partir de la diferenciación, a
fines del periodo nacional-popular, entre dos tendencias de la modernización, a
saber: la racionalización y extensión del Estado y, por otra parte, la
formación de una opinión pública y de fuerzas que presionaban por poner límites
al poder estatal” (Andrade, 2009: 135).
No
queda duda que fue esta última tendencia la que predominó durante las dos
últimas décadas del siglo XX, con un modelo neoliberal que privilegia
el interés individual, pero generoso con los grupos de poder económico,
sumergido en crisis económicas, políticas y sociales, una mayor polarización de
la riqueza y del ingreso a nivel nacional y global, bajo estructuras de mercado
(nacional e internacional) anárquicas. En consecuencia, en Ecuador y América
Latina la tecnología y la productividad se encuentran a la saga de las
economías centrales, acentuando la dependencia, ligando los periodos de auge y
crisis a fenómenos naturales o de agotamiento o abundancia de recursos y
evolución de los precios en el mercado mundial y tal como lo denuncia Pipitone, “mientras
la producción agrícola crecía en América latina 2%, en Asia oriental lo hacía a
un ritmo dos veces mayor. Y el crecimiento industrial fue allá más de tres
veces superior al de estas partes del mundo” (Pipitone, 2001: 94).
Por la
irracionalidad del modelo actual, la presión sobre el ecosistema, y un sistema
internacional anárquico:
“Se hace visible así la necesidad imperiosa de
emprender un desarrollo diferente, basado sobre un uso racional de los recursos
naturales y sociales, que promueva una producción sustentable, un consumo
equitativo y el uso de tecnologías que limiten los efectos humanos sobre la
naturaleza y el clima” (Cimadamore y Sejenovich, 2010: +16).
En esta
misma línea de reflexión, Carlos Larrea (2006, 2012) propone una sociedad
equitativa con sustentabilidad ambiental, aprovechando las características casi
exclusivas del Ecuador en el contexto internacional: Desarrollo del ecoturismo,
conformación de clústers en el sector del turismo y valoración de la
biodiversidad. Esta propuesta compagina con el séptimo objetivo de desarrollo
del milenio que busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
modificando patrones de producción y consumo, pues son los más pobres quienes
sufren la degradación ambiental, la carencia de recursos, la degradación de
suelos y la desertificación (Naciones Unidas, 2012).
Cualquier
cambio en el modelo de desarrollo debe superar el concepto y visiones
convencionales de los principios lineales del proceso de desarrollo o aquellos
que lo vinculan exclusivamente al crecimiento económico, sin redistribución del
ingreso nacional y generación de una demanda sustentada en inversiones y
generación de valor agregado. Estos antiguos paradigmas y las políticas
públicas derivadas han generado cambios y resultados favorables pero también
limitaciones y consecuencias sociales negativas, en perjuicio de los estratos
más pobres de la población ecuatoriana y latinoamericana, y además, una fuerte
dependencia y creciente vulnerabilidad ante las fluctuaciones de precios en el
mercado internacional, especialmente de los commodities.
El
crecimiento y la diversificación de la producción y exportaciones hasta los
años setenta son incuestionables y las mejoras en las condiciones de vida se
reflejan en los niveles de ingreso, edad promedio de vida y mortalidad
infantil, analfabetismo y servicios públicos. Sin embargo, tal como lo reconoce
el propio Fander Falconí (2013), fuertemente vinculado al socialismo del siglo
XXI y al Movimiento Alianza País, existe un déficit de equidad social,
mejoramiento de la calidad de vida y sustentabilidad.
En
efecto, los frutos del crecimiento no se han repartido equitativamente y la
inequidad social internacional a más de mantenerse tiende a aumentar,
pues, la brecha en los ingresos por
habitante entre países del mundo según el coeficiente de Gini tiende a
aumentar. Para Heston, Summers y Aten (2012)
este ha crecido de 0,51 en 1960 a 0,57 en 2000, para descender levemente
a 0,55 en 2009. El incremento de la
inequidad social es mucho más fuerte, ya que el 10% más rico del mundo en el
año 2000 percibe el 54% del ingreso mundial, y el 20% más rico acapara el 74%,
con el 52% de la población del mundo en condiciones de pobreza y un ingreso por
habitante por día de apenas US$ 2,50 o menos (Banco Mundial, 2013a).
Sin
embargo, llama inmediatamente la atención que el ingreso per cápita mundial
supera alrededor de diez veces la línea de pobreza, y, tal como lo afirma
Carlos Larrea (2012), todo se reduce a una injusta redistribución de la riqueza
pues la producción mundial podría eliminar la pobreza en el mundo bajo otros
parámetros de distribución. Bajo tales condiciones, no puede existir una
relación causal entre crecimiento económico y mejora en la calidad de vida,
debido a la polarización de la propiedad y del ingreso que benefician a un
reducido grupo poblacional, y tal como lo manifiesta Stiglitz (2012), el
bienestar y calidad de vida no mejora en los últimos cuarenta años. A todo esto habría que sumar los daños
ocasionados por el crecimiento económico indiscriminado (Falconí y Vallejo,
2012), en función exclusiva del afán consumista; el cambio climático, la
llegada a limites naturales del planeta, la presión sobre los ecosistemas y la pérdida
de la biodiversidad (Larrea, 2012).
La
sociedad civil y la comunidad internacional enfrentan un reto de enormes
dimensiones, con un Estado debilitado y reducido por la globalización y poder
de los grupos corporativos transnacionales. A pesar de ello, abogamos por la
democratización de los países y la cooperación internacional como alternativas
de salvamento, con gobiernos unificados y coherentes, representando intereses
comunitarios con fines de supervivencia, sometidos a mecanismos de social accountability desde
la sociedad civil. En todo caso, ante la pobreza y destrucción ambiental, la
democracia inclusiva y la cooperación internacional, más que una opción, se
convierten en una necesidad; De ahí el reciente y sorprendente llamado del
presidente Barak Obama para combatir el calentamiento global.
Crecimiento
económico, democratización de la propiedad y del ingreso, generación de
empleos, desarrollo agrícola e industrial articulados, control de los activos
productivos y distribución del ingreso, son requisitos indispensables para un
desarrollo justo y sostenible que se logran con políticas a largo plazo en
materia de educación, salud, tecnología, infraestructura económica y social,
protección del medio ambiente, inteligencia de mercado, fortalecimiento
institucional, organización de la sociedad civil, desarrollo del mercado
interno, aprovechamiento del mercado internacional, formación de capacidades empresariales e
impulso al emprendimiento, y esquemas cooperativos para las adquisiciones y
comercialización de productos. Para ello, las políticas públicas deben ser formuladas e
implementadas por instituciones políticas sólidas, a cargo de profesionales
competentes reclutados bajo criterios de meritocracia, y una gestión de
gobierno debidamente controlada desde la sociedad civil (Social
Accountability), pero, con la cooperación de la sociedad civil. De lo
contrario, se produce lo que originó la crisis en Ecuador y América Latina en
los años ochenta (agotamiento del Modelo ISI): Déficit fiscal (brecha fiscal) y
déficit externo (brecha externa), inflación, desempleo, micro y macro
devaluaciones, deuda externa sobredimensionada, debilidad institucional,
corrupción y deterioro de los servicios públicos, especialmente salud y
educación, tal como sucedió durante el periodo presidencial de Sixto Durán
Ballén (1992-1996). En definitiva, fue el propio pueblo quien soportó el costo
de la socialización de la deuda externa y de las políticas neoliberales, lo que
culminó con el gran éxodo de ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa.
En la
segunda década del siglo XXI, luego de los cambios dramáticos y reducción de
los precios de los commodities en el mercado internacional a fines del 2014,
Ecuador ingresa a un periodo de contracción económica y predicciones pesimistas
hasta el año 2021 según estudios del Fondo Monetario Internacional,
decrecimiento del PIB para los próximos 5 años (-2,3% para el 2016 y -2,7% para
el 2017), con una deuda sobredimensionada que se mantiene por encima del 35%
del PIB hasta el 2021, producción de petróleo comprometida, desempleo y
subempleo crecientes, y una clase empresarial marginada que solicita al
gobierno más convenios bilaterales de inversión, acceso a mercados del primer
mundo, eliminar salvaguardias para reducir costos e incrementar competitividad
y proyectos diseñados en conjunto (gobierno-empresarios), para impulsar
inversiones privadas que tienden a disminuir en forma alarmante (Diario El
Universo, martes 13 de septiembre de 2016, p. 3 & p. 5. Guayaquil, Ecuador).
Con
relación al sector agrario, hasta los mismos aliados o simpatizantes del actual
gobierno reconocen la marginación del campo y la necesidad urgente de formular
políticas que impulsen la producción agrícola y fomento de la agroindustria (declaraciones del prefecto
provincial de la provincia del Guayas, Jimmy Jairala, en el programa de
noticias Contacto Directo de Ecuavisa, el día martes 13 de septiembre de 2016).
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del país. Informe cero. Ecuador 1950-2010, Quito: Flacso, 2011.
29. Stiglitz, Joseph. The price of inequality. New York: W.W. Norton & Company.
2012.
[1]
El autor del presente documento fue testigo presencial de los acontecimientos
económicos, políticos y sociales, durante la crisis de los años ochenta y
noventa en el Ecuador, habiendo desempeñado cargos de Gerente Financiero,
Gerente General, Vicepresidente Administrativo Financiero y Director Regional
de empresas nacionales y transnacionales. De ahí su información y testimonio de
primera mano.
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